Rafael Ortega Oteo
Expediente 232/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 232/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 24/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Rafael Ortega Oteo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio registrado con el folio 7478 de cuenta, presentado en archivo electrónico... Por recibido el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; que contiene inserto el auto de veinte de mayo del año en curso, del que se advierte que el órgano en cita admitió el recurso de revisión interpuesto, registrándolo bajo el toca R.A. 76/2021; por lo que este Juzgado toma conocimiento de lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Subprocurador de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, en representación de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a través del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia.distribúyanse entre las partes la copia del oficio de interposición y de expresión de agravios de mérito, y una vez que obren en autos las constancias de notificación correspondientes, dentro del término de tres días remítanse los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, para la substanciación del recurso de referencia, anexando por separado el original del oficio de interposición y de expresión de agravios, para que resuelva lo que en derecho corresponda..Notifíquese personalmente
- Principal
Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran el escrito de demanda, auto admisorio; informes justificados rendidos por las autoridades responsables, constancias de notificación a las partes y proveídos en los que se acordó lo conducente. El Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias, para los efectos legales procedentes. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio y el secretario da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se admiten las pruebas de cuenta, las que se desahogan por su propia y especial naturaleza, que serán tomadas en consideración y valoradas al momento de dictar la resolución que en derecho proceda. Se cierra el periodo de pruebas. Acto seguido, procede el desahogo de la etapa de alegatos y el secretario hace constar que ninguna parte los formulo. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las partes para realizar manifestaciones en vía de alegatos. Por último, se informa al Juez de Distrito que el Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito no formuló intervención ministerial. El Juez acuerda: se tiene por hecha la constancia que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Al no existir diligencias pendientes de desahogo, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y procede estudiar las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Rafael Ortega Teo, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y actos siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. La C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. El C. Titular de Tesorería de la Ciudad de México. IV. NORMAS GENERALES Y/O ACTOS QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. 1.- De la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. a) La expedición del Acuerdo de Carácter General por el que se Otorgan Subsidios Fiscales para el Pago del Impuesto ", publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 31 de diciembre de 2019 2. Del C. Titular de la Tesorería de la Ciudad de México, se reclama lo Siguiente. a) La aplicación del artículo 130, fracción I , del Código Fiscal de la Ciudad de México , el cual consistió en el Pago de del impuesto predial realizado el 12 de enero de 2020, respecto del primer al sexto bimestre de 2020, por ser quien recibió el pago del impuesto referido". SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. La parte quejosa indicó que no existe tercero interesado; narró los antecedentes del acto reclamado; señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 1, 4 y 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, formuló los conceptos de violación que estimó conducentes. TERCERO. Admisión de la demanda. Por acuerdo de seis de febrero de dos mil veinte, se registró la demanda en el libro de gobierno con el número 232/2020, se admitió a trámite por cuanto hace a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y se desechó por el Titular de la Tesorería de la Ciudad de México, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se pidió a la autoridad señalada como responsable su respectivo informe justificado; se señaló día y hora para la audiencia constitucional. CUARTO. Suspensión de plazos. A través del Acuerdo General 4/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó suspender las labores de los órganos jurisdiccionales, así como los términos y plazos a partir del dieciocho de marzo de dos mil veinte; determinación que amplió a través de los diversos 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020. QUINTO. Reanudación de procedimiento. El veintisiete de agosto de dos mil veinte, en cumplimiento al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte, con fundamento en su artículo 2°, con relación al artículo 20, se reanudó el presente procedimiento de amparo exactamente en el estado procesal que se encontraba antes de la suspensión de plazos y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 52, fracciones III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el punto cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama la regularidad constitucional de las normas generales de carácter fiscal con motivo de su entrada en vigor, cuya cuyo ámbito de aplicación se encuentra en donde este juzgador ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda. El escrito inicial de demanda de amparo fue presentado dentro del plazo de quince días señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que se reclama el "ACUERDO DE CARÁCTER GENERAL POR EL QUE SE OTORGAN SUBSIDIOS FISCALES PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL", publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, en específico por lo que hace a los puntos primero, incisos a) y b), y punto segundo incisos a) y b), con motivo de lo que se aduce como su primer acto de aplicación, el cual se materializó a través del pago del tributo que realizó la parte quejosa el doce de enero de dos mil veinte. Consecuentemente, el plazo para presentar la demanda transcurrió del catorce de enero al cuatro de febrero de dos mil veinte; debiéndose descontar de ambos cómputos respectivos los días inhábiles, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por tanto, si el escrito inicial de demanda se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados en Materia Administrativa en la Ciudad de México el treinta y uno de enero de dos mil veinte, se puede estimar que su presentación se hizo oportunamente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consiste el acto reclamado, para lo cual se atiende la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS" . De la Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, se reclama: La expedición del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, en específico por lo que hace a los puntos primero, incisos a) y b), y punto segundo incisos a) y b), con motivo de lo que se aduce como su primer acto de aplicación. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se reclaman a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, consistente en la aprobación, emisión y promulgación del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, en específico por lo que hace a los puntos primero, incisos a) y b), y punto segundo incisos a) y b), pues así lo manifestó al rendir sus informe justificado. Lo que además se encuentra acreditado con la publicación de dichas disposiciones en el Gaceta Oficial de la Ciudad de México, lo cual constituye un hecho notorio que puede invocarse de oficio, en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN". Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA". QUINTO Desestimación de las causas de improcedencia. Interés Jurídico. Al respecto, la autoridad responsable Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aduce que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud de que resulta improcedente en contra de normas generales heteroaplicativas, es decir, que requieren de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, el que no puede desvincularse del estudio de constitucionalidad de la norma. Precisa que en el caso, la parte quejosa impugna el Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, sin embargo, afirma que no acredita que dicho ordenamiento en realidad le fue aplicado, pues con las constancias que ofrece en el juicio, únicamente se probó que es sujeto del impuesto predial, la titularidad del inmueble que tiene asignada la cuenta 05984323000-0 y que realizó pago del impuesto respectivo para el presente ejercicio fiscal conforme con lo establecido por los artículos 126 a 133 del Código Fiscal de la Ciudad de México, pero no con tales documentos no se demuestra que efectivamente le fuera aplicado el acuerdo de subsidios que reclama, ni la afectación a su interés jurídico o legítimo. Con relación a lo anterior, en primer lugar es necesario señalar que en el caso concreto, el estándar de afectación que resulta aplicable al caso es el de interés jurídico y no el de interés legítimo, toda vez que la afectación que alega la parte promovente no lo hace depender de su especial situación frente al ordenamiento jurídico, sino de la emisión de una norma que la excluye de un beneficio fiscal para el pago de un impuesto local, con motivo de su primer acto de aplicación. En efecto, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado que deriva de una situación particular frente al orden jurídico. En otras palabras, los mencionados supuestos son excluyentes entre sí, ya que no resultaría lógico que se tuviera un interés jurídico y legítimo en forma simultánea, pues forzosamente la parte quejosa se debe situar en uno u otro supuesto, pero no es posible que se ubique en ambos. Dicho lo anterior, respecto a la cauda de improcedencia que se hace valer, entiéndase por interés jurídico el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio en su perjuicio, es decir, la afectación de un derecho subjetivo protegido por alguna norma jurídica o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 854, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que establece: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE.". Así como la jurisprudencia 1º.A. J/17, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro dispone: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.". Ahora, tratándose de la impugnación de normas generales, éstas pueden ser reclamadas a través del juicio de amparo en dos oportunidades, esto es con motivo de su sola vigencia, en su carácter autoaplicativas, o bien por virtud de su primer acto concreto de aplicación, en su carácter de normas heteroaplicativas, principios que se desprenden del artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo. Para determinar si una ley tiene el carácter de autoaplicativa o heteroaplicativa, es necesario recurrir al concepto de individualización incondicionada, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada, la citada condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que puede ser administrativo, jurisdiccional, emanado de la voluntad del propio particular o un hecho jurídico ajeno a la voluntad humana. Cuando la sola vigencia de la norma afecta o vincula al gobernado desde su inicio, sin que sea necesario que se actualice condición alguna o un acto posterior de la autoridad o del propio destinatario para que se genere dicha obligatoriedad y consecuencias, se está en presencia de una norma autoaplicativa o de individualización incondicionada, dado que vincula al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. En cambio, cuando se requiere para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione la aplicación de la norma, ya sea, el actuar de la autoridad o que el gobernado realice ciertas hipótesis que prevé la ley, se está en presencia de un ordenamiento heteroaplicativo o de individualización condicionada, ya que la autoridad o el gobernado activaron la obligatoriedad del mandato legal. Apoya la conclusión anterior la jurisprudencia P./J. 55/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCION BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACION INCONDICIONADA.". Ahora bien, en el caso la parte quejosa reclama el Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, específicamente lo estatuido en los puntos primero, incisos a) y b), y punto Segundo incisos a) y b), en su carácter de heteroaplicativos, esto es, con motivo de su primer acto concreto de aplicación, el que se hizo consistir en el pago que realizó el doce de enero de dos mil veinte, por concepto de impuesto predial para el presente ejercicio fiscal. Respecto de lo anterior, es necesario destacar que la parte promovente acudió al presente juicio a impugnar la mencionada disposición derivado del trato preferencial que otorga entre los sujetos del impuesto predial que se encuentran en la misma situación jurídica, dado que no establece reducciones para todos los sujetos pasivos del impuesto, sino únicamente respecto de aquéllos en que sus inmuebles se encuentren en los rangos A, B, C, D, F y G, de la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, sin que exista razón que justifique tal distinción, lo que estima que vulnera en su perjuicio el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, Constitucional. En ese sentido, si bien la regla general para la impugnación en amparo indirecto de disposiciones normativas generales requiere de un acto de aplicación concreto, la excepción a dicha regla general se actualiza cuando en los conceptos de violación se alega la transgresión al principio de igualdad o equidad tributaria por parte de una disposición normativa que no se aplicó y que se estima otorga un trato preferencial que no se tiene, supuesto en el cual se releva a la parte quejosa del acreditamiento del acto de aplicación concreto de la disposición normativa impugnada, pues lo que se pretende con su motivo de disenso es que se le otorgue el trato que aduce no tener y, de exigírsele el acto de aplicación o que se ubique en sus hipótesis normativas, se le impediría discutir en el juicio la justificación o no de ese beneficio. Derivado de lo cual, contrario a lo señalado por la responsable, no resulta exigible que el acto por el que acudió al amparo tenga sustento en la disposición reclamada, pues al alegarse la supuesta desigualdad, es suficiente para que se proceda al análisis constitucional de la disposición que se impugna, en razón de que ese hipotético trato preferencial o benéfico concedido a un determinado grupo de sujetos excluyendo a otro, por sí mismo es susceptible de causar perjuicio a todo el universo de sujetos que no puedan ser beneficiarios de aquél, lo que implica que ostente interés jurídico para combatirlo. Por consiguiente, se desestima la causa de improcedencia invocada. Lo anterior tiene sustento en la tesis 1a. XLVI/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO DIRECTO CONTRA NORMAS GENERALES. LA EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL PARA SU IMPUGNACIÓN, CONSISTENTE EN LA EXISTENCIA DE UN ACTO DE APLICACIÓN CONCRETO DE LA DISPOSICIÓN NORMATIVA QUE SE TILDA DE INCONSTITUCIONAL, SE ACTUALIZA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SE ADUCE LA CONTRAVENCIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD O EQUIDAD TRIBUTARIA.". Interés jurídico por naturaleza y consecuencias de la norma. En diverso orden de ideas, respecto a la misma causa de improcedencia hecha valer por la responsable, pero en donde refiere que la parte quejosa carece de interés jurídico para impugnar el Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, derivado de que en éste no se le obliga a hacer o dejar de hacer alguna conducta, ni le establece cargas tributarias, no se le priva de su patrimonio, ni destruye o afecta la fuente de su riqueza, por que refiere no existe perjuicio alguno que pueda causarle. Al respecto, debe destacarse que el Alto tribunal ha definido que, aun cuando las causas de improcedencia del amparo son de orden público, no es viable analizar alguna respecto de la cual, para demostrar su actualización, resulte necesario abordar el fondo de la controversia. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 135/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE.". El criterio descrito se estima aplicable, toda vez que las consideraciones realizadas por la autoridad responsable implica un estudio de fondo, pues las implicaciones que pueda tener la norma reclamada sobre la quejosa es materia del fondo del asunto, incluso de considerar lo contrario, implicaría el desistimiento tácito de los conceptos de violación formulados en el escrito de demanda; de ahí que no procede a analizar la improcedencia propuesta bajo tales argumentos, pues se insiste en que su análisis implica el estudio de fondo de la cuestión planteada; por lo que debe desestimarse la causa de improcedencia en estudio. Material probatorio para acreditar el interés jurídico. Por otro lado, la mencionada autoridad también refiere que en el caso la parte quejosa carece de interés jurídico para acudir al presente juicio, pues al reclamar el Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, la parte quejosa debía acreditar mediante las documentales idóneas: i) que es sujeto del impuesto predial, ii) que es propietario o en su caso poseedor del inmueble que tributa con la cuenta catastral por la que acudió al amparo, iii) que dicho inmueble es de uso habitacional o mixto, y iv) que el valor catastral del inmueble se encuentra entro de los rangos A, B, C, D, F y G, de la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, que realizó operaciones de compra venta o adquirió nuevas construcciones. En ese orden de ideas, la responsable señala que las documentales ofrecidas por la parte quejosa resultan insuficientes para acreditar la afectación que dice tener con motivo de la emisión de los actos reclamados, pues no se acredita que la parte quejosa es sujeto pasivo de la relación tributaria respecto del inmueble por el que acude al amparo, así como el pago del impuesto predial, pues se trata de copias simples que carecen de valor probatorio alguno. Lo anterior debe desestimarse, pues como se precisó anteriormente, la parte quejosa anexó a su escrito de amparo los documentos siguientes: a) Copia certificada de la escritura pública número 53,716, de siete de diciembre de dos mil, pasada ante la fe del notario público 45 de la Ciudad de México, en la que se hizo constar que en ese misma fecha se formalizó la compraventa del inmueble con número de cuenta predial 05984323000-0 propiedad del quejoso. b) La Propuesta de Declaración de Valor Catastral y Pago del Impuesto Predial, relativo al inmueble que le corresponde la cuenta predial 05984323000-0, expedido a nombre de la parte quejosa, así como el recibo de pago correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil veinte, realizado el doce de enero del presente año. Las mencionadas pruebas cuentan valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, las que demuestran la titularidad que ostenta la parte quejosa del inmueble al que le corresponde la cuenta predial 05984323000-0, asimismo, se desprende que el citado inmueble se encuentra destinado al uso habitacional, cuyo valor catastral de $9,674,418.86 (nueve millones seiscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos dieciocho pesos 86/100 M.N.), por lo cual se ubica en el rango N, de la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México; por ende, acredita el interés jurídico que le asiste para combatir la norma que precisa. Es aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 141/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPUESTO PREDIAL. EL RECIBO O CERTIFICADO DE PAGO ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LAS LEYES QUE LO ESTABLECEN". Sin que sea necesario la parte quejosa acreditara que el valor catastral de su inmueble se encuentra entre de los rangos A, B, C, D, F y G, de la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, pues dicha cuestión ya fue desestimada anteriormente, cuando se dijo que en el caso se surte la excepción a la regla general para la impugnación en amparo indirecto de disposiciones normativas generales que requiere de un acto de aplicación de la norma en concreto, ya que en el presente asunto se alega la transgresión al principio de igualdad o equidad tributaria de la disposición normativa reclamada que no se aplicó y que se estima otorga un trato preferencial, lo que deriva precisamente del hecho de que el inmueble de la parte quejosa no se encuentra dentro de los referidos rangos, lo que implica que no sea sujeto del subsidio fiscal que pretende que se le incluya. Por consiguiente, también se desestima la causa de improcedencia invocada. Relatividad de las sentencias de amparo. En otro aspecto, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, sostiene que se actualiza la causa de inejercitabilidad de la acción constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 107, fracción II, de la Constitución Federal, así como 73 y 77 de la Ley de Amparo (estos últimos aplicados a contrario sensu), respecto del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. Lo anterior debido a que, la responsable sostiene que no se podrían materializar los efectos de una eventual concesión de amparo, pues de concederse el amparo implicaría obligar a la autoridad a otorgar un subsidio a propietarios o poseedores de inmuebles que no cumplan con los requisitos que establece el mencionado acuerdo, lo cual equivaldría otorgar subsidios a todo el padrón de sujetos contribuyentes del impuesto predial, es decir, se traduciría en dar efectos generales a la ejecutoria, lo que pugna con el principio de relatividad de las sentencias de amparo. Para verificar si se actualiza la mencionada causa de improcedencia, es necesario tener en consideración que los numerales 61, fracción XXIII, y 77 de la ley de la materia, establecen que el juicio de control constitucional es improcedente cuando se conceda la protección constitucional y el efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie no pueda materializarse. Cabe destacar que el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser un medio para realizar una actividad meramente especulativa, por tanto, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo derecho exija. Sirve de apoyo a lo que antecede, la tesis de jurisprudencia I.3o.C. J/6 (10a.) , del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. SUS EFECTOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE).". Del mismo modo, es de invocarse la jurisprudencia P./J. 90/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE.". Por otro lado, es importante tener en cuenta que el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Federal, dispone que las sentencias que se pronuncian en el juicio de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la controversia. El ordenamiento legal transcrito, dispone que las sentencias que se pronuncian en el juicio de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la controversia. De acuerdo con esa disposición constitucional, las sentencias que se dicten en el juicio de amparo únicamente se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado y el amparo que en su caso se otorgue, debe limitarse al caso especial sobre el que verse la controversia; de donde se deduce que las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales, lo que se conoce en la doctrina como principio de relatividad de las sentencias. En efecto, si la sentencia que se dicte en un juicio de amparo solamente debe ocuparse de los quejosos que lo hubieren solicitado y debe limitarse al caso en que verse la controversia, no sería posible emitir una sentencia de amparo en la que se den efectos generales, pues respecto de dichas sentencias aún prevalece el principio de relatividad, conforme al texto del artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente. En la especie, la quejosa se duele del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, específicamente lo previsto en el punto primero, incisos a) y b), y punto segundo incisos a) y b), los cuales estipulan que se otorgarán los subsidios fiscales para el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil veinte, que resulte a cargo de los propietarios o poseedores de los inmuebles de uso habitacional o mixto cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos A, B, C, D, E, F y G, de la tarifa prevista en la fracción I, del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, de acuerdo con las cuotas con subsidios y porcentajes con subsidio que ahí se delimitan. Entonces, contrariamente a lo afirmado por la responsable, los efectos de la concesión del amparo que se solicita a través del presente juicio sí son posibles de concretarse y que los mismos consistirían en la restitución del pleno goce de la garantía violada, en virtud de que el acto reclamado es de carácter positivo, es decir, implicaría darle el tratamiento igualitario a la que es distinguida sin razón alguna, permitiéndole acceder a la aplicación de la mecánica de reducción del impuesto que ahí se prevé, lo cual en la especie se estima procedente y jurídicamente posible, dado que la inconstitucionalidad planteada por la quejosa deriva esencialmente del otorgamiento de un beneficio a cierto grupo de contribuyentes en perjuicio de otros, ya que no le permite aplicar en su beneficio la mecánica prevista en el mencionado ordenamiento. En efecto, atendiendo a la naturaleza y alcance de la norma de beneficio reclamada, así como el vicio de inconstitucionalidad advertido (inequidad), los efectos de la concesión de amparo no pueden consistir en que se deje de aplicar al quejoso la ley combatida, sino el de incluirlo en el beneficio previsto en la norma declarada inequitativa. Es importante agregar que, en el caso en análisis, la protección constitucional no podría tener el efecto general de dejar insubsistente la norma y que no se aplique al grupo de contribuyentes al que va dirigido el beneficio, o viceversa, incluir a todos los contribuyentes del impuesto excluidos en dichos subsidios, porque ello implicaría darle efectos generales a la ejecutoria de amparo, en contravención al principio de relatividad que rige el juicio de amparo, aunado a que, de estimarse inequitativa una norma que establece un beneficio fiscal sólo a determinados contribuyentes, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad no afecta la norma en sí misma, ni el beneficio otorgado, sino que se limita a remediar el vicio de inequidad, incluyendo al quejoso en la prerrogativa. En ese orden de ideas, de resultar fundados los conceptos de violación relativos a la inequidad tributaria de la norma referida, el efecto de la sentencia que concede la protección constitucional se traduce en otorgar al quejoso el mismo trato del que gozan los contribuyentes destinatarios del beneficio fiscal, esto es, hacerle extensiva la prerrogativa contenida en la norma, porque así se le restituiría en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, sin que pueda considerarse lo contrario, o sea, estimar que es imposible que tenga efectos la protección constitucional, pues ello impediría salvaguardar la equidad tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 93/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dispone: "NORMA FISCAL QUE OTORGA UN BENEFICIO SÓLO A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES, SIN INCLUIR A OTROS QUE JURÍDICAMENTE SON IGUALES. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA SU INEQUIDAD, ES QUE SE INCLUYA AL QUEJOSO EN EL BENEFICIO.". Ahora bien, en relación con el efecto de la sentencia que concede el amparo promovido en contra de una ley de naturaleza fiscal que establece una contribución a cargo del quejoso, la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación ha sostenido que aquél debe ser para que dicha disposición nunca se le aplique al quejoso, de lo que se sigue que las autoridades exactoras que recaudaron contribuciones con base en estas normas están obligadas a restituirle al quejoso las cantidades que, como primer acto de aplicación de las mismas se hayan enterado, pero también de las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido, y la restitución de las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional implica que las cantidades erogadas por mandato de la norma inconstitucional le sean restituidas al peticionario del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio contenido en la tesis 2a. XIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "LEYES FISCALES, AMPARO CONTRA. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS COMO ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS.". Atento a las anteriores consideraciones, en el supuesto de concederse la protección constitucional a la parte quejosa, el efecto de esa decisión sería únicamente en su beneficio, por lo que no se darían efectos generales a la ejecutoria de amparo, pues en ningún momento se vincularía a los demás gobernados, o bien, a la sociedad en general; motivo por el que no se apartaría del principio de relatividad que tutela el texto constitucional vigente, por lo que se desestima la hipótesis de improcedencia que en análisis. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Con fundamento en los artículos 74, 75, 76 y 79 de la Ley de Amparo en vigor, se procede el estudio del concepto de violación planteado, sin necesidad de reproducirlo literalmente, en atención a la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada analógicamente, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN"; así como a valorar el material probatorio ofrecido y que obre en autos. La parte quejosa en el primer concepto de violación aduce que el hecho de establecer en un Acuerdo de Carácter General los mismos beneficios que se contemplaban en el Código Fiscal de la Ciudad de México no subsana el vicio de inconstitucionalidad que ya fue declarado por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, en razón de que se reprodujo exactamente igual el contenido de la fracción II del artículo 130 del Código referido en el Acuerdo de Carácter General. Afirma que dicha cuestión provoca que los contribuyentes se encuentren en un estado de inseguridad jurídica en razón de que, al haber sido declarado inconstitucional el beneficio establecido en la fracción II del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México y trasladarlo exactamente igual a un Acuerdo de Carácter General, no subsana en lo absoluto el vicio de inconstitucionalidad, todo lo contrario, sino que se deja a los contribuyentes en un estado de inseguridad jurídica al subsistir dicho beneficio fiscal, inconstitucional, pero en distinto cuerpo normativo. Es decir, se reitera el vicio de inconstitucionalidad contenido en la fracción II del artículo 130 del Código referido, por lo que dicho vicio no fue subsanado con la emisión del Acuerdo de Carácter General, pues no hubo cambio sustancial más allá de la modificación de cuotas por el paso del tiempo y ajustes de precios en el país. El propio beneficio fiscal y, por ende, la exclusión de éste respecto al hoy quejoso, resulta inconstitucional puesto que dicho vicio es repetido en iguales términos en el Acuerdo en cuestión, lo cual de ninguna manera implica reforma alguna toda vez que subsiste en contenido y esencia con el sólo ajuste inflacionario de cuotas por el paso del tiempo, por lo que la inconstitucionalidad permanece en cuanto a la esfera jurídica del hoy quejoso. No se debe pasar por alto que, a través de un nuevo ordenamiento denominado Acuerdo de Carácter General, se está reiterando una norma previamente declarada inconstitucional, con las mismas características y la misma esencia, con el único objetivo de" dar la vuelta" a la concesión del amparo, situación que deja al quejoso en un total estado de inseguridad jurídica. La parte quejosa en el segundo concepto de violación aduce que el Acuerdo de Carácter General por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial resulta inconstitucional, al contravenir los principios de igualdad y equidad tributaria consagrados en los artículos 1 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que sin justificación objetiva y razonable se da un trato desigual e injustificado entre los propietarios y/ o poseedores de bienes inmuebles de uso habitacional. Lo anterior en razón de que, dicho Acuerdo de Carácter General prevé una reducción de la cuota fija aplicable para el pago del impuesto predial para los contribuyentes propietarios de inmuebles de uso habitacional cuyo valor catastral se ubique en los rangos "A" al "D" de la tarifa respectiva, excluyendo a quienes, como es el caso del suscrito, se ubique en rangos superiores, sin que exista una razón objetiva y constitucionalmente válida para ello. Afirma que las actuales reducciones del impuesto predial referidas (cuotas fijas preferenciales) se establecen atendiendo al destino de los inmuebles, es decir, para aquellos que su uso sea habitacional o mixto, estableciendo un mecanismo de reducción decreciente en función de su valor catastral, a fin de que el impuesto a pagar por dichos inmuebles sea menor, creándose así un régimen de tributación especial para ciertos inmuebles destinados a casa habitación o mixto. Precisa que el Acuerdo de Carácter General referido resulta inconstitucional, toda vez que el estímulo fiscal que se prevé en dicho Acuerdo, únicamente puede ser aplicado en beneficio de propietarios y poseedores de inmuebles de uso habitacional comprendidos en los rangos "A" al "D", no así los propietarios o poseedores de inmuebles con dicho uso, que se ubica en los rangos "E" a "P" de la tarifa respectiva (entre ellos, los quejosos), sin que exista una justificación objetiva y razonable. Aduce que los razonamientos expuestos por la Jefa de Gobierno resultan insuficientes para justificar la exclusión de propietarios y poseedores de inmuebles de uso habitacional cuyo valor catastral se ubique en los rangos "E" a "P" del artículo 130, fracción I del Código Fiscal de la Ciudad de México. Además, al derogar la fracción II del artículo 130 del Código multicitado y trasladarlo a un Acuerdo de Carácter General suponía el hecho de que la Jefa de Gobierno fundaría y motivaría debidamente dicho beneficio fiscal, situación que no acontece en el caso en concreto, sino todo lo contrario, se expresan motivos vagos y poco claros respecto a dichos beneficios fiscales, causando inseguridad jurídica a los contribuyentes. Lo anterior con base en que la Jefa de Gobierno expresó que, los beneficios fiscales otorgados a través del Acuerdo de Carácter General tienen como finalidad garantizar el derecho a la vivienda consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9, apartado E, de la Constitución Política de la Ciudad de México. Además, argumentó que los rangos materia del Acuerdo de Carácter General referidos en el artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, al ser los más bajos, son susceptibles de recibir el otorgamiento de beneficios fiscales y de tal forma, apoyar la economía de los capitalinos a fin de disminuir las desigualdades, bajo políticas de austeridad y responsabilidad, particularmente para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales. Lo anterior evidencia una carente justificación objetiva y/ o razonable para otorgar beneficios fiscales a determinados contribuyentes y a otros no, ya que el simple hecho de señalar que se trata de los inmuebles cuyo valor catastral es el más bajo y, por consecuencia, apoyar la economía de los capitalinos para disminuir las desigualdades y así cumplan con sus obligaciones fiscales, no brinda seguridad jurídica a los contribuyentes, ya que se pueden ubicar en una hipótesis distinta y no gozar de dicho beneficio. Ahora bien, el artículo 76 de la Ley de Amparo, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso. En ese sentido, se analiza el segundo de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa y se precisa lo siguiente: En principio debe decirse que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa. Sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de equidad tributaria radica en la igualdad ante la misma ley fiscal de todos los sujetos pasivos de un tributo, los cuales deben recibir un trato semejante, ya que se debe tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa. Así, para cumplir con este principio, el legislador no sólo está facultado, sino que tiene la obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, es decir, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, a razones de política fiscal o incluso extra fiscales. Corroboran lo anterior, las jurisprudencias del Pleno de la Suprema Corte de la Nación, de rubros: "IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL." y "EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES." Además, para delimitar el alcance del principio de equidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido ciertos elementos objetivos que deben considerarse, a saber: I. No toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; II. A iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; III. No se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y, IV. Para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionales para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 41/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS.". Establecido lo anterior y con la finalidad de atender al planteamiento de constitucionalidad que nos ocupa, resulta necesario efectuar algunas precisiones en torno al impuesto predial. Elementos esenciales del impuesto predial. Los elementos del impuesto predial, conforme a lo que disponen los artículos 126, 127, 129, 130 y 131 del Código Fiscal de la Ciudad de México, se pueden desglosar en los términos que a continuación se exponen: Sujeto pasivo: Las personas físicas o morales que sean propietarias del suelo o del suelo y las construcciones adheridas a él, así como dichas personas cuando posean un inmueble respecto del cual se desconozca al propietario o cuando el derecho de propiedad sea controvertible. Objeto: El impuesto predial grava la propiedad o posesión del suelo o del suelo y las construcciones adheridas a él. Tarifa: Se contiene en una tabla que se conforma de dieciséis rangos o renglones delimitados entre un mínimo y un máximo de acuerdo al valor catastral del inmueble, asignándole a cada rango una cuota fija y un porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior. Época de pago: Se efectúa bimestralmente, durante los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre. Base gravable: La constituye el valor catastral de los inmuebles. Sobre este último aspecto, es necesario precisar que el carácter esencial que como elemento del tributo le reviste a la tarifa, por el papel que desempeña en la cuantificación del hecho imponible en concreto y de la obligación tributaria en general, es indudable y constituye, por ende, un elemento al que le aplican las exigencias del principio de equidad en materia tributaria. Ahora bien, la parte quejosa se refiere a diversos conceptos del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, que forman parte del procedimiento de determinación de la tarifa del impuesto, por lo cual, en el caso en estudio lo que resulta conveniente dilucidar en primer momento, es si dicha norma incide de tal manera en la determinación de la tarifa, para que le sean aplicables los principios de justicia tributaria. Determinación de la tarifa. Para dilucidar lo anterior, el estudio debe partir de lo señalado por el artículo 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México, el cual dispone que los sujetos obligados a liquidar el impuesto predial deben determinar bimestralmente su importe, aplicando la tarifa prevista en la referida fracción, la cual se conforma de dieciséis rangos identificados con las letras A a la P, definidos entre un mínimo y un máximo, según el valor catastral, con cuotas fijas y porcentajes aplicables sobre el excedente del límite inferior, como se advierte de su texto literal que siguiente: "ARTÍCULO 130.- El Impuesto Predial se calculará por períodos bimestrales, aplicando al valor catastral la tarifa a que se refiere este artículo: (REORMADA, G.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2019) Como se puede advertir, la tarifa del impuesto predial se estructura conforme a un sistema de rangos o parámetros determinados entre un mínimo y un máximo según el valor catastral del inmueble -que constituye la base gravable-, con cuotas fijas y tasas aplicables sobre el excedente del límite inferior. Entonces, para calcular la tarifa del impuesto predial, el contribuyente, atendiendo al valor catastral de su inmueble, debe ubicar a éste en alguno de los rangos contemplados en dicha fracción de A al P, tomando en consideración para ello la cantidad establecida como límite inferior y la del límite superior, obteniendo de esa forma la cuota fija que le corresponda. Ahora bien, para compensar la diferencia de una unidad de medición de la base gravable entre un rango y otro, debe restarse al monto del valor catastral del inmueble, el límite inferior del rango en el que se ubique, el resultado se multiplica el porcentaje o factor contenido en la columna del mismo rango con el rubro "Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior", con lo que se obtiene el impuesto marginal, para posteriormente a este resultado sumar la cuota fija establecida en el propio rango, con lo cual se obtiene la tarifa o suma a enterar por concepto del tributo. Subsidio fiscal. Entendido lo anterior, ahora se precisa que con motivo de la reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, que entró en vigor el uno de enero del dos mil veinte, fue derogada la fracción II, del numeral 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, misma que establecía una reducción a la tarifa de impuesto determinada conforme a la fracción I del mismo numeral, en los casos en que el valor catastral de los inmuebles de uso habitacional se ubicaran en los rangos tarifarios del A al D, para lo cual debía sumarse al impuesto marginal previamente determinado, una cuota fija reducida establecida para cada uno de esos rangos. Habiéndose eliminado dicha porción normativa, para el presente ejercicio fiscal se emitió el Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, mismo que se ahora se reclama, en particular lo previsto en el punto primero, incisos a) y b), y punto segundo incisos a) y b), que establecen textualmente lo siguiente: "[.] PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto apoyar en el pago del Impuesto Predial a los contribuyentes que se encuentren en los siguientes supuestos: a) Que cuenten con inmuebles de uso habitacional o uso mixto cuyo valor catastral se encuentre dentro de los rangos A, B, C y D de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México; b) Que cuenten con inmuebles de uso habitacional o mixto cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos E, F y G de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México; y c) Realicen operaciones de compraventa de inmuebles y adquieran nuevas construcciones (artículo 127, párrafo cuarto, del Código Fiscal de la Ciudad de México). SEGUNDO.- Para efectos de lo dispuesto en el numeral PRIMERO se otorgan los subsidios fiscales que a continuación se indican: a) Para el pago del Impuesto Predial correspondiente al ejercicio fiscal 2020, que resulte a cargo de los propietarios o poseedores de los inmuebles de uso habitacional o mixto cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos A, B, C y D de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, de acuerdo con las cuotas que a continuación se mencionan: b) Para el pago del Impuesto Predial correspondiente al ejercicio fiscal 2020, que resulte a cargo de los propietarios o poseedores de los inmuebles de uso habitacional o mixto cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos E, F y G de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, de acuerdo con el porcentaje que a continuación se menciona: c) Para los contribuyentes que se ubiquen en el supuesto previsto en el párrafo cuarto del artículo 127 del Código Fiscal de la Ciudad de México, tendrán derecho a un subsidio en el pago del Impuesto Predial equivalente a la diferencia que exista entre el impuesto determinado conforme a valor de mercado que resulte del avalúo a que se refiere la fracción III del artículo 116 del Código Fiscal de la Ciudad de México presentado por el contribuyente y aquél que corresponda conforme al valor catastral mencionado en los párrafos segundo y quinto del citado artículo 127. [.]". Como se observa de la anterior transcripción, en el artículo primero, incisos a) y b) del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, se establece como objetivo del ordenamiento el apoyar en el pago del impuesto predial a los contribuyentes que cuenten con inmuebles de uso habitacional o mixto, cuyo valor catastral se encuentre dentro de los rangos A, B, C, D, E, F y G, de la tarifa prevista en la fracción I, del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México. En el artículo segundo, incisos a) y b), del Acuerdo en comento, se estipula los subsidios fiscales para el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil veinte, que resulte a cargo de los propietarios o poseedores de los inmuebles de uso habitacional o mixto cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos A, B, C, D, E, F y G, de la tarifa prevista en la fracción I, del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, aplicando para los cuatro primeros rangos la cuota con subsidio de $50.00; $59.00; $71.00 y $85.00, y para los otros tres rangos, el porcentaje con subsidio de 50%, 35% y 25%, respectivamente. En efecto, los sujetos pasivos que se ubiquen en los rangos A al D de la tarifa respectiva, pagarán la cuota fija con subsidio prevista para cada renglón en el año respectivo y los ubicados en los rangos E al G, se les aplicará el porcentaje del subsidio que ahí se indica; sin embargo, aquellos contribuyentes de uso habitacional que se ubiquen en los rangos H al P, no están contemplados para que disminuyan el impuesto predial a su cargo. Ahora bien, a efecto de determinar si esta normativa es violatoria del principio de equidad tributaria, en principio se estima necesario entender la naturaleza de un subsidio, para lo cual, en el Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, se define al subsidio de la siguiente manera: "Subsidio I. El subsidio es un apoyo de carácter económico que el Estado concede a las actividades productivas de los particulares con fines de fomento durante periodos determinados y que se considera como la especie del género subvención. II. En la doctrina del derecho administrativo mexicano, el esbozo de los elementos de definición del subsidio, no es común, Gabino Fraga cuando ejemplifica las atribuciones que el Estado tiene en materia de fomento de las actividades de los particulares alude a la subvención como el acto que determina situaciones jurídicas individuales, mas no profundiza en otras características y principios inherentes a este tipo de aportación.". De la definición citada se puede destacar, que un subsidio constituye una ayuda de carácter económico, y empleando el término subvención para referirse a las atribuciones del Estado en materia de fomento a las actividades de los particulares, dicha subvención determina situaciones jurídicas individuales. Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CXXII/99, de rubro: "SUBSIDIOS. NATURALEZA JURÍDICA.", estableció que los subsidios constituyen una atribución constitucional de la autoridad legislativa y excepcionalmente del Ejecutivo Federal en ejercicio de facultades reglamentarias, consistente en una ayuda de carácter predominantemente económico, que debe revestir las características de generalidad, temporalidad y no afectación a las finanzas públicas, con la finalidad de apoyar las actividades económicas que para la economía nacional sean de orden prioritario, así como el estímulo a la organización de empresarios y consumidores, la racionalización de la producción y la creación de industrias de utilidad nacional, cuya vigilancia y evaluación de resultados debe realizar el Estado. En este punto, debe hacerse una distinción respecto de los subsidios en materia impositiva, pues en esta materia el subsidio tiene la naturaleza jurídica de una medida desgravatoria o exoneradora de carácter parcial, que no puede existir sin hecho imponible previo, que puede impactar en la tasa, tarifa o cuota aplicable a la base gravable, ya que constituye un estímulo económico que el legislador tributario concede de manera indirecta, mediante el sacrificio del cobro parcial o porcentual del gravamen relativo, no cobrando la cuota tributaria en su integridad, a efecto de proteger actividades que se consideran prioritarias para el desarrollo del país o incentivar el consumo o racionalización de un servicio público, sin que esto implique que los beneficiarios no deban cumplir los deberes formales respectivos, al encontrarse sujetos al pago de la contribución. Lo anterior se sustenta en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "GRAVAMEN Y SUBSIDIO. DIFERENCIA.". Asimismo, conforme con lo establecido por la tesis I.15o.A.164 A, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "SUBSIDIO TRIBUTARIO. SU DIFERENCIA CON LOS SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN.". En ese tenor, el subsidio en materia tributaria opera como una medida sustractiva del quantum de la carga tributaria, por lo que es afín a otras medidas de desgravación fiscal, como es el caso del el Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, aquí reclamado, que otorga subsidios sobre el impuesto predial, lo que se traduce en el apoyo en el pago de dicho tributo a los contribuyentes que cuenten con inmuebles de uso habitacional o mixto, cuyo valor catastral se encuentre dentro de los rangos A, B, C, D, E, F y G, de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México. Entendido lo anterior, ahora resulta pertinente tener en cuenta lo señalado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la contradicción de tesis 7/2008-PL, en la parte atinente a que las reglas o principios de justicia fiscal previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, no son aplicables a la figura del subsidio, cuando dicho beneficio no es un elemento de la estructura o naturaleza del tributo que se haya integrado, modifique o incida directamente sobre el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, y época de pago. En efecto, de los argumentos establecidos en dicha ejecutoria se deduce que, cuando el subsidio actúa sobre el impuesto a pagar, esto es, una vez realizado el cálculo para determinar el numerario a cubrir, no conforma la estructura típica del impuesto de que se trate, por lo cual no le son aplicables los principios de justicia fiscal, porque no tiene relación con la tarifa tributaria y con la base del tributo, pues en dicha mecánica no aparecen tales beneficios fiscales, es decir, el subsidio no se incorpora a alguno de los elementos esenciales de la contribución, o bien, no forma parte imprescindible de la estructura típica del impuesto, de acuerdo con su propia naturaleza. De la ejecutoria anterior, derivó a jurisprudencia P./J. 85/2010, de rubro y texto: Asimismo, ilustra lo anterior en la parte conducente, la tesis 2a. L/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto Ahora bien, aquí debe retomarse que el artículo segundo, inciso a), del Acuerdo en comento, estipula que se otorgarán los subsidios fiscales para el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil veinte, que resulte a cargo de los propietarios o poseedores de los inmuebles de uso habitacional o mixto, cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos A, B, C y D, de la tarifa prevista en la fracción I, del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, de acuerdo con las cuotas con subsidio de A-$50.00, B-$59.00, C-$71.00 y D-$85.00. Entonces, como se dijo previamente, para calcular la tarifa del impuesto predial, el contribuyente, atendiendo al valor catastral de su inmueble, debe ubicar a éste en alguno de los rangos contemplados en dicha fracción de A al P, tomando en consideración para ello la cantidad establecida como límite inferior y la del límite superior, hecho lo anterior, debe restarse al monto del valor catastral del inmueble, el límite inferior del rango en el que se ubique, el resultado se multiplica el porcentaje o factor contenido en la columna del mismo rango con el rubro "Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior", con lo que se obtiene el impuesto marginal, para posteriormente a este resultado sumar la cuota fija establecida en el propio rango, con lo cual se obtiene la tarifa o suma a enterar por concepto del tributo. Asimismo, para compensar la diferencia de una unidad de medición de la base gravable entre un rango y otro, debe restarse al monto del valor catastral del inmueble, el límite inferior del rango en el que se ubique, el resultado se multiplica el porcentaje o factor contenido en la columna del mismo rango con el rubro "Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior", con lo que se obtiene el impuesto marginal, para posteriormente a este resultado sumar la cuota fija establecida en el propio rango, con lo cual se obtiene la tarifa o suma a enterar por concepto del tributo. Atento a lo anterior, tomando en cuenta que los rangos A, B, C y D, para la determinación del impuesto predial del ejercicio dos mil veinte, deberán aplicar la cuota fija reducida prevista en el artículo segundo, inciso a), del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, a la mecánica general del cálculo del impuesto, consecuentemente, es claro que para su determinación se relaciona con uno de los elementos del impuesto predial, pues opera sobre la mecánica para obtener la tarifa, consecuentemente, se puede afirmar que este sistema de reducción del impuesto se rige por los principios de justicia tributaria, pues incide directamente en la obligación sustantiva. Por otra parte, el artículo segundo, inciso b), del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, estipula que para el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil veinte, que resulte a cargo de los propietarios o poseedores de los inmuebles de uso habitacional o mixto, cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos E, F y G, de la tarifa prevista en la fracción I, del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, se otorgaran los subsidios fiscales de acuerdo con los porcentajes con subsidio E-50%, F-35% y G-25%. Entonces, atento a los elementos que integra el impuesto predial, que disponen los artículos 126, 127, 129, 130 y 131 del Código Fiscal de la Ciudad de México, se puede observar que los rangos E, F y G, para aplicar el subsidio otorgado, deberán aplicar la mecánica del cálculo del impuesto y una vez establecido el impuesto a cargo, aplicar el porcentaje de aminoración con subsidio de E-50%, F-35% y G-25%. Atento a lo anterior se deduce que dicha porción normativa actúa sobre el impuesto a pagar, es decir, una vez realizado el cálculo para determinar el numerario a cubrir, por lo cual no le son aplicables los principios de justicia fiscal, porque no tiene relación con la tarifa y con la base gravable del tributo, En efecto, el subsidio otorgado apara los inmuebles de los rangos E, F y G, no regula o incide directamente en la obligación sustantiva, ya que no se relaciona con alguno de los elementos esenciales del tributo, pues se trata de un beneficio fiscal que opera fuera de la mecánica del tributo, por tanto, su constitucionalidad no puede ser analizada a la luz de los principios de justicia fiscal previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal. En ese sentido, resulta imperioso analizar la constitucionalidad del sistema de aminoración establecido en el Acuerdo reclamado, sin que sea óbice que la quejosa omita referirse al subsidio previsto para los rangos E, F y G, y sólo alude a los rangos A al D, señalando, de manera equivocada, que del E al P no existe beneficio alguno. Sin embargo, si bien a la porción normativa contenida en el inciso b), del artículo segundo en comento, no le son aplicables los principios de justicia tributaria, ésta no queda exenta del escrutinio constitucional; en ese sentido, atendiendo a la causa de pedir expresada por la parte quejosa con relación a la justificación y finalidad de la norma reclamada, si puede someterse a un estudio constitucional a la luz del derecho fundamental de igualdad. Igualdad y equidad tributaria. No obstante la distinción antes apuntada, es decir, que el diseño de los subsidios es distinto, pues se trata de dos modalidades de aplicar las aminoraciones para el impuesto predial, las que pueden analizarse por un lado a la luz de la equidad tributaria y por otro del derecho de igualdad, al respecto es necesario precisar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé diferentes facetas de la igualdad y se refiere a ella tanto en un plano general como en el contexto de un ámbito material específico. Así, el artículo 31, fracción IV, constitucional proyecta las exigencias del principio de igualdad sobre el ámbito impositivo, es decir, la garantía de equidad tributaria es la manifestación del principio de igualdad en materia fiscal, por lo que no tiene menor o mayor valor que la igualdad garantizada en otros preceptos constitucionales. Ahora, sólo en el caso de que las disposiciones legales que se reclamen en forma destacada no correspondan al ámbito específico de aplicación del principio de equidad tributaria, los argumentos en que reclaman la existencia de un trato diferenciado entre dos personas o grupos deben analizarse en un contexto más amplio, esto es, a la luz del diverso de igualdad, excepción hecha de que la distinción se base en una de las categorías sospechosas a las que se refiere el artículo 1° constitucional, pues en ese caso siempre se procederá al pronunciamiento en relación con el derecho de igualdad. En ese sentido, resultaría ocioso que ahora se realizara el pronunciamiento respecto a la constitucionalidad de la norma que se combate, distinguiendo o dividiendo el estudio del derecho de igualdad respecto del principio de equidad tributaria, porque uno contiene al otro, incluso porque la normativa reclamada pertenece al ámbito específico de ambos conceptos que están correlacionados, por lo que en el caso es posible efectuar un análisis de las violaciones constitucionales alegadas en un sentido más amplio, esto es, a la luz del principio de igualdad en relación con la materia fiscal. Más aun cuando la clasificación hecha anteriormente, sobre las modalidades de aplicar las aminoraciones del impuesto predial, no obedeció a que la disposición no se ubique en el ámbito específico de aplicación del principio igualdad, sino a que el diseño de los subsidios otorgados es distinto. Ahora bien, es menester precisar que el derecho fundamental de igualdad y no discriminación, se encuentra contemplado en el artículo 1° Constitucional, del cual se advierte que el derecho humano de igualdad, debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales; de ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido. Sin embargo, no toda desigualdad de trato ante la ley implica vulnerar tal derecho, sino que dicha violación la produce aquella desigualdad o discriminación con base en alguna categoría sospechosa, que introduce una diferencia entre situaciones jurídicas que pueden considerarse iguales, cuando dicha disparidad carece de una justificación razonable y objetiva. Así el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse desiguales dos supuestos de hecho cuando la utilización de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional; dicho principio de igualdad no prohíbe al legislador establecer una desigualdad de trato, sino sólo aquellas desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas, por no estar apoyadas en criterios razonables y objetivos, de acuerdo con juicios de valor generalmente aceptados. Para que la diferenciación resulte apegada a la Constitución no basta que el fin sea lícito, sino que es indispensable que las consecuencias jurídicas que resulten de la norma sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de tal manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que se produce y el objetivo pretendido por el legislador superen un juicio de equilibrio en sede constitucional. Conforme a lo anterior, se puede afirmar que el concepto de igualdad en el plano jurídico significa que en una determinada situación todos los individuos tengan los mismos deberes y derechos, de tal manera que en ningún caso la autoridad pueda dar trato diferente a los gobernados que se ubiquen en las mismas situaciones jurídicas. Asimismo, sirve de sustento la jurisprudencia 81/2004, también sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "IGUALDAD. LÍMITES A ESTE PRINCIPIO." Con el fin de verificar si el legislador respetó el principio de igualdad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que debe valorarse el cumplimiento, de manera escalonada, de los criterios siguientes: 1) Que exista una diferencia de trato entre individuos o grupos que se encuentren en una situación comparable, no necesariamente idéntica, sino solamente análoga; 2) Que la precisión legislativa obedezca a una finalidad legítima, objetiva y constitucionalmente válida; 3) Que la distinción constituya un medio apto y adecuado para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido; y, 4) Que la norma no dé lugar a una afectación desproporcionada o desmedida de los bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Ahora bien, debe hacerse énfasis en la primera de las exigencias precisadas anteriormente, respeto de la cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para llevar a cabo un juicio de igualdad es necesario contar con un punto de comparación, es decir, con algún parámetro que permita medir a las personas, objetos o magnitudes entre las cuales se afirma existe un trato desigual, en razón de que el derecho a la igualdad es fundamentalmente instrumental y siempre se predica respecto de algo. En ese sentido, la carga argumentativa de proponer el término de comparación implica que sea idóneo, pues debe permitir que efectivamente se advierta la existencia de algún aspecto homologable, semejante o análogo entre los elementos comparados. Así, de no proporcionarse el punto de comparación para medir un trato disímil o que éste no sea idóneo, el concepto de violación o agravio en el que se haga valer la violación al principio de igualdad o equidad tributaria deviene inoperante. Sobre tales premisas, como se ha establecido a lo largo de esta sentencia, los artículos primero, incisos a) y b) y segundo, incisos a) y b), del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, se estipulan los subsidios fiscales para el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil veinte, que resulte a cargo de los propietarios o poseedores de los inmuebles de uso habitacional o mixto cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos A, B, C, D, E, F y G, de la tarifa prevista en la fracción I, del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, aplicando para los cuatro primeros rangos la cuota con subsidio de $50.00; $59.00; $71.00 y $85.00, y para los otros tres rangos, el porcentaje con subsidio de 50%, 35% y 25%, respectivamente. Lo anterior evidencia que el sistema de aminoración del impuesto predial que prevé la normativa reclamada se establece atendiendo al destino del inmueble -uso habitacional o mixto- y a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos del tributo -reflejada en el valor catastral del inmueble de que se trate-, mediante un esquema progresivo de cuotas fijas reducidas y porcentajes. Sin embargo, solamente pueden acceder a ese beneficio los sujetos pasivos de inmuebles de uso habitacional o mixto que se ubiquen en los rangos A al D de la tarifa respectiva, quienes pagarán la cuota fija con subsidio prevista para cada renglón, y los ubicados en los rangos E al G, se les aplicará el porcentaje del subsidio que ahí se indica; sin embargo, aquellos contribuyentes de uso habitacional que se ubiquen en los rangos H al P, no están contemplados para que disminuyan el impuesto predial a su cargo. De tal suerte, se estima que la exclusión del beneficio a los contribuyentes cuyos inmuebles se encuentran comprendidos en los rangos H a P, de la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, contraviene el derecho fundamental de igualdad en relación con el principio de equidad tributaria, pues analizada la aminoración desde su enfoque interno, esto es, respecto de los inmuebles que tienen uso habitacional pero con diferente valor catastral, no se estableció un esquema de aminoración de la carga tributaria para los inmuebles cuyo valor esté comprendido en los rangos del H al P de la tarifa respectiva, a pesar de que cumplen con el parámetro elegido por el legislador para la actualización de tal beneficio, a saber, que el inmueble sea de uso mixto o habitacional. En efecto, el hecho de que los rangos "H" al "P", de la tarifa del impuesto predial no estén comprendidos en los supuestos de descuentos, los excluye injustificadamente del sistema de aminoración previsto para los inmuebles de uso mixto o habitacional, cuestión que se traduce en un trato desigual entre sujetos que se ubican en la misma situación, sin que exista una razón objetiva para ello. Sin que pueda considerarse que el trato diferenciado encuentre justificación en lo expuesto por el mencionado Acuerdo General en el sentido de que: "Que los rangos materia del presente Acuerdo referidos en el citado artículo 130 del Código Tributario Local, al ser los más bajos, son susceptibles de recibir el otorgamiento de beneficios fiscales que permitan reforzar el derecho a la vivienda previsto en los mencionados artículos de la Constitución Federal y Local. Que el presente beneficio fiscal se otorga con la única finalidad de apoyar la economía de los capitalinos a fin de disminuir las desigualdades, bajo políticas de austeridad y responsabilidad, particularmente para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales.". Lo anterior porque, desde el momento en que se está frente a un fin extrafiscal, ya que se modificó el sentido inicial y puro del fin fiscal, que es la recaudación, se requiere una justificación objetiva y razonable del trato, que sin lugar a dudas es diferenciador, en el caso, se justificó sobre la base de que aquéllos inmuebles contemplados para acceder al subsidio, pertenecen a los rangos más bajos a efecto de reforzar el derecho a la vivienda, lo que no se considera una justificación objetiva y razonable. Lo anterior parte de la idea de que, si en atención al derecho que consagra el quinto párrafo del artículo 4o. constitucional a favor de los gobernados de tener una vivienda digna y la correlativa obligación del legislador de prever los mecanismos necesarios para alcanzar ese objetivo, derivado de lo cual para este ejercicio fiscal se emitió una disposición general que otorga subsidios para el pago del impuesto predial, entonces, el legislador no puede excluir materialmente de este sistema de aminoración de la carga tributaria a algunos inmuebles por tener valores catastrales altos, dado que la protección garantizada por el citado precepto constitucional no está limitada a la vivienda de bajo o mediano costo, porque esa circunstancia conllevaría a que para dichos inmuebles la aminoración tributaria fuese más baja, dado el sistema decreciente de beneficio que comprende el aludido sistema de aminoración tributaria, pero no permite que se excluya del mismo a determinados inmuebles por virtud de su valor superior. Bajo esa óptica, el solo hecho de que los rangos A, B, C, D, E, F y G, de la fracción I, del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, estén comprendidos en las tablas de descuentos previstas en el Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, genera un trato desigual entre sujetos que se ubican en la misma situación, sin que exista una razón objetiva para ello, pues en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4o. constitucional, el legislador ordinario puede válidamente establecer un sistema regresivo de aminoración de la carga tributaria, conforme al cual, el beneficio disminuye en la medida que aumenta su valor catastral, pero no puede excluir de dicho sistema a determinados inmuebles por virtud de su valor superior. En consecuencia, al quedar demostrado que los artículos primero, incisos a) y b) y segundo, incisos a) y b), del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, es contrario al principio de igualdad en relación con el de equidad tributaria, al excluir del sistema de aminoración del impuesto predial a los propietarios y poseedores de inmuebles de uso habitacional que se ubican en los rangos del "H" al "P", de la tarifa respectiva, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado en su contra. Dada la conclusión alcanzada, es innecesario estudiar los argumentos restantes de los conceptos de violación, en razón de que en nada variaría el sentido del presente fallo constitucional, aunado a que la parte quejosa no podría obtener mayores beneficios que los que esta sentencia le concede, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 107, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 85, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, cuyo rubro y texto son: SÉPTIMO. Efectos de la sentencia. De conformidad con el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, la sentencia debe contener los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. Por tanto, la protección constitucional que se concede es para el efecto de que: Se permita a la parte quejosa aplicar el subsidio establecido para el rango G, del inciso b), del artículo segundo del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, hasta en tanto no sea reformada o derogada la parte declarada inconstitucional. Lo anterior por ser el rango último del diseño de aminoración, sin que sea óbice que se trate de un esquema de cuotas fijas reducidas (rangos A a D) y porcentajes (rangos E a G), puesto que otorgar el beneficio para los dos esquemas sería un doble subsidio. Considerando para tal efecto que, una vez determinada la cantidad que por concepto de impuesto predial debe pagar la parte quejosa del ejercicio fiscal de dos mil veinte, respecto del inmueble de su propiedad con la cuenta predial 05984323000-0, ubicado en el rango N, de la fracción I, del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, aplique el porcentaje con subsidio del 25%, establecido en el artículo segundo, inciso b) rango G) del acuerdo general declarado inconstitucional. Se le devuelvan las cantidades que en cumplimiento del aquél artículo se hayan enterado en exceso. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61 a 65, 73 a 76, 79, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE Rafael Ortega Teo, en términos de lo expuesto en el considerando sexto, para los efectos precisados en el considerando séptimo de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Visto el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal... se reanuda el presente procedimiento de amparo... se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTIRES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE para que tenga verificativo la audiencia constitucional... solicítese al promovente del amparo para que dentro del término de veinticuatro horas, proporcione una información de contacto que puede ser el número de un dispositivo móvil, o bien, la dirección de un correo electrónico a través del cual se pueda tener comunicación con ella, con el propósito de que los actuarios judiciales programen y coordinen los términos y/o condiciones, para llevar a cabo la notificación personal del presente acuerdo... se hace de su conocimiento que se pone a su disposición el número telefónico 54 81 10 00 extensión 1223, así como el correo institucional daniel.azuara.vital@correo.cjf.gob.mx, para que, si a su interés legal conviene, así lo haga. Notifíquese personalmente.
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