Rafael Neri Gonzalez
Expediente 611/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 611/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Rafael Neri Gonzalez
- Rafael Neri Gonzalez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de veintiocho de abril de dos mil diecisiete, que sobreseyó el juicio en lo principal, transcurrió para la última de las partes en notificarse del diez al veintitrés de mayo del año en curso, con exclusión de los días inhábiles, sin que se haya hecho valer el citado recurso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Téngase este asunto como concluido y envíese al archivo. Ahora bien, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de octubre de dos mil nueve, se determina lo siguiente: 1. El expediente principal es conservable de conformidad con lo dispuesto en el punto décimo primero del citado acuerdo general en razón de que se concedió la suspensión de plano. Se hace constar, que no obran documentos originales en el expediente principal; ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica
- Principal
Visto el oficio signado por de la autoridad responsable Comisario General de Policía Ministerial del Estado, téngasele cumpliendo con el requerimiento formulado por este juzgado el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, al efecto remite copia legible del documento con el que informa la hora en que salieron en libertad los quejosos. De igual forma, téngasele rindiendo informe justificado por lo que agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; y déjese a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Con fundamento en el numeral 9 de la invocada ley, ténganse como delegados a los profesionistas que designa. Por otro lado, atendiendo al contenido del informe de cuenta, se aprecia que: a) El veinte de abril de dos mil diecisiete, se recibió la demanda de amparo promovida por Delfina Marín, a favor de Rafael Neri González y Fernando Calzada González, contra actos del Agente del Ministerio Público de Guardia, adscrito a la Dirección de Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado y otra autoridad. Los actos reclamados se hicieron consistir en: - Incomunicación; y - Privación ilegal de la libertad. b) La demanda se registró en el libro de gobierno con el consecutivo 611/2017-I, se concedió la suspensión de plano a los directos quejosos, para que la responsable suspendiera de inmediato cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, cometido en su contra, tales como penas de mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tomento, privación de alimentos, agua y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales, así como actos de incomunicación. Asimismo, se solicitó informe sobre el cumplimiento de la suspensión de plano y se ordenó al Actuario que se constituyera en el lugar en que se encontraba detenido los directos quejosos Rafael Neri González y Fernando Calzada González, para que se les requiriera a fin de que manifestaran si ratificaban o no la demanda de garantías presentada a su favor, apercibidos que de no hacerlo, se tendría por no presentada la misma y se dejarían sin efecto las providencias decretadas. c) Consta que el Actuario Judicial se constituyó en las instalaciones de la responsable, en busca de los directos quejosos con el objeto de notificarles el proveído de veinte de abril de dos mil diecisiete, quienes ratificaron la demanda presentada en su nombre (fojas 12 y 13). d) En proveído de esa misma fecha, se ordenó proseguir el presente juicio, dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, solicitar el informe justificado a la autoridad señalada como responsable y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. e) Una vez que fue rendido el informe respecto de la suspensión de plano por la responsable, así como el informe justificado (fojas 22, 23, 32 y 33), se constató que los quejosos Rafael Neri González y Fernando Calzada González, fueron puestos en libertad a las quince horas con cincuenta minutos del veintiuno de abril de dos mil diecisiete. De los anteriores antecedentes se obtiene que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia de cesación de efectos, la cual se encuentra actualmente prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, que al respecto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Efectivamente, en el caso que nos ocupa se advierte que por lo que hace a la detención de Rafael Neri González y Fernando Calzada González, han cesado los efectos del acto reclamado porque tal como se advierte de la boleta de libertad que obra en copia certificada dentro de la carpeta de investigación... remitido por la autoridad responsable Rafael Neri González y Fernando Calzada González, siendo las quince horas con cincuenta minutos del veintiuno de abril de dos mil diecisiete, los dejó en libertad. Dicho documento tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por tratarse de documento público, expedido por autoridad en ejercicio de sus funciones. En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No pasa inadvertido que la parte quejosa también reclamó la incomunicación, empero al margen de que la responsable negó tal acto, en el sumario no se evidencia un dato objetivo que permita afirmar fundadamente que la quejosa fue objeto de incomunicación, más bien, la "incomunicación" que adujo la hace depender de que fue privada de la libertad sin orden de aprehensión ni motivo alguno. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Tesis: 2a./J-10/2003, página 386, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las nueve horas con cinco minutos del dieciocho de mayo de dos mil diecisiete. Finalmente, en la situación en concreto resulta innecesario dar vista al Agente del Ministerio Público de esta adscripción, en términos de la tesis 1a. CCVII/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo de 2014, tomo I, página 561, de rubro: "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA. Cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Dicha investigación tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas responsables. Cuando, dentro de un proceso, una persona alegue que su declaración fue obtenida mediante coacción, las autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente. Asimismo, el hecho que no se hayan realizado oportunamente los exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva; tales exámenes deben hacerse independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de la tortura. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera relevante destacar que, con independencia de la obligación de los órganos de legalidad o control constitucional, en torno al reconocimiento y protección del derecho humano de integridad personal y la prohibición de la tortura como derecho absoluto, subsistirá en todo momento la obligación de instruir su investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura." Lo anterior, cuenta habida que de las constancias que obran en el presente expediente, específicamente las razones asentadas por el actuario de esta adscripción el veinte de abril del año en curso, se advierte que los directos quejosos presentaron buen estado en cuanto a su integridad física, que las instalaciones en que fueron localizados se apreciaron amplias, ventiladas, aseadas, con rejas metálicas, aunado a que no presentó evidencia física sobre tortura y, al ser cuestionados al respecto, manifestaron no haber sido objeto de violencia alguna ni física ni psicológica.(I)
- Principal
Se notifica por lista a los quejosos auto de veintiocho de abril de dos mil diecisiete...Visto el oficio signado por de la autoridad responsable Comisario General de Policía Ministerial del Estado, téngasele cumpliendo con el requerimiento formulado por este juzgado el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, al efecto remite copia legible del documento con el que informa la hora en que salieron en libertad los quejosos. De igual forma, téngasele rindiendo informe justificado por lo que agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; y déjese a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Con fundamento en el numeral 9 de la invocada ley, ténganse como delegados a los profesionistas que designa. Por otro lado, atendiendo al contenido del informe de cuenta, se aprecia que: a) El veinte de abril de dos mil diecisiete, se recibió la demanda de amparo promovida por Delfina Marín, a favor de Rafael Neri González y Fernando Calzada González, contra actos del Agente del Ministerio Público de Guardia, adscrito a la Dirección de Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado y otra autoridad. Los actos reclamados se hicieron consistir en: - Incomunicación; y - Privación ilegal de la libertad. b) La demanda se registró en el libro de gobierno con el consecutivo 611/2017-I, se concedió la suspensión de plano a los directos quejosos, para que la responsable suspendiera de inmediato cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, cometido en su contra, tales como penas de mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tomento, privación de alimentos, agua y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales, así como actos de incomunicación. Asimismo, se solicitó informe sobre el cumplimiento de la suspensión de plano y se ordenó al Actuario que se constituyera en el lugar en que se encontraba detenido los directos quejosos Rafael Neri González y Fernando Calzada González, para que se les requiriera a fin de que manifestaran si ratificaban o no la demanda de garantías presentada a su favor, apercibidos que de no hacerlo, se tendría por no presentada la misma y se dejarían sin efecto las providencias decretadas. c) Consta que el Actuario Judicial se constituyó en las instalaciones de la responsable, en busca de los directos quejosos con el objeto de notificarles el proveído de veinte de abril de dos mil diecisiete, quienes ratificaron la demanda presentada en su nombre (fojas 12 y 13). d) En proveído de esa misma fecha, se ordenó proseguir el presente juicio, dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, solicitar el informe justificado a la autoridad señalada como responsable y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. e) Una vez que fue rendido el informe respecto de la suspensión de plano por la responsable, así como el informe justificado (fojas 22, 23, 32 y 33), se constató que los quejosos Rafael Neri González y Fernando Calzada González, fueron puestos en libertad a las quince horas con cincuenta minutos del veintiuno de abril de dos mil diecisiete. De los anteriores antecedentes se obtiene que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia de cesación de efectos, la cual se encuentra actualmente prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, que al respecto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Efectivamente, en el caso que nos ocupa se advierte que por lo que hace a la detención de Rafael Neri González y Fernando Calzada González, han cesado los efectos del acto reclamado porque tal como se advierte de la boleta de libertad que obra en copia certificada dentro de la carpeta de investigación... remitido por la autoridad responsable Rafael Neri González y Fernando Calzada González, siendo las quince horas con cincuenta minutos del veintiuno de abril de dos mil diecisiete, los dejó en libertad. Dicho documento tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por tratarse de documento público, expedido por autoridad en ejercicio de sus funciones. En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No pasa inadvertido que la parte quejosa también reclamó la incomunicación, empero al margen de que la responsable negó tal acto, en el sumario no se evidencia un dato objetivo que permita afirmar fundadamente que la quejosa fue objeto de incomunicación, más bien, la "incomunicación" que adujo la hace depender de que fue privada de la libertad sin orden de aprehensión ni motivo alguno. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Tesis: 2a./J-10/2003, página 386, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las nueve horas con cinco minutos del dieciocho de mayo de dos mil diecisiete. Finalmente, en la situación en concreto resulta innecesario dar vista al Agente del Ministerio Público de esta adscripción, en términos de la tesis 1a. CCVII/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo de 2014, tomo I, página 561, de rubro: "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA. Lo anterior, cuenta habida que de las constancias que obran en el presente expediente, específicamente las razones asentadas por el actuario de esta adscripción el veinte de abril del año en curso, se advierte que los directos quejosos presentaron buen estado en cuanto a su integridad física, que las instalaciones en que fueron localizados se apreciaron amplias, ventiladas, aseadas, con rejas metálicas, aunado a que no presentó evidencia física sobre tortura y, al ser cuestionados al respecto, manifestaron no haber sido objeto de violencia alguna ni física ni psicológica.(I)
- Principal
Visto el oficio de cuenta, con apoyo en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, téngase a las autoridades responsables Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado y Comisario General de Policía Ministerial del Estado, informando sobre la suspensión de plano dictada el veinte de abril de dos mil diecisiete. Con fundamento en el numeral 9 de la invocada ley, ténganse como delegados de las autoridades que así lo solicitan, a los profesionistas que designan. Por otra parte, vista la certificación de cuenta se advierte que la copia que anexa a su oficio la autoridad responsable Comisario General de Policía Ministerial del Estado, para dar cumplimiento a la suspensión de plano consistente en el oficio DCID/6760/04-17, no es legible la hora en que dice salieron en libertad los quejosos Rafael Neri González y Fernando Calzada González. Por lo tanto, requiérase nuevamente para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que se le notifique el presente proveído, remita el documento legible con el que pretende informar la hora en que dice salieron en libertad los quejosos. Apercibida que de no cumplir con lo anterior en el plazo fijado, o de no manifestar la causa justificada que tuviese para ello, en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, acorde con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del numeral 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de conformidad con el artículo 4, fracciones I, II y III de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero del presente año, dio a conocer que el valor diario de la unidad de medida y actualización es ....asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. (I)
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