Rafael Nicolás Vega Flores
Expediente 25/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 25/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/03/2021
Partes del expediente
- Rafael Nicolás Vega Flores
- Roberto Carlos Velázquez Urtado o Roberto Carlos
- Rafael Nicolás Vega Flores y Otros.
Actuaciones
- Principal
VIII.- Toluca, Estado de México, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Estado procesal Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído emitido por este órgano jurisdiccional el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Archivo del expediente Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el expediente como concluido. Devolución de documentos De la certificación de cuenta, se advierte que en el expediente en que se actúa, no existen documentos originales e importantes pendientes de devolver a las partes.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Diligencia de notificación Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2, se ordena agregar la constancia relativa a la diligencia de notificación del veinticinco de enero de dos mil veintiuno realizada a los quejosos ++++++, mediante la cual designan como representante común al segundo de los nombrados. Representante común Asimismo, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común, al quejoso ++++. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Notifíquese personalmente a los quejosos en su lugar de reclusión. VIII.- Toluca, Estado de México, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, agréguese la demanda de amparo promovida por *************** quien se ostenta como defensor de los quejosos ******************, contra el acto y autoridades responsables, que enseguida se precisan: ACTO RECLAMADO ********************** CONSIDERACIONES PREVIAS A LA RADICACIÓN En atención a que la presente demanda de amparo indirecto se encuentra contemplada dentro de los supuestos de urgencia establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19, específicamente en el artículo 4, fracción IX, inciso a), este órgano jurisdiccional se avoca a su conocimiento; máxime que los diversos numerales 18 y 24, fracción II, inciso a) del citado acuerdo, les da el mismo tratamiento de urgente a los dictados de las vinculaciones a proceso por lo que debe catalogarse como de atención prioritaria al verse afectada la libertad deambulatoria del quejoso, por tanto, no puede esperarse a la conclusión del periodo de contingencia para su atención. EXHORTACIÓN A LAS PARTES Ahora, el artículo 1, fracción I, tercer párrafo del Acuerdo General 13/2020 ya referido, establece: "...las y los juzgadores, incluyendo a secretarias y secretarios en funciones o encargados de despacho (en adelante "titulares"), exhortarán a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicios en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación...". Por lo que, se exhorta a las partes intervinientes al trámite y uso de la firma electrónica, a saber la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) para la tramitación de los juicios de amparo urgentes en la modalidad en línea. Asimismo, el artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, ya citado, establece: "..."...Artículo 2...XIX. En las primeras promociones que recaigan a los asuntos que radiquen, las y los titulares requieran a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que lo estimen necesario.". Con el apercibimiento de por alguna circunstancia no sea posible la prosecución del algún asunto, como por ejemplo, la imposibilidad de practicar electrónicamente alguna diligencia o notificación, que alguna de las partes no puedan actuar de manera electrónica, las autoridades no se encuentren laborando o en caso de que no existan las condiciones para proseguir con el asunto sin poner en riesgo la salud o integridad de las partes y del personal, se suspenderán los plazos y términos procesales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, último párrafo del Acuerdo General 13/2020; de ahí la necesidad de que las partes hagan uso de los servicios que presta el Portal en Línea del Poder Judicial de la Federación y de que señalen algún teléfono o correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que este órgano jurisdiccional lo estimen necesario. Sin que lo anterior se establezca como un medio de notificación en lo que toca al presente asunto. RADICACIÓN DEL ASUNTO Se ordena registrar este asunto en el libro de gobierno correspondiente con el número de juicio de amparo 25/2021 y constriñe formar los expedientes físicos y electrónicos, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. DESECHAMIENTO DE PLANO En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En consecuencia, el suscrito considera que debe desecharse de plano la demanda de amparo, en virtud de que se advierte de oficio que de manera manifiesta e indudable se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 6 del mismo ordenamiento legal, pues los preceptos referidos a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o de la indebida aplicación de la ley. Por tanto, la noción de perjuicio para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad faculte a su titular para acudir ante el órgano de control constitucional a demandar el cese de esa violación. Es aplicable la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 77, del volumen 175-180 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con número de registro 237468, que establece: "PERJUICIO JURÍDICO, NOCIÓN DEL, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se ve transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Tal derecho, que puede hacerse respetar por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías. Sin embargo, no todos los intereses que pueden concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cosa suceda es menester que la ley los reconozca como tales a través de una o varias de sus normas." Lo anterior es así, en virtud de que de un estudio del escrito de demanda que nos ocupa, se advierte que el mismo carece de la firma electrónica de la parte quejosa, o bien, de evidencia criptográfica de la firma electrónica, dada su tramitación a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal, sin que manifieste la voluntad y consentimiento, toda vez la firma electrónica tiene las mismas consecuencias jurídicas que la firma autógrafa. Por su parte, el artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." De ahí, que todo escrito presentado ante un procedimiento judicial debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da inicio al juicio, constituyendo esto un requisito formal esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante para ejercitar cualquier derecho que le haya sido violado, máxime que la misma es indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de amparo no se suscribe; o bien, si ésta no se suscribiese con firma electrónica o evidencia criptográfica de la firma electrónica, debe entenderse que propiamente no existe agraviado y la demanda resultaría improcedente. En esas circunstancias, debe decirse que la ausencia de firma en la demanda de amparo no constituye una irregularidad en la misma, susceptible de aclaración en términos de lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, ya que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendente a darle curso, en la medida que, al no encontrarse firmado o bien, no firmado en forma autógrafa, constituiría un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Es aplicable, por identidad jurídica la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 79, del Tomo I, libro 65, del Semanario Judicial de la Federación, de abril de dos mil diecinueve, Décima Época, con número de registro 2019715, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". Por lo anteriormente, considerado y fundado, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo y atento a lo dispuesto en el artículo 113 del mismo ordenamiento, lo procedente es desechar de plano por notoria improcedencia, la demanda de amparo promovida por Fernando Allende Sánchez quien se ostenta como defensor de los quejosos Rafael Nicolás Vega Flores, José Martín Álvarez García y Roberto Carlos Velázquez Urtado o Roberto Carlos Velázquez Urtado. Dada las consideraciones que se tomaron en cuenta para arribar a la conclusión anterior, también es propio señalar que no pasa inadvertido para este Juzgado lo dispuesto en la última parte del artículo 3º de la Ley de Amparo, el cual precisa que no se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley, toda vez que se reitera, los actos que en esta vía impugna el peticionario de amparo, no son de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. CONSULTA DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de los quejosos el centro de reclusión en el que se encuentran privados de su libertad. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. GRATUIDAD DEL SERVICIO Se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 constitucional, todos los servicios que presta este juzgado de distrito son gratuitos. NOTIFICACION POR SER URGENTE Toda vez que el presente asunto se califica como urgente porque la eventual transgresión a los derechos fundamentales del quejoso no puede esperarse a la conclusión de periodo de contingencia y, ello constituye una excepción a la notificación escalonada y hasta que se normalicen las actividades; procede instruir al actuario judicial para que lleve a cabo la notificación del presente acuerdo de forma inmediata en acatamiento al numeral 11 fracción I del acuerdo antes citado y en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente a los quejosos en su lugar de reclusión.
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