Rafael Patiño Ramírez
Expediente 2258/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2258/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 23/05/2023
Partes del expediente
- Rafael Patiño Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual remite el testimonio certificado de la resolución pronunciada el diez de mayo de dos mil veintitrés, en el toca de revisión principal 32/2023, formado con motivo del recurso hecho valer por la parte quejosa y que en lo conducente resuelve lo siguiente: "ÚNICO.- Se confirma la sentencia recurrida que sobreseyó en el juicio de amparo indirecto 2258/2022 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativas, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan." Hágase del conocimiento de las partes el sentido de la anterior resolución para los efectos legales a que haya lugar, acúsese el recibo de estilo a la Superioridad, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y glósese el cuaderno de antecedentes respectivo. En vista de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCION. Asimismo, el presente asunto se considera sin valor documental. Se ordena realizar la entrega de los incidentes de suspensión, al encargado del archivo, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en caso de haber exhibido documentos originales como prueba en el trámite del presente juicio, dígase a las partes que cuentan con un término de noventa días, a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que ocurran a recogerlos, apercibidos que de no hacerlo así, se procederá a la depuración del expediente junto con dichas documentales. Finalmente, visto el estado que guarda el expediente electrónico derivado de este amparo, del que se advierte que no obran agregadas la totalidad de constancias de notificación ordenadas en el presente asunto; en consecuencia, se requiere al Actuario Judicial de la adscripción para que a la brevedad posible realice las acciones necesarias para incorporar la totalidad de constancias de notificación al referido expediente electrónico, a fin de que se encuentre debidamente integrado en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Una vez hecho lo anterior, deberá certificar lo correspondiente a fin de dar de baja el expediente a la mesa respectiva.
- Principal
Se ordena requerir a la perito oficial para que dentro del término concedido, se pronuncie en cuanto a lo precisado por la parte quejosa en relación a su experticia rendida en autos; bajo apercibimiento de ser omisa se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta veces la unidad de medida y actualización...
- Principal
Téngase por recibido el escrito signado por la autorizada de la parte quejosa, mediante el cual realiza manifestaciones respecto al cumplimiento del fallo protector; en consecuencia, se ordena agregar a los presentes autos el ocurso de cuenta para que obre como corresponda y téngasele por hechas las manifestaciones que del mismo se desprenden. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que por oficio recibió el uno de febrero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, remitió copia certificada del auto de treinta y uno de enero de la presente anualidad, del que se desprende lo siguiente: "Se tiene por recibida el ACTA DE RATIFICACIÓN de fecha treinta de enero del año dos mil veintitrés, donde se desprende la ratificación de la solicitud de suspensión de los integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Mazamitla, Jalisco, requerida mediante oficio MA1/3231/2922, la que se ordena agregar a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar." Sin que de ello se advierta el total cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, en razón de que el procedimiento para suspender al funcionario de un Ayuntamiento, en atención a la solicitud formulada por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco en términos del artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, no constituye un acto discrecional y soberano del Congreso Local. Y toda vez que le corresponde al referido Congreso sustanciar el procedimiento correspondiente y otorgar al gobernado la oportunidad de defensa adecuada al acto, como formalidad esencial del procedimiento, por lo cual en el caso resulta necesario el derecho de audiencia, respetando sus elementos inherentes. Asimismo, en atención que los efectos de la concesión del fallo protector fueron los siguientes: ".para que la autoridad Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la presente sentencia de amparo, proceda de inmediato a realizar todos aquéllos actos necesarios a fin de que se dé cumplimiento al laudo ejecutoriado, dictado dentro de los autos del juicio laboral 2114/2010- A1, salvo que exista algún impedimento no atribuible a la misma." Resulta procedente, en términos de lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requerir al CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: Dé trámite al procedimiento de suspensión en el cargo del funcionario que le fue indicado dentro de los autos del juicio laboral 2114/2010. Realice todas las gestiones conducentes, recaben las pruebas correspondientes a fin de resolver dicho procedimiento y le notifique al trabajador aquí quejoso a fin de que pueda comparecer. Finalmente, informe a este Juzgado de Distrito, y remita copias certificadas de lo anterior. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 193, en relación al diverso numeral 258, todos de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirán los autos del presente juicio de garantías al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, a efecto de que dé trámite al incidente de inejecución de sentencia, el cual podrá culminar con la separación de puesto y su consignación. Cobra aplicación, la siguiente jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2023706, Instancia: Plenos de Circuito, undécima Época, materias(s): común, administrativa, tesis: PC.III.A. J/4 A (11a.), fuente: gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 6, octubre de 2021, tomo II, página 3077, tipo: jurisprudencia: "PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR INCUMPLIMIENTO DE UN LAUDO. EL ACUERDO LEGISLATIVO QUE RECHAZA DARLE INICIO, POR DECLARAR IMPROCEDENTE O SIN MATERIA LA SOLICITUD DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN, NO CONSTITUYE UN ACTO DISCRECIONAL Y SOBERANO DEL CONGRESO LOCAL Y EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes arribaron a conclusiones contrarias al resolver si los acuerdos legislativos que desestiman la petición del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, de suspender del cargo al titular de un Ayuntamiento de la misma entidad, por quedar sin materia o resultar improcedente, constituyen o no actos discrecionales y soberanos del Congreso Local, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito determina que el acuerdo legislativo por medio del cual se decide no dar inicio al procedimiento para suspender al titular de un Ayuntamiento, ya sea por declarar sin materia o improcedente la solicitud formulada por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco en términos del artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, no constituye un acto discrecional y soberano del Congreso Local, por lo que en su contra procede el juicio de amparo indirecto, al no actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Justificación: Del análisis sistemático de los artículos 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 76, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 87, fracción IV, 203 a 208, 211 y 224 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, se obtiene que, por mandato constitucional, corresponde exclusivamente a las Legislaturas de los Estados determinar, mediante el procedimiento correspondiente, si se actualiza un hecho o conducta que se califique como grave, de manera que amerite la suspensión del titular del Ayuntamiento, por tratarse de una medida excepcional para intervenir en la permanencia de los miembros del órgano de gobierno municipal, en atención al principio de autonomía municipal, entre cuyas características destaca la elección libre de sus integrantes; y esa determinación es la que precisamente constituye la última voluntad discrecional y soberana del Congreso Local, la cual se logra cuando, una vez superados los requisitos de procedibilidad del procedimiento relativo a la suspensión, se decide en definitiva sobre la actualización de una conducta grave por parte del titular del Ayuntamiento constitucional correspondiente y su responsabilidad, previo respeto a sus derechos de audiencia y de defensa, y esa decisión deberá forzosamente ajustarse a los principios de fundamentación y motivación contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución General. Consecuentemente, los acuerdos legislativos que desestiman por improcedente o por carecer de materia la solicitud formulada por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en términos del artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, sobre la suspensión de algún titular municipal, pronunciados previo al inicio del procedimiento de suspensión relativo, sí son susceptibles de someterse a un escrutinio constitucional a través del juicio de amparo indirecto, pues al no constituir la última determinación en el procedimiento de suspensión del mandato previsto en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, no participan de la naturaleza de los actos emitidos de manera discrecional y soberana por el Congreso y, por ende, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo.". Asimismo, ilustra al caso la tesis con Registro digital: 2002500, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a. LXXXVII/2012 (10a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1685: "DERECHO DE AUDIENCIA. EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO IMPONE AL LEGISLADOR EL DEBER DE CEÑIRSE A UN MODELO PROCESAL ESPECÍFICO PARA SU OBSERVANCIA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que el indicado derecho consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previa al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación. Así, cuando la Constitución se refiere al deber de las autoridades de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, se contrae a la necesidad de que se colmen los requisitos relativos a: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y, 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas; sin embargo, no se establece expresa ni tácitamente la manera, los tiempos o plazos en que han de cumplirse esas condiciones; es decir, para la plena satisfacción del derecho de audiencia, basta que la norma secundaria prevea los mecanismos procesales adecuados para que dentro de un procedimiento concreto se dé cabida a los aspectos mencionados, sin que para ello sea condición ineludible que existan etapas o momentos procesales independientes entre sí o plazos concretos para cada periodo, dado que esos extremos dependen del diseño legislativo propio de cada procedimiento; luego, el espíritu del artículo 14 constitucional no puede interpretarse en el sentido de que el legislador ordinario deba ceñirse a un modelo procesal concreto, pues evidentemente el Constituyente no tuvo la intención de someterlo a un esquema procesal específico, sino únicamente al deber de respetar los elementos inherentes al derecho de audiencia." Sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, de cumplimiento a la sentencia dictada en autos, e informe a este Juzgado de Distrito, y remita copias certificadas para acreditar su dicho, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirán los autos del presente juicio de garantías al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, a efecto de que dé trámite al incidente de inejecución de sentencia, el cual podrá culminar con la separación de puesto y su consignación.
- Principal
LO PROCEDENTE EN EL CASO ES DECLARAR QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, EN VIRTUD DE QUE HA SIDO RESTITUIDO DE SU GARANTÍA VIOLADA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE AMPARO. LO ANTERIOR CON INDEPENDENCIA DE QUE LA PARTE QUEJOSA, EN CASO DE QUE LO ESTIME PERTINENTE, PUEDA HACER VALER LOS MEDIOS DE DEFENSA ESTABLECIDOS EN LA LEY. CONSECUENTEMENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 214 DE LA LEY DE AMPARO, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO.
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