Rafael Pérez Sánchez

Expediente 650/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
650/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
30/07/2019

Partes del expediente

  • Rafael Pérez Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    ... transcurrió el término para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído en que se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer... se declara que dicho proveído CAUSÓ ESTADO... archívese este expediente como concluido...

  2. Principal

    ... promueve juicio de amparo contra actos de... se concluye respetuosamente que el acto aquí reclamado, por su naturaleza y característica procesal, no constituye un acto de imposible reparación, debido a que de conformidad con lo establecido en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la investigación inicial culmina con el ejercicio de la acción penal en contra del imputado y su puesta a disposición ante el juez de control, lo cual en el caso no acontece, ya que del contenido de la documental que la parte quejosa anexó a la demanda, consistente en el oficio de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, se advierte que la carpeta de investigación... del índice de la Fiscalía Quinta Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, residente en esta ciudad, aún se encuentra en la investigación inicial, por lo que la negativa de expedirle a la quejosa las copias que solicitó, no es un acto de imposible reparación.... la negativa de expedir las copias solicitadas por la parte quejosa, no le ocasiona una afectación irreparable en su esfera jurídica... procede desechar la demanda de amparo,... se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica... se faculta como autorizado... a.. debido a que cuenta con cédula profesional registrada... a las restantes personas, por no contar con tal registro... se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente...

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS AL PROMOVENTE, EL AUTO QUE DICE: *** promueve juicio de amparo contra actos de la Fiscalía Quinta Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, residente en esta ciudad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 650/2019 que le corresponde. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral del escrito de demanda se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta al órgano jurisdiccional para desechar de plano la demanda de amparo, si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por otra parte, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la misma Ley. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la misma ley, establece que procederá el juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio, limitativamente cuando exista una afectación a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de los que sea parte el Estado Mexicano. Así, una interpretación a contrario sensu del artículo indicado en segundo término, permite establecer que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro del juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Cabe destacar que jurisprudencialmente se ha considerado que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, únicamente cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, o bien, cuando se afecta en grado predominante o superior algún derecho adjetivo, mas no en los casos en que se afecte de forma simple derechos adjetivos o procesales. Por otro lado, el artículo 20, apartado B, fracción VI, Constitucional, respecto de los derechos de toda persona imputada, señala que le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso; que el imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo; asimismo, que antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa y que a partir de ese momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa. En otro aspecto, el artículo 211 del Código Nacional de Procesos Penales establece: Artículo 211. Etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme. Del artículo transcrito se desprende que dentro del proceso penal se distinguen claramente tres etapas: a) La de investigación, que comprende la investigación inicial y la investigación complementaria. b) La intermedia o de preparación del juicio. c) La de juicio. Así las cosas, la investigación inicial culmina con el ejercicio de la acción penal en contra del imputado y su puesta a disposición ante el juez de control. A su vez, el artículo 113, fracción VIII, del código invocado, respecto de los derechos del imputado, señala que tiene derecho a tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, en términos de los artículos 218 y 219 de ese código. Por otro lado, el artículo 218 del Código Nacional de Procesos Penales, respecto de la reserva de los actos de investigación, en lo conducente, prevé que los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables; asimismo, que el imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código, pero que en ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Por otra parte, el artículo 219 de dicho código, en relación con el acceso a los registros y la audiencia inicial, establece que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa y que en caso de que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente. HECHOS En el caso, de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados consisten en: Los acuerdos de nueve de mayo y doce de junio del año en curso, dictados por la Fiscalía Quinta Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, residente en esta ciudad, en la carpeta de investigación *** de su índice. Cabe destacar que en el acuerdo de doce de junio de dos mil diecinueve, la autoridad responsable reiteró a la parte quejosa el contenido del diverso acuerdo de nueve de mayo del año en curso, en el que le negó la expedición de las copias que solicitó respecto de dicha carpeta de investigación que se instruye en contra del quejoso. Asimismo, de la documental que anexó la parte quejosa a su demanda, consistente en el oficio de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, emitido por la autoridad responsable, se advierte que la carpeta de investigación referida se encuentra en la etapa de investigación. CONCLUSIÓN Acorde con lo anterior, se concluye respetuosamente que el acto aquí reclamado, por su naturaleza y característica procesal, no constituye un acto de imposible reparación, debido a que de conformidad con lo establecido en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la investigación inicial culmina con el ejercicio de la acción penal en contra del imputado y su puesta a disposición ante el juez de control, lo cual en el caso no acontece, ya que del contenido de la documental que la parte quejosa anexó a la demanda, consistente en el oficio de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, se advierte que la carpeta de investigación ***, del índice de la Fiscalía Quinta Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, residente en esta ciudad, aún se encuentra en la investigación inicial, por lo que la negativa de expedirle a la quejosa las copias que solicitó, no es un acto de imposible reparación. Por lo tanto, la negativa de expedir las copias solicitadas por la parte quejosa, no le ocasiona una afectación irreparable en su esfera jurídica, debido a que esa investigación no necesariamente culminará con el ejercicio de la acción penal en su contra, pues la afectación se presentaría en todo caso, hasta que el juez de control que le corresponda conocer del proceso penal respectivo, determinara librar la orden de aprehensión, presentación o comparecencia; además, de determinar lo contrario, conllevaría al entorpecimiento de las facultades y obligaciones conferidas a la autoridad investigadora en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues antepondría el interés particular al de la sociedad. En ese contexto, un acto de ejecución de imposible reparación, es el que materialmente afecta derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, lo que en el presente caso no aconteció. Tienen aplicación al caso las tesis siguientes: Localización: Registro No. 2006589 Décima Época Instancia: Pleno Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Página: 39 Tesis: P./J 37/2014 (10a) Tesis: Jurisprudencia Materia(s): Común PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos, y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado con toda razón a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Localización: Registro No. 2015192 Décima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III Página: 1821 Tesis: I.7o.P.92 P (10a) Tesis: Aislada Materia(s): Penal ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. EL DERECHO DEL IMPUTADO A OBTENER COPIA DE LA CARPETA EN LA QUE OBREN LOS REGISTROS DE INVESTIGACIÓN, OPERA A PARTIR DE QUE SEA CONVOCADO A LA AUDIENCIA INICIAL. El artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en la etapa de investigación inicial, los registros de voz e imágenes, documentos, objetos o cosas que obren en la carpeta son estrictamente reservados; carácter que dejan de tener, cuando el imputado se encuentre detenido o comparezca a que se le reciba su entrevista; por lo que a partir de ese momento deberá brindarse el acceso a dichos registros. Por su parte, el artículo 219 del propio código dispone que será hasta que el imputado y su defensor sean convocados a la audiencia inicial que tendrán derecho a obtener copia de los registros de investigación. De esta manera, el derecho de acceso a la carpeta de investigación previsto en el artículo 218 referido, no implica que deba brindarse al imputado copia de dichas constancias, pues ese derecho opera a partir de que se le convoca a la audiencia inicial. Sin que lo anterior implique una interpretación restrictiva y retroactiva respecto a los alcances del derecho de defensa adecuada en el sistema de justicia penal acusatorio, sino que se trata del cumplimiento de las pautas que para su ejercicio estableció el legislador en relación con la expedición de copias, en atención a la calidad de la persona imputada y a la etapa en que se encuentre el procedimiento. En efecto, durante la investigación inicial formalmente no se ha imputado a la persona que se investiga; de ahí que su defensa pueda ejercerse adecuadamente con el solo acceso a la carpeta; lo que no ocurre una vez que se le ha llamado a la audiencia inicial, pues dadas las consecuencias que pudieran derivar -dictado de un auto de vinculación a proceso- hace necesario que la defensa se ejerza, en caso de así solicitarlo el imputado, con copias de la carpeta de investigación. Máxime que como se expuso con antelación, se desconoce si en el trámite de esa investigación realmente se afectará algún derecho de la hoy quejosa, pues en todo caso, el perjuicio se materializará cuando sea citada a la audiencia inicial y el fiscal formule la imputación ante el juez de control y será precisamente en ese momento procesal donde la quejosa tendrá la oportunidad de intervenir, controvertir lo alegado por el fiscal y ofrecer los datos de pruebas que estime pertinentes para su defensa. En consecuencia, procede desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se faculta como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, debido a que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; y como autorizados en términos del último párrafo de dicho artículo, a las restantes personas, por no contar con tal registro. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tienen derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos. USO DE LENGUAJE INCLUYENTE PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Los artículos 1 y 4 constitucionales establecen los principios de igualdad y no discriminación hacia las personas. Ahora bien, debido a que el lenguaje legal debe ser acorde a dichos principios, se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente, es decir, un lenguaje que no establezca discriminaciones injustificadas de género ni desconozca las opciones de vida que se fundan en el principio de dignidad humana y en el derecho al libre desarrollo de la personalidad; lo anterior de conformidad con las herramientas proporcionadas en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponibles en www.equidad.scjn.gob.mx. Acorde con lo anterior, se exhorta respetuosamente a las partes para que utilicen dicho lenguaje en las promociones que realicen en este juicio de amparo. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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