Rafael Ortega Hernandez
Expediente 1029/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1029/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 11/11/2016
Partes del expediente
- Rafael Ortega Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
VI. La certificación de cuenta evidencia que el quejoso ********************, no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de once de octubre de dos mil dieciséis (fojas 98 a 100 vuelta), en el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este sumario constitucional; en consecuencia, el proveído de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito
- Principal
VI. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de treinta de septiembre de la presente anualidad (foja 95), para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable la jurisprudencia publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para determinar si en el caso la autoridad responsable dio o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: - Rafael Ortega Hernández, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridad siguiente: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: INTEGRANTES DE LA PRIMERA SALA CIVIL DE TOLUCA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO (.). IV. ACTO RECLAMADO: La inconstitucionalidad e ilegalidad de la resolución emitida por los Magistrados que integran la Primera Sala Colegiada Civil Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, de fecha veintitrés de junio del año en curso, dentro del toca de apelación número 355/2016 (.)." Mediante sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis (fojas 54 a 67), se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "ÚNICO. La Justicia Federal AMPARA Y PROTEGE a Rafael Ortega Hernández, contra el acto reclamado a la autoridad responsable que quedaron precisados en el considerando segundo, en términos del considerando sexto de esta sentencia." Ahora, la concesión del amparo fue para el efecto de que la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, realizará lo siguiente: 1. Deje sin efectos la resolución de veintitrés de junio del año en curso, emitida dentro del toca de apelación 355/2016; y, 2. Emita otra resolución, en la cual, atendiendo a los lineamientos de la presente sentencia, determine que no era viable decretar de oficio la prescripción de la ejecución de la sentencia condenatoria dictada en el juicio ejecutivo mercantil del que deriva el acto reclamado, y partiendo de esa premisa, con libertad de jurisdicción resuelva lo que conforme a derecho resulte procedente. En ese tenor, mediante auto de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 75 a la 76 vuelta), se requirió a la responsable para que dentro del plazo de tres días diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable, remitió los oficios 2195 y 2220 y al segundo adjuntó copia certificada de la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 85 a 94), dictada en los autos del expediente 106/2002, recibidos el veintiocho y veintinueve de septiembre, ambos del presente año, en este Juzgado de Distrito, en el que medularmente comunicó: Que el veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, dejó insubsistente la sentencia de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, dictada por la Sala responsable, dentro del toca de apelación 355/2016, posteriormente, el veintiocho de septiembre del presente año, emitió otra resolución, en el cual atendió los lineamientos de la sentencia dictada en el juicio en que se actúa, determinó que no era viable decretar de oficio la prescripción de la ejecución de la sentencia condenatoria y conforme a derecho determinó que eran inatendibles los agravios expresados por Miguel Hurtado Díaz, María Asunción Romero y Miguel Isaac Hurtado Romero, por lo que confirmó la sentencia recurrida. De lo anterior, se advierte que la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, efectivamente dejó insubsistente la resolución de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, emitida dentro del toca de apelación 355/2016 y emitió una nueva determinación en la que no analizó en forma oficiosa lo relativo a la prescripción. Ahora, de la relación de constancias, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos, pues se advierte que la autoridad responsable, dejó insubsistente la resolución de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, emitida dentro del toca de apelación 355/2016 y emitió una nueva determinación en la que no analizó de manera oficiosa la relativo a la prescripción y con libertad de jurisdicción resolvió lo que en derecho consideró procedente; por lo que los efectos de la sentencia concesoria de amparo se encuentran colmados. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de 2009, Novena Época, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de dos mil, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."
- Principal
VI Con fundamento en lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso en el precepto legal 2° de la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio signado por la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, mediante el cual comunica la forma en que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo y para aseverar su dicho remite copia certificada de la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, dictada dentro de los autos del expediente 106/2002. En esas condiciones, acorde con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector, apercibida que en caso de ser omisa, este Juzgado de Distrito resolverá si la sentencia dictada en autos ha sido cumplida, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional en que se actúa. En atención a lo anterior, si bien es cierto la notificación del citado acuerdo debe realizarse en forma personalísima, porque dicha notificación permite que el quejoso haga valer sus defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las disposiciones judiciales, no menos cierto resulta que se tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista de acuerdos que se publica en este juzgado; por tanto, practíquese esta notificación, a través de ese medio informativo para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
VI. Visto el oficio de cuenta signado por el Magistrado Presidente de la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, por medio del cual informa las gestiones que ha estado realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en los presentes autos; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta para que surta los efectos legales a que haya lugar, ténganse al oficiante en vías de cumplimiento; por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la autoridad antes mencionada, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, remita las constancias certificadas que demuestren el cumplimiento al fallo protector; apercibido que de hacer caso omiso, o no informar la imposibilidad jurídica o material que tengan para dar cumplimiento al fallo protector dentro del plazo concedido, podrá hacerse acreedora a una multa equivalente de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la ley de la materia, así como de los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para hacer uso de medidas de apremio con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones.
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