Rafael Ortega Loranca
Expediente 124/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 124/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 07/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Rafael Ortega Loranca
- Alan Joaquin Quiroz Mejia
- Juez Sexto de lo Penal de la Ciudad de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, trascurrió del diez de octubre al seis de noviembre del presente año, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que este asunto en el que se concedió la protección constitucional no es de relevancia documental, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea el caso requerir a las partes para que recojan documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Finalmente, devuélvase la prueba documental que remitió el Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, en apoyo a su informe justificado, por la que se formaron los anexos I al III; y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirvan acusar de recibo. Apercibida que de no hacerlo se les impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.
- Principal
(CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO LA RESOLUCIÓN DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de treinta de agosto de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que lo haya hecho, en tal virtud se hace efectivo el apercibimiento decretado en tal auto, por lo que con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete (fojas 54 a 82), se negó el amparo a la parte quejosa; por lo que inconforme con dicha determinación interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en el toca R-140/2017 resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- Se revoca la sentencia recurrida, a excepción de su segundo punto resolutivo. SEGUNDO.- Para los efectos precisados en la parte final del último considerando de la presente ejecutoria, la Justicia de la Unión Ampara y Protege a Rafael Ortega Loranca, contra los actos del Juez Sexto de lo Penal y Director del Centro de Reinserción Social, ambos con residencia en la ciudad de Puebla, consistentes en el auto de formal prisión dictado el veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 101/2013; y su ejecución." Atento lo anterior, en auto de veintidós de agosto de dos mil diecisiete (fojas 299 a 302), se solicitó el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la autoridad responsable Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, cuyos efectos son: "A) Que el Juez Sexto de lo Penal, con sede en la ciudad de Puebla, autoridad señalada como responsable, deje insubsistente el auto de formal prisión reclamado, dictado el veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 101/2013. B) Una vez hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, emita una resolución ya sea en el mismo sentido, u otro diverso, en la cual deberá analizar y valorar los diversos medios de convicción que obran en la causa penal de que se trata, y de reiterar el auto de formal prisión, deberá precisar de qué manera se probó el elemento normativo consistente en 'actos arbitrarios y atentatorios', y establezca de manera puntual cuál fue la conducta arbitraria y atentatoria a los derechos del agraviado que se encuentran garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado, que llevó a cabo el impetrante de amparo, ahora inconforme, esto es, debe establecer de manera detallada la mecánica de los hechos, y a partir de ello se debe aclarar cuáles son las facultades frente a los hechos en que participó, y cuáles eran los derechos de agraviado Alan Joaquín Quiroz Mejía, debiendo señalar de forma precisa el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se atribuye al quejoso, ahora recurrente. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución del Director del Centro de Reinserción Social del Estado, al no haberse reclamado por vicios propios. (.)". Ahora bien, mediante oficio 5030 de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete (fojas 315 a 332), el Juez responsable remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha dictada en la causa penal 101/2013 de su índice, de la que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, volvió a resolver la situación jurídica del quejoso Rafael Ortega Loranca, decretándole auto de formal prisión por el delito de abuso de autoridad, previsto y sancionado por los artículos 419, fracción IV y 420, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Alan Joaquín Quiroz Mejía. Determinación en la cual el juez de la causa analizó y valoró los diversos medios de convicción que obran en la causa penal de que se trata, precisando las circunstancias de lugar y tiempo de ejecución del delito que se atribuye al quejoso, al tomar en consideración: a) Denuncia del agraviado Alan Joaquín Quiroz Mejía. b) Testimonial de Josué López Guerrero, Carlos Eduardo Martínez Sinto y Luis Gabriel Apam Tello. c) Diligencia de reproducción de video y audio desahogada por el Ministerio Público el seis de mayo de dos mil doce. d) Boleta de infracción 61251, y oficio S.M./D.J.C/007/2012, signados por el Director del Juzgados Calificadores, por medio del cual remite copia certificada de la remisión 142392, dictamen clínico-toxicológico número 7173, acta 18850/CEN/2 de catorce de enero de dos mil doce, y parte informativo de la misma fecha signado por los elementos de policía Juan Carlos Sánchez Palafox y Rafael Ortega Loranca. e) Copia certificada de los expedientes labores de los servidos públicos Juan Carlos Sánchez Palafox y Rafael Ortega Loranca. Medios de prueba que valoró en términos de los artículos 56 Bis, 58, 60, 73, 178, fracción II, 196, 201 y 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla. Concluyendo: "Bajo ese orden de ideas la lógica y natural concatenación del cúmulo de probanzas analizadas nos conducen a sostener que en la causa se encuentra acreditado el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, previsto y sancionado por los artículos 419 fracción IV y 420 del Código Penal del Estado, en relación al 13 del Código Penal del Estado, cometido en agravio de ALAN JOAQUÍN QUIROZ MEJÍA, pues demuestran que el 13 trece de enero de 2012 dos mil doce, aproximadamente a las 23:30 veintitrés horas con treinta minutos, en los momentos en que el aquí agraviado se encontraba en compañía de otras dos personas, abordó de su vehículo marca Smart, modelo 2004 dos mil cuatro, con placas de circulación TWT1498 del Estado de Puebla, debidamente estacionado, sobre la avenida 15 quince Poniente a la altura de la 7 Sur de esta ciudad, arribaron a dicho lugar dos servidos públicos, quienes en su calidad de elementos de la Policía Municipal, después de cuestionarlo de los motivos por los cuales se encontraba en dicho lugar estacionado, y dada la reacción del mismo en cuanto a no estar cometiendo ninguna infracción o falta administrativa por lo que les solicitó se le permitiera retirarse a lo que no accedieron, para luego al arribar al lugar de los hechos otros agentes policiacos sostuvieron que el mismo conducía en estado de ebriedad, para finalmente procedieran a llevarse su vehículo y a su ilegal detención, así como fue puesto a disposición de un juez calificador, quien lo infraccionó; actos arbitrarios y atentatorios a los derechos garantizados en la Constitución Política de la República, al contravenir lo dispuesto por el artículo 16 de nuestra Carta Magna que en lo conducente reza: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse ninguna orden de aprehensión o detención, sino por la autoridad judicial, sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal, y sin que estén apoyadas aquellas por declaración, bajo protesta, de persona digna de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado, hecha excepción de los casos de flagrante delito en que cualquier persona puede aprehender al delincuente y a sus cómplices, poniéndolos sin demora a disposición de la autoridad inmediata. Solamente en casos urgentes, cuando no haya en el lugar ninguna autoridad judicial y tratándose de delitos que se persiguen de oficio, podrá la autoridad administrativa, bajo su más estrecha responsabilidad, decretar la detención de un acusado, poniéndolo inmediatamente a disposición de la autoridad judicial.", trasgrediendo así el bien jurídicamente tutelado en el precepto referente a la correcta administración del servicio y función pública. Asimismo, no pasa desapercibido que el actuar del sujeto activo del delito se hace consistir en un hecho de omisión por parte del mismo en atención a que el elemento policiaco de nombre Juan Carlos Sánchez Palafox, desplegó conductas antijurídicas y de abuso de autoridad y el encausado Rafael Ortega Loranca no trató de impedir que se violentaran los derechos fundamentales del agraviado atendiendo a que el personal de Seguridad Pública debe protocolo (sic) de actuación que no fue llevado a cabo por ninguno de los dos elementos policiacos." (fojas 326 y 326 vuelta). Asimismo, el juez de la causa precisó la manera de cómo se probó el elemento normativo consistente en "actos arbitrarios y atentatorios", estableciendo de manera puntual cuál fue la conducta arbitraria y atentatoria a los derechos del agraviado que se encuentran garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado, que llevó a cabo el impetrante de amparo, ahora inconforme; es decir, estableció de manera detallada la mecánica de los hechos, estableciendo las facultades frente a los hechos en que participó, y cuáles eran los derechos del agraviado Alan Joaquín Quiroz Mejía, al referir: "En ese orden resulta evidente que los agentes policiacos sin motivo alguno y cambiando sus argumentos en relación a la conducta realizada por el quejoso, procedieron no solo al aseguramiento del vehículo del ofendido sino además su detención, no obstante que de sus propias manifestaciones se advierte que sólo lo encontraron estacionado en la calle, sin que estuviera circulando al momento que advirtieron su presencia, por lo que no se justifica su detención ni el aseguramiento del vehículo propiedad del citado ofendido llevaron a cabo los elementos policiacos; lo que se traduce en un actos arbitrarios y atentatorios a los derechos garantizados en la Constitución Política de la República, al contravenir lo dispuesto por el artículo 16 de nuestra Carta Magna; circunstancia ésta que da vida al elemento normativo del delito en análisis mismo que se hace consistir en la violación a la norma de que "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse ninguna orden de aprehensión o detención, sino por la autoridad judicial, sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal, y sin que estén apoyadas aquellas por declaración, bajo protesta, de persona digna de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado, hecha excepción de los casos de flagrante delito en que cualquier persona puede aprehender al delincuente y a sus cómplices, poniéndolos sin demora a disposición de la autoridad inmediata. Solamente en casos urgentes, cuando no haya en el lugar ninguna autoridad judicial y tratándose de delitos que se persiguen de oficio, podrá la autoridad administrativa, bajo su más estrecha responsabilidad, decretar la detención de un acusado, poniéndolo inmediatamente a disposición de la autoridad judicial.", y por ende la violación al bien jurídicamente tutelado en el precepto referente a la correcta administración del servicio y función pública, en el sentido de que es de destacarse el hecho de que en ninguno de los partes informativos rendidos por los agentes policiacos, a través de los cuales pusieron a disposición del Juez calificador al agraviado existiera denuncia o querella limitándose única y exclusivamente a hacerlo del conocimiento de su superior inmediato e iniciar por su cuenta una supuesta investigación, no sin dejar de mencionar que en ningún dispositivo legal o reglamentario se prevé que los agentes del Municipio puedan actuar con base en denuncias "anónimas", o por observar un comportamiento sospechoso derivándose de ello, precisamente, que no cuentan con facultad alguna para llevar a cabo lo expuesto; aunado a lo anterior no pasa por desapercibido que si bien es cierto el ahora inculpado no desplegó una conducta a efecto de lesionar el bien jurídicamente tutelado por la ley que es la seguridad jurídica lo que trae aparejado violencia física y/o moral; que los agentes policiacos, al no encontrar elementos que fundamenten y justifiquen su actuar, construyen la flagrancia para tratar de justificar legalmente sus acciones." (foja 325). Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 29 DE septiembre DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de treinta de agosto de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que lo haya hecho, en tal virtud se hace efectivo el apercibimiento decretado en tal auto, por lo que con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete (fojas 54 a 82), se negó el amparo a la parte quejosa; por lo que inconforme con dicha determinación interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en el toca R-140/2017 resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- Se revoca la sentencia recurrida, a excepción de su segundo punto resolutivo. SEGUNDO.- Para los efectos precisados en la parte final del último considerando de la presente ejecutoria, la Justicia de la Unión Ampara y Protege a Rafael Ortega Loranca, contra los actos del Juez Sexto de lo Penal y Director del Centro de Reinserción Social, ambos con residencia en la ciudad de Puebla, consistentes en el auto de formal prisión dictado el veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 101/2013; y su ejecución." Atento lo anterior, en auto de veintidós de agosto de dos mil diecisiete (fojas 299 a 302), se solicitó el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la autoridad responsable Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, cuyos efectos son: "A) Que el Juez Sexto de lo Penal, con sede en la ciudad de Puebla, autoridad señalada como responsable, deje insubsistente el auto de formal prisión reclamado, dictado el veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 101/2013. B) Una vez hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, emita una resolución ya sea en el mismo sentido, u otro diverso, en la cual deberá analizar y valorar los diversos medios de convicción que obran en la causa penal de que se trata, y de reiterar el auto de formal prisión, deberá precisar de qué manera se probó el elemento normativo consistente en 'actos arbitrarios y atentatorios', y establezca de manera puntual cuál fue la conducta arbitraria y atentatoria a los derechos del agraviado que se encuentran garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado, que llevó a cabo el impetrante de amparo, ahora inconforme, esto es, debe establecer de manera detallada la mecánica de los hechos, y a partir de ello se debe aclarar cuáles son las facultades frente a los hechos en que participó, y cuáles eran los derechos de agraviado Alan Joaquín Quiroz Mejía, debiendo señalar de forma precisa el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se atribuye al quejoso, ahora recurrente. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución del Director del Centro de Reinserción Social del Estado, al no haberse reclamado por vicios propios. (.)". Ahora bien, mediante oficio 5030 de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete (fojas 315 a 332), el Juez responsable remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha dictada en la causa penal 101/2013 de su índice, de la que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, volvió a resolver la situación jurídica del quejoso Rafael Ortega Loranca, decretándole auto de formal prisión por el delito de abuso de autoridad, previsto y sancionado por los artículos 419, fracción IV y 420, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Alan Joaquín Quiroz Mejía. Determinación en la cual el juez de la causa analizó y valoró los diversos medios de convicción que obran en la causa penal de que se trata, precisando las circunstancias de lugar y tiempo de ejecución del delito que se atribuye al quejoso, al tomar en consideración: a) Denuncia del agraviado Alan Joaquín Quiroz Mejía. b) Testimonial de Josué López Guerrero, Carlos Eduardo Martínez Sinto y Luis Gabriel Apam Tello. c) Diligencia de reproducción de video y audio desahogada por el Ministerio Público el seis de mayo de dos mil doce. d) Boleta de infracción 61251, y oficio S.M./D.J.C/007/2012, signados por el Director del Juzgados Calificadores, por medio del cual remite copia certificada de la remisión 142392, dictamen clínico-toxicológico número 7173, acta 18850/CEN/2 de catorce de enero de dos mil doce, y parte informativo de la misma fecha signado por los elementos de policía Juan Carlos Sánchez Palafox y Rafael Ortega Loranca. e) Copia certificada de los expedientes labores de los servidos públicos Juan Carlos Sánchez Palafox y Rafael Ortega Loranca. Medios de prueba que valoró en términos de los artículos 56 Bis, 58, 60, 73, 178, fracción II, 196, 201 y 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla. Concluyendo: "Bajo ese orden de ideas la lógica y natural concatenación del cúmulo de probanzas analizadas nos conducen a sostener que en la causa se encuentra acreditado el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, previsto y sancionado por los artículos 419 fracción IV y 420 del Código Penal del Estado, en relación al 13 del Código Penal del Estado, cometido en agravio de ALAN JOAQUÍN QUIROZ MEJÍA, pues demuestran que el 13 trece de enero de 2012 dos mil doce, aproximadamente a las 23:30 veintitrés horas con treinta minutos, en los momentos en que el aquí agraviado se encontraba en compañía de otras dos personas, abordó de su vehículo marca Smart, modelo 2004 dos mil cuatro, con placas de circulación TWT1498 del Estado de Puebla, debidamente estacionado, sobre la avenida 15 quince Poniente a la altura de la 7 Sur de esta ciudad, arribaron a dicho lugar dos servidos públicos, quienes en su calidad de elementos de la Policía Municipal, después de cuestionarlo de los motivos por los cuales se encontraba en dicho lugar estacionado, y dada la reacción del mismo en cuanto a no estar cometiendo ninguna infracción o falta administrativa por lo que les solicitó se le permitiera retirarse a lo que no accedieron, para luego al arribar al lugar de los hechos otros agentes policiacos sostuvieron que el mismo conducía en estado de ebriedad, para finalmente procedieran a llevarse su vehículo y a su ilegal detención, así como fue puesto a disposición de un juez calificador, quien lo infraccionó; actos arbitrarios y atentatorios a los derechos garantizados en la Constitución Política de la República, al contravenir lo dispuesto por el artículo 16 de nuestra Carta Magna que en lo conducente reza: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse ninguna orden de aprehensión o detención, sino por la autoridad judicial, sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal, y sin que estén apoyadas aquellas por declaración, bajo protesta, de persona digna de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado, hecha excepción de los casos de flagrante delito en que cualquier persona puede aprehender al delincuente y a sus cómplices, poniéndolos sin demora a disposición de la autoridad inmediata. Solamente en casos urgentes, cuando no haya en el lugar ninguna autoridad judicial y tratándose de delitos que se persiguen de oficio, podrá la autoridad administrativa, bajo su más estrecha responsabilidad, decretar la detención de un acusado, poniéndolo inmediatamente a disposición de la autoridad judicial.", trasgrediendo así el bien jurídicamente tutelado en el precepto referente a la correcta administración del servicio y función pública. Asimismo, no pasa desapercibido que el actuar del sujeto activo del delito se hace consistir en un hecho de omisión por parte del mismo en atención a que el elemento policiaco de nombre Juan Carlos Sánchez Palafox, desplegó conductas antijurídicas y de abuso de autoridad y el encausado Rafael Ortega Loranca no trató de impedir que se violentaran los derechos fundamentales del agraviado atendiendo a que el personal de Seguridad Pública debe protocolo (sic) de actuación que no fue llevado a cabo por ninguno de los dos elementos policiacos." (fojas 326 y 326 vuelta). Asimismo, el juez de la causa precisó la manera de cómo se probó el elemento normativo consistente en "actos arbitrarios y atentatorios", estableciendo de manera puntual cuál fue la conducta arbitraria y atentatoria a los derechos del agraviado que se encuentran garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado, que llevó a cabo el impetrante de amparo, ahora inconforme; es decir, estableció de manera detallada la mecánica de los hechos, estableciendo las facultades frente a los hechos en que participó, y cuáles eran los derechos del agraviado Alan Joaquín Quiroz Mejía, al referir: "En ese orden resulta evidente que los agentes policiacos sin motivo alguno y cambiando sus argumentos en relación a la conducta realizada por el quejoso, procedieron no solo al aseguramiento del vehículo del ofendido sino además su detención, no obstante que de sus propias manifestaciones se advierte que sólo lo encontraron estacionado en la calle, sin que estuviera circulando al momento que advirtieron su presencia, por lo que no se justifica su detención ni el aseguramiento del vehículo propiedad del citado ofendido llevaron a cabo los elementos policiacos; lo que se traduce en un actos arbitrarios y atentatorios a los derechos garantizados en la Constitución Política de la República, al contravenir lo dispuesto por el artículo 16 de nuestra Carta Magna; circunstancia ésta que da vida al elemento normativo del delito en análisis mismo que se hace consistir en la violación a la norma de que "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse ninguna orden de aprehensión o detención, sino por la autoridad judicial, sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal, y sin que estén apoyadas aquellas por declaración, bajo protesta, de persona digna de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado, hecha excepción de los casos de flagrante delito en que cualquier persona puede aprehender al delincuente y a sus cómplices, poniéndolos sin demora a disposición de la autoridad inmediata. Solamente en casos urgentes, cuando no haya en el lugar ninguna autoridad judicial y tratándose de delitos que se persiguen de oficio, podrá la autoridad administrativa, bajo su más estrecha responsabilidad, decretar la detención de un acusado, poniéndolo inmediatamente a disposición de la autoridad judicial.", y por ende la violación al bien jurídicamente tutelado en el precepto referente a la correcta administración del servicio y función pública, en el sentido de que es de destacarse el hecho de que en ninguno de los partes informativos rendidos por los agentes policiacos, a través de los cuales pusieron a disposición del Juez calificador al agraviado existiera denuncia o querella limitándose única y exclusivamente a hacerlo del conocimiento de su superior inmediato e iniciar por su cuenta una supuesta investigación, no sin dejar de mencionar que en ningún dispositivo legal o reglamentario se prevé que los agentes del Municipio puedan actuar con base en denuncias "anónimas", o por observar un comportamiento sospechoso derivándose de ello, precisamente, que no cuentan con facultad alguna para llevar a cabo lo expuesto; aunado a lo anterior no pasa por desapercibido que si bien es cierto el ahora inculpado no desplegó una conducta a efecto de lesionar el bien jurídicamente tutelado por la ley que es la seguridad jurídica lo que trae aparejado violencia física y/o moral; que los agentes policiacos, al no encontrar elementos que fundamenten y justifiquen su actuar, construyen la flagrancia para tratar de justificar legalmente sus acciones." (foja 325). Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA..."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de treinta de agosto de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que lo haya hecho, en tal virtud se hace efectivo el apercibimiento decretado en tal auto, por lo que con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete (fojas 54 a 82), se negó el amparo a la parte quejosa; por lo que inconforme con dicha determinación interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en el toca R-140/2017 resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- Se revoca la sentencia recurrida, a excepción de su segundo punto resolutivo. SEGUNDO.- Para los efectos precisados en la parte final del último considerando de la presente ejecutoria, la Justicia de la Unión Ampara y Protege a Rafael Ortega Loranca, contra los actos del Juez Sexto de lo Penal y Director del Centro de Reinserción Social, ambos con residencia en la ciudad de Puebla, consistentes en el auto de formal prisión dictado el veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 101/2013; y su ejecución." Atento lo anterior, en auto de veintidós de agosto de dos mil diecisiete (fojas 299 a 302), se solicitó el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la autoridad responsable Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, cuyos efectos son: "A) Que el Juez Sexto de lo Penal, con sede en la ciudad de Puebla, autoridad señalada como responsable, deje insubsistente el auto de formal prisión reclamado, dictado el veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 101/2013. B) Una vez hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, emita una resolución ya sea en el mismo sentido, u otro diverso, en la cual deberá analizar y valorar los diversos medios de convicción que obran en la causa penal de que se trata, y de reiterar el auto de formal prisión, deberá precisar de qué manera se probó el elemento normativo consistente en 'actos arbitrarios y atentatorios', y establezca de manera puntual cuál fue la conducta arbitraria y atentatoria a los derechos del agraviado que se encuentran garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado, que llevó a cabo el impetrante de amparo, ahora inconforme, esto es, debe establecer de manera detallada la mecánica de los hechos, y a partir de ello se debe aclarar cuáles son las facultades frente a los hechos en que participó, y cuáles eran los derechos de agraviado Alan Joaquín Quiroz Mejía, debiendo señalar de forma precisa el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se atribuye al quejoso, ahora recurrente. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución del Director del Centro de Reinserción Social del Estado, al no haberse reclamado por vicios propios. (.)". Ahora bien, mediante oficio 5030 de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete (fojas 315 a 332), el Juez responsable remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha dictada en la causa penal 101/2013 de su índice, de la que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, volvió a resolver la situación jurídica del quejoso Rafael Ortega Loranca, decretándole auto de formal prisión por el delito de abuso de autoridad, previsto y sancionado por los artículos 419, fracción IV y 420, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Alan Joaquín Quiroz Mejía. Determinación en la cual el juez de la causa analizó y valoró los diversos medios de convicción que obran en la causa penal de que se trata, precisando las circunstancias de lugar y tiempo de ejecución del delito que se atribuye al quejoso, al tomar en consideración: a) Denuncia del agraviado Alan Joaquín Quiroz Mejía. b) Testimonial de Josué López Guerrero, Carlos Eduardo Martínez Sinto y Luis Gabriel Apam Tello. c) Diligencia de reproducción de video y audio desahogada por el Ministerio Público el seis de mayo de dos mil doce. d) Boleta de infracción 61251, y oficio S.M./D.J.C/007/2012, signados por el Director del Juzgados Calificadores, por medio del cual remite copia certificada de la remisión 142392, dictamen clínico-toxicológico número 7173, acta 18850/CEN/2 de catorce de enero de dos mil doce, y parte informativo de la misma fecha signado por los elementos de policía Juan Carlos Sánchez Palafox y Rafael Ortega Loranca. e) Copia certificada de los expedientes labores de los servidos públicos Juan Carlos Sánchez Palafox y Rafael Ortega Loranca. Medios de prueba que valoró en términos de los artículos 56 Bis, 58, 60, 73, 178, fracción II, 196, 201 y 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla. Concluyendo: "Bajo ese orden de ideas la lógica y natural concatenación del cúmulo de probanzas analizadas nos conducen a sostener que en la causa se encuentra acreditado el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, previsto y sancionado por los artículos 419 fracción IV y 420 del Código Penal del Estado, en relación al 13 del Código Penal del Estado, cometido en agravio de ALAN JOAQUÍN QUIROZ MEJÍA, pues demuestran que el 13 trece de enero de 2012 dos mil doce, aproximadamente a las 23:30 veintitrés horas con treinta minutos, en los momentos en que el aquí agraviado se encontraba en compañía de otras dos personas, abordó de su vehículo marca Smart, modelo 2004 dos mil cuatro, con placas de circulación TWT1498 del Estado de Puebla, debidamente estacionado, sobre la avenida 15 quince Poniente a la altura de la 7 Sur de esta ciudad, arribaron a dicho lugar dos servidos públicos, quienes en su calidad de elementos de la Policía Municipal, después de cuestionarlo de los motivos por los cuales se encontraba en dicho lugar estacionado, y dada la reacción del mismo en cuanto a no estar cometiendo ninguna infracción o falta administrativa por lo que les solicitó se le permitiera retirarse a lo que no accedieron, para luego al arribar al lugar de los hechos otros agentes policiacos sostuvieron que el mismo conducía en estado de ebriedad, para finalmente procedieran a llevarse su vehículo y a su ilegal detención, así como fue puesto a disposición de un juez calificador, quien lo infraccionó; actos arbitrarios y atentatorios a los derechos garantizados en la Constitución Política de la República, al contravenir lo dispuesto por el artículo 16 de nuestra Carta Magna que en lo conducente reza: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse ninguna orden de aprehensión o detención, sino por la autoridad judicial, sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal, y sin que estén apoyadas aquellas por declaración, bajo protesta, de persona digna de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado, hecha excepción de los casos de flagrante delito en que cualquier persona puede aprehender al delincuente y a sus cómplices, poniéndolos sin demora a disposición de la autoridad inmediata. Solamente en casos urgentes, cuando no haya en el lugar ninguna autoridad judicial y tratándose de delitos que se persiguen de oficio, podrá la autoridad administrativa, bajo su más estrecha responsabilidad, decretar la detención de un acusado, poniéndolo inmediatamente a disposición de la autoridad judicial.", trasgrediendo así el bien jurídicamente tutelado en el precepto referente a la correcta administración del servicio y función pública. Asimismo, no pasa desapercibido que el actuar del sujeto activo del delito se hace consistir en un hecho de omisión por parte del mismo en atención a que el elemento policiaco de nombre Juan Carlos Sánchez Palafox, desplegó conductas antijurídicas y de abuso de autoridad y el encausado Rafael Ortega Loranca no trató de impedir que se violentaran los derechos fundamentales del agraviado atendiendo a que el personal de Seguridad Pública debe protocolo (sic) de actuación que no fue llevado a cabo por ninguno de los dos elementos policiacos." (fojas 326 y 326 vuelta). Asimismo, el juez de la causa precisó la manera de cómo se probó el elemento normativo consistente en "actos arbitrarios y atentatorios", estableciendo de manera puntual cuál fue la conducta arbitraria y atentatoria a los derechos del agraviado que se encuentran garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado, que llevó a cabo el impetrante de amparo, ahora inconforme; es decir, estableció de manera detallada la mecánica de los hechos, estableciendo las facultades frente a los hechos en que participó, y cuáles eran los derechos del agraviado Alan Joaquín Quiroz Mejía, al referir: "En ese orden resulta evidente que los agentes policiacos sin motivo alguno y cambiando sus argumentos en relación a la conducta realizada por el quejoso, procedieron no solo al aseguramiento del vehículo del ofendido sino además su detención, no obstante que de sus propias manifestaciones se advierte que sólo lo encontraron estacionado en la calle, sin que estuviera circulando al momento que advirtieron su presencia, por lo que no se justifica su detención ni el aseguramiento del vehículo propiedad del citado ofendido llevaron a cabo los elementos policiacos; lo que se traduce en un actos arbitrarios y atentatorios a los derechos garantizados en la Constitución Política de la República, al contravenir lo dispuesto por el artículo 16 de nuestra Carta Magna; circunstancia ésta que da vida al elemento normativo del delito en análisis mismo que se hace consistir en la violación a la norma de que "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse ninguna orden de aprehensión o detención, sino por la autoridad judicial, sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal, y sin que estén apoyadas aquellas por declaración, bajo protesta, de persona digna de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado, hecha excepción de los casos de flagrante delito en que cualquier persona puede aprehender al delincuente y a sus cómplices, poniéndolos sin demora a disposición de la autoridad inmediata. Solamente en casos urgentes, cuando no haya en el lugar ninguna autoridad judicial y tratándose de delitos que se persiguen de oficio, podrá la autoridad administrativa, bajo su más estrecha responsabilidad, decretar la detención de un acusado, poniéndolo inmediatamente a disposición de la autoridad judicial.", y por ende la violación al bien jurídicamente tutelado en el precepto referente a la correcta administración del servicio y función pública, en el sentido de que es de destacarse el hecho de que en ninguno de los partes informativos rendidos por los agentes policiacos, a través de los cuales pusieron a disposición del Juez calificador al agraviado existiera denuncia o querella limitándose única y exclusivamente a hacerlo del conocimiento de su superior inmediato e iniciar por su cuenta una supuesta investigación, no sin dejar de mencionar que en ningún dispositivo legal o reglamentario se prevé que los agentes del Municipio puedan actuar con base en denuncias "anónimas", o por observar un comportamiento sospechoso derivándose de ello, precisamente, que no cuentan con facultad alguna para llevar a cabo lo expuesto; aunado a lo anterior no pasa por desapercibido que si bien es cierto el ahora inculpado no desplegó una conducta a efecto de lesionar el bien jurídicamente tutelado por la ley que es la seguridad jurídica lo que trae aparejado violencia física y/o moral; que los agentes policiacos, al no encontrar elementos que fundamenten y justifiquen su actuar, construyen la flagrancia para tratar de justificar legalmente sus acciones." (foja 325). Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.
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