Rafael Pablos Portela
Expediente 1595/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 12 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1595/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 25/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Rafael Pablos Portela
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, de donde se advierte que en esta fecha causó ejecutoria la resolución por la que se sobreseyó el juicio del cual deriva el presente incidente y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedió la medida cautelar provisional y se negó la suspensión definitiva. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien se encuentra facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión, en relación con la valoración y destino de los cuadernos incidentales. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Juicio de amparo 1595/2021Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las once horas con cincuenta y cinco minutos del cuatro de febrero de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe declaró abierta la audiencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el juicio 1595/2021; sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario hace relación de constancias y da lectura a la demanda de amparo; asimismo, relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez, con las actuaciones relativas a la notificación a las partes y con los informes justificado rendidos por las autoridades responsables director de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal del Estado de Sonora (señalado como ordenadora y ejecutora); jueces Primero y Segundo de Primera Instancia de lo Penal y juez de Primera Instancia Oral de lo Penal, todos con residencia en Hermosillo, Sonora. Asimismo, se hace constar que en el auto admisorio se estableció que una vez que obraran en el sumario los informes justificados se proveería respecto de la existencia de terceros interesados; y, que transcurrió el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se pudieran imponer del contenido de los informe justificados rendidos por las autoridades responsables, se relata también que mediante acuerdo de veinte de enero de este año, se dejó de tener como autoridades responsables a las que se cita en dicho acuerdo y que habían sido señaladas por la parte quejosa como responsables en la demanda inicial. El juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias y por efectuada la certificación secretarial para todos los efectos legales conducentes; sin que en el caso haya lugar a ordenar emplazamiento de parte tercero interesada, cuenta habida que no se actualiza ninguna de las hipótesis contenidas en la fracción III, del artículo 5, de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, y al respecto se hace constar que las partes de este sumario no ofrecieron prueba alguna. El juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para ofertar pruebas. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos; el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Téngase por perdido el derecho a las partes para para formular los alegatos a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1595/2021, promovido por Rafael Pablos Portela, contra actos y autoridades que más adelante se precisan; y, R e s u l t a n d o : I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado vía electrónica, a través del Portal del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISES) el veinticinco de diciembre de dos mil veintiuno, y remitido a este Juzgado, en razón de turno, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, Rafael Pablos Portela, solicitó la protección de la Justicia Federal, en contra de actos reclamados al director de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal del Estado de Sonora (señalado como ordenadora y ejecutora) y de otras autoridades. Mediante acuerdo de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se radicó el juicio en este juzgado con el número de expediente 1595/2021; se solicitó el informe justificado respectivo a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que le compete al representante social de esta adscripción, quien no formuló pedimento, y se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual dio inicio al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, de conformidad con los siguientes C o n s i d e r a n d o s : Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo, 49 y 56, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que los actos reclamados son de ejecución dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional y, en relación con autoridades que tienen su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. II. Precisión de los actos reclamados. Del estudio integral del expediente, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el reclamo constitucional, substancialmente se hace consistir en lo siguiente: La orden de aprehensión y/o detención; y, su inminente ejecución. Se acota que en la demanda, además de la orden privativa de libertad, el quejoso refirió también como acto reclamado en el capítulo respectivo, la omisión de acordar peticiones, reclamando tal acto a la que denominó como "Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad"; sin embargo, esta sentencia no se ocupará de tal acto, dado que mediante acuerdo de veinte de enero de este año, tal autoridad, al igual que las diversas que se mencionan en la certificación y relatoría del asunto con el que se dio cuenta, se declaró inexistente, con motivo del apercibimiento efectuado al quejoso en acuerdos de tres y seis de enero de este año. III. Inexistencia del reclamo constitucional. Es inexistente el reclamo del quejoso, según se desprende de los informes justificados remitidos por las autoridades señaladas como responsables director de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal del Estado de Sonora (señalado como ordenadora y ejecutora); jueces Primero y Segundo de Primera Instancia de lo Penal y juez de Primera Instancia Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, todos con residencia en Hermosillo, Sonora; lo anterior, sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna en contrario, que desvirtuara la negativa categórica de dichas autoridades. En consecuencia, en el caso se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y, por ende, se debe decretar el sobreseimiento en el presente sumario constitucional. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." D e c i s i ó n : En ese contexto, al resultar inexistentes los actos reclamados, con apoyo en lo establecido en el artículo 63, fracción IV, se sobresee en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se V. Resuelve 17. Único. Se sobresee en el presente juicio de derechos promovido por Rafael Pablos Portela, contra los actos y autoridades precisados en los considerandos II y III, por las razones, fundamentos y motivos expuestos en el propio apartado III, de esta sentencia. 18. Notifíquese por lista a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable. 19. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretario de Juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Incidental
Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1595/2021; y, I. Antecedentes 1. A petición de Rafael Pablos Portela, por acuerdo de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó tramitar el presente incidente de suspensión; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe previo, se resolvió sobre la suspensión provisional y se fijó fecha y hora para la audiencia incidental, la cual, previos diferimientos, se desarrolló conforme al acta que antecede; y, II. Competencia 2. Conforme a lo dispuesto en los artículos 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, este órgano jurisdiccional es competente para resolver el presente incidente de suspensión, ya que aquí se tramita el juicio en lo principal. III. Precisión de los actos reclamados 3. En términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso reclama la orden de detención y aprehensión, así como su ejecución. 4. Asimismo, el quejoso solicitó la suspensión definitiva de los actos reclamados para efectos de que no se ejecute alguna orden de captura en su perjuicio, hasta en tanto se resuelva sobre su constitucionalidad. IV. Negativa de los actos reclamados 5. Las siguientes autoridades responsables negaron la existencia de los actos en reclamo, toda vez que así se advierte de sus informes previos: Autoridad 1 Director de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal del Estado de Sonora. 2 Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal. 3 Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal. 4 Juez de Primera Instancia Oral de lo Penal de Hermosillo, Sonora. 5 Director de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal del Estado de Sonora. 6. De ahí que, sin prueba en contrario que desvirtúe dichas negativas, se niega la suspensión definitiva solicitada por el quejoso, por lo que hace a las autoridades precisadas. 7. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." 8. Asimismo, se invoca la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "INFORME PREVIO, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN SI NO SE DESVIRTÚA LA NEGATIVA DEL ACTO, EN EL. Si no se desvirtúa la negativa de la autoridad responsable, contenida en su informe previo, es claro que tal negativa queda firme, y por consecuencia, se estará frente a actos que no existen, por lo que debe concluirse que es improcedente conceder el beneficio de suspensión, contra actos de esa naturaleza." 9. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 124, 131, 144 y 146 de la Ley de Amparo. V. Se resuelve: 10. Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Rafael Pablos Portela, contra los actos precisados en el apartado III, reclamados a las autoridades que se relacionaron en el diverso IV, de esta resolución. 11. Notifíquese; y, por oficio a las autoridades responsables. 12. Así lo resolvió y firma Juan de Dios Velasco Romero, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme al artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el artículo transitorio tercero del "Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles", autorizado en términos del oficio CCJ/ST/0047/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Santiago Flores cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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