Rafael Ortiz Pacheco

Expediente 182/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 33 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
182/2017
Año
2017
Actuaciones
33
Última actuación
22/06/2017

Partes del expediente

  • Rafael Ortiz Pacheco
  • Rafael Ortiz Pacheco y Otros.
  • Lauro Rincón Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintidós de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente ya que se sobreseyó en el juicio y carece de relevancia documental; y, depurable el original del incidente, pues se negó y concedió la medida cautelar, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente. Devuélvase a la autoridad responsable Juez Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, las constancias que remitió a este juicio constantes de un legajo de copias certificadas de la causa penal 42/2011, de su índice; sin que sea necesario acuse de recibo dada la naturaleza de las mismas.

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 182/2017-IA; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito recibido el siete de febrero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día; Rafael Ortiz Pacheco, Lauro Rincón Hernández, Ramón Soto Díaz, Juan Ciro Durán Mendoza, Alfredo Dan Ham, Rubén Escobar Huervo y Raúl Sixto Veneroso Ameca, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal. Segundo. Por auto de ocho de febrero de dos mil diecisiete, este juzgado registró la demanda bajo el número 182/2017-IA, se admitió a trámite, se solicitó informes justificados; dio intervención al Ministerio Público Federal y, señaló fecha para celebrar la audiencia constitucional, la que se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de garantías planteado, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII de la Constitución General de la República; 1° fracción I y 37 de la Ley de Amparo; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que reclaman actos que requieren ejecución material, por ende, es competente este juzgado a prevención. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los quejosos reclaman del Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, la orden de aprehensión y su ejecución. TERCERO. Las responsables Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca; Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con sede en Villa Aldama; Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo Tercero, Décimo Quinto, décimo sexto, Décimo Séptimo y Décimo Octavo, todos del Estado de Veracruz; Procurador General de la República; Titular de la Policía Federal Ministerial; Delegado en el Estado de México y Delegado en el Estado de Veracruz, ambos de la Procuraduría General de la República, negaron la existencia del acto que se les reclama. En mérito de lo anterior, si las autoridades responsables antes citadas negaron la existencia de los actos reclamados, era preciso que los quejosos probaran de manera contundente lo contrario dentro de la secuela del procedimiento o en la propia audiencia constitucional, no obstante que oportunamente se le dio vista con el contenido de los informes justificados, a efecto que estuviera en aptitud de aportar los medios de prueba que considerara pertinentes para desvirtuar la negativa de la existencia de los actos reclamados. En consecuencia, si en el caso los actos reclamados son hechos positivos, era obligación de los peticionarios de garantías probarlo, no así la negativa de hechos realizada por las responsables, porque evidentemente no existe materia qué comprobar. En tal virtud, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de garantías respecto de dicho acto reclamado a las responsables antes referidas, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Ahora, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, al rendir su informe justificado negó el acto que se le atribuye; sin embargo, refirió que en la causa penal 42/2011, de su índice, existía una orden de aprehensión en contra de la persona Ángel Ramón Soto Díaz, por el delito de daños a la vías generales de comunicación, en la modalidad de interrumpir totalmente los servicios que operan en las vías generales de comunicación, siendo diversa persona a uno de los aquí quejosos Ramón Soto Díaz, por lo que en auto de cuatro de abril del año en curso, se requirió a este último, para que dentro del término de tres días, bajo protesta de decir verdad manifestara si contaba con dos nombres, debiendo acreditar dicha circunstancia. Luego, en cumplimiento a lo anterior, en proveído de veintiocho de abril del presente año, se tuvo por desahogado el citado requerimiento al quejoso Ramón Soto Díaz, en el que señaló que en su acta de nacimiento está registrado con el nombre de Ramón Soto Díaz; sin embargo, también indicó que es conocido con el nombre de Ángel Ramón Soto Díaz, por tanto, se tiene como quejoso en la presente instancia constitucional Ramón Soto Díaz y/o Ángel Ramón Soto Díaz. De ahí que se tengan por ciertos los actos reclamados al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. QUINTO. Ahora, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo o en caso de que las partes invoque alguna de las establecidas en el numeral 61 de la ley de la materia; en consecuencia, toda vez que este juzgado advierte que se actualiza una de las hipótesis establecidas en el último precepto, se procede a su estudio. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 60, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Junio de 1991, Octava Época, que expresa: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento.". En ese orden, de oficio se advierte actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que textualmente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La interpretación literal del enunciado normativo sobre la palabra "cesar", arroja que según el Diccionario de la Real Academia Española significa: suspenderse o acabarse. Así las cosas se conoce que el juicio de amparo es improcedente cuando se suspenden o acaban los efectos del acto reclamado. Los efectos del acto reclamado pueden suspenderse o acabarse por dos factores: a) por revocación y b) por sustitución. La cesación por revocación se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Así lo sostiene el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis aislada I.3o.C.769 C que se publicó en la página 1492 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, de tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos.". Ahora, en ambos supuestos, es necesario que se configure la hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, la cesación de efectos sea de manera incondicional o inmediata, de tal suerte que restablezca de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Así lo ha interpretado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En este caso, el acto reclamado en estudio ha cesado sus efectos por sustitución. En efecto, la autoridad responsable Juez Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, mediante oficio 319 recibido vía fax el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, en la oficialía de partes de este Juzgado, comunicó que en la causa penal 42/2011, instruida contra el aquí quejoso Ramón Soto Díaz y/o Ángel Ramón Soto Díaz, el dieciocho de mayo de la presente anualidad, decretó el sobreseimiento por extinción de la acción penal por prescripción (foja 116), mismo que quedó firme mediante proveído de veinticinco siguiente (foja 118). Lo que evidencia, que al día de la fecha el acto reclamado consistente en la orden de captura, por el quejoso Ramón Soto Díaz y/o Ángel Ramón Soto Díaz, ha dejado de surtir efectos. En ese orden de ideas, es válido sostener que los actos tildados de inconstitucionales han cesado sus efectos ante el sobreseimiento por extinción de la acción penal por prescripción (foja 116), en la causa penal 42/2011, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, el cual quedó firme mediante proveído de veinticinco siguiente (foja 118), lo que claramente destruye todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica del quejoso Ramón Soto Díaz y/o Ángel Ramón Soto Díaz. Así, lo transcrito patentiza, sin lugar a dudas que esa determinación no es jurídicamente dable que se analice en este juicio de amparo, como tampoco que influya en la cesación del acto reclamado. Sobre el particular se invoca, la tesis publicada en la página 845 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXII, Noviembre de 2005, Novena Época, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio.". Por lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo actual, en relación con la fracción V, del numeral 63 del ordenamiento legal invocado, y los criterios jurisprudenciales transcritos, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Así, de lo expuesto con anterioridad se advierte la imposibilidad de realizar el estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa. Este proceder se sustenta en la jurisprudencia II.3o. J/58, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 57, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 70, Octubre de 1993, Octava Época, de rubro y tenor siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente.". En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, con apoyo en los artículos 61, 62, 63, fracción V, 73, 74, 75, 76 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 182/2017-IA, promovido por Rafael Ortiz Pacheco, Lauro Rincón Hernández, Juan Ciro Durán Mendoza, Alfredo Dan Ham, Rubén Escobar Huervo, Raúl Sixto Veneroso Ameca, Ramón Soto Díaz y/o Ángel Ramón Soto Díaz, por propio derecho, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiséis de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio signado por la autoridad que lo remite, por medio del cual informa que causó estado el proveído de dieciocho del mes y año en curso, por medio del cual declaró extinguida la acción penal ejercida en contra de Ángel Ramón Soto Díaz; por tanto, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba el oficio que se provee y dese cuenta con él en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Erik Roberto Frías Guerrero, que da fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veintidós de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio signado por la autoridad que lo remite, por medio del cual informa el sobreseimiento por extensión de la acción penal por prescripción decretado en la causa ****, en la que se libró orden de reaprehensión en contra de ****; por tanto, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba el oficio que se provee y dese cuenta con él en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Erik Roberto Frías Guerrero, que da fe.

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