Rafael Moreno Silva
Expediente 909/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 909/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/08/2023
Partes del expediente
- Rafael Moreno Silva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado procesal de las actuaciones, se advierte que la parte quejosa omitió inconformarse contra el auto de diez de julio de dos mil veintitrés, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este juzgado y archívese este expediente, como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo sexto, artículo 20, fracción I de dicho acuerdo, el presente asunto es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, en atención a que carece de relevancia documental, y al sentido del acuerdo pronunciado en el mismo.
- Principal
Del estado procesal, en particular, del contenido de la demanda de amparo, el informe justificado y la copia certificada del expediente laboral * que remitió la Junta responsable, se advierte que se actualiza una causa de improcedencia. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado atribuido a la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, consistente en ".la dilación y omisión por falta de celeridad al procedimiento respecto al juicio laboral número * en virtud de que la ahora responsable ha sido omisa en REALIZAR EL LAUDO Y NOTIFICARLO A LAS PARTES EN EL JUICIO LABORAL.", se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XII, y 5°, de la Ley de Amparo, por no haber acreditado tener interés para acudir a esta instancia. En efecto, los artículos 61, fracción XII, y 5°, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del Artículo 5 de la presente Ley. "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." En este contexto, el interés jurídico para promover el juicio debe derivar directamente de los efectos que produce en la esfera jurídica del gobernado la emisión del acto reclamado, pues sólo la existencia de una afectación directa e inmediata en los derechos del peticionario, lo facultan a impugnar las violaciones que a su criterio genera el mencionado acto, así como, en su caso, el proceso que le dio origen; de manera tal que no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa cuestión se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad, para que realice determinada conducta o se abstenga de la misma; por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, que por el sólo hecho de serlo, pretenda que las leyes se cumplan. Existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo, tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, por parte de la autoridad responsable. Luego, aplicando los principios de los que se ha dado noticia con anterioridad al caso concreto y específico, es inconcuso que Rafael Moreno Silva, carece de interés jurídico para acudir al presente juicio de amparo. Con el fin de clarificar la conclusión a la que se arriba, se impone destacar los antecedentes que informan la presente litis constitucional, los que se evidencia de la copia certificada del juicio de laboral * y que a continuación se narran: 1. Mediante escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil veinte * por medio de apoderado legal * promovió juicio laboral contra la moral * 2. En auto veintisiete de octubre de dos mil veinte, la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, radicó la demanda bajo el número * señaló día y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ordenó notificar a la parte actora y emplazar a los demandados * Expediente de origen que la junta responsable, al rendir informe al referirse al acto reclamado, lo negó, y agregó que el quejoso no es parte en el juicio laboral y que se archivó el mismo por desistimiento de la parte actora el tres de noviembre de dos mil veintidós. Del relato hecho, se advierte que el ahora quejoso * no resiente la calidad de parte procesal en el juicio laboral * de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, que fue promovido por * por medio de apoderado legal * promovió juicio laboral contra la moral * por ende, tiene la calidad de tercero extraño en la presente litis constitucional. Ciertamente, el interés a que se refiere la disposición normativa en cita, es la pretensión que se encuentra reconocida por las normas de derecho que tienden a satisfacer las necesidades fundamentales de los individuos o grupos sociales, el cual está referido a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que sólo el sujeto de esos derechos puede ocurrir al juicio de amparo y no otra persona; asimismo, debe relacionarse con el derecho subjetivo que supone una facultad de exigir y una reclamación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia; así como con el derecho objetivo que otorgue interés para acudir a tal juicio. De esta forma, la transgresión del derecho legítimamente tutelado, por la actuación de una autoridad, faculta al titular para acudir ante el órgano de control constitucional demandando el cese de esa violación, siendo por tanto ese derecho protegido por el ordenamiento legal, lo que constituye el interés que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Luego, la parte quejosa se dolió de la omisión y dilación de dictar laudo en el juicio laboral * de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla; sin embargo, debe decirse que, la persona extraña a juicio es aquélla que no es parte en el proceso, es decir, la que no ha figurado en el proceso judicial o en el procedimiento como parte en sentido material, las cuales se diferencian de la siguiente forma: a. Personas que no son parte en el proceso las cuales sólo coadyuvan o participan en él; sin embargo, no tienen una relación jurídica generadora de un vínculo al proceso; por ejemplo, testigos, peritos, autoridades distintas a las responsables. b. Tercero extraño en estricto sentido es aquella persona distinta de los sujetos de la controversia cuyos derechos se ven afectados; por ejemplo, a la persona que le embargan como consecuencia de un juicio en el que no es parte o la desposeen de un bien. c. Tercero extraño por equiparación es aquella persona que siendo parte del juicio natural no es llamado correctamente al mismo. En ese tenor, a efecto de que una persona tenga interés jurídico para acudir a través del juicio de amparo a controvertir la omisión de pronunciar laudo o fallo, es menester que acredite ser el titular de un derecho subjetivo tutelado por los derechos fundamentales protegidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, y que efectivamente resienta algún agravio respecto del derecho subjetivo de que se trate. Bajo este contexto, si de los antecedentes reseñados se evidencia que el quejoso, acudió a solicitar la protección de la Justicia Federal en su carácter de parte en el juicio laboral de origen, reclamando la dilación y omisión de dictar laudo a la junta responsable, sin demostrar que es parte, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia invocada. Así es, en un juicio es a las partes que en él intervienen, a quienes por esa intervención les nace el derecho a que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, o se les absuelva de las prestaciones reclamadas, respectivamente, es por ello que son la únicas facultadas, cuando les son transgredidos dentro de ese procedimiento sus derechos por la actuación de la autoridad, para acudir ante el órgano jurisdiccional Federal, demandando el cese de esa violación. Por lo cual, al no ser parte el impetrante de amparo, en el procedimiento laboral, tal acto reclamado no vulnera su esfera jurídica, por no ser actuaciones que se encuentren dirigidas a su persona, pues los actos habidos en el referido procedimiento van a reflejarse en la esfera jurídica de las partes contendientes. En consecuencia, cualquier acto que se haya omitido dentro del procedimiento de origen, como el no haberse desenvuelto el procedimiento en términos y en los plazos de ley y dictarse laudo, no le produce ninguna afectación; de ahí la actualización de la causa de improcedencia en estudio. Por lo tanto, es indudable que se actualiza la invocada causal de improcedencia, lo que obliga a decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia, conforme a lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia, que señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Finalmente, se deja sin efectos la fecha señalada para las ONCE HORAS VEINTE MINUTOS DEL DIEZ DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, a fin de que tuviera verificativo la audiencia constitucional.
- Principal
AVISO: SE NOTIFICA PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DICTADO EL DIEZ DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, POR MEDIO DE LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Del estado procesal, en particular, del contenido de la demanda de amparo, el informe justificado y la copia certificada del expediente laboral * que remitió la Junta responsable, se advierte que se actualiza una causa de improcedencia. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado atribuido a la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, consistente en ".la dilación y omisión por falta de celeridad al procedimiento respecto al juicio laboral número * en virtud de que la ahora responsable ha sido omisa en REALIZAR EL LAUDO Y NOTIFICARLO A LAS PARTES EN EL JUICIO LABORAL.", se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XII, y 5°, de la Ley de Amparo, por no haber acreditado tener interés para acudir a esta instancia. En este contexto, el interés jurídico para promover el juicio debe derivar directamente de los efectos que produce en la esfera jurídica del gobernado la emisión del acto reclamado, pues sólo la existencia de una afectación directa e inmediata en los derechos del peticionario, lo facultan a impugnar las violaciones que a su criterio genera el mencionado acto, así como, en su caso, el proceso que le dio origen; de manera tal que no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa cuestión se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad, para que realice determinada conducta o se abstenga de la misma; por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, que por el sólo hecho de serlo, pretenda que las leyes se cumplan. Existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo, tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, por parte de la autoridad responsable. Luego, aplicando los principios de los que se ha dado noticia con anterioridad al caso concreto y específico, es inconcuso que Rafael Moreno Silva, carece de interés jurídico para acudir al presente juicio de amparo. Con el fin de clarificar la conclusión a la que se arriba, se impone destacar los antecedentes que informan la presente litis constitucional, los que se evidencia de la copia certificada del juicio de laboral * y que a continuación se narran: 1. Mediante escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil veinte * por medio de apoderado legal * promovió juicio laboral contra la moral * 2. En auto veintisiete de octubre de dos mil veinte, la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, radicó la demanda bajo el número * señaló día y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ordenó notificar a la parte actora y emplazar a los demandados * Expediente de origen que la junta responsable, al rendir informe al referirse al acto reclamado, lo negó, y agregó que el quejoso no es parte en el juicio laboral y que se archivó el mismo por desistimiento de la parte actora el tres de noviembre de dos mil veintidós. Del relato hecho, se advierte que el ahora quejoso * no resiente la calidad de parte procesal en el juicio laboral * de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, que fue promovido por * por medio de apoderado legal * promovió juicio laboral contra la moral * por ende, tiene la calidad de tercero extraño en la presente litis constitucional. Ciertamente, el interés a que se refiere la disposición normativa en cita, es la pretensión que se encuentra reconocida por las normas de derecho que tienden a satisfacer las necesidades fundamentales de los individuos o grupos sociales, el cual está referido a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que sólo el sujeto de esos derechos puede ocurrir al juicio de amparo y no otra persona; asimismo, debe relacionarse con el derecho subjetivo que supone una facultad de exigir y una reclamación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia; así como con el derecho objetivo que otorgue interés para acudir a tal juicio. De esta forma, la transgresión del derecho legítimamente tutelado, por la actuación de una autoridad, faculta al titular para acudir ante el órgano de control constitucional demandando el cese de esa violación, siendo por tanto ese derecho protegido por el ordenamiento legal, lo que constituye el interés que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Luego, la parte quejosa se dolió de la omisión y dilación de dictar laudo en el juicio laboral * de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla; sin embargo, debe decirse que, la persona extraña a juicio es aquélla que no es parte en el proceso, es decir, la que no ha figurado en el proceso judicial o en el procedimiento como parte en sentido material, las cuales se diferencian de la siguiente forma: a. Personas que no son parte en el proceso las cuales sólo coadyuvan o participan en él; sin embargo, no tienen una relación jurídica generadora de un vínculo al proceso; por ejemplo, testigos, peritos, autoridades distintas a las responsables. b. Tercero extraño en estricto sentido es aquella persona distinta de los sujetos de la controversia cuyos derechos se ven afectados; por ejemplo, a la persona que le embargan como consecuencia de un juicio en el que no es parte o la desposeen de un bien. c. Tercero extraño por equiparación es aquella persona que siendo parte del juicio natural no es llamado correctamente al mismo. En ese tenor, a efecto de que una persona tenga interés jurídico para acudir a través del juicio de amparo a controvertir la omisión de pronunciar laudo o fallo, es menester que acredite ser el titular de un derecho subjetivo tutelado por los derechos fundamentales protegidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, y que efectivamente resienta algún agravio respecto del derecho subjetivo de que se trate. Bajo este contexto, si de los antecedentes reseñados se evidencia que el quejoso, acudió a solicitar la protección de la Justicia Federal en su carácter de parte en el juicio laboral de origen, reclamando la dilación y omisión de dictar laudo a la junta responsable, sin demostrar que es parte, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia invocada. Así es, en un juicio es a las partes que en él intervienen, a quienes por esa intervención les nace el derecho a que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, o se les absuelva de las prestaciones reclamadas, respectivamente, es por ello que son la únicas facultadas, cuando les son transgredidos dentro de ese procedimiento sus derechos por la actuación de la autoridad, para acudir ante el órgano jurisdiccional Federal, demandando el cese de esa violación. Por lo cual, al no ser parte el impetrante de amparo, en el procedimiento laboral, tal acto reclamado no vulnera su esfera jurídica, por no ser actuaciones que se encuentren dirigidas a su persona, pues los actos habidos en el referido procedimiento van a reflejarse en la esfera jurídica de las partes contendientes. En consecuencia, cualquier acto que se haya omitido dentro del procedimiento de origen, como el no haberse desenvuelto el procedimiento en términos y en los plazos de ley y dictarse laudo, no le produce ninguna afectación; de ahí la actualización de la causa de improcedencia en estudio. Por lo tanto, es indudable que se actualiza la invocada causal de improcedencia, lo que obliga a decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia, conforme a lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia, que señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Finalmente, se deja sin efectos la fecha señalada para las ONCE HORAS VEINTE MINUTOS DEL DIEZ DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, a fin de que tuviera verificativo la audiencia constitucional.
- Principal
Vista la certificación a que se refiere la razón de cuenta que antecede, de la cual se desprende que la parte quejosa omitió inconformarse contra el auto de dos de mayo del año en curso, que declaró cumplida la sentencia dictada en este expediente; en consecuencia, en términos de los artículos 80, 201 fracción I y 202 primer párrafo de la Ley de Amparo, se declara firme tal auto; por tanto, previas las anotaciones que se hagan en el libro respectivo de este juzgado así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes, archívese el presente juicio de amparo como asunto concluido. En otro orden, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de junio de dos mil veintitrés; y, atendiendo a la hipótesis prevista artículo 17 fracción III, inciso a), de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es conservable, en atención a que carece de relevancia documental y al sentido de la resolución pronunciada. Con respecto al incidente de suspensión, el cuaderno original en términos del artículo 20, fracción III del Acuerdo antes citado, se determina que es destruible. Por su parte, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido en un plazo de seis meses, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a, del citado Acuerdo
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