Rafael Pacheco Pérez
Expediente 953/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 1 actuación registrada, la última del 27 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 953/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 27/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Rafael Pacheco Pérez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto de Rafael Pacheco Pérez contra actos del Delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otra autoridad responsable. En consecuencia, regístrese bajo el número 953/2023 y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); fórmese el expediente electrónico e impreso. Declinación de competencia. Ahora, como la competencia constituye un presupuesto procesal que es de orden público, previamente, se debe considerar si la demanda de amparo da motivo para que este Juzgado se avoque a su conocimiento, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables. De no hacerlo así, se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sirve de apoyo la Jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 36, tomo 56, agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Al respecto conviene hacer alusión al contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual señala las reglas básicas para fijar la competencia por razón de territorio, a saber: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto transcrito, fija la competencia por territorio en materia de amparo, atendiendo a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si requiere de ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. El análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula con éste. De acuerdo con el precepto invocado será competente para conocer de la demanda de amparo: a) El Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado (párrafo primero). b) El Juez de Distrito ante el que se presente la demanda, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro (párrafo segundo). c) El Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material (párrafo tercero). En ese contexto, conforme al texto del artículo 37 de la Ley de Amparo, para determinar la competencia para conocer de la demanda, se debe precisar, en primer término, si los actos reclamados tienen ejecución o no. Para tal fin, importa mencionar que en relación con la naturaleza positiva o negativa de los actos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 176/2009, de la que derivó la jurisprudencia 2ª./J. 152/2009, determinó, en lo que aquí interesa, lo siguiente: ".En este sentido, un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, es decir, en una acción de hacer. A su vez, estos actos se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea; b) actos de ejecución continuada o inacabada; y, c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Por su parte, el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone. Estos actos negativos se subclasifican en: a) abstenciones; b) negativas simples; y, c) actos prohibitivos. Es importante poner de relieve que aunque los actos administrativos puedan expresarse en forma negativa, su naturaleza es positiva cuando entrañan la privación del ejercicio de un derecho o cuando en virtud de esa negativa la autoridad pueda actuar en forma positiva afectando la esfera jurídica del quejoso. Los actos negativos omisivos son abstenciones por parte de la autoridad no expresadas materialmente pero apreciables por la conducta apática o negligente de aquélla. Los actos negativos simples son los que se expresan mediante el rechazo de la autoridad acerca de lo pedido. Finalmente, los actos prohibitivos son aquellos que implican una orden o conducta positiva de la autoridad tendiente a impedir una conducta del particular afectado. Entonces, cualquiera que sea la forma de expresión que emplee la autoridad, sea concediendo o negando lo que se le pidió, sea ordenando o prohibiendo, para definir la naturaleza negativa del acto habrá que analizar en cada caso si el mismo redunda en una abstención de otorgar o reconocer al quejoso el derecho que le corresponde; o para definir su carácter positivo, habrá que advertir si impone al quejoso un carga a la que no se está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico.". Luego, de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama: A la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la Ciudad de Oaxaca. La omisión de vigilar y obligar a la autoridad demandada en el juicio administrativo con el número de expediente 261/21-15-01-3, al cumplimiento inmediato de la sentencia definitiva e interlocutoria ya que debió agotar las medidas necesarias para lograr el cumplimiento definitivo al juicio. Al Delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La obligación de cumplir con los efectos de la sentencia definitiva de uno de abril de dos mil veintidós, así como la sentencia interlocutoria de queja por omisión al cumplimiento con fecha de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés ambas dictadas en el juicio contencioso administrativo federal 261/21-15-01-3 del índice de la Sala responsable. De lo anterior, se advierte que el quejoso se duele de la omisión de cumplir con la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo con el número de expediente 261/21-15-01-3, la que se resolvió para efecto de que la autoridad -demandada- determine pormenorizadamente la forma y términos en que otorga los incrementos a la pensión del demandante y posteriormente, actualice los montos de la pensión -del quejoso- a que tenga derecho. Lo antes relacionado, pone de manifiesto que los actos reclamados a las autoridades responsables, constituyen abstenciones que se producen al no realizar los actos que la ley les ordena (omisión de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de origen, así como a la interlocutoria pronunciada en el recurso de queja por omisión al cumplimiento de la sentencia), por lo que constituyen actos de naturaleza negativa; sin embargo, es factible considerar que tales tiene efectos y consecuencias positivos, pues, de manera directa, implican la privación del ejercicio de un derecho como es el de disfrutar de la pensión que le corresponde al quejoso. Luego, es claro, que los actos reclamados se asemejan por su forma de expresión a abstenciones u omisiones, sin embargo, por sus efectos se deduce que en realidad tienen naturaleza positiva y como tal deben tratarse. Cierto, si bien las omisiones de que se trata, -por su forma de expresión-, no producen un cambio material, no obstante, sus efectos o consecuencias mediatos son positivos, por ende, ejecutables y se relacionan con la determinación del reconocer el derecho que tiene el quejoso de disfrutar de la pensión que le corresponde, de ahí que, atendiendo al criterio competencial a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, resulta competente para conocer de la demanda de amparo el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en donde los actos reclamados tienen consecuencias materiales en el ámbito privado del quejoso, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2ª./J. 152/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro digital 166109, de rubro y texto: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." Conforme a dicho criterio jurisprudencial, la indebida cuantificación del pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligada al domicilio del beneficiario, por ser razonablemente el lugar en el que cuantifica, cobra y disfruta, consideraciones que trasladas al presente caso, son aplicables, sin importar que no se haya demandado destacadamente la falta de pago, sino la negativa que se le apliquen a su pensión los porcentajes de incremento de los sueldos básicos de trabajadores en activo a que tiene derecho, porque al haberle sido reconocido ese derecho, la consecuencia será que otorguen la dicho incremento a la pensión solicitada y como consecuencia natural el pago de ésta. Criterio que es acorde con la voluntad del Constituyente, acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En el mismo sentido lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, al resolver el conflicto competencial 9/2022. Bajo ese panorama, del anexo a la demanda de amparo consistente en la copia simple de la credencial para votar del quejoso se aprecia que tiene su domicilio particular en Av Morse 16 col Segunda Sección, Santiago Niltepec, Oaxaca. En ese orden de ideas, se impone señalar lo establecido en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitario de Circuito y de los Juzgados de Distrito; el cual señala que: "Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo." De lo transcrito se desprende que Santiago Niltepec, Oaxaca, municipio en donde tiene su domicilio particular el quejoso se encuentra dentro de los municipios que expresamente establece el citado Acuerdo General 3/2013, en los que ejercen jurisdicción territorial los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz; por tanto, se encuentra fuera del ámbito territorial de competencia de este Juzgado. Por lo tanto, es claro que conforme a la regla establecida en el párrafo primero, del artículo 37 de la Ley de Amparo, resulta competente para conocer de la demanda de amparo, el Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con sede en Salina Cruz. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase la demanda de amparo origen del presente juicio de que se trata al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, a fin de que provea lo que conforme a derecho proceda respecto del conocimiento del presente asunto Asimismo, se solicita de la manera más atenta, tenga a bien informar a este órgano jurisdiccional sobre la aceptación o no de la competencia planteada. Fórmese cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Se autoriza al Secretario Judicial para que firme los oficios correspondientes. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Autorizados y domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Alfredo Benítez Toledo y únicamente para oir y recibir notificaciones a las demás personas que señala toda vez que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y Registro Nacional de Profesionista. DOMICILIO (NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS). Como lo solicita, con fundamento en el artículo 3° y 30, fracción II, de la ley de la materia, se ordena que las notificaciones personales a dicha parte se realicen por vía electrónica, para efecto de recibir cualquier notificación al usuario jatoledo; en el entendido que, ante cualquier eventualidad propia de los sistemas de información y comunicación que imposibilite las notificaciones solicitadas de esta forma, se continuará con las formas tradicionales de notificación, previstas en el artículo 26 y 29 de la ley de Amparo, en el domicilio que para tal efecto precisó en su demanda de amparo. Consulta del expediente electrónico. Como lo solicita, se autorizan al usuario jatoledo, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del expediente en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para lo cual instrúyase al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional (antes Analista Jurídico SISE). Correo electrónico. En relación con los correos electrónicos que proporciona, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General, se toma nota de éstos para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, y en su caso, de ser necesario, se incorporará. Medios Electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Gratuidad en el Servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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