Rafael Netzahualcoyotl Gaona Delaporte
Expediente 407/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 407/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Rafael Netzahualcoyotl Gaona Delaporte
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el oficio remitido vía correo certificado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, mediante el cual comunica que el veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, ese órgano jurisdiccional tuvo por recibido el expediente principal del juicio de amparo 407/2023-III-A, del que deriva este cuadernillo, por lo que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de dicho asunto. Sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que por acuerdo de catorce de noviembre del año en curso, se tuvo por recibido dicho oficio vía interconexión y se proveyó lo conducente. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: intégrese en autos para los efectos legales condignos, el oficio remitido vía interconexión IOJ (Interconexión Órganos Jurisdiccionales) dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, que remite en cumplimiento al requerimiento efectuado en determinación de seis de octubre de dos mil veintitrés. Mediante el cual comunica que el veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, ese órgano jurisdiccional tuvo por recibido el expediente principal del juicio de amparo 407/2023-III-A, del que deriva este cuadernillo, por lo que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de dicho asunto. En tal virtud, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se hace la indicación de que el presente cuadernillo auxiliar es DESTRUIBLE, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso X), del citado precepto, al corresponder a un cuaderno de incompetencia y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Por otra parte, en cuanto a la diversa solicitud hecha por la autoridad ocursante, se ordena dar acceso al expediente electrónico del juicio de amparo 407/2023-III-A del índice de este órgano jurisdiccional, al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, a fin de que se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el mismo. Hágase del conocimiento de la Analista Jurídico Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado de Distrito, para que realice las acciones necesarias con relación a la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en el párrafo anterior. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
RESULTANDO********************PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito depositado en el Buzón Judicial el diez de marzo de dos mil veintitrés; recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán en esa propia fecha; y turnado el trece siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama a la encargada del Despacho de la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional en Quintana Roo, con residencia en Chetumal, Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional, con residencia en la Ciudad de México.********************SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo. Por auto de catorce de marzo de dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo con el número 407/2023-III-A, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete.********************De igual forma, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede.********************TERCERO. Por auto de veintitrés de marzo de la presente anualidad, se tuvo al quejoso ********************, manifestando bajo protesta de decir verdad, que en su demanda señaló por error que la parcela de su propiedad relacionada con los actos reclamados es la ********************, cuando el número correcto de la parcela es ********************.********************CUARTO. Admisión de la ampliación de la demanda. Por auto de dos de mayo de dos mil veintitrés, se admitió la ampliación de la demanda, respecto de la autoridad responsable Registrador Integral adscrito a la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con residencia en la Ciudad de México; por lo que se solicitó su informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con copia simple del ocurso de ampliación de demanda de amparo, y se señaló nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y********************CONSIDERACIONES********************PRIMERA. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda; ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa.********************Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: ******************** "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."********************En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: ********************"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."****************************************En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, escrito de ampliación de demanda y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados los hizo consistir la parte quejosa en:********************De la demanda inicial.********************De la encargada del Despacho de la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional en Quintana Roo, con residencia en Chetumal, así como del Director General de Registro y Control Documental y del Director en Jefe, estos últimos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México:********************La omisión de atender la solicitud número ********************, respecto a la parcela número ******************** del Ejido de Puerto Morelos, Municipio de Puerto Morelos, Estado de Quintana Roo, así como de realizar los trámites necesarios para la expedición y puesta a disposición del título de propiedad correspondiente.********************En vía de ampliación.********************Del Registrador Integral adscrito a la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede la Ciudad de México:********************La determinación emitida el tres de junio de dos mil veintidós, relativa a la calificación registral en sentido negativo, recaída a la solicitud de expedición de título de propiedad de origen parcelario del quejoso, respecto de la parcela número ******************** del Ejido de Puerto Morelos, Municipio de Puerto Morelos, Estado de Quintana Roo.********************SEGUNDA. Ahora bien, el análisis y estudio de la demanda de amparo de cuenta, así como de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, permite advertir que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, no es competente para conocer de la demanda de amparo, pues del acto reclamado corresponde conocer a un Juez de Distrito en Cancún, Quintana Roo, por las consideraciones siguientes. ********************En principio, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental de legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************Y respecto del cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida.********************Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. II/92, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, mayo de 1992, con número de registro 206167, de rubro y texto siguientes: ********************"COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto."****************************************Así, el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone:********************"Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.********************Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda.********************Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda."****************************************Del artículo transcrito con antelación, se desprende que la ley de la materia contempla tres hipótesis en las que los jueces de Distrito son competentes para conocer de una demanda de amparo:********************1. Es competente el Juez de Distrito del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.********************2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, ante quien se presentó la demanda, y ********************3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, resultará competente el juez que haya recibido la demanda. ********************Reglas que para una mejor compresión técnica se puntualizan a continuación en el orden siguiente:********************La primera regla se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto combatido, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución.********************La segunda previsión normativa que se contiene en el comentado artículo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el párrafo precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.********************En el último supuesto se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. ********************No obstante lo anterior, en el segundo párrafo del precepto legal en análisis, en lo conducente, quedó manifiesta la intención del legislador en el sentido de facilitar al quejoso el acceso a la administración de justicia, en la medida en que, cuando el acto pueda ejecutarse en más de un distrito, le permite optar por presentar su demanda de amparo ante cualquiera de los jueces de Distrito que ejerzan jurisdicción en dichos distritos; y todavía con mayor amplitud, al posibilitar que la instancia constitucional, se entable ante cualquier juzgador de amparo, si el acto no requiere ejecución material, es decir, ante juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.********************Conforme al texto del artículo 37 de la Ley de Amparo, para determinar la competencia, se debe establecer en primer término si la materia del acto reclamado, por su naturaleza, tiene o no ejecución material. ********************Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste.********************Al respecto, en la contradicción de tesis 7/2015 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto al alcance de la locución "ejecución material" señaló:********************"Dicho precepto, alude a "ejecución material", como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende solo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real."****************************************De igual manera, en la contradicción de tesis 343/2019 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que de acuerdo a su naturaleza los actos reclamados se dividen en: ********************1. Positivos que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable, es decir, implican una acción, una orden una privación o una molestia. ********************2. Negativos son aquellos en los que la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión del gobernado; la autoridad ha manifestado la voluntad de conceder al quejoso lo que presuntivamente le corresponde, los cuales a su vez se subdividen en: ********************2.1. Negativos simples son aquellos en los que la autoridad responsable se rehúsa expresamente a acceder a la pretensión del gobernado, por lo cual debe haber una respuesta negativa. ********************2.2. Negativos con efectos positivos son los que en apariencia son negativos, sin embargo, producen los efectos de un acto positivo, pues la autoridad no solo exterioriza una negativa con relación a la pretensión del gobernado, sino que además impone cargas concretas fácilmente identificables. ********************2.3. Actos negativos prohibitivos son los que establecen una obligación de no hacer al gobernado o que limitan su conducta; se traduce en un verdadero hacer de la autoridad consistente en imponer al gobernado una obligación de abstenerse de llevar a cabo determinada conducta, lo que entraña una limitación a la actividad del gobernado. ********************3. Omisivos o abstenciones, son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el gobernado. Para tener por actualizada la omisión, debe existir previamente la obligación legal para la autoridad de un hacer determinado. ********************Del contenido de esta ejecutoria se advierte que los actos omisivos pueden o no tener aparejada ejecución, atendiendo a la obligación legal que tiene la autoridad y su posible repercusión en los derechos del gobernado.********************En el presente asunto, de las manifestaciones vertidas por el peticionario del amparo se desprende que los actos reclamados consisten por una parte, en la omisión de atender la solicitud número ********************, relativa a la inscripción de adopción de dominio pleno de la parcela número ******************** del Ejido de Puerto Morelos, Municipio de Puerto Morelos, Estado de Quintana Roo, así como realizar los trámites para la expedición y puesta a disposición del título de propiedad correspondiente; y por otro lado, la calificación negativa a dicha solicitud; por lo que, aun cuando uno de ellos tenga la característica de omisivo, conllevan una ejecución material que tendrá lugar en la circunscripción territorial del Estado de Quintana Roo, dado que la eventual concesión del amparo, de acuerdo con la pretensión del quejoso, implicará un hacer por parte de las autoridades responsables; de ahí que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de mérito, es aquél en cuya jurisdicción se ejecutará el acto que por esta vía se combate.********************Así es, el alcance material que los actos reclamados producirían (revocar la calificación registral negativa y se ordene la inscripción, expedición y puesta a disposición del título de propiedad respectivo), implica que donde se debe materializar la ejecución de los actos reclamados, es ante la autoridad donde se presentó la solicitud, esto es, en el Estado de Quintana Roo.********************Lo anterior se deduce, dada la existencia de un vínculo entre la obligación legal de un hacer por parte de la autoridad responsable, la omisión de cumplir con dicha obligación y la afectación al derecho del quejoso para el caso de que no se cumpla con la obligación, por lo que tomando en cuenta los efectos materiales de los actos reclamados, es que se actualiza el supuesto del párrafo primero, del artículo 37 de la Ley de Amparo.********************Por identidad de razón, se transcribe la jurisprudencia 1ª./J. 86/2019 (10ª.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 254, del Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, Materias Común, con registro digital 2021191, de rubro y texto siguientes: ********************"OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4º. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en estos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo." ****************************************De igual manera, cabe destacar que el quejoso no señaló alguna autoridad como responsable, residente en el territorio en que se ejerce jurisdicción (Estado de Yucatán), a quien se atribuya la ejecución del acto reclamado, y si por el contrario de la demanda se advierte que debe tener ejecución en Cancún, Quintana Roo.********************En ese orden de ideas, la competencia para conocer de la presente demanda de amparo no corresponde a este órgano jurisdiccional, ya que los actos que se reclaman encuadran dentro de la primera hipótesis que prevé el artículo 37 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, es competente el Juez del lugar donde deba tener ejecución el acto reclamado, que lo es en Cancún, Quintana Roo, acorde con lo previsto en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.********************Es aplicable la Tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con número de registro 189167, cuyo rubro y texto son: ********************"COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora."****************************************Por lo que, lo procedente es declarar la legal incompetencia por razón de territorio de este órgano de control constitucional para conocer del presente sumario constitucional, declinándola en favor del Juzgado de Distrito en Cancún, Quintana Roo, en turno, para lo cual remítase la demanda de amparo, a fin de que comunique si acepta o no la competencia que se plantea.********************Similar criterio sostuvo el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, en el toca 13/2023, en sesión de once de mayo de dos mil veintitrés, al resolver el conflicto competencia suscitado entre el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán y la Jueza Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. ********************TERCERA. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales.********************Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares.********************Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: ********************"DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". ********************Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública.********************De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo.********************CUARTA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. ********************QUINTA. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. ********************Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se ********************R E S U E L V E:********************PRIMERO. Se declina la competencia a favor del Juez de Distrito en Turno en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, por las razones expuestas en la consideración segunda de esta resolución; en consecuencia, remítase el presente juicio, solicitándole que dentro del término previsto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, informe si acepta o no, el conocimiento del juicio.********************SEGUNDO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la consideración tercera de esta sentencia. ********************TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración cuarta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. ********************CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia.********************Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan estos autos, se acuerda: toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que no ha transcurrido el término de ocho días hábiles, con relación a la vista que se dio del informe justificado rendido con motivo de la ampliación de la demanda por el Director de lo Contencioso y encargado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en representación del Registrador Integral adscrito a la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, mismo que se relacionó en proveído de cuatro de los corrientes. En mérito de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
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