Rafael Pacheco Cárdenas

Expediente 935/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
935/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
06/04/2018

Partes del expediente

  • Rafael Pacheco Cárdenas

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el escrito de cuenta, signado por ****, quejoso en el presente juicio de amparo, atento al contenido del mismo, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2, devuélvase los documentos que indica, dejando en su lugar, copia certificada de los mismos, las cuales deberán estar perfectamente legible y razón que de su recibo quede en autos, teniéndose como autorizada para recogerlos a la persona que indica...V

  2. Principal

    V I S T O el estado que guardan los autos se advierte que a la fecha ha transcurrido el término que con apoyo concede el artículo 98 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para que se interpusiera recurso de queja previsto por el precepto 97 fracción I, inciso a) de la Ley en cita, en contra del auto de veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa; en consecuencia, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales, por lo que háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, del conocimiento de las partes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por tanto y toda vez que ya se ordenó el archivo en el párrafo que antecede, con fundamento en el punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, remítase dentro del término de tres años el presente juicio al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Administración Regional, con sede en esta ciudad, para efectos de su DESTRUCCIÓN, con fundamento en el artículo vigésimo primero fracción l del citado acuerdo por haberse desechado la demanda de amparo. En tal virtud, hágase saber a las partes que deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito.....V

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito aclaratorio y anexos, signado por la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de trece de julio del año en curso; en consecuencia, se provee: DESECHAMIENTO Ahora, en primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Por su parte, el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de amparo dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." ACTO RECLAMADO Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa hace consistir esencialmente el acto reclamado en: el auto de veinte de junio de dos mil diecisiete, dentro de los autos del expediente 1623/2015, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro, por medio del cual el Juez responsable, entre otras cosas, dictó lo siguiente: Negó ordenar destrabar el embargo realizado sobre el vehículo embargado marca Ford, tipo Explorer XLT, con placas de circulación ULC-6575 para el Estado de Querétaro, con número de serie 1FMDV34XORUC43548. Negó el cambio de depositario del vehículo marca Ford, tipo Explorer XLT, con placas de circulación ULC-6575 para el Estado de Querétaro, con número de serie 1FMDV34XORUC43548. Para dar una mayor claridad al caso conviene citar los principales antecedentes del acto: La quejosa, Gyovani Montoya Valero (por conducto de su endosatario Rafael Pacheco Cárdenas) es parte actora dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 1308/2014 del índice del Juzgado Segundo Menor Mixto del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro, en contra de Edith Nora Juárez González, el cual se dictó sentencia favorable el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis y causó ejecutoria el nueve de junio de ese mismo año. Que existe diverso juicio ejecutivo mercantil por pago de pesos 1623/2015, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro, que promovió Sheila Selene Ríos Casas en contra de Edith Nora Juárez González, en el que se ordenó trabar embargo sobre el vehículo marca Ford, tipo Explorer XLT, con placas de circulación ULC-6575 para el Estado de Querétaro, con número de serie 1FMDV34XORUC43548. Que el catorce de septiembre de dos mil dieciséis, la parte quejosa interpuso tercería excluyente de preferencia en el juicio 1623/2015, en contra de Sheila Selene Ríos Casas y Edith Nora Juárez González, en el que se formó el cuaderno número 1065/2016 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro. Que el diecinueve de abril de dos mil diecisiete, se dictó sentencia favorable dentro de los autos del expediente 1065/2016, relativo a la tercería excluyente de preferencia que promovió Gyovani Montoya Lavero en contra de Sheila Selene Ríos Casas y Edith Nora Juárez González. Que Gyovani Montoya Lavero, por conducto de su endosatario, aquí quejoso, solicitó a la responsable destrabar el embargo realizado sobre el vehículo embargado marca Ford, tipo Explorer XLT, con placas de circulación ULC-6575 para el Estado de Querétaro, con número de serie 1FMDV34XORUC43548 y autorizar el cambio de depositario del vehículo ya mencionado, en el que la responsable, por acuerdo de veinte de junio de dos mil diecisiete, negó acordar de conformidad dicha petición Siendo esta última, la resolución se combate por vía de amparo. Sin embargo, a criterio de éste juzgado se considera que en el caso previo al juicio de amparo, el quejoso debió agotar el principio de definitividad; esto es, el recurso ordinario de defensa que prevé la ley procesal de la materia para combatir el auto reclamado, esto es, el recurso de revocación. De ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ciertamente, al ser parte en el juicio natural y participar activamente en él, la parte quejosa bien pudo intentar en contra del auto de veinte de junio de dos mil diecisiete, el recurso de revocación de conformidad con los artículos 1334, 1335, 1339 y 1340 del Código de Comercio, actualizándose de este modo un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que da lugar a desechar la demanda planteada en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, el solicitante de amparo previamente a la instauración de esta vía constitucional, al ser parte dentro del juicio mercantil de donde emana el acto reclamado, debió agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; esto es, antes de la interposición de la demanda de amparo, la parte quejosa de mérito debió de agotar el recurso ordinario que le otorga la ley que rige el proceso del que emana, es decir, la revocación, de conformidad con los artículo 1334, 1335, 1339 y 1340 del Código de Comercio, que a la letra dicen: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aún de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." "Artículo 1335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso." Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $574,690.47 (Quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos 47/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. (.) Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. (.)". "Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $574,690.47 (Quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos 47/100 M.N.) por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." De lo cual, se desprende que el medio de impugnación idóneo contra el acto que por esta vía se reclama, es el recurso de revocación, pues a través del mismo se podría revocar el acto de autoridad que se combate en esta vía de amparo y, que en el caso concreto, lo constituye el auto de veinte de junio de dos mil diecisiete, dentro del juicio natural, en el que la responsable, negó acordar de conformidad el ordenar destrabar el embargo realizado sobre el vehículo embargado marca Ford, tipo Explorer XLT, con placas de circulación ULC-6575 para el Estado de Querétaro, con número de serie 1FMDV34XORUC43548 y negó el cambio de depositario del mismo vehículo al aquí quejoso. De ahí que, se insiste, al ser parte actora en el juicio natural, el aquí quejoso debió agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Es aplicable por analogía, la Jurisprudencia 1a./J. 23/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con número de registro 2013072, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, visible en la página 876, que a la letra dice: "RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1334 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE IMPUGNA EL AUTO QUE NIEGA DECRETAR LA CADUCIDAD DE LA PRIMERA INSTANCIA EN JUICIOS MERCANTILES, SI POR RAZÓN DE LA CUANTÍA NO PROCEDE EL DE APELACIÓN. El auto que niega decretar la caducidad de la primera instancia en un juicio que, conforme a los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, por su cuantía menor no admite el recurso de apelación, debe impugnarse por medio del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del código referido, el cual procede contra los autos que no son apelables y los decretos, antes de promover el juicio de amparo. Lo anterior es así, porque la negativa a decretar la caducidad de la instancia constituye un auto que no paraliza la prosecución del juicio, pues resuelve sobre dicha pretensión pero sin concederse, pudiendo continuar aquél hasta dictarse la sentencia que ponga fin al proceso. Esto es, no se trata de una sentencia definitiva, pues no resuelve el negocio o la acción de fondo; no analiza las acciones deducidas ni las excepciones opuestas, ni absuelve o condena, como lo exigen los artículos 1077, párrafo primero, y 1325 al 1327 del código citado, sino que niega la pretensión de que se decrete la caducidad de la instancia y resuelve una cuestión durante el proceso que es indispensable dirimir antes de llegar a la sentencia que pone fin al juicio. Por lo tanto, debe agotarse el recurso de revocación en contra del auto que niega la caducidad de la instancia para estar en aptitud de impugnarlo a través del juicio de amparo; con la salvedad del caso en el que se trate de una sentencia interlocutoria, pues en este último caso no será procedente el recurso de revocación." Así como, la jurisprudencia 259, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Novena Época, con número de registro 175974, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, febrero de dos mil seis, visible en la página 1654, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." En la inteligencia de que la quejosa no se encontraba en ninguno de los casos de excepción, para no agotar el recurso, al no encontrarse en ninguna de las hipótesis a que se contrae los incisos a), b) y c), fracción XVIII, del artículo 61 de la ley de la materia, es decir, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Máxime que el auto de veinte de junio de dos mil diecisiete fue dictado dentro del trámite del juicio ordinario por lo que es susceptible de impugnarse mediante revocación. Aunado a lo anterior, respecto al auto dictado el veinte de julio de dos mil diecisiete, en relación al cambio de depositario y el destrabar el embargo del vehículo marca Ford, tipo Explorer XLT, con placas de circulación ULC-6575 para el Estado de Querétaro, con número de serie 1FMDV34XORUC43548, la responsable, de igual forma acordó que, quedarían a salvo sus derechos respecto del vehículo embargado, con independencia de quien se encuentre como depositario del mismo, derecho que podrá hacer valer en el momento procesal oportuno ante la autoridad que primeramente lleve el juicio a su etapa de ejecución; con lo cual, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De la anterior transcripción se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto de autoridad no causa una afectación al quejoso. En efecto, el principio de agravio personal y directo implica que la afectación debe ser resentida exactamente por la persona que promueva la demanda respectiva, debiendo derivarse tal afectación precisamente del acto reclamado. Así pues es procedente el juicio de amparo cuando existe una afectación o lesión en la persona de un gobernado, alterando su patrimonio o sus derechos personales en forma inmediata el acto reclamado. De ahí que, a criterio de este resolutor, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, ya que el acto que se combate no afecta derechos fundamentales del quejoso, como se verá a continuación. Ante todo, conviene distinguir entre perjuicio (ahora afectación) e interés jurídico, pues mientras este último lo constituye la titularidad del derecho afectado, el perjuicio lo constituye la existencia de la afectación en esa esfera de derechos. Resulta aplicable la tesis con número de registro 335092, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XLVI, quinta época, visible en la página 4943, que a la letra reza: "PERJUICIO BASE DE AMPARO. El perjuicio que al quejoso causa el acto reclamado, es elemento básico para la procedencia de la acción constitucional, de suerte que si no está justificado dicho perjuicio, el amparo es improcedente." Así pues, en el caso se advierte que el acto reclamado no afecta a la parte quejosa, en su esfera de derechos. En efecto, la negativa por parte de la autoridad responsable; a criterio de este resolutor dicho acto de autoridad no afecta a la parte quejosa, pues su efectividad depende de su actuar. Ya que en el proveído reclamado, se le indicó que en el diverso juicio 1065/2016 se determinó que el hoy quejoso tenía mejor derecho de pago sobre el vehículo en litigio. Por lo cual, no puede acudir al amparo hasta en tanto el mismo haga valer su pretensión en el momento procesal oportuno ante la autoridad que primeramente lleve el juicio a su etapa de ejecución. De ahí que se insiste, que el acto que ahora se combate, no afecta los derechos sustantivos de la parte quejosa. Es aplicable tesis PC.I.L. J/14 L (10a.), Décima Época, con número de registro 2010813, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, Enero de 2016, visible en la página 2321, que a la letra dice: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley." En consecuencia, al actualizarse la citada causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem.....v NOTIFIQUESE PERSONALMENTE

  4. Principal

    REGISTRO DE EXPEDIENTE V I S T A la demanda de amparo promovida ******, por violación a los derechos humanos, así como a las garantías para su protección contenidas en los artículos 14, 16, 19, 20 y 21 Constitucionales; con apoyo en los artículos 103 fracción I, Constitucional, fórmese el expediente respectivo, bajo el número 935/2017-V, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno que al efecto se lleva. PREVENCIÓN Ahora bien, antes de proveer sobre la admisión de la demanda de garantías de que se trata, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, fracción I, en relación con el numeral 108 fracción V de la nueva Ley de Amparo, prevéngase al promovente, para que dentro del término de cinco días contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que se le haga de este proveído y bajo apercibimiento de las penas en que incurren los falsos declarantes ante la autoridad jurisdiccional conforme lo señalado en el artículo 261 fracción I, de la Ley de la materia, a efecto de integrar debidamente la litis constitucional, bajo protesta de decir verdad cumpla con el siguiente requerimiento: Deberá abundar, sobre los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, en el entendido de que ello deberá ser de manera cronológica, clara y precisa, en virtud de que de la lectura de la demanda, no se advierte que la parte quejosa refiera cuales fueron los efectos de la interlocutoria de diecinueve de abril de dos mil diecisiete. Así también, deberá exhibir copias simples o certificadas de la resolución de diecinueve de abril de dos mil diecisiete dictada dentro del cuaderno 1065/2016, y del auto de veinte de junio de dos mil diecisiete dictado dentro del expediente 1623/2015 del índice del Juzgado responsable. De igual manera, exhiba copias suficientes del escrito con el que dé cumplimiento a la prevención, ello en términos del ya mencionado artículo 110 de la ley de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." APERCIBIMIENTO Bajo apercibimiento, que de no dar cumplimiento a lo solicitado, en el término otorgado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo que nos ocupa en términos del artículo 114 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere, y, con fundamento en el artículo 12 en términos amplios al licenciado VÍCTOR GERARDO COLLANTES MUÑOZ; y en términos del citado artículo 12, en relación con el diverso 24 de la ley de la materia, se tiene por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse en autos a los demás nombrados, sin perjuicio que una vez que acrediten ante este juzgado estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, se les otorguen las facultades amplias a que hace mención el citado artículo 12. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite, a fin de que cualesquiera de los actuarios adscritos realicen las notificaciones personales y diligencias que se les encomienden en este asunto. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En caso de que en el presente auto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con los artículos 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública General en relación con el diverso 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de dos mil cuatro, hágase saber a las partes en este juicio, que están en aptitud de oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando este órgano jurisdiccional determine si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta si la información correspondiente es considerada o no como reservada en términos de lo previsto en los artículos 13 y 14 de la citada Ley, en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa con oportunidad, conlleva su consentimiento para que la sentencia o determinación respectiva se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Como ejemplo de estas promociones son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal....V Notifíquese personalmente.

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