Rafael Minero Hernández

Expediente 1918/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1918/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
23/12/2019

Partes del expediente

  • Rafael Minero Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende, que de la lectura integral del escrito de demanda, Rafael Minero Hernández acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión del Delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Puebla, de acordar su escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, dentro del expediente administrativo PFPA27.3/2C.27.2/090/18-132. Sobre este particular, debe precisarse que de las constancias que el presidente responsable exhibió como justificantes de su informe, consistentes en las copias certificadas de diversas constancias del expediente PFPA27.3/2C.27.2/090/18-132, a las que se otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que la omisión de acordar el escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve que reclama la parte quejosa fue dictado el treinta de octubre del año en curso; en consecuencia, al tenor de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo. Ello, sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, puesto que en este caso en particular, la causal de sobreseimiento (al igual que las de improcedencia), constituye una cuestión de orden público, por lo que su examen es oficioso y preferente, en cualquier estado e instancia del juicio de amparo. Además, en este caso, la causal de sobreseimiento (inexistencia de acto), resulta preferente a cualquier causal de improcedencia (artículo 61 de la Ley de Amparo), pues la hipótesis prevista en la fracción IV del diverso 63 de la ley de la materia, que previene la inexistencia de los actos reclamados, evidencia que el amparo únicamente puede sustanciarse contra los existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. En este sentido, aun cuando por regla general se puede afirmar que la inexistencia del acto no se considera motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal circunstancia debe atenderse primordialmente para el desechamiento de la demanda de amparo, en razón de que no se puede establecer a priori la certeza o no de tales actos con la sola presentación de la demanda; sin embargo, una vez que la responsable rinde su informe justificado, el juzgador puede determinar si existe o no el acto reclamado y si éste vulnera los derecho consagrados en la Carta Magna a favor de los gobernados. En tal virtud, si el más alto Tribunal de la Nación ha determinado que si durante el trámite del juicio, el juzgador conoce de la existencia de una causal de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, y que estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal razón, a juicio de este juzgador federal, resulta aplicable en tratándose de una causa directa de sobreseimiento. En este caso, si el quejoso se duele de la omisión de la responsable de emitir el acuerdo correspondiente a una petición presentada dentro del expediente PFPA27.3/2C.27.2/090/18-132, y la responsable, al rendir su informe, justificó plenamente que el mismo fue emitido el treinta de octubre de dos mil diecinueve; es decir, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, es por demás claro que el quejoso, aun cuando ofreciera pruebas, no podrá desvirtuar tal circunstancia, por lo que continuar innecesariamente con la tramitación del presente juicio, en nada cambiaría el sentido del fallo (sobreseimiento por inexistencia de acto). En estas condiciones, atendiendo que el acuerdo cuya omisión reclama la quejosa, se dictó el treinta de octubre de dos mil diecinueve, conforme a tal situación, es evidente que en la fecha de presentación de la demanda (once de noviembre del mismo año), el acto reclamado era inexistente, por lo cual el juicio de amparo en estudio, no puede ocuparse de actos posteriores, por lo que procede sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Consecuentemente, al demostrarse en autos que en la fecha de presentación de la demanda de amparo, el acto reclamado no existía, procede, de conformidad con la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de la materia, sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional. Lo anterior, porque en este caso, con la determinación de este juzgado federal de sobreseer fuera de la audiencia constitucional, no se priva de defensa a la parte quejosa; ello, en el supuesto de no brindarle la oportunidad a que se ofrezcan pruebas, pues como ya se dijo, nada puede desvirtuar la inexistencia del acto, por ende, el resultado del fallo siempre será en el mismo sentido, por lo que de continuar con la substanciación de este juicio, únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 Constitucional. En estas condiciones, se deja sin efecto las diez horas con un minuto del veinte de enero de dos mil veinte, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo y se ordena hacer las anotaciones correspondientes.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende, que de la lectura integral del escrito de demanda, Rafael Minero Hernández acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión del Delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Puebla, de acordar su escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, dentro del expediente administrativo PFPA27.3/2C.27.2/090/18-132. Sobre este particular, debe precisarse que de las constancias que el presidente responsable exhibió como justificantes de su informe, consistentes en las copias certificadas de diversas constancias del expediente PFPA27.3/2C.27.2/090/18-132, a las que se otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que la omisión de acordar el escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve que reclama la parte quejosa fue dictado el treinta de octubre del año en curso; en consecuencia, al tenor de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo. Ello, sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, puesto que en este caso en particular, la causal de sobreseimiento (al igual que las de improcedencia), constituye una cuestión de orden público, por lo que su examen es oficioso y preferente, en cualquier estado e instancia del juicio de amparo. Además, en este caso, la causal de sobreseimiento (inexistencia de acto), resulta preferente a cualquier causal de improcedencia (artículo 61 de la Ley de Amparo), pues la hipótesis prevista en la fracción IV del diverso 63 de la ley de la materia, que previene la inexistencia de los actos reclamados, evidencia que el amparo únicamente puede sustanciarse contra los existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. En este sentido, aun cuando por regla general se puede afirmar que la inexistencia del acto no se considera motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal circunstancia debe atenderse primordialmente para el desechamiento de la demanda de amparo, en razón de que no se puede establecer a priori la certeza o no de tales actos con la sola presentación de la demanda; sin embargo, una vez que la responsable rinde su informe justificado, el juzgador puede determinar si existe o no el acto reclamado y si éste vulnera los derecho consagrados en la Carta Magna a favor de los gobernados. En tal virtud, si el más alto Tribunal de la Nación ha determinado que si durante el trámite del juicio, el juzgador conoce de la existencia de una causal de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, y que estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal razón, a juicio de este juzgador federal, resulta aplicable en tratándose de una causa directa de sobreseimiento. En este caso, si el quejoso se duele de la omisión de la responsable de emitir el acuerdo correspondiente a una petición presentada dentro del expediente PFPA27.3/2C.27.2/090/18-132, y la responsable, al rendir su informe, justificó plenamente que el mismo fue emitido el treinta de octubre de dos mil diecinueve; es decir, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, es por demás claro que el quejoso, aun cuando ofreciera pruebas, no podrá desvirtuar tal circunstancia, por lo que continuar innecesariamente con la tramitación del presente juicio, en nada cambiaría el sentido del fallo (sobreseimiento por inexistencia de acto). En estas condiciones, atendiendo que el acuerdo cuya omisión reclama la quejosa, se dictó el treinta de octubre de dos mil diecinueve, conforme a tal situación, es evidente que en la fecha de presentación de la demanda (once de noviembre del mismo año), el acto reclamado era inexistente, por lo cual el juicio de amparo en estudio, no puede ocuparse de actos posteriores, por lo que procede sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Consecuentemente, al demostrarse en autos que en la fecha de presentación de la demanda de amparo, el acto reclamado no existía, procede, de conformidad con la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de la materia, sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional. Lo anterior, porque en este caso, con la determinación de este juzgado federal de sobreseer fuera de la audiencia constitucional, no se priva de defensa a la parte quejosa; ello, en el supuesto de no brindarle la oportunidad a que se ofrezcan pruebas, pues como ya se dijo, nada puede desvirtuar la inexistencia del acto, por ende, el resultado del fallo siempre será en el mismo sentido, por lo que de continuar con la substanciación de este juicio, únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 Constitucional. En estas condiciones, se deja sin efecto las diez horas con un minuto del veinte de enero de dos mil veinte, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo y se ordena hacer las anotaciones correspondientes.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se puedan imponer con la oportunidad debida del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, para que manifiesten, si lo consideran necesario, lo que a su derecho importe; en tal virtud, difiérase la audiencia constitucional para las DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a sus autos el escrito signado por el quejoso Rafael Minero Hernández, para los efectos a que haya lugar. Visto su contenido, como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, teniendo por autorizadas para recibirla a las personas que menciona, previa razón de entrega e identificación que obre agregada en autos, en el horario comprendido de nueve a doce horas, de lunes a jueves, por así permitirlo las labores del juzgado. NOTIFÍQUESE.

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