Rafael Morales Oyervides

Expediente 722/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 12 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
722/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
03/10/2019

Partes del expediente

  • Rafael Morales Oyervides
  • Juez Primero Civil de Primera Instancia, Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Incidental

    Reynosa, Tamaulipas, tres de octubre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta; agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito firmado por el tercero interesado Ervey Ramírez Manzanarez, mediante el cual solicita se deje sin efectos la suspensión definitiva concedida al quejoso Miguel Rafael Morales Oyervides, toda vez que no exhibió la garantía fijada en interlocutoria de once de julio de dos mil diecinueve. Por tanto, como lo solicita el promovente y tomando en consideración la certificación asentada en la razón de cuenta, por la Secretaria de este Juzgado, se advierte que el quejoso Miguel Rafael Morales Oyervides, no dio cumplimiento a lo exigido en la interlocutoria de once de julio de dos mil diecinueve (fojas 24 a 26), esto es, no exhibió garantía por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional), por tanto, la misma deja de surtir sus efectos y quedan expeditas las facultades de las responsables para ejecutar el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 136, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, comuníquese a las autoridades responsables. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Iris Ileana de León Martínez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En el local del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos del tres de octubre de dos mil diecinueve, estando en audiencia pública Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido de Iris Ileana de León Martínez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 722/2019-5, promovido por**********. El Juez declara abierta la audiencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, haciendo constar la Secretaria que ninguna de las partes ha comparecido a participar en este acto, no obstante su legal notificación según constancias que obran en autos. En primer término, se da cuenta con la impresión de la resolución constitucional de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, relativa al juicio de amparo 1236/2018-II, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, promovido por el aquí quejoso *******, extraída del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al efecto el Juez acuerda: glósese a los autos dicha determinación y tómese en consideración en la etapa correspondiente. A continuación, la Secretaria procede a dar lectura al escrito de demanda y su escrito aclaratorio (fojas 2 a 11, 15 y 16), así como a las demás constancias de autos, y da cuenta al Juez con los informes justificados de las autoridades responsables. A lo que se provee: ténganse por relacionadas las constancias de autos y tómense en consideración los informes justificados al momento de resolver este juicio de amparo. Posteriormente, se abre el período probatorio, dándose cuenta con las constancias allegadas por el quejoso a su escrito inicial de demanda (fojas 7 a 11), y las documentales públicas remitidas por la autoridad responsable Jueza Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, residente en esta localidad (fojas 34 a 36 y un legajo de pruebas). A lo que el Juez, provee: Se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas documentales, lo anterior, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, mismas que se tomaran en cuenta en su oportunidad. Sin que existan más probanzas por relacionar, se da por terminado el período probatorio. A continuación, se abre la etapa de alegatos, y se da cuenta con los formulados por la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita a este Juzgado (fojas 29 y 30). A lo que el Juez acuerda: ténganse por expresados los citados alegatos. Sin que exista promoción pendiente de acordar, el Juez dicta la siguiente. S E N T E N C I A: V I S T O S los autos que integran el juicio de amparo 722/2019-5; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, turnado a este órgano de control constitucional en esa fecha, ************* promovió juicio de amparo contra actos de la Jueza Primera de Primera Instancia Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, se registró la demanda con el número 722/2019-5, y a efecto de acordar lo conducente respecto a su admisión o desechamiento, se previno al promovente para precisar diversas cuestiones (fojas 12 y 13). TERCERO. En proveído de cuatro de julio de dos mil dieciocho, se tuvo al quejoso dando cumplimiento a la prevención formulada, por lo que se admitió la demanda; se pidió informe justificado a las autoridades responsables, se tramitó el incidente de suspensión solicitado, se dio intervención al Representante Social de la Federación adscrito y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 17 a 19). Se emplazó a la tercera interesada Lucía Lozano Soto y Ervey Ramírez Manzanares, endosatarios en procuración de Manuel Gerardo Venegas Sánchez, como se observa de la constancia actuarial que obra a foja 38 vuelta de autos; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en Reynosa, es competente para resolver este juicio de amparo en términos de lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ya que conforme a los preceptos legales invocados, al no ser Juzgado de materia especializada, le corresponde conocer de todos los asuntos a que se refiere el Título Segundo, Capítulo I, de la Ley de Amparo; pues el acto reclamado tiene verificativo en la circunscripción territorial en la que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En principio, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa que en este asunto el acto reclamado lo constituye el emplazamiento y las subsecuentes actuaciones realizadas en el expediente 309/2018, del índice del Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por Lucia Lozano Soto, en su carácter de endosataria en procuración de Manuel Gerardo Venegas Sánchez, en contra del aquí quejoso. Sobre ese punto se invoca, la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 192097), que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.- Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. La Secretaria de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le reclama (foja 25), sin que el quejoso aportara prueba en contrario. En consecuencia, se actualiza el motivo de sobreseimiento contenido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de tal autoridad. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 284 en la página 236, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000 (registro 917818), que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. La Jueza Primera de Primera Instancia Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado y el Actuario adscrito al Quinto Distrito Judicial en el Estado, ambos con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación aceptaron la existencia del acto reclamado (fojas 33 y 26). Además, se adjuntó copia certificada de las constancias que integran el juicio de origen (legajo de pruebas); documental que al ser expedida por una funcionaria pública en ejercicio de sus funciones, adquiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia emitida también por el Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 226, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 (registro 394182), que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. No se analizarán los actos reclamados ni los conceptos de violación que en su contra se expresan, toda vez que en el caso se actualiza una causa de improcedencia que amerita el sobreseimiento en el juicio. Ello es así, ya que la procedencia del juicio de amparo, es un presupuesto procesal que debe estudiarse de oficio por el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Además, en apoyo a esto, se invoca la Jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 (registro 394770), que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, en este asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 17 y 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. ." De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, esto es, aquellos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos, esto es, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo, cuyo plazo se computará acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento. Por ello, es necesario transcribir el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo, que marca: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De lo transcrito, se colige que la regla general para presentar una demanda de amparo es de quince días, y además, que el presente juicio no se ubica en ninguna de las hipótesis de exclusión que prevé el citado numeral. Por otro lado, el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece que los plazos a que se refiere el artículo 17 de la misma legislación, se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En esas circunstancias, es necesario destacar que de las constancias allegadas por la juez responsable, previamente valoradas, se advierte que el agraviado no promovió la demanda que nos ocupa dentro del término legal. Aunado a ello, de la impresión obtenida del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, resulta un hecho notorio para este Juzgador que *********, el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, promovió el juicio de amparo 1236/2018-II, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en el que señaló, entre otras autoridades, a la Jueza Primera de Primera Instancia Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, a quien le reclamó la orden de arresto librada el veintiséis de septiembre del mencionado año, dentro del juicio ejecutivo mercantil 308/2018. Al respecto, se invoca la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, Novena Época, del Apéndice 1917, Septiembre de 2011, Materia Común, Página 2805 (registro 1004208), que dice: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.- Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones." De lo expuesto, queda claro que el quejoso tuvo pleno conocimiento de la instauración del expediente de origen, al menos desde el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, fecha en que presentó la diversa demanda de garantías ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad. De manera que si la demanda de amparo que ahora nos ocupa se presentó hasta el veintiuno de junio de dos mil diecinueve, es indudable que lo hizo de forma extemporánea y se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, lo que impone SOBRESEER en el juicio, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la invocada legislación, por haberse ejercitado acción constitucional después de los quince días que tenía para ello. Apoya lo anterior, la tesis VI.1o.39 K, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado Del Sexto Circuito, visible en la página 270, Tomo XV-2, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 208285), que dice: "CONSENTIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. LAS MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD QUE LO ENTRAÑAN PUEDEN PRODUCIRSE DURANTE LA TRAMITACION DEL JUICIO DE AMPARO Y APOYAN LA IMPROCEDENCIA DE ESTE.- De acuerdo con los artículos 1803 del Código Civil para el Distrito Federal aplicable en toda la República en Materia Federal y 1457 del Código Civil del Estado de Puebla, el consentimiento puede expresarse verbalmente, por escrito o mediante signos inequívocos, a lo que debe sumarse que debido a sus características, por regla general es un acto de voluntad, que por lo mismo, puede expresarse en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia en el juicio de garantías. De lo anterior, se sigue, que de estar probado ese consentimiento, ha lugar a declarar la improcedencia de la acción constitucional." La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta ejecutoria son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 61, 62, 63, 73, 74, 75 y 76, fracción I, de la Ley de Amparo; se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo 722/2019-5, *********, contra las autoridades y los actos que se indican en el resultando primero de esta resolución y por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de la misma. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Iris Ileana de León Martínez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO...

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta; agréguese a los autos el escrito signado por Ervey Ramírez Manzanarez en su calidad de tercero interesado, a través del cual señala domicilio para oír y recibir notificaciones y designa autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. En ese contexto, se tiene al antes nombrado apersonándose a este juicio de amparo, y como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Calle Cinco número 205, esquina con Leona Vicario, colonia Prolongación Longoria de esta ciudad, y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Lucía Lozano Soto y Eduardo Arturo Corona Gracia. Finalmente, se tienen por vertidas las manifestaciones efectuadas por el promovente, mismas que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno.

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