Rafael Nuño de Atocha Mares Aguilar
Expediente 538/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 538/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Rafael Nuño de Atocha Mares Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el doce de mayo anterior, en este juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del artículo 2 de la misma; se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la citada sentencia que, en su único punto resolutivo, no amparó ni protegió a la parte quejosa; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no existen documentos originales y que es depurable, una vez transcurrido el término de tres años señalado en el penúltimo párrafo del citado artículo, toda vez que se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Asimismo, en virtud del sentido de la sentencia dictada en el presente asunto consérvese las constancias indicadas en el Acuerdo de referencia y las que se estimen conducentes, debiendo depurarse las restantes. Por otro lado, atendiendo a que en el incidente derivado del presente juicio, se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado a la responsable; en tal virtud, provéase que, en cuanto a dicho incidente de suspensión, deberá depurarse, tal como lo establece el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo de referencia. Sin que pase desapercibido para esta autoridad, que únicamente se formó un cuaderno incidental, de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales adicionado el siete de noviembre de dos mil veintidós. Devuélvase al Juez responsable, el disco compacto en formato DVD, que adjuntó a su informe de ley; sin que se necesario que acuse el recibo correspondiente. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio, y que se trata de un asunto depurable. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia constitucional. Apertura. En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con cinco minutos del doce de mayo de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa, se procede al desahogo de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo dentro del juicio de amparo indirecto 538/2023-VII, promovido por ********************por su propio derecho, contra un acto de la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida; haciéndose constar que no comparecieron las partes en forma personal ni por conducto de representante o apoderado. Relación de constancias. A continuación, la Jueza ordena a la Secretaría hacer una relación de las constancias de autos, por lo que se dio cuenta con las siguientes: a) Demanda de amparo; b) Auto admisorio de la demanda; c) Constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y, d) Proveído mediante el cual se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable y se dio vista a las partes para que expresaran lo que a sus derechos conviniera. Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de control constitucional y convencional, incluyendo el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Período probatorio. Con vista en lo anterior, se procede a abrir el período probatorio, por lo que el Secretario procede a dar cuenta con la documental y con el disco óptico ofrecidos por la Juez responsable. Atento a lo antes señalado, la Jueza acuerda: Téngase por ofrecida la prueba con la que dio cuenta la Secretaría, la cual conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite y desahoga para los efectos legales, atento a su propia y especial naturaleza jurídica; cerrándose la etapa probatoria. Período de alegatos. Enseguida se abre el período de alegatos, por lo que el Secretario de Juzgado da cuenta con las manifestaciones vertidas por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por vertidas las alegaciones de cuenta; con lo que se tiene por agotada esta fase de la audiencia. Cierre de la audiencia. A continuación, la Jueza procede a declarar que por virtud de haberse agotado la audiencia en los términos señalados, no habiendo otro asunto pendiente de desahogo, quedan vistos los autos para dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 538/2023-VII; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Demanda de amparo. ********************por su propio derecho, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra un acto de la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, que hizo consistir en el auto de vinculación a proceso de siete de marzo de dos mil veintitrés, dictado en la carpeta administrativa ********************como probable responsable en la comisión del delito de homicidio simple. La parte quejosa señaló como vulnerados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, se admitió la demanda a trámite; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, lo que se realizó oportunamente; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia legal. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tratarse de una demanda de amparo en materia penal, turnada a la suscrita, promovida contra el acto de una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que deriva del análisis integral de las constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Pues bien, se puntualiza que del examen integral de las constancias de autos, se obtiene el siguiente acto reclamado: ° El auto de vinculación a proceso emitido por la Juez responsable, el siete de marzo de dos mil veintitrés, en la carpeta administrativa ******************** TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado de la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, porque al rendir su informe justificado, aceptó su certeza y expuso argumentos para defender su constitucionalidad. Certeza que se corrobora con la transcripción de las audiencias inicial y de vinculación a proceso correspondientes, así como con el disco compacto que contienen el audio y video de tales audiencias, remitidos por la Juez responsable. Instrumentos a los cuales se concede valor probatorio pleno, por haberse expedido por una funcionaria pública en ejercicio de sus funciones y en términos de los numerales 93, 129, 188, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en especial, respecto de los registros de audio y video de la audiencia donde consta la vinculación a proceso impugnada. Debe precisarse que adquieren el valor probatorio de referencia, al contener la certificación correspondiente del funcionario que para su expedición actuó en cumplimiento a su funciones y con motivo de las mismas, pues de la reproducción del disco compacto con copia de los registros de los archivos ópticos y acústicos de las audiencias relativas al acto reclamado, se colige que el método empleado para su grabación fue el idóneo y son accesibles para su posterior consulta; además, se presume que la información contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y dada la tecnología empleada para su conformación, en dado caso, mediante la elaboración del análisis correspondiente, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa; por ende, se tiene plenamente acreditada la existencia del acto reclamado. Aunado a lo anterior, tales elementos de prueba no fueron objetados por las partes dentro de la secuela procedimental, en términos de los artículos 202 a 206 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al 2° artículo de la Ley de Amparo y menos aún se rindió prueba para desvirtuar el contenido de los aludidos elementos de juicio. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia 226, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos tres, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Estudio de los conceptos de violación. No existiendo causa de improcedencia que hagan valer las partes, ni advirtiéndose de oficio alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, mismos que por economía procesal se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no encontrarse esta Juzgadora Federal obligada a la transcripción de los mismos. En la demanda de amparo, la parte quejosa aduce, medularmente, que en el auto de vinculación a proceso que se dictó en su contra se vulneran sus derechos humanos, pues en su estima de los antecedentes que el fiscal investigador expuso, no se advierten datos de pruebas objetivos y permisibles que establezcan que probablemente fue la persona que realizó la conducta que se le imputa, ya que los datos de prueba aportados por la autoridad ministerial investigadora, resultan insuficientes para tal efecto. Este concepto de violación resulta infundado. A fin de evidenciar lo anterior, es pertinente precisar que el auto de vinculación a proceso, del cual se duele el quejoso, se encuentra fundamentado en el artículo 19 Constitucional, el cual contiene los requisitos mínimos que deben reunir ese tipo de actuaciones judiciales, a fin de que se justifiquen los efectos de molestia al gobernado, derivados del mismo, por lo que el examen de constitucionalidad del acto que se reclama, se hará a la luz del mencionado precepto legal, el cual textualmente dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial, podrá exceder del plazo de setenta y dos horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo, y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Por su parte los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." De la lectura de los preceptos legales invocados, se desprende que para el dictado del auto de vinculación a proceso, deben satisfacerse requisitos de forma y de fondo, a saber: 1. Requisitos de forma. Señalización del hecho delictivo que se atribuye al indiciado; fijación del lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de la conducta (formulación de la imputación). 2. Requisitos de fondo. Existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, para el correcto dictado de un auto de vinculación a proceso, es menester que de los antecedentes de la investigación expuestos oralmente por el Ministerio Público en audiencia ante el Juez de Control, obren datos de prueba de los que se desprendan indicios razonables de que se ha cometido el hecho que la ley contempla como el delito que se le impute al acusado, y el lugar, tiempo y circunstancias de su ejecución, así como que exista probabilidad en su participación por parte del imputado. De igual forma, en el auto de vinculación a proceso, el derecho constitucional se satisface, con una correcta y sana crítica de los datos de prueba relacionados, observando las reglas de la lógica, conjugado con los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, en la valoración de aquellos elementos (individual y global), que han servido de basamento, y que llevan a establecer, como enseguida se desarrollará, si los datos de prueba son suficientes para establecer la existencia de un hecho calificado por la ley como delito y, después, la probable comisión o participación en tal evento, razonando en todo momento porqué el Juzgador de Control actúa en determinado sentido. Tal afirmación resulta consistente si se considera, ante todo, que la libertad personal (aunque en el sistema penal de corte acusatorio, la prisión preventiva está prevista para casos excepcionales) es un derecho sustantivo fundamental propio e inherente a todo ser humano, por lo que, en caso de que se decrete la medida cautelar consistente en la restricción de ésta, y la misma se prolongue en virtud del auto de vinculación a proceso emitido, las razones deben estar ampliamente justificadas en el acuerdo vinculatorio que, entre otras circunstancias, la produjo. Entonces, de acuerdo a lo antes expuesto, para la emisión de todo auto de vinculación a proceso, es necesaria la concurrencia de las siguientes condiciones fundamentales: a) Que se señale el hecho delictuoso imputado, lugar, tiempo y modo de comisión (forma). b) Que obren datos de prueba suficientes, de los que deriven indicios razonables que establezcan que se ha cometido el hecho delictivo (fondo). c) La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión (de fondo). Ahora bien, esta Juzgadora Federal estima de cabal importancia destacar que para el dictado de un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, basta con que el Juez de Control encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Esto es, la emisión del auto de vinculación a proceso no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación. Por tanto, si bien en el proceso penal mixto, el juicio de tipicidad se realizaba precisamente en la etapa temprana de preinstrucción, indicando y acreditando los elementos del cuerpo del delito; en cambio, en el sistema acusatorio oral se parte de una premisa distinta, por lo que sencillamente es menester establecer que un hecho encuadra en un tipo penal, tomando en cuenta que la calificación jurídica de este hecho puede variar, incluso hasta la audiencia de juicio. Lo antes ponderado encuentra sustento en la jurisprudencia por contradicción sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2014800, cuyo rubro es: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)." Expuesto lo anterior, debe decirse que, en lo que atañe a los datos de prueba, el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estipula: "Artículo 261. El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado." Para mejor comprensión, se considera pertinente indicar el significado de los conceptos: "Idóneo", se conceptualiza como lo adecuado y apropiado para algo. "Pertinente", se entiende como el adjetivo empleado respecto de lo que viene a propósito, por ser conducente o concerniente a la controversia. "Razonable", se describe como la satisfacción amplia o bastante para lo que se necesita. Finalmente, la "probabilidad" de que el imputado participó en el hecho delictivo, no es otra cosa más, que la revelación de la posible identidad del sujeto activo, bajo las formas de autoría o participación indicadas en el código penal sustantivo. Es importante resaltar que el sistema penal acusatorio, si bien facilita que una persona quede vinculada a una investigación, esa vinculación procesal, por sí misma, no trae inherente la imposición de prisión preventiva, salvo los casos excepcionales previstos por la Constitución Federal y en la propia legislación adjetiva federal. Por tanto, el Ministerio Público deberá acreditar y justificar la imposición de las medidas cautelares solicitadas, dentro de las cuales la prisión preventiva reviste una nota de excepcionalidad, en tanto que el segundo párrafo del numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que aquélla restricción a la libertad sólo deberá imponerse cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Además, el propio numeral en cita dispone que el Juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. De forma genérica, deben distinguirse tres momentos cruciales en la fase de la investigación, cuya verificación, condicionadamente, apertura la subsecuente fase: 1. Cuando al Ministerio Público y policía, allegan datos primigenios que hacen factible la investigación; 2. Cuando se tienen suficientes datos de prueba que permiten formular y sostener la imputación de un hecho delictuoso a una persona determinada, ante el Juez de Control; lo que tiene como consecuencia que éste pronuncie auto de vinculación al proceso penal; y, 3. Cuando en virtud de la anterior determinación, se continúa la investigación, teniendo un plazo máximo para decretar el cierre de ésta, en la que podrá solicitarse el sobreseimiento de la causa, la suspensión del proceso o formular acusación. Dicho lo anterior, es palmaria la gran trascendencia que tiene el auto de vinculación a proceso en el nuevo sistema penal de corte adversarial, precisamente porque ciñe al imputado a la investigación del hecho delictuoso durante un periodo formal (investigación complementaria), o bien, porque lo libera de esa sujeción, si es que en ese momento no existen suficientes datos de prueba que permitan la sujeción al procedimiento, pero de manera destacada, porque el procedimiento se seguirá por los hechos acotados en tal determinación. En ese sentido, el auto de vinculación a proceso, tiene como efectos jurídicos, entre otros, justificar el acto de molestia a la persona vinculada al mismo, virtud a que continuará siendo investigado por la comisión del hecho ilícito precisado en dicho auto constitucional, lo cual se realizará bajo la observación del Juez de Control, quien velará por los derechos fundamentales del investigado; de ahí que dicho auto requiera que satisfaga los requisitos previstos en los artículos 16 y 19 Constitucionales, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tales como: que sea emitido por escrito, por autoridad competente; que el Ministerio Público realice la imputación; que se funde y motive la causa legal del procedimiento; que se fijen las circunstancias de tiempo, lugar y ejecución en la comisión del hecho ilícito que se le atribuye, además, que se haya rendido declaración o que haya manifestación de no hacerlo en la forma y con los requisitos que establece la ley; que los datos sean suficientes para establecer que se cometió un hecho determinado en la ley como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado participó en su comisión. En ese tenor, este órgano de control constitucional tiene a la vista el disco óptico y acústico, debidamente certificado por la Juez responsable, que contiene copia del registro de video y audio, de las audiencias de la causa, mismo que fue debidamente reproducido, así como de las constancias que dicha responsable tuvo a la vista al momento de emitir la ejecutoria que nos atañe. Medios de convicción al que conforme a lo dispuesto en los artículos 188 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de acuerdo a su artículo 2°, se les concede valor probatorio pleno, por ser idóneos para acreditar lo acontecido en las diligencias que en ellos consta, dada la sistematización procesal del actual sistema penal de corte acusatorio aplicable en esta entidad federativa. Ahora bien, es importante señalar que en el sistema penal acusatorio, y bajo los parámetros constitucionales y legales acotados en parágrafos previos, para emitir el auto de vinculación a proceso, únicamente es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, con base en los datos de prueba que haya expuesto el fiscal investigador al Juez de Control, mismos que tuvo a la vista y que deberán encontrar sustento en los registros que obran en la carpeta de investigación correspondiente, la cual excepcionalmente podría ser revisada por la Juez natural, evitando con ello la desnaturalización del régimen penal adversarial, que encuentra en los principios de oralidad y contradicción los pilares que le dan cohesión y eficacia. Sirve de sustento a la anterior consideración, por identidad de razón, la jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 993, del Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme a lo establecido por el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el juez de garantía está impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el juez de amparo tratándose del proceso penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, ya que esa facultad deriva de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de ahí que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Ello es así, porque de llegar a considerarse datos en que no se hubiera fundado la petición de una orden de aprehensión o que se hayan desahogado en la audiencia de vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda." En ese tenor, de la reproducción del disco óptico y acústico, debidamente certificado por la Juez de Control responsable, que contiene copia del registro de video y audio, de las audiencias de la causa, particularmente la de tres de marzo de dos mil veintitrés, el cual fue reproducido y analizado por la suscrita Jueza de Distrito, asistida del Secretario con quien actúa y da fe, con la finalidad de estudiar el archivo correspondiente a las acotadas diligencias. Medios de convicción a los que conforme a lo dispuesto en los artículos 188 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de acuerdo a su artículo 2°, se les concede valor probatorio pleno, por ser idóneos para acreditar lo acontecido en las diligencias que en ellos consta, dada la sistematización procesal del actual sistema penal de corte acusatorio aplicable en esta entidad federativa; y de los que se obtiene que, contrario a lo afirmado en el primer concepto de violación, se hizo saber al incriminado, aquí quejoso, los derechos que a su favor se consagran tanto en la Carta Magna, como en el código adjetivo de la materia y fuero; asimismo, se le requirió para que nombrara a un defensor que le patrocinara y se le pidió prestara atención a las manifestaciones que realizara el agente del Ministerio Público del Fuero Común. En uso de la palabra, el fiscal investigador formuló imputación en contra del quejoso, por hechos que a su parecer actualizan el delito de homicidio simple, previsto y sancionado por los artículos 368 y 372 del Código Penal del Estado de Yucatán. Enterado de su derecho de declarar o a guardar silencio, en términos del numeral 20, fracción II, del apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y previa consulta con su defensora, el investigado decidió reservarse el derecho a declarar. En audiencia de siete de marzo de dos mil veintitrés, por haber solicitado la defensa la duplicidad del plazo constitucional, se emitió auto de vinculación a proceso contra el quejoso, por su probable participación en los hechos delictuosos antes precisados; resolución que se tilda de inconstitucional en el presente juicio de amparo. Ahora, la técnica del juicio de amparo impone al órgano de control constitucional, el deber de circunscribirse a la ponderación del juicio de prueba llevado a cabo por la Juzgadora de origen (Juez de Control) y resolver respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho acto; sin que ello implique que este órgano de control constitucional sustituya a la Jueza natural en la apreciación de los datos de prueba, pues únicamente se limita a analizar la legalidad de la valoración efectuada por la autoridad responsable para determinar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal. Es aplicable, por las razones que la forman, la jurisprudencia 74/2009, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 156/2008-PS, resuelta en sesión de ocho de julio del año en curso, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. CUANDO A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO SE COMBATE LA FALTA DE DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE CIRCUNSCRIBIRSE A LA VALORACIÓN DEL JUICIO DE PRUEBA LLEVADO A CABO POR EL JUZGADOR NATURAL. El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto vigente antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008) establece que el auto de formal prisión debe contener: el delito que se imputa al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la valoración de los elementos de convicción es una facultad exclusiva del juez de la causa que no pueden ejercitar los jueces de distrito, salvo que se comprueben alteraciones que afecten la actividad intelectual que aquél debe llevar a cabo para otorgar valor determinado a las pruebas; sin embargo, si bien es cierto que el juez de distrito no puede sustituirse al juez natural en la apreciación de los elementos de convicción, también lo es que ello no implica que no pueda revisar el juicio de valoración de la prueba desarrollado por la autoridad responsable, en tanto que el juicio de garantías se circunscribe a analizar la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado, no del medio de prueba en sí. Por tanto, se concluye que cuando a través del juicio de amparo se combate la falta de debida fundamentación y motivación en la valoración de las pruebas relacionadas con los requisitos de fondo del auto de formal prisión -cuerpo del delito y presunta responsabilidad-, el órgano de control constitucional debe circunscribirse a la valoración del juicio de prueba llevado a cabo por el juzgador y resolver respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho auto. Sin que lo anterior signifique que el tribunal constitucional sustituye al juez natural en la apreciación de los elementos de convicción, ya que en el caso aludido, aquél únicamente analiza la legalidad de la valoración efectuada por la autoridad responsable para determinar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal." En la citada audiencia de siete de marzo de dos mil veintitrés, en la cual se dictó auto de vinculación a proceso, se advierte que los hechos que relató la representación social estriban en que el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, aproximadamente entre las tres horas con treinta minutos y las nueve horas con treinta minutos, en el interior del predio sito en la calle ciento sesenta y uno "A", número ciento treinta y tres, vivienda doce, entre las calles treinta y cuatro y treinta y seis, del fraccionamiento "Villa Bonita", de esta ciudad de Mérida, Yucatán, el imputado privó de la vida a Gaspar Alberto Campos Rosado, al haberle ocasionado un traumatismo craneoencefálico. Lo anterior permite establecer razonablemente la existencia de un hecho ilícito que se prevé en los artículos 368 y 372 del Código Penal del Estado de Yucatán, que disponen: "Artículo 368. Comete el delito de homicidio quien sin derecho priva a otro de la vida." "Artículo 372. El responsable de cualquier homicidio simple se le impondrán de diez a quince años de prisión." En ese sentido, la Juez de origen sostuvo que los hechos imputados encuadraban en el delito de homicidio simple, puesto que el imputado es la persona que probablemente privó de la vida a Gaspar Alberto Campos Rosado. Lo anterior lo tuvo acreditado la Juez del conocimiento, primordialmente, con las actas de entrevista realizadas a Teresa Jesús Pérez Cruz (vecina del lugar de los hechos por habitar la vivienda once), Laura Ángeles Rodríguez Zapata (vecina del lugar de los hechos por habitar la vivienda ciento trece) y Roger Santiago Herrera Montañez (amigo del hoy occiso Campos Rosado), quienes, en lo que interesa, fueron categóricos y coincidentes al indicar que el imputado Rafael Niño de Atocha Mares Aguilar y el occiso Gaspar Alberto Campos Rosado eran pareja sentimental, siendo los únicos que habitaban el predio sito en la calle ciento sesenta y uno "A", predio ciento treinta y tres, vivienda doce, entre las calles treinta y cuatro y treinta y seis, del fraccionamiento "Villa Bonita", de esta ciudad de Mérida, Yucatán, en cuyo interior fue hallado muerto el citado Campos Rosado. Y con la denuncia de Jorge Alberto Campos Pech, mismo que de igual forma señaló que su hijo, ahora finado, Gaspar Alberto Campos Rosado y el inculpado ********************eran pareja sentimental. Asimismo, Pérez Cruz indicó que fue Herrera Montañez quien le pidió acudir al predio indicado, dentro del cual estaba tirado el ahora occiso. De igual forma, Pérez Cruz y Rodríguez Zapata, vecinos del hoy occiso y probable imputado, fueron coincidentes en señalar que los citados acostumbraban ingerir bebidas embriagantes, discutiendo a menudo cuando ello ocurría. Rodríguez Zapata adujo que, el día de los hechos, aproximadamente entre las tres y las cuatro horas, escuchó ruidos fuertes provenientes del predio en que habitaban el imputado Rafael Niño de Atocha Mares Aguilar y el finado Gaspar Alberto Campos Rosado, siendo que a pesar de que el predio en que vive la ateste y el diverso en que aconteció el evento delictivo, no comparten pared, los ruidos advertidos de este último fueron tan intensos que la despertaron. En ese sentido, como indicó la Juez responsable, la hora precisada por la ateste Rodríguez Zapata, relativa a los ruidos fuertes escuchados en el predio de marras, resulta coincidente con el rango de tiempo en que la perito Sonia Ivonne Blanco Cabañas, en la necropsia correspondiente, estimó que se produjo la muerte de Campos Rosado. Además de que las lesiones que fueron observadas en Campos Rosado, como son diversos golpes en la cabeza y en el cuerpo, son acordes con los ruidos fuertes provenientes del multicitado inmueble, como acertadamente señaló la Juez natural. Aunado a que los tres testigos referidos, fueron categóricos en indicar que los únicos que ocupaban el inmueble en cuestión, eran el imputado y el occiso, precisamente porque eran pareja sentimental. Mientras que el ateste Herrera Montañez, en la entrevista relativa, señaló haber recibido una llamada proveniente del teléfono del hoy occiso, a las veintidós horas del veintiséis de febrero de dos mil veintiséis, siendo que quien realmente habló fue Mares Aguilar, mismo que le precisó que aquél había sufrido una convulsión y estaba siendo trasladado al hospital. Empero, posteriormente, a las ocho horas del día del evento delictivo, Mares Aguilar acudió a su domicilio a buscarlo, y juntos fueron al predio que éste habitaba con Campos Rosado, siendo que aquél se quedó llorando a las afueras del mismo y le dijo que aquél había convulsionado y no respiraba, siendo que al acercarse a verlo, se percató que tenía sangre en la barbilla y al parecer estaba muerto, por lo que le señaló a Mares Aguilar que eso no era producto de una convulsión y que no le mintiera. Acto seguido, llamó al número de emergencias 911, a fin de que auxiliaran al ahora occiso, empero, Mares Aguilar no esperó a que arribara dicho auxilio y se retiró del lugar de los hechos. Debiéndose destacar que las llamadas realizadas al número telefónico del ateste Herrera Motañez, fueron corroboradas por el perito Raúl García Pool, quien verificó su realización, en la temporalidad aducida por aquél. Además, en la inspección del lugar de los hechos, se ubicó un automotor marca "Nissan", tipo "March", el cual, según dicho del testigo Herrera Montañez, era el que conducía el imputado y en el que incluso éste acudió a buscarlo a su domicilio. Los datos de prueba antes referidos, si bien como concluyó la Juez de la causa, no constituyen señalamientos directos contra el imputado en relación a su participación en el evento delictivo, lo cierto es que constituyen indicios que, adminiculados entre sí, dan vida a la prueba circunstancial, de la que es dable inferir la probable responsabilidad del incoado en la muerte del occiso Campos Rosado. En relación con dicha prueba, es pertinente establecer que de acuerdo con lo interpretado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 715/2010, para la integración de la prueba circunstancial es imprescindible para el Juzgador, la racionalidad de la inducción o inferencia, es decir, que no solamente no sea arbitraria, absurda o infundada; y, que responda plenamente a las reglas de la lógica y la experiencia; todo ello, en aras de afirmar un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano. Por ello, la eficacia probatoria de la prueba indiciaria dependerá de la existencia de un enlace preciso y directo entre la afirmación base y la afirmación consecuencia, de tal forma que de no existir el mismo su valor probatorio sería nulo, no por el simple hecho de concatenación de las presunciones, sino porque faltaría uno de los elementos fundamentales integrantes de su estructura. Así, definió el Alto Tribunal, la prueba indiciaria no consiste en la suma de indicios para tener por demostrado un hecho, sino que se tiene por demostrado éste mediante la extracción de la relación existente entre todos los indicios; por tanto, es necesario argumentar la forma de la extracción; siendo los presupuestos de la prueba indiciaria, los siguientes: A. Que los hechos que se toman como indicios estén acreditados. B. Que concurra una pluralidad y variedad de hechos demostrados generadores de esos indicios. C. Que dichos indicios tengan relación con el hecho que se trata de demostrar. D. Que haya concordancia entre ellos. Y, satisfechos esos presupuestos, la indiciaria se construye: A. Mediante el enlace entre esos hechos demostrados, haciendo uso del método inductivo más no deductivo. B. Eliminando las hipótesis alternativas. C. Cerciorándose de que no existen contra-indicios. En tal virtud, satisfechos esos presupuestos, la indiciaria se desarrolla mediante el enlace de esos hechos (verdad conocida), para extraer como producto la demostración de la hipótesis (verdad buscada), haciendo uso del método inductivo -no deductivo-, constatando que esta conclusión sea única, o bien, que de existir hipótesis alternativas se eliminen por ser inverosímiles o por carecer de respaldo probatorio y, en consecuencia, el Juzgador estará en aptitud de poder considerarlos como prueba plena. Así en el caso concreto, los hechos demostrados y los indicios conocidos son aptos para integrar la prueba circunstancial con valor incriminatorio, pues se cuenta con los indicios siguientes: a) El occiso Gaspar Alberto Campos Rosado y el imputado ********************eran pareja sentimental y los únicos que habitaban el predio en el que fue hallado el cadáver de aquél, siendo que acostumbraban a ingerir bebidas embriagantes juntos y, cuando ello ocurría, a menudo discutían. b) Se escucharon ruidos fuertes provenientes del predio en que acontecieron los hechos, en una temporalidad que se estima acorde a la hora del fallecimiento del finado. c) Las lesiones que presentó el cadáver del ahora fallecido, son acordes a los ruidos fuertes escuchados en el referido predio. d) El imputado llamó vía telefónica a uno de los testigos, la noche antes de la muerte del occiso, señalándole que éste había convulsionado, existiendo constancia pericial de esa llamada; empero, al día siguiente, acudió en su vehículo a buscar al testigo y juntos fueron al predio de referencia, donde el testigo vio el cadáver de Campos Rosado y observó que presentaba una lesión y no señales de haber sufrido alguna convulsión. e) Al llamar a los servicios médicos, el imputado se fue del lugar. Así, se desprenden datos indiciarios que permiten sostener, con meridiana claridad, como adujo la Juez responsable, que el imputado fue la persona que, el día de los hechos, se encontraba con el finado Campos Rosado, en el inmueble en que ambos habitaban; que en horas de la madrugada, se escucharon ruidos fuertes provenientes de ese predio; que el imputado primeramente dijo que el occiso había convulsionado, empero, ello no fue verdad, ya que presentó signos de violencia y muerte por traumatismo craneoencefálico, pues incluso se concluyó que la causa de la muerte no fue natural. Siendo tales indicios eficaces e idóneos para evidenciar, al menos en este estadio procesal, que el imputado probablemente intervino en los hechos que produjeron la muerte del finado Campos Rosado. Así las cosas, si se toma en consideración que los indicios antes considerados parten de hechos demostrados, concurren en pluralidad y variedad, pues por un lado evidencian las circunstancias en que ocurrió la muerte del occiso, así como la presencia del imputado en el lugar de los hechos, sus declaraciones contradictorias en cuanto a lo realmente acontecido, e incluso su posterior huida antes de que arribaran los servicios médicos correspondientes; tales indicios están debidamente acreditados, tienen relación con el hecho ilícito y con la probabilidad de que el imputado haya participado en el mismo. Luego, al enlazar esos hechos demostrados haciendo uso del método inductivo, sin que se adviertan hipótesis alternas que deban eliminarse ni la existencia de contra-indicios para la justificación de lo antes ponderado. Al respecto, es pertinente invocar, la tesis aislada CCLXXXVI/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. EL JUZGADOR DEBE EXPLICAR, EN LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE, EL PROCESO RACIONAL A TRAVÉS DEL CUAL LA ESTIMÓ ACTUALIZADA. Cuando un juzgador utilice la prueba indiciaria o circunstancial, ésta deberá encontrarse especialmente razonada en la sentencia correspondiente, lo que implica expresar el razonamiento jurídico por medio del cual se han construido las inferencias y hacer mención de las pruebas practicadas para tener por acreditados los hechos base, y de los criterios racionales que guiaron su valoración; esto es, para que aquélla se estime actualizada, en la sentencia deberá quedar explicitado el proceso racional que ha seguido el juzgador para arribar a determinada conclusión. Lo anterior, toda vez que la valoración libre de la prueba circunstancial no equivale a la valoración de indicios carentes de razonamiento alguno. Por tanto, no sólo los indicios deben estar suficientemente acreditados, sino que deben estar sometidos a una constante verificación en torno a su acreditación y a su capacidad para generar conclusiones. En cualquier caso un indicio, por sí solo, carece de cualquier utilidad o alcance probatorio, debido a lo cual es necesaria la formulación de una inferencia, la cual estará sujeta a un estudio de razonabilidad, a efecto de poder determinar si resulta razonable, o si por el contrario es arbitraria o desmedida, debiendo tomarse en consideración que la eficacia de la prueba circunstancial disminuirá en la medida en que las conclusiones tengan que obtenerse a través de mayores inferencias y cadenas de silogismos, ante lo cual, la inferencia lógica debe sustentarse en máximas de la experiencia." Y la tesis aislada CCLXXXVII/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL EN MATERIA PENAL. PARA QUE GENERE CONVICCIÓN EN EL JUZGADOR DEBERÁN DESCARTARSE OTRAS HIPÓTESIS, A TRAVÉS DE CONTRAPRUEBAS Y CONTRAINDICIOS. Una vez hecho el análisis de los indicios que se encuentran plenamente acreditados para la actualización de la prueba indiciaria o circunstancial, de aquéllos pueden extraerse inferencias lógicas, mediante las cuales se produce una "presunción abstracta". Sin embargo, una vez que el juzgador ha arribado a tal escenario, deberá proceder al análisis de todo el material probatorio que obra en la causa penal para realizar un proceso de exclusión de cualquier otra posible conclusión, con la intención de determinar si resulta factible la actualización de otra hipótesis, lo que restaría cualquier alcance a la prueba circunstancial. Una vez realizado lo anterior, se actualiza una "presunción concreta", la cual debe ser el elemento probatorio plasmado por el juzgador en la resolución correspondiente. Lo anterior es así, pues solamente cuando una "presunción abstracta" se convierte en "concreta" -ello una vez que la hipótesis ha sido contrapuesta con otras posibilidades fácticas y argumentativas- es que el conocimiento extraído puede ser empleado por el juzgador. Tal ejercicio argumentativo consiste en un proceso de depuración en torno a la hipótesis inicial, analizando y descartando otras posibilidades racionales que desvirtuarían la fuerza probatoria de la "presunción abstracta", pues solamente así puede alcanzarse un grado de certeza aceptable en torno al hecho consecuencia. Por lo que hace al proceso de depuración de la hipótesis inicial, el cual es indispensable para que la probanza genere convicción en el juzgador, debe señalarse que puede producirse mediante contrapruebas -a través de las cuales puede refutarse la eficacia probatoria del hecho base al demostrar que no existe, o se acreditan otros hechos que por su incompatibilidad con el indicio hacen decaer su fuerza probatoria- o mediante contraindicios -a través de los cuales se intenta desvirtuar la forma en que se valoró la realidad de un hecho indiciario-. Todo lo anterior debe efectuarse para verificar si la presunción en la cual se va a fundamentar en última instancia una determinación de culpabilidad, resulta aceptable, de acuerdo con un juicio de certeza, eliminando conexiones argumentativas ambiguas o equívocas que no sean acordes con la realidad. Ello es así, toda vez que un hecho considerado fuera de las circunstancias en las cuales se produjo resulta ambiguo e inexacto, por lo que puede conducir a valoraciones y finalidades diversas; de ahí que sea indispensable contextualizarlo para comprender su verdadero alcance y significado, pues de lo contrario no sería posible fundamentar una sentencia condenatoria, al carecer de un nivel aceptable de certidumbre jurídica." Debiéndose destacar que a los datos de prueba antes ponderados, la Jueza natural los dotó de valor probatorio, por no existir elemento que arrojara duda de su veracidad, considerándolos aptos de eficacia jurídica, además de estar corroborados entre sí. En esa tesitura, de la totalidad de los datos de prueba reseñados, permiten suponer que el peticionario del amparo ha cometido un hecho señalado por la ley como delito, en este caso el de homicidio simple. Se afirma lo anterior, pues de los datos de prueba es dable inferir, fundadamente, el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, aproximadamente entre las tres horas con treinta minutos y las nueve horas con treinta minutos, en el interior del predio sito en la calle ciento sesenta y uno "A", número ciento treinta y tres, vivienda doce, entre las calles treinta y cuatro y treinta y seis, del fraccionamiento "Villa Bonita", de esta ciudad de Mérida, Yucatán, el imputado privó de la vida a Gaspar Alberto Campos Rosado, al haberle ocasionado un traumatismo craneoencefálico. A su vez, se advierte que, contrario a lo expresado por el imputado en sus conceptos de violación, para emitir el auto de vinculación a proceso combatido, la Juez natural no se basó únicamente en el ateste de Herrera Montañez, sino que éste lo adminiculó con los restantes datos de prueba, mismos que fueron precisados en párrafos precedentes, y de los que extrajo indicios suficientes para considerar la probable participación del imputado en el evento delictivo que se le atribuye. Por tanto, es inexacto que en el sumario no obren datos de prueba suficientes y eficaces para sustentar el auto de vinculación a proceso impugnado, precisamente porque, como se evidenció con antelación, de la concatenación de la totalidad de los datos de prueba aportados en la indagatoria, es dable concluir, fundadamente, la existencia de un evento ilícito, en concreto, la privación de la vida del finado Campos Rosado, así como la probabilidad de que el imputado Mares Aguilar hubiere participado en el mismo. Y si bien el imputado no fue detenido en flagrancia, ello tampoco le reporta beneficio alguno, pues como puede constatarse de las constancias que integran la causa penal natural, su detención fue realizada con motivo de una orden de captura emitida en su contra, por lo que en modo alguno se trató de una detención ilegal. Máxime, que el imputado fue omiso en aportar algún dato de prueba, idóneo y eficaz, para desvirtuar el contenido de los datos de prueba antes anotados; por lo que, en este estadio procesal, debe considerarse que los mismos son suficientes para sostener la existencia de un hecho que la ley señala como delito, así como de la probabilidad de que el imputado hubiere participado en su comisión, dado el estándar probatorio mínimo que se requiere para el dictado de un auto de vinculación a proceso. Lo anterior encuentra sustento en la tesis visible en la página 2188, del Libro 72, Tomo III, Noviembre de 2019, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SU DICTADO NO SE REQUIERE QUE LOS DATOS DE PRUEBA QUE EXISTEN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN SE PERFECCIONEN PARA QUE ADQUIERAN EL CARÁCTER DE INDICIOS RAZONABLES Y SEAN SUSCEPTIBLES DE ADQUIRIR VALOR DEMOSTRATIVO. El estándar probatorio para el dictado de un auto de vinculación a proceso se redujo de manera importante porque no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas para acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace referencia a datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad real de que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión; por ende, si esa determinación judicial se realiza en función de hechos que el órgano técnico de acusación pone en conocimiento del Juez de control y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor, deben apreciarse como indicios que sólo sirven para integrar datos, que al ser valorados como parte del ejercicio racional del juzgador, expresan el grado de credibilidad que le proporcionan; de ahí que es innecesario exigir un mecanismo para reforzar o perfeccionar los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación o que los doten de mayor credibilidad, para que adquieran el carácter de indicios razonables y sean susceptibles de adquirir valor demostrativo, como por ejemplo, el que se demuestre que el suscriptor de una opinión pericial tiene los conocimientos técnicos para realizar ese cometido." Por tanto, bajo el estándar requerido en la etapa que se analiza, que existen datos que evidencian la probabilidad de que el imputado haya cometido el hecho señalado por la ley como delito, en términos del artículo 15, fracción I del Código Penal del Estado, esto es, como autor material directo, sin que se haya demostrado alguna causa de exclusión de responsabilidad o de extinción de la acción penal. En diverso orden, es menester destacar que, contrario a lo alegado por el imputado, a efecto de realizar el levantamiento del cadáver, no era necesario contar con la autorización relativa para ingresar al predio en cuestión. Ello, cuenta habida que el numeral 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su fracción I, prevé la posibilidad de ingresar a un lugar cerrado sin orden judicial, cuando sea necesario para repeler una agresión real, actual o inminente y sin derecho que ponga en riesgo la vida, la integridad o la libertad de una o más personas. En esa tesitura, el ingreso del personal sanitario y policíaco correspondiente al predio donde aconteció el evento delictivo, tuvo su génesis en la llamada telefónica realizada al número 911, reportando que el ahora occiso Campos Rosado se encontraba tirado en el piso del domicilio, sangrando; por tanto, ante esa llamada de emergencia y desconociéndose a cabalidad si el mencionado Campos Rosado se encontraba o no con vida, dicho personal ingresó a ese inmueble, sin que fuera necesario que contara con alguna autorización, precisamente porque su actuar estaba justificado ante la posibilidad de salvar la vida del multimencionado Campos Rosado. Por tanto, independientemente que con posterioridad se hubiere obtenido la autorización de la persona propietaria del predio y que ésta haya sido incorporada a la carpeta de investigación respectiva, en modo alguno deviene violatorio de los derechos fundamentales del imputado, cuenta habida que, como quedó reseñado con antelación, para ingresar al inmueble y realizar a la postre el levantamiento del cadáver y la inspección relativa, no era indispensable contar con esa autorización, acorde a lo preceptuado por el invocado arábigo 290, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Atento a lo anteriormente ponderado, tampoco era necesario que el acto de investigación por medio del cual se recabaron los datos de prueba (ingreso al domicilio donde se halló el cadáver), fuera ratificado por el dueño del mismo, esto es, que se contara con la autorización de dicho propietario para que la autoridad investigadora acudiera y levantara el cadáver, precisamente porque, como se evidenció con antelación, al haber existido un riesgo para la vida de una persona, se estaba en aptitud de ingresar al inmueble sin autorización, como lo preceptúa el numeral 290, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin que la carencia de la indicada autorización, implique la invalidez de los datos de prueba obtenidos en el lugar de los hechos, porque, se insiste, al tratarse de un hecho que involucraba un peligro para la vida del pasivo, y ante la llamada de emergencia de los testigos de cargo, la autoridad estaba posibilitada de ingresar a ese sitio sin autorización judicial o sin permiso de su propietario; sin que fuera indispensable, conforme al artículo invocado en el párrafo que antecede, que existiera la ratificación del propietario del predio para el ingreso de la autoridad investigadora, precisamente por surtirse la hipótesis a que se alude en el dispositivo legal en cita. En diverso aspecto, debe decirse que el quejoso, en sus motivos de inconformidad, indicó que en el lugar de los hechos no se hallaron muestras de sangre de éste, ni tampoco huellas del mismo, por lo que no existe prueba razonable que lo ubique en el lugar de los hechos. Mismo alegato que se reputa infundado, cuenta habida que, al menos en el estadio procesal que nos atañe, su presencia en el lugar de los hechos se encuentra demostrada, a modo probable, con la entrevista realizada al ateste Herrera Montañez, en la que refirió haber recibido una llamada proveniente del teléfono del hoy occiso, a las veintidós horas del veintiséis de febrero de dos mil veintiséis, siendo que quien realmente habló fue Mares Aguilar, mismo que le precisó que aquél había sufrido una convulsión y estaba siendo trasladado al hospital. Que posteriormente, a las ocho horas del día del evento delictivo, Mares Aguilar acudió a su domicilio a buscarlo, y juntos fueron al predio que éste habitaba con Campos Rosado, siendo que aquél se quedó llorando a las afueras del mismo y le dijo que aquél había convulsionado y no respiraba, siendo que al acercarse a verlo, se percató que tenía sangre en la barbilla y al parecer estaba muerto, por lo que le señaló a Mares Aguilar que eso no era producto de una convulsión y que no le mintiera. Por tal motivo, llamó al número de emergencias 911, a fin de que auxiliaran al ahora occiso, empero, Mares Aguilar no esperó a que arribara dicho auxilio y se retiró del lugar de los hechos. Contándose, como sustento de lo anterior, con el registro de llamadas del teléfono del aludido testigo, en las que se evidencian las que refirió en esa entrevista. En esa virtud, al menos por ahora, se encuentra acreditada, a título probable, la presencia del imputado en el lugar de los hechos. Y si bien es cierto no se hallaron muestras de sangre y huellas dactilares del imputado en ese sitio, ello en modo alguno resta eficacia demostrativa a los datos de prueba antes ponderados, precisamente porque no existe manifestación que indique que el imputado contara con alguna lesión sangrante, sino que el único que la presentó, fue el occiso; aunado a que quedó evidenciado que el imputado habitaba en ese predio con el finado, ya que eran pareja, además de que el día de su fallecimiento, estuvo con él, por lo que la falta de hallazgo de sus huellas dactilares en ese sitio, deviene ineficaz, al menos en esta etapa procesal, para demostrar su falta de intervención en la conducta delictiva que se le atribuye. Finalmente, en un ulterior concepto de violación, el quejoso señala que, en el auto de vinculación a proceso emitido en su contra, se vulneraron sus derechos fundamentales previstos en el artículo 1° Constitucional, en virtud de que se realizaron actos de discriminación en su contra, con motivo de su orientación sexual, ya que se le ubicó en el lugar de los hechos, únicamente por ser pareja del occiso. Lo anterior deviene infundado. Esto es así, cuenta habida que del contenido del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de los diversos criterios adoptados por el citado Máximo Tribunal del País, se advierte, que la obligación de los operadores de justicia al juzgar con perspectiva de género, deben tener en consideración la particular desventaja en la cual, históricamente se han encontrado las personas homosexuales, como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la idea de que la heterosexualidad es el resultado de la existencia únicamente de dos sexos que, siendo diferentes, están biológicamente determinados a complementarse. Para ello, se debe identificar las discriminaciones que de derecho o de hecho pueden sufrir las personas homosexuales, ya sea de forma directa o indirecta, remediando los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales puedan tener en detrimento de éstas, detectando posibles situaciones de desequilibrio de poder entre las partes como consecuencia de su orientación sexual, seguida de un deber de cuestionar la neutralidad de las pruebas y el marco normativo aplicable, y resolver, prescindiendo de cualquier carga estereotipada que resulte en su detrimento, evitando incluso el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios. En esencia, como lo establece el citado Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género (página 123 y 124), la perspectiva de género debe ser utilizada para interpretar las normas y aplicar el derecho, y apreciar los hechos y las pruebas que forman parte de la controversia, lo que obliga a leer e interpretar la norma, tomando en cuenta los principios ideológicos que la sustentan, así como la forma en que afectan, de manera diferenciada, a quienes acuden a demandar justicia, pues sólo así se podrá aspirar a aplicar correctamente los principios de igualdad y equidad, pues a partir de la explicación de las diferencias específicas entre hombres y mujeres, se reconoce la forma en que, unos y otras se enfrentan a una problemática concreta, y los efectos diferenciados que producen, en unos y en otras las disposiciones legales. Con base en lo anterior, al interpretar la norma aplicable al caso concreto, los Juzgadores tienen el deber de evaluar si provoca una violación directa al derecho de igualdad al introducir impactos diferenciados por razón de género, entendiendo, en el caso, por razón de su orientación sexual, y si lo hace, entonces es obligación del Juzgador preferir la opción interpretativa que elimine tal discriminación, o en su caso, optar por la inaplicación de la norma, así como, evitar cualquier visión estereotipada o prejuiciosa al momento de valorar las pruebas, identificando la forma en que incide el género al momento de otorgarles valor, pues ello, por sí mismo, puede redundar en la vulneración de algún derecho, aunado a que permite la perpetuación de las desigualdades entre los géneros (foja 109 del Protocolo). Sirve de apoyo a lo expuesto, el criterio aislado del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, septiembre de 2015, Tomo I, página 235, que reza lo siguiente: "IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA. El reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género, que constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad. De ahí que los juzgadores deben cuestionar los estereotipos preconcebidos en la legislación respecto de las funciones de uno u otro género, así como actuar con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica en cada situación, toda vez que el Estado debe velar por que en toda controversia jurisdiccional, donde se advierta una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta se tome en cuenta, a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria. Así, la obligación de impartir justicia con perspectiva de género debe operar como regla general, y enfatizarse en aquellos casos donde se esté ante grupos de especial vulnerabilidad, como mujeres y niñas indígenas, por lo que el juzgador debe determinar la operabilidad del derecho conforme a los preceptos fundamentales consagrados tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, procurando en todo momento que los paradigmas imperantes de discriminación por razón de género no tengan una injerencia negativa en la impartición de justicia; por el contrario, atendiendo precisamente a tales prejuicios o estereotipos, el juzgador debe considerar las situaciones de desventaja que tienen las mujeres, sobre todo cuando es factible que existan factores que potencialicen su discriminación, como lo pueden ser las condiciones de pobreza y barreras culturales y lingüísticas." Así como la diversa de la Primera Sala del citado Tribunal de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, página 677, que señala lo siguiente: "PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. SU SIGNIFICADO Y ALCANCES. El artículo 1o., párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que queda prohibida toda discriminación motivada, entre otras, por cuestiones de género, que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. En este sentido, el legislador debe evitar la expedición de leyes que impliquen un trato diferente e injustificado entre hombres y mujeres. A su vez, los órganos jurisdiccionales, al resolver los asuntos que se sometan a su conocimiento, deben evitar cualquier clase de discriminación o prejuicio en razón del género de las personas. Así, la perspectiva de género en la administración de justicia obliga a leer e interpretar una norma tomando en cuenta los principios ideológicos que la sustentan, así como la forma en que afectan, de manera diferenciada, a quienes acuden a demandar justicia, pues sólo así se puede aspirar a aplicar correctamente los principios de igualdad y equidad, ya que a partir de la explicación de las diferencias específicas entre hombres y mujeres, se reconoce la forma en que unos y otras se enfrentan a una problemática concreta, y los efectos diferenciados que producen las disposiciones legales y las prácticas institucionales." Ahora bien, como se indicó párrafos precedentes, la a quo responsable al emitir el auto de vinculación a proceso, se basó en los siguientes datos de prueba, los cuales consideró, idóneos, pertinentes, suficientes y razonables: 1. Actas de entrevista realizadas a Teresa Jesús Pérez Cruz (vecina del lugar de los hechos por habitar la vivienda once), Laura Ángeles Rodríguez Zapata (vecina del lugar de los hechos por habitar la vivienda ciento trece) y Roger Santiago Herrera Montañez (amigo del hoy occiso Campos Rosado). 2. Denuncia de Jorge Alberto Campos Pech, padre del occiso. 3. Necropsia practicada al occiso Campos Rosado. 4. Pericial telefónica, realizada por el perito Raúl García Pool. 5. Inspección del lugar de los hechos. De los reseñados datos de prueba, en concreto, los atestes, no se advierte que hubieran estado sustentados en procedimientos imparciales, o influenciados por prejuicios o estereotipos de género, que hubieran vulnerado algún derecho del aquí quejoso, por su orientación sexual, o que con ello, hubieran agravado su situación con base en ella. Esto es así, pues los citados atestes y el mencionado denunciante únicamente refirieron que el imputado y el occiso eran pareja sentimental, radicando en el predio donde este último fue hallado muerto, siendo que, además, Herrera Montañez confirmó la presencia del imputado en el lugar de los hechos; asimismo, del informe de procesamiento del lugar de los hechos, se desprende el hallazgo del cadáver; del informe de necropsia, se demuestra el motivo del fallecimiento del occiso; y de la pericial telefónica, la existencia de las llamadas a que hizo alusión el ateste Herrera Montañez. Mismos datos de prueba que no hacen referencia hacia el quejoso como probable autor del crimen por su orientación sexual. Sin que se advierta que los declarantes hubieran realizado imputaciones hacia el aquí quejoso como probable homicida del occiso, de forma prejuiciosa, sino que simplemente aludieron a que ambos radicaban en el predio en que éste fue hallado muerto, debido a que eran pareja. Sin que esta circunstancia, esto es, que el imputado y el occiso fueran pareja sentimental, fuera el motivo, contrario a lo que se alega, que hubiere sido tomado en consideración para la emisión del auto de vinculación a proceso combatido. Ello, pues como se evidenció, esa relación sentimental, fue valorada como indicio, el cual, adminiculado con los restantes a que se hizo alusión en párrafos precedentes, integraron la prueba circunstancia, con la que se evidenció: a) Que el occiso Gaspar Alberto Campos Rosado y el imputado ********************eran pareja sentimental y los únicos que habitaban el predio en el que fue hallado el cadáver de aquél, siendo que acostumbraban a ingerir bebidas embriagantes juntos y, cuando ello ocurría, a menudo discutían. b) Que se escucharon ruidos fuertes provenientes del predio en que acontecieron los hechos, en una temporalidad que se estima acorde a la hora del fallecimiento del finado. c) Que las lesiones que presentó el cadáver del ahora fallecido, son acordes a los ruidos fuertes escuchados en el referido predio. d) Que el imputado llamó vía telefónica a uno de los testigos, la noche antes de la muerte del occiso, señalándole que éste había convulsionado, existiendo constancia pericial de esa llamada; empero, al día siguiente, acudió en su vehículo a buscar al testigo y juntos fueron al predio de referencia, donde el testigo vio el cadáver de Campos Rosado y observó que presentaba una lesión y no señales de haber sufrido alguna convulsión. e) Que al llamar a los servicios médicos, el imputado se fue del lugar. De lo que se sigue que, de forma contraria a la alegada por el amparista, su vinculación a proceso no estuvo sustentada en su orientación sexual, sino en datos de prueba que revelaron, a título probable, su participación en el evento criminal que se le atribuyó. Finalmente, en relación con el marco normativo aplicable, respecto del delito por el cual fue vinculado a proceso el quejoso, relativo al de homicidio simple, no se advierte que estuviera basada en alguna idea preconcebida sobre la orientación sexual, que pueda generar un impacto diferenciado, lo que produciría que esta Juzgadora Federal tuviera que optar por inaplicar la norma, o en su caso, resolver prescindiendo de cualquier carga estereotipada en detrimento del quejoso. Ello, cuenta habida que del análisis de los numerales 368 y 372 del Código Penal del Estado, no se advierte que estén basados en aspectos diferenciados, cuyos efectos sean distintos si son aplicados a una persona de diversa orientación sexual, pues el delito de homicidio simple lo comete quien prive de la vida a alguna persona, contando con una penalidad de diez a quince años de prisión. Como se ve, los precitados artículos no hacen una distinción diferenciada entre determinada orientación sexual, en relación con quien es sujeto activo del delito, sino que éste puede serlo cualquier persona, independientemente de la orientación sexual con que se identifique; esto es, no se hace referencia a alguna condición por esa orientación para tipificar dicha conducta o agravar la penalidad, sino que sin hacer distinción alguna en relación con el sujeto activo, realiza la descripción típica de qué se entiende por cometer un homicidio simple. En esa virtud, esta Juzgadora Federal no advierte que al aquí quejoso, se le hubiera vulnerado sus derechos humanos por las razones que alude, pues los datos de prueba fueron apreciados por la Juez natural de forma correcta, sin que contengan alguna visión estereotipada o basada en prejuicios, al igual que los numerales que definen el ilícito por el cual fue vinculado a proceso, los cuales no contienen aspectos diferenciados por razón de orientación sexual. Sirve de apoyo la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, marzo de 2014, Tomo I, página 524, que señala lo siguiente: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. TODOS LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PAÍS DEBEN IMPARTIR JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. De los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convención de Belém do Pará", adoptada en la ciudad de Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999 y, 1 y 16 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la asamblea general el 18 de diciembre de 1979, publicada en el señalado medio de difusión oficial el 12 de mayo de 1981, deriva que el derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación es interdependiente del derecho a la igualdad; primeramente, porque este último funge como presupuesto básico para el goce y ejercicio de otros derechos y porque los derechos humanos de género giran en torno a los principios de igualdad y no discriminación por condiciones de sexo o género. Así, el reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género, que constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad. De ahí que el juez debe cuestionar los estereotipos preconcebidos en la legislación respecto de las funciones de uno u otro género, así como actuar con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica en cada situación; toda vez que el Estado tiene el deber de velar porque en toda controversia jurisdiccional donde se advierta una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta sea tomada en cuenta a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria." Corolario de lo anterior deviene que, como se estableció en líneas precedentes, esta Juzgadora Federal estima que la Juez responsable estuvo en lo correcto al considerar acreditado el hecho que la ley establece como constitutivo del delito de homicidio simple, así como la probabilidad de que el imputado, hoy quejoso, participó en su comisión. Cabe mencionar, con especial importancia, que la Juez responsable estableció el valor probatorio que merecieron los datos de prueba aportados por la Fiscalía; sin embargo, dadas las particularidades del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, donde con base en el principio de contradicción y la característica adversarial del mismo sistema, se ejerce un control horizontal (entre defensa y fiscalía), los Jueces, por regla general, no cuentan con la carpeta de investigación para el dictado de sus resoluciones, sino que únicamente la poseen la defensa y la fiscalía. Lo anterior se traduce en que el Juez de Control debe calificar la idoneidad de los datos de prueba que se le presenten con base en lo siguiente: 1. Los argumentos expuestos por quien los presenta; y, 2. Las consideraciones que el adversario exponga al respecto. Y si bien, como se dijo, la Juez no cuenta con la carpeta de investigación, sí podría solicitar que se le muestre, pero sólo cuando exista contradicción sobre el contenido de un dato de prueba para dilucidarla, lo cual no aconteció en el caso específico. En tal contexto, se aprecia que la Juez de Control responsable apreció la razonabilidad de los datos de investigación en los que apoyó la resolución que se reclama e igualmente realizó un análisis de la contra argumentación o refutación que realizó el imputado a través de su defensa; para después concluir constitucional y legalmente que en el caso, se reunieron los requisitos de los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el Estado de Yucatán, para vincular a proceso al quejoso. En consecuencia, resultan infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa y al no advertir queja deficiente que deba ser suplida, procede negar a ********************el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el auto de vinculación a proceso de siete de marzo de dos mil veintitrés, dictado por la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, en la carpeta administrativa ********************Por lo expuesto y fundado, esta Juzgadora, RESUELVE ÚNICO. No ampara. Es constitucional el auto de vinculación a proceso de siete de marzo de dos mil veintitrés, dictado por la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, en la carpeta administrativa ********************por lo que la Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************respecto de tal acto; ello, atento a lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
R E S U E L V E PRIMERO. Se niega a Rafael Niño de Atocha Mares Aguilar, la suspensión definitiva que solicitó contra el acto que reclama de la Juez Segundo de Control del Primer Departamento Judicial del Sistema de Justicia Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán; precisado en el considerando cuarto de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se concede a Rafael Niño de Atocha Mares Aguilar, la suspensión definitiva que solicitó contra el acto que reclama de la Juez Segundo de Control del Primer Departamento Judicial del Sistema de Justicia Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán; por las razones y fundamentos de derecho indicados en el considerando quinto de la misma. Notifíquese por lista.
- Principal
Relación de constancias. A continuación, la Jueza ordena a la Secretaría hacer una relación de las constancias de autos, por lo que se dio cuenta con las siguientes: a) Demanda de amparo y anexos; b) Auto admisorio; c) Constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; y, d) Proveídos mediante los cuales se tuvieron por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables y se dio vista a las partes para que expresaran lo que a sus derechos conviniera. Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de control constitucional y convencional, incluyendo los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Abierto el período probatorio, se da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa, así como las que fueron acompañadas por las autoridades responsables al rendir sus informes de ley y por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula III-3 de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos; en mérito de lo anterior, la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas las probanzas ofrecidas en virtud de su naturaleza jurídica. Hecho loa anterior, se cierra la presente etapa. Período de alegatos. Enseguida se abre el período de alegatos, por lo que el Secretario da cuenta con los formulados por la parte quejosa y por la Agente del Misterio Público de la Federación adscrita. A lo anterior, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogados los alegatos formulados, para los efectos legales conducentes. Cierre de la audiencia. A continuación, la Jueza declara concluida la audiencia constitucional y procede a levantar la presente audiencia, la cual es firmada por los que en ella intervinieron. Karla Alexandra Domínguez Aguilar Jueza Tercero de Distrito en el Estado Miguel Alejandro Patrón Ballote Secretario de Juzgado.
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