Rafael Nuño Velazquez

Expediente 1283/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 28 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1283/2023
Año
2023
Actuaciones
28
Última actuación
20/09/2023

Partes del expediente

  • Rafael Nuño Velazquez
  • Rafael Nuño Velazquez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Designa autorizados. Visto el escrito signado por ****, apoderado legal de *****, téngasele designando como su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *****, debido a que, de la certificación de cuenta se advierte que está inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales y, en términos restringidos del precepto legal en cita, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a *****, por no contar con dicho registro y a las diversas personas que señala expresamente con dichas facultades. Notificaciones electrónicas. Debido a su solicitud expresa, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, así como en los en los diversos numerales 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autorizan las notificaciones vía electrónica, inclusive las que de carácter personal le resulten, a través del usuario *****. Consulta de expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como con los numerales 35, 36, 37 y 38 del citado Acuerdo General, se ordena autorizar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al usuario ****, a fin de que cuente con acceso al expediente electrónico del presente juicio. Estese a lo acordado. Respecto a la designación de ***** como autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo y a la solicitud de autorización para la reproducción de las actuaciones mediante el uso de medios electrónicos, deberá estarse a lo acordado en el auto admisiorio del presente juicio, donde se proveyó lo conducente. Causa ejecutoria. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días aludido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, mediante la cual se sobreseyó en el juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la citada resolución. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que se cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, debido a que se sobreseyó en el juicio. Oposición de datos personales. De autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el precitado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Incidental

    Zapopan, Jalisco, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que por auto de esta fecha se ordenó el archivo en el juicio de amparo de donde deriva la presente incidencia, por estar concluido; por tanto, se provee lo relativo al incidente de suspensión en que se actúa, de la manera siguiente. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que se cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, al haberse negado la suspensión definitiva del acto reclamado. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el precitado Acuerdo General. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, se hace constar que ninguna de las partes allegó documentos, en original, a la incidencia en que se actúa.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA **** LA SENTENCIA AUTORIZADA EL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS LA CUAL SEÑALA LO SIGUIENTE: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1283/2023 promovido por ******************** por conducto de su apoderado legal **** contra los actos reclamados al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes; Secretaría de Economía; Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Economía; Secretario de Gobernación; Director del Diario Oficial de la Federación; Directora General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte; Titular de la Guardia Nacional dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la ciudad de México ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal por los actos y contra las autoridades siguientes: Autoridades responsables: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes; Secretario de Economía; Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Economía; Secretario de Gobernación; Director del Diario Oficial de la Federación; Directora General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte; Titular de la Guardia Nacional dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Actos reclamados: Discusión aprobación promulgación refrendo y expedición del Reglamento de los Servicios Auxiliares al autotransporte Federal de Arrastre y Salvamento y de Depósito de Vehículos con motivo de su entrada en vigor en específico de sus artículos 2 último párrafo; 5; 6; 8; 9; 10; 11 fracciones V XI; XII; 12; 17; 19; 21; 22; 25; 27; 33; 44; 45; 49; 50; 55; 57; 58; 59; 61; 62; 65; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 74; 75; 78; 81; 82; 83; 86; 87 y el transitorio cuarto publicados el tres de mayo de dos mil veintitrés. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintitrés se registró con el número de expediente 967/2023 del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México quien con esa misma fecha se declaró legalmente incompetente por razón de territorio. Por razón de turno tocó conocer a este Juzgado Federal de la demanda de referencia la cual fue registrada con el número de juicio de amparo 1283/2023 la cual fue admitida se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe con justificación; se ordenó dar la intervención legal a la representante social de la adscripción; asimismo se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que dio inicio en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII Constitucionales; 37 y 107 de la Ley de Amparo; así como los diversos 57 58 59 60 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo de la lectura integral de la demanda escritos aclaratorios de la misma y de la totalidad de las constancias del presente sumario constitucional se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: Discusión aprobación promulgación refrendo y expedición del Reglamento de los Servicios Auxiliares al autotransporte Federal de Arrastre y Salvamento y de Depósito de Vehículos con motivo de su entrada en vigor en específico de sus artículos 2 último párrafo; 5; 6; 8; 9; 10; 11 fracciones V XI; XII; 12; 17; 19; 21; 22; 25; 27; 33; 44; 45; 49; 50; 55; 57; 58; 59; 61; 62; 65; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 74; 75; 78; 81; 82; 83; 86; 87 y el transitorio cuarto publicados el tres de mayo de dos mil veintitrés. TERCERO. Inexistencia de acto reclamado. Las autoridades responsables Guardia Nacional; Secretaría de Economía Secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes; y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Economía al rendir su informe justificado respectivamente negaron la existencia del acto que se les atribuyen en la demanda de amparo sin que la parte quejosa haya demostrado lo contrario. De ahí que se tengan por inexistentes los actos reclamados a dichas autoridades. En consecuencia lo que amerita es decretar el sobreseimiento en el presente juicio por lo que respecta al acto atribuido a las citadas autoridades en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia que establece: Octava Época Registro: 227634 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IV Segunda Parte-2 Julio-Diciembre de 1989 Materias: Común Tesis: VI. 2o. J/20 Página: 627 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.. CUARTO. Existencia de diversos actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Secretario de Seguridad Ciudadana Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Director del Diario Oficial de la Federación; Directora General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte ya que así lo manifestaron al rendir su informe justificado respectivamente. Por lo que ve al Secretario de Gobernación se presume cierto el acto reclamado toda vez que fue omiso en rendir su informe justificado no obstante de encontrarse notificado para tal efecto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Suma a lo anterior la circunstancia de que los artículos cuya inconstitucionalidad se reclama es de conocimiento general; por consiguiente no es objeto de prueba en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Aplica la jurisprudencia siguiente: Novena Época Registro: 191452 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII Agosto de 2000 Materias: Común Tesis: 2a./J. 65/2000 Página: 260 PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES REGLAMENTOS DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes reglamentos decretos y acuerdos de interés general no se necesita probar su existencia en autos pues basta que estén publicados en el Diario Oficial para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta en virtud de su naturaleza y obligatoriedad y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate y tal publicidad determina precisamente que los tribunales a quienes se les encomienda la aplicación del derecho por la notoriedad de ese acontecimiento no puedan argüir desconocerlo.. QUINTO. Causa de sobreseimiento. Examinada la existencia del acto reclamado se impone analizar la procedencia del juicio constitucional por ser de orden público y de estudio preferente ya sea que se cuestione por alguna de las partes o de oficio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este juzgado advierte de oficio la actualización de la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63 fracción V en relación con los diversos 61 fracción XXIII y 108 fracción III todos de la Ley de Amparo respecto del acto reclamado al Diario Oficial de la Federación y al Secretario de Gobernación consistente en la publicación del Decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de los Servicios Auxiliares al autotransporte Federal de Arrastre de Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos. Los referidos numerales de la Ley de Amparo dicen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la Ley o en su publicación el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. De los anteriores preceptos se obtiene que únicamente podrán llamarse a juicio con el carácter de autoridades responsables las que hubieren intervenido en la publicación o refrendo del decreto promulgatorio del reglamento reclamado o en su publicación siempre y cuando tales actos se impugnen por vicios propios. En ese contexto del contenido íntegro de la demanda de amparo no se desprende que la parte quejosa combata por vicios propios la publicación del decreto que promulgó los numerales tildados de inconstitucionales. En consecuencia lo que procede es sobreseer el presente juicio respecto del acto que se le atribuye al Diario Oficial de la Federación y Secretario de Gobernación con fundamento en el artículo 63 fracción V en relación con los diversos 61 fracción XXIII y 108 fracción III todos de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas este juzgado advierte de oficio la actualización de la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63 fracción V en relación con los diversos 61 fracción XII 1° fracción I y 5 fracción I todos de la Ley de Amparo y del diverso 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los precitados numerales dicen: Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo siempre que alegue que la norma acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. [.]. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Por su parte el artículo 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución con excepción de aquellas en materia electoral se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales administrativos o del trabajo el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. De la interpretación sistemática de estos numerales se destaca que el juicio de amparo procede respecto de actos que incidan en la esfera jurídica del quejoso pues de lo contrario será improcedente el citado medio de control constitucional al no existir afectación al interés jurídico de aquél. Asimismo en términos del numeral 107 fracción I de la Constitución el juicio de amparo procede en contra de aquellos actos que causan un agravio actual y directo en la esfera de derechos del particular o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Cabe mencionar que por interés jurídico debe entenderse el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio; es decir la afectación a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o la ofensa daño o lesión en los derechos o intereses del particular provocado por un acto de autoridad. Orienta a lo dicho la jurisprudencia que señala: Octava Época Registro: 217651 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 60 Diciembre de 1992 Materias: Común Tesis: I. 1o. A. J/17 Página: 35 INTERES JURIDICO NOCION DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo es decir aquel derecho que derivado de la norma objetiva se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y por tanto carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad por el solo hecho de serlo que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto conforme dispone el artículo 107 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia.. Es decir para que el juicio de amparo sea procedente los actos que se reclamen deben ser derivados de un acto concreto de autoridad que cause perjuicio al quejoso ocasionándole un agravio personal y directo en su esfera de derechos y éste es el perjuicio a que se refiere la Constitución Federal para que pueda prosperar la acción constitucional y los tribunales de la Federación estén en aptitud de proceder al estudio de la constitucionalidad de dichos actos correspondiendo a los particulares acreditar que se ubican en el supuesto de afectación del acto o hecho jurídico. Expuestas esas ideas es importante destacar que tratándose de la afectación al interés jurídico el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad. La noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando es transgredido por la actuación de una autoridad faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Consecuentemente los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y Que el acto de autoridad afecta ese derecho de donde deriva el agravio correspondiente. Es aplicable la jurisprudencia que dice: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2007921 Instancia: Pleno Décima Época Materiass: Común Tesis: P./J. 50/2014 10a. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12 Noviembre de 2014 Tomo I página 60 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales- quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: I ser titular de un derecho subjetivo es decir alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica producida en virtud de tal titularidad; o II en caso de que no se cuente con tal interés la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico esto es la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad al tratarse de un interés cualificado actual real y jurídicamente relevante de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia para que exista un interés legítimo se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial- apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad esto es una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida ante lo cual una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado el que no puede ser lejanamente derivado sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple esto es no se trata de la generalización de una acción popular sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y por ende protegidos. En esta lógica mediante el interés legítimo el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada en razón de sus circunstancias específicas. En suma debido a su configuración normativa la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo esto es buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas.. En la especie la parte quejosa reclama del Reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre y Salvamento y de Depósito de Vehículos con motivo de su entrada en vigor los artículos 2 último párrafo; 5; 6; 8 ; 9; 10; 11 fracciones V XI; XII; 12; 17; 19; 21; 22; 25; 27; 33; 44; 45; 49; 50; 55; 57; 58; 59; 61; 62; 65; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 74; 75; 78; 81; 82; 83; 86; 87 y el transitorio cuarto publicados el tres de mayo de dos mil veintitrés de los que éste último numeral dice: CUARTO. Las personas permisionarias que cuenten con un permiso vigente para operar los servicios de arrastre de arrastre y salvamento y de depósito de vehículos dispondrán de un plazo de ciento ochenta días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación para dar cumplimiento a las disposiciones administrativas y requisitos para la expedición de los permisos contenidos en el presente Reglamento. El dispositivo reclamado establece que las personas permisionarias que cuenten con un permiso vigente para operar los servicios de arrastre de arrastre y salvamento y de depósito de vehículos dispondrán de un plazo de ciento ochenta días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación para dar cumplimiento a las disposiciones administrativas y requisitos para la expedición de los permisos contenidos en dicho reglamento. De lo cual se concluye que para que exista una materialización de la disposición normativa en perjuicio de la quejosa con motivo de las disposiciones transitorias del decreto reclamado deben en primer orden transcurrir los ciento ochenta días que establece el mismo cuerpo de leyes y luego esperar su aplicación a través del requerimiento y vigilancia de las disposiciones ahí establecidas. Apoya lo anterior por analogía la jurisprudencia que dice: Novena Época Registro: 191786 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI Mayo de 2000 Materias: Constitucional Administrativa Tesis: 2a./J. 43/2000 Página: 112 LEYES TRIBUTARIAS. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE SUS HIPÓTESIS NORMATIVAS Y LA CONSECUENTE AFECTACIÓN AL INTERÉS JURÍDICO SE PUEDE ACREDITAR CON LA RESPECTIVA DECLARACIÓN DE PAGO SI LOS RESULTADOS PLASMADOS EN ELLA SE SUSTENTAN INDEFECTIBLEMENTE EN LO PREVISTO EN AQUÉLLAS. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia para acreditar una afectación al interés jurídico del gobernado que lo legitime para impugnar en el juicio de amparo una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación resulta necesario que se compruebe fehacientemente que a través de dicho acto la respectiva hipótesis normativa se concretó expresa o implícitamente en su perjuicio lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de garantías o en los diversos escritos presentados durante la tramitación del juicio sino en todo caso del contenido del supuesto acto de aplicación. En tal virtud a través del formato de declaración de pago de uno o varios impuestos es factible acreditar la aplicación de las disposiciones jurídicas que sirven de base a los diversos cálculos cuyo resultado se plasma en él siempre y cuando sea indudable que las correspondientes hipótesis normativas sustentan los resultados contenidos en el mismo lo que no acontece si los datos reportados no generan convicción al órgano de control constitucional sobre la norma que sirvió de base al cálculo de un determinado concepto situación que puede suceder cuando la ley correspondiente establece diversos sistemas y por ende diferentes hipótesis o porciones normativas que regulan disímiles procedimientos para obtener el mismo concepto por lo que en tales casos para acreditar el respectivo acto de aplicación no bastará por sí solo el formato de declaración de pago ya que será necesario el desahogo de la prueba idónea para acreditar el sistema utilizado y por ende la norma jurídica efectivamente aplicada.. De modo que la disposición legal reclamada no limita la actuación por su sola entrada en vigor del permisonario de realizar la actividad regulada sino lo que señala es que una vez transcurridos los ciento ochenta días será en su momento sujeto a revisión del acatamiento de dichas disposiciones y hasta entonces es que será aplicada la norma en su perjuicio. Por ende para que la parte quejosa acredite perjuicio a su interés jurídico es necesario que demuestre que con motivo de las normas transitorias del decreto destacado hubo una afectación a sus derechos adquiridos. En ese sentido con las documentales aportadas por la parte quejosa no acreditó estar colocada ese supuesto pues lo único que se desprende es que tienen la calidad permisionaria. Es decir en modo alguno prueba la aplicación en su perjuicio fehaciente del artículo cuarto transitorio o algún otro del Decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre de Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos el cual establece que las disposiciones de dicho reglamento serán obligatorias pasados ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor de dicho reglamento. Esto es así porque la normatividad reclamada por la parte peticionaria de amparo rige que las personas permisionarias que cuenten con un permiso vigente para operar los servicios de arrastre de arrastre y salvamento y de depósito de vehículos dispondrán de un plazo de ciento ochenta días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación para dar cumplimiento a las disposiciones administrativas y requisitos para la expedición de los permisos contenidos en el presente Reglamento por tanto será una vez pasado dicho plazo en que en su caso podrán afectarse los derechos de los permisionarios. En consecuencia no se acredita un acto de aplicación de la norma reclamada de manera fehaciente en perjuicio de la parte quejosa. Corolario de lo expuesto se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en artículo 63 fracción V en relación con los diversos 61 fracción XII 1° fracción I y 5 fracción I todos de la Ley de Amparo y del diverso 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que se impone sobreseer en el presente juicio de amparo. Orienta a lo expuesto la tesis que dice: Octava Época Registro: 221706 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VIII Octubre de 1991 Materias: Común Tesis: Página: 198 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO POR NO AFECTAR LOS INTERESES JURIDICOS DEL QUEJOSO. Una correcta interpretación de los artículos 107 fracción I de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo permite concluir que el juicio de garantías en la vía uni-instancial debe ser solicitado precisamente por aquel que sufra una lesión directa en su esfera jurídica en su persona o en su patrimonio por cualquier ley o acto de autoridad por lo que es presupuesto necesario para la procedencia de la acción constitucional que se le haya causado un agravio al quejoso y si la peticionaria de garantías no fue parte en el juicio generador del acto reclamado es obvio que no se le causó perjuicio alguno surtiéndose así la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo. Amparo directo 179/90. Distribuidora Poblana de Carnes de Tabasco S. A. de C. V. 11 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. En virtud de las conclusiones a la que se arribaron se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por el quejoso pues una vez actualizada la figura del sobreseimiento no es factible llevar a cabo el estudio de la cuestión de constitucionalidad planteada. Orienta a lo anterior la jurisprudencia que emitió el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito del siguiente contenido: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70 Octubre de 1993 Materias: Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables lo que constituyen el problema de fondo porque aquélla cuestión es de estudio preferente.. Por lo expuesto y fundado con apoyo en los artículos 73 74 y 75 de la Ley de Amparo se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ******************** contra los actos reclamados al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes; Secretaría de Economía; Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Economía; Secretario de Gobernación; Director del Diario Oficial de la Federación; Directora General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte; Titular de la Guardia Nacional dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana precisados en el considerando segundo por los motivos expuestos en esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Mabel Cortez Navarrete Jueza Sexto de Distrito en Materias Administrativa Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco en la hora contenida en la evidencia criptográfica respectiva misma que corresponde al cierre de la presente audiencia hasta hoy veintinueve de agosto de dos mil veintitrés por así permitirlo las labores del juzgado ante Hilario Núñez Arvizu Secretario que autoriza y da fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1283/2023 promovido por ******************** por conducto de su apoderado legal **** contra los actos reclamados al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes; Secretaría de Economía; Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Economía; Secretario de Gobernación; Director del Diario Oficial de la Federación; Directora General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte; Titular de la Guardia Nacional dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la ciudad de México ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal por los actos y contra las autoridades siguientes: Autoridades responsables: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes; Secretario de Economía; Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Economía; Secretario de Gobernación; Director del Diario Oficial de la Federación; Directora General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte; Titular de la Guardia Nacional dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Actos reclamados: Discusión aprobación promulgación refrendo y expedición del Reglamento de los Servicios Auxiliares al autotransporte Federal de Arrastre y Salvamento y de Depósito de Vehículos con motivo de su entrada en vigor en específico de sus artículos 2 último párrafo; 5; 6; 8; 9; 10; 11 fracciones V XI; XII; 12; 17; 19; 21; 22; 25; 27; 33; 44; 45; 49; 50; 55; 57; 58; 59; 61; 62; 65; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 74; 75; 78; 81; 82; 83; 86; 87 y el transitorio cuarto publicados el tres de mayo de dos mil veintitrés. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintitrés se registró con el número de expediente 967/2023 del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México quien con esa misma fecha se declaró legalmente incompetente por razón de territorio. Por razón de turno tocó conocer a este Juzgado Federal de la demanda de referencia la cual fue registrada con el número de juicio de amparo 1283/2023 la cual fue admitida se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe con justificación; se ordenó dar la intervención legal a la representante social de la adscripción; asimismo se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que dio inicio en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII Constitucionales; 37 y 107 de la Ley de Amparo; así como los diversos 57 58 59 60 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo de la lectura integral de la demanda escritos aclaratorios de la misma y de la totalidad de las constancias del presente sumario constitucional se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: Discusión aprobación promulgación refrendo y expedición del Reglamento de los Servicios Auxiliares al autotransporte Federal de Arrastre y Salvamento y de Depósito de Vehículos con motivo de su entrada en vigor en específico de sus artículos 2 último párrafo; 5; 6; 8; 9; 10; 11 fracciones V XI; XII; 12; 17; 19; 21; 22; 25; 27; 33; 44; 45; 49; 50; 55; 57; 58; 59; 61; 62; 65; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 74; 75; 78; 81; 82; 83; 86; 87 y el transitorio cuarto publicados el tres de mayo de dos mil veintitrés. TERCERO. Inexistencia de acto reclamado. Las autoridades responsables Guardia Nacional; Secretaría de Economía Secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes; y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Economía al rendir su informe justificado respectivamente negaron la existencia del acto que se les atribuyen en la demanda de amparo sin que la parte quejosa haya demostrado lo contrario. De ahí que se tengan por inexistentes los actos reclamados a dichas autoridades. En consecuencia lo que amerita es decretar el sobreseimiento en el presente juicio por lo que respecta al acto atribuido a las citadas autoridades en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia que establece: Octava Época Registro: 227634 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IV Segunda Parte-2 Julio-Diciembre de 1989 Materias: Común Tesis: VI. 2o. J/20 Página: 627 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.. CUARTO. Existencia de diversos actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Secretario de Seguridad Ciudadana Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Director del Diario Oficial de la Federación; Directora General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte ya que así lo manifestaron al rendir su informe justificado respectivamente. Por lo que ve al Secretario de Gobernación se presume cierto el acto reclamado toda vez que fue omiso en rendir su informe justificado no obstante de encontrarse notificado para tal efecto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Suma a lo anterior la circunstancia de que los artículos cuya inconstitucionalidad se reclama es de conocimiento general; por consiguiente no es objeto de prueba en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Aplica la jurisprudencia siguiente: Novena Época Registro: 191452 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII Agosto de 2000 Materias: Común Tesis: 2a./J. 65/2000 Página: 260 PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES REGLAMENTOS DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes reglamentos decretos y acuerdos de interés general no se necesita probar su existencia en autos pues basta que estén publicados en el Diario Oficial para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta en virtud de su naturaleza y obligatoriedad y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate y tal publicidad determina precisamente que los tribunales a quienes se les encomienda la aplicación del derecho por la notoriedad de ese acontecimiento no puedan argüir desconocerlo.. QUINTO. Causa de sobreseimiento. Examinada la existencia del acto reclamado se impone analizar la procedencia del juicio constitucional por ser de orden público y de estudio preferente ya sea que se cuestione por alguna de las partes o de oficio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este juzgado advierte de oficio la actualización de la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63 fracción V en relación con los diversos 61 fracción XXIII y 108 fracción III todos de la Ley de Amparo respecto del acto reclamado al Diario Oficial de la Federación y al Secretario de Gobernación consistente en la publicación del Decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de los Servicios Auxiliares al autotransporte Federal de Arrastre de Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos. Los referidos numerales de la Ley de Amparo dicen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la Ley o en su publicación el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. De los anteriores preceptos se obtiene que únicamente podrán llamarse a juicio con el carácter de autoridades responsables las que hubieren intervenido en la publicación o refrendo del decreto promulgatorio del reglamento reclamado o en su publicación siempre y cuando tales actos se impugnen por vicios propios. En ese contexto del contenido íntegro de la demanda de amparo no se desprende que la parte quejosa combata por vicios propios la publicación del decreto que promulgó los numerales tildados de inconstitucionales. En consecuencia lo que procede es sobreseer el presente juicio respecto del acto que se le atribuye al Diario Oficial de la Federación y Secretario de Gobernación con fundamento en el artículo 63 fracción V en relación con los diversos 61 fracción XXIII y 108 fracción III todos de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas este juzgado advierte de oficio la actualización de la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63 fracción V en relación con los diversos 61 fracción XII 1° fracción I y 5 fracción I todos de la Ley de Amparo y del diverso 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los precitados numerales dicen: Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo siempre que alegue que la norma acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. [.]. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Por su parte el artículo 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución con excepción de aquellas en materia electoral se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales administrativos o del trabajo el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. De la interpretación sistemática de estos numerales se destaca que el juicio de amparo procede respecto de actos que incidan en la esfera jurídica del quejoso pues de lo contrario será improcedente el citado medio de control constitucional al no existir afectación al interés jurídico de aquél. Asimismo en términos del numeral 107 fracción I de la Constitución el juicio de amparo procede en contra de aquellos actos que causan un agravio actual y directo en la esfera de derechos del particular o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Cabe mencionar que por interés jurídico debe entenderse el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio; es decir la afectación a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o la ofensa daño o lesión en los derechos o intereses del particular provocado por un acto de autoridad. Orienta a lo dicho la jurisprudencia que señala: Octava Época Registro: 217651 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 60 Diciembre de 1992 Materias: Común Tesis: I. 1o. A. J/17 Página: 35 INTERES JURIDICO NOCION DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo es decir aquel derecho que derivado de la norma objetiva se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y por tanto carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad por el solo hecho de serlo que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto conforme dispone el artículo 107 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia.. Es decir para que el juicio de amparo sea procedente los actos que se reclamen deben ser derivados de un acto concreto de autoridad que cause perjuicio al quejoso ocasionándole un agravio personal y directo en su esfera de derechos y éste es el perjuicio a que se refiere la Constitución Federal para que pueda prosperar la acción constitucional y los tribunales de la Federación estén en aptitud de proceder al estudio de la constitucionalidad de dichos actos correspondiendo a los particulares acreditar que se ubican en el supuesto de afectación del acto o hecho jurídico. Expuestas esas ideas es importante destacar que tratándose de la afectación al interés jurídico el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad. La noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando es transgredido por la actuación de una autoridad faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Consecuentemente los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y Que el acto de autoridad afecta ese derecho de donde deriva el agravio correspondiente. Es aplicable la jurisprudencia que dice: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2007921 Instancia: Pleno Décima Época Materiass: Común Tesis: P./J. 50/2014 10a. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12 Noviembre de 2014 Tomo I página 60 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales- quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: I ser titular de un derecho subjetivo es decir alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica producida en virtud de tal titularidad; o II en caso de que no se cuente con tal interés la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico esto es la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad al tratarse de un interés cualificado actual real y jurídicamente relevante de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia para que exista un interés legítimo se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial- apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad esto es una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida ante lo cual una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado el que no puede ser lejanamente derivado sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple esto es no se trata de la generalización de una acción popular sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y por ende protegidos. En esta lógica mediante el interés legítimo el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada en razón de sus circunstancias específicas. En suma debido a su configuración normativa la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo esto es buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas.. En la especie la parte quejosa reclama del Reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre y Salvamento y de Depósito de Vehículos con motivo de su entrada en vigor los artículos 2 último párrafo; 5; 6; 8 ; 9; 10; 11 fracciones V XI; XII; 12; 17; 19; 21; 22; 25; 27; 33; 44; 45; 49; 50; 55; 57; 58; 59; 61; 62; 65; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 74; 75; 78; 81; 82; 83; 86; 87 y el transitorio cuarto publicados el tres de mayo de dos mil veintitrés de los que éste último numeral dice: CUARTO. Las personas permisionarias que cuenten con un permiso vigente para operar los servicios de arrastre de arrastre y salvamento y de depósito de vehículos dispondrán de un plazo de ciento ochenta días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación para dar cumplimiento a las disposiciones administrativas y requisitos para la expedición de los permisos contenidos en el presente Reglamento. El dispositivo reclamado establece que las personas permisionarias que cuenten con un permiso vigente para operar los servicios de arrastre de arrastre y salvamento y de depósito de vehículos dispondrán de un plazo de ciento ochenta días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación para dar cumplimiento a las disposiciones administrativas y requisitos para la expedición de los permisos contenidos en dicho reglamento. De lo cual se concluye que para que exista una materialización de la disposición normativa en perjuicio de la quejosa con motivo de las disposiciones transitorias del decreto reclamado deben en primer orden transcurrir los ciento ochenta días que establece el mismo cuerpo de leyes y luego esperar su aplicación a través del requerimiento y vigilancia de las disposiciones ahí establecidas. Apoya lo anterior por analogía la jurisprudencia que dice: Novena Época Registro: 191786 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI Mayo de 2000 Materias: Constitucional Administrativa Tesis: 2a./J. 43/2000 Página: 112 LEYES TRIBUTARIAS. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE SUS HIPÓTESIS NORMATIVAS Y LA CONSECUENTE AFECTACIÓN AL INTERÉS JURÍDICO SE PUEDE ACREDITAR CON LA RESPECTIVA DECLARACIÓN DE PAGO SI LOS RESULTADOS PLASMADOS EN ELLA SE SUSTENTAN INDEFECTIBLEMENTE EN LO PREVISTO EN AQUÉLLAS. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia para acreditar una afectación al interés jurídico del gobernado que lo legitime para impugnar en el juicio de amparo una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación resulta necesario que se compruebe fehacientemente que a través de dicho acto la respectiva hipótesis normativa se concretó expresa o implícitamente en su perjuicio lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de garantías o en los diversos escritos presentados durante la tramitación del juicio sino en todo caso del contenido del supuesto acto de aplicación. En tal virtud a través del formato de declaración de pago de uno o varios impuestos es factible acreditar la aplicación de las disposiciones jurídicas que sirven de base a los diversos cálculos cuyo resultado se plasma en él siempre y cuando sea indudable que las correspondientes hipótesis normativas sustentan los resultados contenidos en el mismo lo que no acontece si los datos reportados no generan convicción al órgano de control constitucional sobre la norma que sirvió de base al cálculo de un determinado concepto situación que puede suceder cuando la ley correspondiente establece diversos sistemas y por ende diferentes hipótesis o porciones normativas que regulan disímiles procedimientos para obtener el mismo concepto por lo que en tales casos para acreditar el respectivo acto de aplicación no bastará por sí solo el formato de declaración de pago ya que será necesario el desahogo de la prueba idónea para acreditar el sistema utilizado y por ende la norma jurídica efectivamente aplicada.. De modo que la disposición legal reclamada no limita la actuación por su sola entrada en vigor del permisonario de realizar la actividad regulada sino lo que señala es que una vez transcurridos los ciento ochenta días será en su momento sujeto a revisión del acatamiento de dichas disposiciones y hasta entonces es que será aplicada la norma en su perjuicio. Por ende para que la parte quejosa acredite perjuicio a su interés jurídico es necesario que demuestre que con motivo de las normas transitorias del decreto destacado hubo una afectación a sus derechos adquiridos. En ese sentido con las documentales aportadas por la parte quejosa no acreditó estar colocada ese supuesto pues lo único que se desprende es que tienen la calidad permisionaria. Es decir en modo alguno prueba la aplicación en su perjuicio fehaciente del artículo cuarto transitorio o algún otro del Decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre de Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos el cual establece que las disposiciones de dicho reglamento serán obligatorias pasados ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor de dicho reglamento. Esto es así porque la normatividad reclamada por la parte peticionaria de amparo rige que las personas permisionarias que cuenten con un permiso vigente para operar los servicios de arrastre de arrastre y salvamento y de depósito de vehículos dispondrán de un plazo de ciento ochenta días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación para dar cumplimiento a las disposiciones administrativas y requisitos para la expedición de los permisos contenidos en el presente Reglamento por tanto será una vez pasado dicho plazo en que en su caso podrán afectarse los derechos de los permisionarios. En consecuencia no se acredita un acto de aplicación de la norma reclamada de manera fehaciente en perjuicio de la parte quejosa. Corolario de lo expuesto se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en artículo 63 fracción V en relación con los diversos 61 fracción XII 1° fracción I y 5 fracción I todos de la Ley de Amparo y del diverso 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que se impone sobreseer en el presente juicio de amparo. Orienta a lo expuesto la tesis que dice: Octava Época Registro: 221706 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VIII Octubre de 1991 Materias: Común Tesis: Página: 198 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO POR NO AFECTAR LOS INTERESES JURIDICOS DEL QUEJOSO. Una correcta interpretación de los artículos 107 fracción I de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo permite concluir que el juicio de garantías en la vía uni-instancial debe ser solicitado precisamente por aquel que sufra una lesión directa en su esfera jurídica en su persona o en su patrimonio por cualquier ley o acto de autoridad por lo que es presupuesto necesario para la procedencia de la acción constitucional que se le haya causado un agravio al quejoso y si la peticionaria de garantías no fue parte en el juicio generador del acto reclamado es obvio que no se le causó perjuicio alguno surtiéndose así la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo. Amparo directo 179/90. Distribuidora Poblana de Carnes de Tabasco S. A. de C. V. 11 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. En virtud de las conclusiones a la que se arribaron se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por el quejoso pues una vez actualizada la figura del sobreseimiento no es factible llevar a cabo el estudio de la cuestión de constitucionalidad planteada. Orienta a lo anterior la jurisprudencia que emitió el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito del siguiente contenido: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70 Octubre de 1993 Materias: Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables lo que constituyen el problema de fondo porque aquélla cuestión es de estudio preferente.. Por lo expuesto y fundado con apoyo en los artículos 73 74 y 75 de la Ley de Amparo se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ******************** contra los actos reclamados al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes; Secretaría de Economía; Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Economía; Secretario de Gobernación; Director del Diario Oficial de la Federación; Directora General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte; Titular de la Guardia Nacional dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana precisados en el considerando segundo por los motivos expuestos en esta sentencia. Notifíquese personalmente.

Quedan 24 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 14,820 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano