Rafael Pardo Ramos

Expediente 695/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
695/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
23/08/2019

Partes del expediente

  • Rafael Pardo Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    Parte quejosa solicita devolución de documentos exhibidos en el escrito inicial de demanda; Se ordena el desglose de los mismo y su entrega.

  2. Principal

    HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.

  3. Principal

    Autoridad responsable como superior jerárquico informa medidas tendentes para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "Xalapa, Veracruz; veinticinco de julio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por *********, contra actos de las autoridades Ayuntamiento Constitucional de Coatepec, Veracruz, Presidente Municipal, Sub Dirección de Desarrollo Urbano, Directora de Obras Públicas y Desarrollo Municipal y Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento, todos con sede en Coatepec, Veracruz; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de amparo 695/2019. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la tesis número I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicada en la página 1318 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Ahora bien, de la demanda de amparo se desprende que el quejoso señala como acto reclamado el siguiente: La resolución de fecha quince de julio de dos mil diecinueve, emitida por el Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz, mediante oficio *********. Respecto a este diverso acto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". De acuerdo con la disposición transcrita, el promovente antes de acudir al juicio de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, debe agotar previamente algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado. Lo anterior, siempre que conforme con las mismas leyes se suspenda el efecto de dicho acto de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el promovente, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo sea considerado, o no, susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. Ahora bien, conforme a lo contemplado en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, se estima que la parte quejosa, en contra del acto que reclama, puede optar por agotar el recurso de revocación ante la Autoridad Administrativa, de conformidad con el artículo 160 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, o en su caso, interponer juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, de conformidad con el artículo 280, fracción II, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz. Atento a lo expuesto, quien se duele de la afectación de un derecho, primero debe ejercer su acción en la instancia jurisdiccional, y solo en el caso de que agotado el trámite la decisión final no le satisfaga, hasta entonces pudiera ser procedente el juicio de amparo. En ese tenor, previo acudir al amparo, el quejoso debió tramitar el recurso correspondiente, agotar el trámite y cuando se hubiera dictado la última resolución, hasta entonces tenía la posibilidad de acudir al amparo. En el caso, como se adujo, el acto reclamado por el aquí quejoso se hace consistir en esencia en la resolución de quince de julio de dos mil diecinueve, por la Subdirectora de Desarrollo Urbano y la Directora de Obras Públicas y Desarrollo Municipal del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, mediante el cual se niega la autorización de cambio de densidad del predio ubicado *********; se instruye al área de desarrollo Urbano para revocar el permiso de construcción anteriormente otorgado, y se niega la prórroga de licencia para construcción. Asimismo, del escrito de demanda, se advierte que el quejoso, según sus manifestaciones bajo protesta de decir verdad, pretende reclamar una indebida fundamentación y motivación, no así una ausencia de éstas, por lo que, en el caso, no se actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en el segundo párrafo, de la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la tesis I.3o.A.128 K emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo Tomo XIII, abril de 1994, página 375, de rubro y texto siguientes: FUNDAMENTACIÓN, INDEBIDA. NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Así, como la jurisprudencia I.6o.C. J/52, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en página 2127, Tomo XXV, enero de 2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA." Ahora, si en términos de la fracción II del artículo 280 del citado Código de Procedimientos Administrativos del Estado, es competencia de las Salas Regionales del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado, conocer de aquellos actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad que afecten derechos particulares, y en el caso, de lo narrado por la parte quejosa en su demanda de amparo, es claro que los actos que se combaten actualizan la hipótesis contenida en la citada fracción, por ende, es claro que, mediante el juicio contencioso administrativo puede revocarse o nulificarse los actos de la administración pública estatal, es decir, todos aquellos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar sus dependencia centralizadas y entidades paraestatales, municipales, paramunicipales y el órgano de fiscalización superior, que afecten los derechos de particulares. Sirve de apoyo a esta determinación la tesis número VII.3o.C.32 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable a página dos mil doscientos sesenta, Tomo XXV, enero dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO PREVISTO POR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ. OBLIGACIÓN DE AGOTARLO PREVIAMENTE A INTENTAR LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Asimismo, se considera ilustrativa, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Además, el principio de definitividad no pugna con la irreparabilidad del acto; dado que la citada causa de improcedencia descansa sobre la posibilidad de que el acto reclamado pueda ser impugnado eficazmente, en virtud del recurso o medio de defensa ordinario a través del cual el gobernado pueda lograr que el acto de autoridad deje de provocarle perjuicio, de manera que el juicio de amparo quede reservado -se reitera- como un medio extraordinario de defensa, a fin de evitar que contra cualquier acto de autoridad, sin condición alguna, se active la tutela constitucional reservada para los órganos judiciales de la Federación. Ahora bien, se puntualiza que el establecimiento de los multicitados medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad. Sin que en el caso, se actualice algún supuesto de excepción al principio de definitividad, debido a que el acto que aquí se reclama no contraviene aspectos de constitucionalidad de leyes, ni constituye alguna violación directa a la Constitución y, la ley que rige el juicio contencioso, no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado. Por tanto, es evidente que el promovente inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizándose la hipótesis prevista por la fracción XX del numeral 61 de la ley de la Materia, toda vez que la existencia de dicho medio defensivo se advierte en forma patente y se tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia actualiza la inobservancia del principio de definitividad que regula al juicio constitucional. De tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes. En consecuencia, de conformidad con la fracción XX del artículo 61, en relación de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *********, debido a que cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se autoriza únicamente en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo a ********** por no contar con cedula registrada en dicho sistema, asimismo, como lo solicita, en iguales términos se autoriza a **********. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. COPIAS En términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se autoriza la entrega de copias de las actuaciones de este juicio de amparo que las partes soliciten, hágase entrega de las mismas a quien se encuentre autorizado para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia. En estos casos la solicitud podrá formularse por comparecencia, levantándose al efecto acta ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. LEY DE TRANSPARENCIA Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.... "

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