Rafael Obregón Orendain

Expediente 1802/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 19 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1802/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
24/05/2023

Partes del expediente

  • Rafael Obregón Orendain

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Cumplimiento consentido. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de inconformidad contra la resolución en la que se tuvo por cumplido el fallo protector; por lo tanto, se declara que dicha determinación ha quedado consentida para todos los efectos legales correspondientes. Incidente. No se ordenó su apertura. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Depuración. Este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, conforme al artículo 18, inciso I), fracción b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que se concedió la protección constitucional. Carátula. Se ordena que la carátula del presente expediente contenga impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente proveído. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Y TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA *******, NO ATENDIO EL CITATORIO QUE LE FUE DEJADO EL 27 DE ABRIL DE 2023, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO, SE LE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN EL MISMO Y SE LE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Fallo cumplido. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se sobreseyó por una parte y se concedió por otra a la parte quejosa la protección constitucional contra los actos reclamados a las autoridades responsables, para los efectos siguientes: "[.]SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En virtud de lo hasta aquí narrado, con sustento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada es para que las autoridades responsables, realicen lo siguiente: I. Se desincorporen de la esfera jurídica del aquí quejoso lo previsto por el numeral 12, fracción III, de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tal precepto, hasta su modificación. ****II. Se precisa que tal concesión por virtud del acto de aplicación que dio origen a este juicio biinstancial solo implica que la Secretaría de la Hacienda del Estado de Baja California, devuelva a la parte quejosa la cantidad que resulte a su favor por el registro del embargo civil de mérito -que ampara el recibo oficial exhibido en este juicio-, en el entendido de que tal restitución sólo implica que deje de pagar la tarifa que le fue aplicada respecto de ese concepto, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota mínima que ahí se prevé $880.61 (ochocientos ochenta pesos 61/100 Moneda Nacional, que corresponde a la inscripción de otorgamiento de poderes, sustitución, revocación, o renuncia de los mismos, de acuerdo a lo establecido en la fracción VI, inciso B), del ordinal combatido12, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el arábigo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. III. También deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. ****En la inteligencia de que la tutela protectora si bien alcanza a las autoridades responsables que concurrieron en la aprobación, expedición y la promulgación de la ley, no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. *****En el entendido que la sentencia surtirá sus efectos, hasta en tanto se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley, conforme lo establece la parte final del artículo 77 del ordenamiento legal en cita. [.]" Causa ejecutoria y se requiere cumplimiento. Por auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia dictada, sin que ninguna de las partes la recurriera, por lo que, en el mismo proveído se requirió el cumplimiento al fallo protector. Ahora, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables estuvieron constreñidas a proceder en los términos siguientes: 1. Las autoridades responsables debían llevar a cabo las acciones administrativas necesarias a fin de desincorporar en el presente y futuro de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto por el numeral 12, fracción III de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. 2) Devolver a la parte quejosa el excedente de las cantidades actualizadas que enteró con motivo de la aplicación del precepto declarado inconstitucional. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. Previa prórroga otorgada para dar cumplimiento, finalmente, por oficios recibidos en este Juzgado de Distrito y acordados el nueve y veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, la Subprocuradora de Amparo de la Procuraduría Fiscal del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, remitió oficios en los que informó que se desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligación contenida en la Ley de Ingresos Estatal por la cual se le concedió la protección constitucional, asimismo, realizó la devolución de la cantidad correspondiente a la parte quejosa, lo que acreditó con el título de crédito de los denominados cheque dirigido a la parte quejosa. Vista con el cumplimento. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad. Desahogo de la vista. Sin que ninguna de las partes hubiere hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable dejó de aplicar los descuentos correspondientes y realizó la devolución de las cantidades que le fueron descontadas; lo que se corrobora con las constancias que obran en autos. Vista con la presente resolución. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Apercibidas para el caso que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese; y, personalmente.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Fallo cumplido. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se sobreseyó por una parte y se concedió por otra a la parte quejosa la protección constitucional contra los actos reclamados a las autoridades responsables, para los efectos siguientes: "[.]SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En virtud de lo hasta aquí narrado, con sustento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada es para que las autoridades responsables, realicen lo siguiente: I. Se desincorporen de la esfera jurídica del aquí quejoso lo previsto por el numeral 12, fracción III, de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tal precepto, hasta su modificación. ****II. Se precisa que tal concesión por virtud del acto de aplicación que dio origen a este juicio biinstancial solo implica que la Secretaría de la Hacienda del Estado de Baja California, devuelva a la parte quejosa la cantidad que resulte a su favor por el registro del embargo civil de mérito -que ampara el recibo oficial exhibido en este juicio-, en el entendido de que tal restitución sólo implica que deje de pagar la tarifa que le fue aplicada respecto de ese concepto, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota mínima que ahí se prevé $880.61 (ochocientos ochenta pesos 61/100 Moneda Nacional, que corresponde a la inscripción de otorgamiento de poderes, sustitución, revocación, o renuncia de los mismos, de acuerdo a lo establecido en la fracción VI, inciso B), del ordinal combatido12, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el arábigo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. III. También deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. ****En la inteligencia de que la tutela protectora si bien alcanza a las autoridades responsables que concurrieron en la aprobación, expedición y la promulgación de la ley, no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. *****En el entendido que la sentencia surtirá sus efectos, hasta en tanto se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley, conforme lo establece la parte final del artículo 77 del ordenamiento legal en cita. [.]" Causa ejecutoria y se requiere cumplimiento. Por auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia dictada, sin que ninguna de las partes la recurriera, por lo que, en el mismo proveído se requirió el cumplimiento al fallo protector. Ahora, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables estuvieron constreñidas a proceder en los términos siguientes: 1. Las autoridades responsables debían llevar a cabo las acciones administrativas necesarias a fin de desincorporar en el presente y futuro de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto por el numeral 12, fracción III de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. 2) Devolver a la parte quejosa el excedente de las cantidades actualizadas que enteró con motivo de la aplicación del precepto declarado inconstitucional. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. Previa prórroga otorgada para dar cumplimiento, finalmente, por oficios recibidos en este Juzgado de Distrito y acordados el nueve y veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, la Subprocuradora de Amparo de la Procuraduría Fiscal del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, remitió oficios en los que informó que se desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligación contenida en la Ley de Ingresos Estatal por la cual se le concedió la protección constitucional, asimismo, realizó la devolución de la cantidad correspondiente a la parte quejosa, lo que acreditó con el título de crédito de los denominados cheque dirigido a la parte quejosa. Vista con el cumplimento. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad. Desahogo de la vista. Sin que ninguna de las partes hubiere hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable dejó de aplicar los descuentos correspondientes y realizó la devolución de las cantidades que le fueron descontadas; lo que se corrobora con las constancias que obran en autos. Vista con la presente resolución. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Apercibidas para el caso que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese; y, personalmente.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a once de abril de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por el cual solicita copia certificada de las constancias que integran el presente asunto. Se remiten constancias. Atento a lo anterior, con sustento en el artículo 1067 del Código de Comercio, remítanse de inmediato al Juzgado solicitante las constancias que refiere; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

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