Rafael Ortiz Arellano
Expediente 461/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 461/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rafael Ortiz Arellano
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio 4926/2023 suscrito por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, al que anexa el testimonio autorizado de la ejecutoria dictada en sesión de veinticuatro de agosto de la presente anualidad en el conflicto competencial 3/2023, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: "PRIMERO. Existe conflicto competencial por razón de territorio entre los jueces Noveno y Octavo del Estado, con residencia en Morelia y Uruapan, Michoacán, respectivamente. SEGUNDO. Se declara que la competencia legal para seguir conociendo del juicio de amparo indirecto promovido por Rafael Ortiz Arellano se surte a favor del Juez Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en Morelia; razón por la cual se ordena remitir a ese juzgado los autos correspondientes para que se avoque a su conocimiento y copia al diverso juzgador." Acúsese recibo y háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico de este Juzgado de Distrito. Ahora, visto lo actuado dentro del presente juicio de amparo, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, toda vez que como se advierte de los párrafos que anteceden, la superioridad, esto es, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, determinó que el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver de la demanda de amparo que dio origen al presente cuadernillo; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto: No es de relevancia documental, conforme a lo establecido en el artículo 15 del citado acuerdo. Es destruible, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 19, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General, razón por la que, trascurrido el plazo de seis meses ahí establecido, deberá destruirse y remitirse el acta de baja documental que acredite dicha circunstancia a la Dirección General de Archivo y Documentación. Lo anterior, hágase constar en la carátula del presente expediente, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del numeral 34 del referido acuerdo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, mediante el cual transcribe el proveído de cuatro de agosto del año en curso, del que se advierte que se avocó al conocimiento y admitió el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia; mismo que quedó registrado con el número 3/2023; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Súmese a los autos el escrito de la apoderada del quejoso, mediante el cual solicita se le indique el estado que guarda el trámite al haberse declarado incompetente, así como si se devolvió al Juzgado Noveno de Distrito, en atención al mismo, dígase que en esta fecha se remitió el juicio de amparo en que se actúa expediente al Juez Declinante. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, once de julio de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE OFICIO Téngase por recibido el oficio que remite el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual remite el juicio de amparo ********************, de su índice. Ahora, del contenido del proveído dictado el treinta de junio de dos mil veintitrés, se advierte que dicho órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Laura Cecilia Salazar Ortiz, en cuanto apoderada del quejoso ********************, ello, dijo, porque el acto reclamado tiene ejecución material dentro del territorio donde este juzgado tiene su jurisdicción. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. En mérito de lo expuesto, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, y regístrese en el libro de gobierno bajo el juicio de amparo 46********************/2023. RAZONES POR LAS QUE SE DECLINÓ LA COMPETENCIA. La autoridad declinante, se declaró legalmente incompetente para conocer y resolver el juicio de amparo de que se trata, argumentando esencialmente lo siguiente: "(.) Del invocado precepto legal, se desprenden tres reglas de competencia de los Jueces de Distrito en función de la posible ejecución del acto reclamado, a saber: Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el juzgador ante el que se presente la demanda; y, Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior se advierte que, por regla general, es la ejecución de los actos lo que determina la competencia de los jueces de distrito, por lo que resulta necesario hacer algunas consideraciones al respecto, en relación con las reglas competenciales antes indicadas. Por lo que hace a la primera regla, es el lugar en donde vaya a ejecutarse el acto reclamado lo que fija la competencia del Juez de Distrito; es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar en donde los actos de ejecución se vayan a realizar, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Esto es, cuando se trata de actos susceptibles de ser ejecutados, siempre deberá atenderse al lugar efectivo de su ejecución, como referente para determinar la competencia territorial en el amparo indirecto. Es conveniente precisar que un acto de autoridad, si no es absolutamente negativo o totalmente declarativo, se desenvuelve normalmente en dos fases: una es la decisoria u ordenadora y otra, la ejecutiva. Así, para determinar la competencia de un juez de Distrito en el Conocimiento de un juicio de amparo en el que se reclamen actos decisorios y actos ejecutivos, debe atenderse al lugar en donde éstos se realicen o traten de realizarse, de tal manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial. Luego, es el sitio en donde los actos reclamados se ejecuten, vayan a ejecutarse o vayan a ejecutarse materialmente lo que define la competencia de los Jueces de Distrito, de modo que para fijar la competencia para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida en contra de actos que requieren una ejecución, necesariamente debe atenderse a la localidad en que deben cumplirse o materializarse tales actos, pues es ahí en donde producen consecuencias en el mundo fáctico. En la segunda regla, si los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos Jueces de Distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte en favor de cualquiera de los órganos de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, ante el juzgado de distrito en donde se presentó la demanda. Por último, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juzgado de Distrito es el lugar en donde la parte quejosa decidió presentar la demanda. En ese estado de cosas, de conformidad con los parámetros normativos que existen en la materia de competencia por razón de territorio, debe tenerse presente la naturaleza del acto reclamado (requiere ejecución material o carece de ésta), así como sus características fundamentales (acto complejo o simple, con ejecución en diferentes lugares en un lugar determinado), para establecer en cuál de las reglas precisadas se ubica el supuesto particular, conforme a los datos que de manera más objetiva y razonable puedan permitir concluir la asignación de la competencia relativa según el momento procesal en que esto deba ocurrir. (.) Como se advierte, el criterio para determinar la competencia por territorio se relaciona directamente con la ejecución material del acto. Así las cosas, es oportuno tener en cuenta como se estableció, que el acto reclamado consiste en el ilegal emplazamiento y como consecuencia todas las actuaciones realizadas dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil ********************, del índice del Juez Menor Mixto del Distrito Judicial de ********************, Michoacán, que sigue el ahora tercero interesado ********************, en contra del ahora quejoso ********************. En ese orden de ideas, no puede perderse de vista que el señalamiento de tal acto reclamado constituye también un dato objetivo para fijar la competencia por territorio del Juez de Distrito que habrá de conocer de la demanda de amparo, ya que, la ejecución material tuvo verificativo en ********************, Michoacán, pues fue en aquel lugar en que se llevó a cabo el emplazamiento que refiere el quejoso resulta ilegal, asimismo, es ante el Juez Menor Mixto del Distrito Judicial de ******************** Michoacán, que se lleva la tramitación del juicio Ejecutivo Mercantil ********************, que sigue el ahora tercero interesado ********************, en contra del ahora quejoso ******************** y en su caso, las consecuencias jurídicas de una posible concesión del amparo, se llevarán en aquel lugar. Lo que evidencia que se actualiza la primera regla descrita por el artículo 37 de la Ley de Amparo para determinar la competencia de quien deba conocer del asunto, esto es, en el lugar en que deba de ejecutarse.". Por consiguiente, la autoridad declinante resolvió carecer de competencia para conocer del presente asunto, en términos de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, apoyado en las reglas que fijan la competencia de los jueces por razón del territorio. DECISIÓN SOBRE LA ACEPTACIÓN DE LA COMPETENCIA. Con base a lo anterior, a fin de resolver sobre la aceptación de la competencia planteada, este órgano jurisdiccional no comparte la postura de la autoridad declinante, por las consideraciones que enseguida se expondrán. Así, el suscrito, no comparte las razones por las que se declina la competencia en razón al territorio, dado que, si bien, los actos reclamados a simple vista podrían surtir la competencia a favor de este órgano jurisdiccional; lo cierto es, que también podría surtir competencia ante el juzgado declinante; con base en las siguientes consideraciones. En el caso concreto, la parte quejosa reclama una pluralidad de actos, entre los cuales, se encuentra el atribuido al Juez y Actuario, ambos del Juzgado Menor Mixto del Distrito Judicial de ********************, Michoacán, consistente en la la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, así como todas las actuaciones realizadas con posterioridad dentro del juicio ejecutivo mercantil ********************; sin embargo, también se reclama del Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y Comercio, con residencia en Morelia, el haber dado de baja el registro asiento número veinticinco del tomo ciento sesenta y seis del libro de propiedad del distrito de ********************, Michoacán, en el que se advertía la anotación del inmueble ubicado en el lote ********************, de la manzana ********************, zona ******************** de la localidad de ******************** del municipio de ********************, Michoacán, a favor del aquí quejoso, para ahora, tener como propietario de ese inmueble a ********************, cuya titularidad se inscribió bajo el número treinta del tomo setecientos tres del libro de propiedad del distrito de ********************, Michoacán. Resulta necesario indicar que el marco jurídico que estatuye la competencia de los Jueces de Distrito, para determinar válidamente su aplicación al caso concreto, se encuentra contenido en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Así, del referido artículo se desprenden tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: ********************. La competencia de un Juez de Distrito se determina en razón de que en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito pero continúa ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. 3. Sólo cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material, es competente para conocer del asunto aquel Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue las dos primeras reglas competenciales es que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, pero el primero de los supuestos sólo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción; en cambio, la segunda se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes, como es el caso que nos ocupa, al precisar que el acto comenzó a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro. La tercera regla, prevé el caso en el que el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, lo que da competencia al juez de Distrito del lugar donde se presente la demanda de amparo. Ahora, conforme de las reglas establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se obtiene que en relación a los actos reclamados que ameritan ejecución material, se fija la competencia en el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. No obstante lo anterior, en el segundo párrafo del numeral legal en análisis, quedó manifiesta la intención del legislador en el sentido de facilitar al quejoso el acceso a la administración de justicia, en la medida en que, cuando el acto pueda ejecutarse en más de un distrito, le permite optar por presentar su demanda de amparo ante cualquiera de los Jueces de Distrito que ejerzan jurisdicción en dichos distritos; y todavía con mayor amplitud, al posibilitar que el juicio de amparo se entable ante cualquier juzgador de amparo si el acto no requiere ejecución material, lo que pone en evidencia que, acorde con las reglas contenidas en el citado numeral 37 de la Ley de Amparo, se prescindió de atender al lugar de residencia de la autoridad responsable emisora del acto, como un factor para fincar la competencia del órgano judicial de amparo. Como se vio, el quejoso reclama una pluralidad de actos, entre los cuales, se encuentra el atribuido al Juez y Actuario, ambos del Juzgado Menor Mixto del Distrito Judicial de ********************, Michoacán, consistente en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, así como todas las actuaciones realizadas con posterioridad dentro del juicio ejecutivo mercantil ********************; sin embargo, también se reclama del Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y Comercio, con residencia en Morelia, el haber dado de baja el registro que contenía el inmueble ubicado en el lote ********************, de la manzana ********************, zona ******************** de la localidad de ******************** del municipio de ********************, Michoacán, para ahora, tener como nuevo propietario y registrarlo en libro de propiedad del distrito de ********************, Michoacán, a ********************. Acto éste último que reviste competencia al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia; ello, toda vez que dicho acto tiene ejecución material, porque se traduce en que el accionante del juicio constitucional no puede ejercer el derecho de propiedad que dice ostentar a su favor frente a terceros sobre el inmueble ubicado en el lote ********************, de la manzana ********************, zona ******************** de la localidad de ******************** del municipio de ********************, Michoacán, al haberse registrado a nombre de diversa persona moral. Esto es, los actos reclamados por la parte quejosa traen aparejada ejecución, y precisamente el acto relativo a la cancelación del registro de su propiedad, se perfecciona en el momento en que se realiza por la autoridad registral un cambio en la situación legal de un inmueble. Por tanto, si la cancelación del registro del inmueble a favor del quejoso respecto del predio ubicado en el lote ********************, de la manzana ********************, zona ******************** de la localidad de ******************** del municipio de ********************, Michoacán, le restringe el derecho de propiedad que dice ostentar frente a terceros, ello provoca indefectiblemente una afectación en la esfera de sus derechos, pues, inclusive, de asistir la razón al quejoso en el juicio de amparo, los efectos de una posible sentencia protectora, implicaría que se requiera a la autoridad responsable Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y Comercio, con residencia en Morelia, Michoacán, elimine cualquier registro previamente efectuada respecto del aquél inmueble, cuya orden indudablemente tiene que ser ejecutada en el lugar de residencia de dicha dependencia. De ahí que, como se ha venido estableciendo en párrafos que anteceden, atento a la pluralidad de actos que reclama el quejoso, los cuales, tendrían efectos en ambos distritos (Morelia y Uruapan, ambos del Estado de Michoacán), por lo que, entonces, los actos reclamados tienen ejecución en más de un distrito y resulta ser competente el juez que previene, de conformidad con el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dado que, en él se contienen las reglas de competencia por razón de territorio, pero también involucra la hipótesis relativa a cuando el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, determina que el competente es el Juez que tenga jurisdicción en el lugar en que se haya presentado la demanda, en este caso, en la ciudad de Morelia. Luego, si la parte quejosa, optó por presentar la demanda de amparo y por turno correspondió conocer al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, lo que permite presumir que fue el lugar de más fácil acceso material para el justiciable, pese a los actos sobre los que se duele la parte quejosa se relacionan con el predio ubicado en la localidad de ******************** del municipio de ********************, Michoacán. Por ello, aunque uno de los actos reclamados tengan ejecución material tanto en la ciudad de Morelia como en la ciudad de Uruapan, este acto puede ser válido para fijar la competencia, tomando en consideración que el segundo párrafo del referido artículo 37, otorga libertad al quejoso de presentar su demanda ante cualquiera de las localidades en las que se hayan ejecutado el o los actos reclamados. Cobra sustento a lo anteriormente planteado la jurisprudencia con número de registro 20044********************4, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que cuyo rubro dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN QUE SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO POR VICIOS PROPIOS Y LOS ACTOS QUE PROSIGUIERON. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO". De igual forma, la tesis con número de registro 20********************069******************** emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, misma que cuyo rubro dice: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE SEÑALE UNA PLURALIDAD DE ACTOS RECLAMADOS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRE UNO QUE DEBA TENER EJECUCIÓN MATERIAL, QUE INCLUSO YA SE EJECUTÓ, ASÍ COMO OTROS QUE NO LA REQUIERAN, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA". En consecuencia, con fundamento en el artículo 4******************** de la Ley de Amparo, en estricto sentido, este Juzgado de Distrito NO ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA y ordena la devolución del juicio de amparo enviado, y de lo cual se solicita al Juez declinante acuse el recibo de estilo correspondiente. De conformidad con la certificación de cuenta, se informa a las partes que en atención a los lineamientos establecidos en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-********************9 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a fin de adoptar como eje rector la actividad jurisdiccional desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de esta fecha, todas las actuaciones del presente asunto constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física, así como las notificaciones practicadas de esa forma; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro electrónico y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
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