Rafael Ortega Najera
Expediente 1163/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1163/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 27/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Rafael Ortega Najera
- Oficial Mayor del Ayuntamiento Municipal de Cuautla, Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1163/2021-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1163/2021-III, promovido por Rafael Ortega Najera y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito ingresado el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial y recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos el veintidós del mismo mes y año, Rafael Ortega Najera solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Oficial Mayor del Ayuntamiento Municipal de Cuautla, Morelos. SEGUNDO. Radicación. Mediante auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, se radicó la demanda con el número 1163/2021, se concedió la suspensión de plano y se previno al quejoso para que ampliara los hechos y abstenciones que constituían los antecedentes del acto reclamado, indicara si su padecimiento de diabetes mellitus fue diagnosticada en una institución de salud pública y de ser el caso, bajo protesta de decir verdad indicara la fecha y nombre de la institución, además, que informara si le había sido aplicado de manera completa el esquema de vacunación contra el virus SARS-CoV-2. TERCERO. Admisión. Por acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno se tuvo por recibido el escrito del quejoso, por el que subsanó la prevención antes señalada, se admitió la demanda de amparo, se requirió a la autoridad responsables el informe justificado; se dio la intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción, I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su punto cuarto, menciona que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, ejercerán jurisdicción en el territorio que conforma dicha entidad federativa; además, el acto reclamado, se atribuye a autoridades residentes en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso reclama del Oficial Mayor del Ayuntamiento Municipal de Cuautla, Morelos: La emisión del oficio SSPyTM/DJ/1232/2021 de treinta de agosto de dos mil veintiuno, por el que se le negó el resguardo domiciliario previsto en el Acuerdo por el que establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, pese a encontrarse en situación de vulnerabilidad al padecer diabetes mellitus tipo 2. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a la autoridad responsable, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Tal existencia se robustece con el original del oficio reclamado, allegado por la parte quejosa al promover el juicio, la cual tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y." La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el motivo de improcedencia en análisis se actualiza cuando el acto reclamado subsiste formalmente, pero su objeto o materia dejó de existir, por modificarse el entorno en el cual fue emitido, de modo que una eventual protección constitucional, carecería de efectos. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." El anterior criterio resulta aplicable en términos de lo dispuesto en el artículo Sexto transitorio del Decreto de publicación de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, se tiene que la causa de improcedencia en cuestión se actualiza cuando se reúnen los siguientes requisitos: a) El acto reclamado subsista; b) No pueda surtir efecto legal o material; y, c) Que lo anterior se deba a que ha dejado de existir el objeto o la materia del acto reclamado. A continuación, se analizará si dichos requisitos se cumplen en el presente asunto. Respecto al primer punto, éste se actualiza, pues subsiste el oficio SSPyTM/DJ/1232/2021 de treinta de agosto de dos mil veintiuno por el cual el Oficial Mayor del Ayuntamiento Municipal de Cuautla, Morelos negó el resguardo domiciliario al quejoso, a pesar de que -dijo-pertenecer a un grupo vulnerable al padecer diabetes mellitus tipo 2, lo cual a su parecer lo pone en peligro de contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19) y con ello se vulnera su derecho a la salud contenido en el artículo 4 Constitucional. Para verificar la satisfacción del segundo y tercer requisitos es necesario referir los siguientes antecedentes: En sesión extraordinaria celebrada el diecinueve de marzo de veinte, el Consejo de Salubridad General acordó que se reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México como una enfermedad grave de atención prioritaria. En la citada sesión, el Consejo de Salubridad General también mencionó que la Secretaría de Salud establecería las medidas necesarias para la prevención y control de la epidemia de virus SARS-CoV2 (COVID-19), mismas que definirán las modalidades específicas, las fechas de inicio y su término, así como su extensión territorial. El veinticuatro de marzo de dos mil veinte la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y en su artículo SEGUNDO, inciso A), señaló los grupos vulnerables que no deben asistir a su centro de trabajo. Dicho artículo dispone: "ARTÍCULO SEGUNDO.- Las medidas preventivas que los sectores público, privado y social deberán poner en práctica son las siguientes: a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico;" El treinta de marzo de dos mil veinte el Consejo de Salubridad General emitió el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). En cumplimiento a dicho acuerdo, el Secretario de Salud emitió el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, el cual prevé el funcionamiento de actividades esenciales y que son consideradas como las directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, entre ellas, las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; en la defensa de la integridad y la soberanía nacionales; la procuración e impartición de justicia; así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal. Asimismo, se estableció el resguardo domiciliario a los sujetos considerados como vulnerables, en los que se encuentran aquellas personas que sufren de diabetes mellitus. El veintiuno de abril de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020, que en esencia estableció que se mantendría la protección de las personas del grupo de riesgo. El veintisiete de julio de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de los criterios para las poblaciones en situación de vulnerabilidad, del que se observa que las Secretarías de Salud y de Trabajo y Previsión Social, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social, darían a conocer dichos criterios en la página web www.coronavirus.gob.mx. El doce de agosto de dos mil veinte, el Gobierno Federal, publicó los Criterios para las poblaciones en situación de vulnerabilidad que tiene mayor riesgo de desarrollar una complicación o morir por COVID-19 en la reapertura de actividades económicas en los centros de trabajo, en los que se estableció que los trabajadores que no cumplieran con éstos, serían considerandos con un riesgo equiparable al de la población en general y podrían reincorporarse en cualquier nivel del semáforo en apego al tipo de las actividades que realizara; y el uno de junio de dos mil veintiuno se actualizó la versión de dichos Criterios. Los valores determinados en dichos criterios de vulnerabilidad están contenidos en su Anexo I, el cual, en lo que interesa, se digitaliza a continuación. Del recuadro anterior se advierte que, dentro de los objetivos de esta nueva versión, se precisa el concepto de "Área No COVID", sustituyéndolo por "Centros de trabajo donde no se da atención a personas con SARS-CoV-2" y se agregan los criterios de regreso al trabajo para las personas con vacunación ante COVID-19 que cumplen con el valor de vulnerabilidad, en los que se señaló el tipo de semáforo epidemiológico y el tipo de personas que se consideran vulnerables, entre ellas, las personas con diabetes mellitus tipo II descontrolada. Ahora bien, como se desprende de la imagen anterior, las personas cuya condición las sitúa en vulnerabilidad, entre las que se encuentran aquellas que padecen diabetes mellitus tipo 2 descontrolada, pueden regresar a sus centros de trabajo donde no se da atención a personas con SARS-CoV-2, a partir del semáforo color amarillo (moderado) y se establece un "regreso completo" a partir del semáforo en color verde (bajo). En el caso, de las constancias exhibidas por el quejoso se desprende que padece Diabetes mellitus tipo 2, sin advertirse que dicha enfermedad sea "descontrolada". Ello cobra relevancia pues era obligación del quejoso exhibir constancia en la que se evidenciara el valor de vulnerabilidad Hemoglobina A1c hbA 1c>8% considerado en el Anexo I antes señalado, lo cual no aconteció. En efecto, el peticionario únicamente exhibió: Copia simple de la receta médica de diez de agosto de dos mil veintiuno expedida por la Dra. Lorena Vázquez Aparicio en consulta privada, de la que se advierte como diagnostico "DIABETES MELLITUS TIPO 2". Copia simple de la Constancia de Salud de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la que se le diagnosticó "IDX: DIABETES MELLITUS TIPO 2 DE RECIÉN DIAGNÓSTICO, QUE EMPIEZA CON TRATAMIENTO VÍA ORAL". Impresión de resultados de dos químicas sanguíneas de seis y veinticuatro elementos de doce de agosto y veintisiete de febrero, respectivamente, ambas de dos mil veintiuno, expedidas por "Análisis clínicos del Dr. Simi". Constancias a las que se le concede valor probatorio indiciario en términos de los artículos 205 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo que hace al semáforo de riesgo epidémico, de acuerdo a la información recabada de la página https://www.gob.mx/salud, éste ha tenido las siguientes variaciones de color: Semana Color semáforo de riesgo epidémico Veinte de septiembre al tres de octubre de dos mil veintiuno naranja Cuatro al diecisiete de octubre de dos mil veintiuno amarillo Diez al treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno amarillo Uno al catorce de noviembre de dos mil veintiuno verde Quince al veintiocho de noviembre de dos mil veintiuno verde Veintinueve de noviembre al doce de diciembre de dos mil veintiuno verde Trece al veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno verde Veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno al nueve de enero de dos mil veintidós verde Diez al veintitrés de enero de dos mil veintidós verde Veinticuatro de enero al seis de febrero de dos mil veintidós amarillo Siete al veinte de febrero amarillo Veintiuno de febrero al seis de marzo de dos mil veintidós amarillo Siete al veinte de marzo de dos mil veintidós verde Lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis I. 3o. C. 35 K, de rubro: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL". Del cuadro anterior se desprende que a partir del cuatro de octubre de dos mil veintiuno a la fecha, el semáforo de riesgo epidémico en el estado de Morelos únicamente ha permanecido en colores amarillo y verde, por lo que conforme a los criterios ya mencionados, el padecer diabetes mellitus tipo 2 no representa una imposibilidad para que el quejoso se presente a su centro de trabajo. En ese orden de ideas, se actualizan los dos requisitos restantes, consistentes en que b) El acto no pueda surtir efecto legal o material el acto reclamado; y c) Lo anterior se deba a que ha dejado de existir el objeto o la materia del acto reclamado, pues es evidente que el quejoso acude a la presente vía en defensa de un derecho afectado por el acto de autoridad, el cual se encontraba incorporado temporalmente a su esfera jurídica, a saber: permanecer en resguardo domiciliario, con motivo del padecimiento -diabetes mellitus tipo 2- que en su momento lo situó en un estado de vulnerabilidad frente al virus SARS-CoV2. Es decir, la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa fue modificada a través de los diversos ordenamientos de carácter general y criterios previamente referidos, en los cuales, en esencia, se estableció que el Estado de Morelos se encuentra en la etapa relativa a la "Nueva normalidad", con un riesgo bajo, conforme al semáforo epidemiológico en color verde. Supuesto en el cual los criterios para la población en situación de vulnerabilidad con mayor riesgo de desarrollar una complicación o morir por COVID-19 (entre ellos las personas que padecen diabetes mellitus 2 descontrolada), en la reapertura de actividades económicas en los centros de trabajo, prevén y permiten el regreso total a dichos centros, con lo que se elimina la necesidad de realizar el resguardo domiciliario. De tal forma, si bien subsiste el acto reclamado, lo cierto es que, por una situación ajena a la voluntad de la autoridad que lo emitió, el objeto o la materia del mismo ya no existe, pues la determinación ahí contenida fue sustituida, no conforme a lo decidido por la autoridad responsable, sino porque cambiaron las condiciones fácticas respecto de las cuales se emitió, cumpliéndose así el tercer requisito para la actualización de la causa de sobreseimiento. Es decir, se verificó una modificación en su entorno al estar actualmente en color verde el referido semáforo, supuesto que permite la reactivación de la totalidad de actividades y, en consecuencia, la reincorporación a los centros de trabajo de las personas en estado de vulnerabilidad frente a la enfermedad Covid-19, como el quejoso. En esas circunstancias, en caso de que se emprendiera el análisis de fondo de la determinación reclamada y eventualmente se otorgara el amparo y protección de la justicia federal, sería imposible restituir al quejoso en el goce de los derechos humanos violados, dada la situación acaecida con posterioridad, con lo cual se cumple el segundo requisito para la actualización de la causa de improcedencia en estudio. Por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 61, fracción XXII, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo por el acto y autoridad precisada en el presente considerando. QUINTO. Se habilita actuarios en horas y días inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintitrés de marzo de dos mil veintidós, en que las labores de este Juzgado así lo permitieron, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de noviembre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio signado por el Encargado del Despacho de la Policía Estatal de Morelos en el Municipio de Cuautla, mediante el cual rinde el informe respecto a la suspensión de plano; en su atención, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, asimismo, ténganse por hechas las designaciones que refiere. En lo concerniente a la solicitud relativa a que se deje sin efectos la multa o medida de apremio impuesta por el incumplimiento a la suspensión de plano; en su atención, indíquese que no ha lugar a proveer de conformidad a lo solicitado, en virtud que dicha multa fue decretada como medida de apremio que la Ley de Amparo brinda al órgano jurisdiccional, a fin de hacer cumplir la determinación de veintidós de septiembre pasado, por lo que la misma constituye instrumento constitucionalmente previsto para dar certeza y efectividad a dicha determinación; a más que este órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para revocar sus propias determinaciones. Tiene sustento lo anterior, la tesis con registro 220188, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Tercer Circuito en la Octava Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, marzo de 1992, página 226, cuyo rubro es del tenor siguiente: "JUEZ DE DISTRITO, NO PUEDE REVOCAR SUS PROPIAS DETERMINACIONES, EXCEPTO PARA REGULARIZAR PROCEDIMIENTO". Finalmente, se hace del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1114/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre del presente año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Ana Columba Contreras Martínez, designándola como titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo y con las constancias que a él se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, asimismo, téngase por hechas las designaciones que refiere. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante el Secretario Fernando Cobos González, que autoriza y da fe.
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