Rafael Mejia Vera

Expediente 1597/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1597/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
09/03/2023

Partes del expediente

  • Rafael Mejia Vera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos y al advertirse que no se interpuso recurso de revisión en contra del auto mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una resolución que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido.". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Cuaderno incidental (negó provisional y definitiva) Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó la medida cautelar provisional y la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original del incidente de suspensión para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, el auto de sobreseimiento fuera de audiencia y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Remisión de constancias. Remítase al Director General Jurídico y de lo Contencioso de la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Puebla, el DVD, que remitió como complemento a su informe justificado; en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Devolución de documentos. De conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dese vista a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este tribunal dentro de un plazo de noventa días, a recoger el documento original que exhibió como prueba en el presente juicio de amparo, apercibida que, en caso de no hacerlo, dicho documento será glosado al expediente en que se actúa y en su momento podrá ser destruido junto con las constancias judiciales. Se hace del conocimiento de la parte quejosa, que para poder acudir a las instalaciones de este juzgado federal, deberá atender los lineamientos de salud vigentes, aplicables para espacios cerrados, sin sana distancia y con nula o poca ventilación. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    Cúmplase.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprenden los datos siguientes: *** Ahora, al rendir su informe justificado, las autoridades responsables aceptaron el acto que se les reclama y, remitieron en versión electrónica copia certificada de lo actuado en el recurso de revisión *** de su índice. En ese supuesto, se precisa que ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados en sentido contrario-, que establecen: *** De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en la sesión del veintidós de mayo de dos mil catorce, esencialmente determinó que de conformidad con la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues el artículo 107 fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procesales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En ese sentido, el propio Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 370/2017, en sesión del treinta de octubre de dos mil dieciocho, en la que analizó lo relativo a la negativa de llamar a juicio a un tercero interesado, y de la cual emitió la jurisprudencia P./J. 7/2019 (10a.), der rubro: "DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN NO CONSTITUYE UN "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN", POR LO QUE ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA.", delimitó el concepto de actos de imposible reparación, pues en la ejecutoria relativa estableció las premisas siguientes: Para ser calificados como "actos de imposible reparación", es necesario que los actos emitidos dentro de juicio: 1) afecten materialmente derechos; y 2) esos derechos revistan la categoría de "sustantivos" En ese sentido, se precisó como requisito necesario para actualizar un acto de imposible reparación, que las consecuencias de los actos intraprocesales sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que tal afectación debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase el ámbito procesal, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Finalmente, precisó que no pueden seguir siendo aplicables los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior. Debe destacarse que el mismo Tribunal Pleno del Máximo Tribunal del País ha sostenido que cuando el acto reclamado no sea de imposible reparación, es factible desechar una demanda de amparo, pues en ese caso se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia del juicio de amparo, tal como lo plasmó en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. *** Con base en el marco jurídico expuesto, se advierte que el acto reclamado en el presente juicio consiste en el acuerdo de tres de agosto de dos mil veintidós, dictado en el recurso de revisión 136/2022 del índice de la Dirección General Jurídica y de lo Contencioso del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, por el que, por una parte, se admitió el medio de impugnación únicamente respecto la orden de visita domiciliaria de inspección y verificación y, por otra, se desechó respecto a los restantes actos impugnados -constancia de identificación y acta de visita domiciliaria de inspección y verificación-. Así, en el acto reclamado no actualiza los requisitos para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos dentro de procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pues no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, ni impide de forma actual el ejercicio de algún derecho de la parte quejosa, de ahí que no constituye un acto dictado dentro del procedimiento de origen que tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En efecto, se insiste que el acto reclamado sólo puede implicar una infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales podrían ser reparados, pues en caso de que en el recurso de revisión de origen se dictara una sentencia favorable a los intereses del justiciable, entonces el hecho de que se hubiera admitido parcialmente el citado medio de impugnación, se tornaría irrelevante. Lo anterior, en tanto que debe ponderarse que en el recurso de revisión la parte quejosa impugnó tres actos administrativos, a saber: La orden de visita de verificación. El acta de visita. La constancia de identificación. En el caso, si en el recurso de revisión se dicta resolución favorable al quejoso, es decir, que se ordene la nulidad de la orden de visita, debe considerarse que tal extremo implicaría la insubsistencia de todo lo actuado con motivo de dicha orden. Por ende, de dejarse sin efectos jurídicos la orden de visita, ello impactaría, en el mismo sentido, al acta de visita de verificación y la constancia con la que los funcionarios acreditaron sus facultades. De ahí que, de presentarse esa eventualidad, el desechamiento reclamado en el presente asunto sería inocuo, puesto que al nulificarse el acto administrativo que originó el acta de visita y la constancia mencionada, ello sostendría invalidar éstos, al ser producto de un acto viciado; por lo que el desechamiento parcial no habría impacto en el sentido del fallo. Ilustra lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia P.C.III.A. J/8 A del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 2290, libro 9, enero de 2022, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y contenido siguiente: "DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA DE NULIDAD. NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN CONTRA DEL CUAL PROCEDA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. *** Además, cabe precisar que tal determinación no deja en estado de indefensión jurídica al justiciable, pues en caso de que la sentencia resulte adversa a sus intereses, entonces la sentencia que en su caso se emita en el recurso de mérito, sería reclamable ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, de conformidad con lo que señala el numeral 4°, apartado A, fracciones I y X, de la Ley Orgánica del citado tribunal, prevé expresamente que las resoluciones dictadas en los recursos de revisión constituye un acto administrativo contra el cual puede promover juicio contencioso administrativo; en consecuencia, se trata de una violación de reparación posible por no afectar derechos sustantivos. Por lo anterior, dado que la resolución que se reclama no afecta algún derecho sustantivo, no constituye un acto dictado en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, lo que denota que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía de razón, el criterio siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA EL DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA, AL NO SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN [APLICACIÓN SISTEMÁTICA Y ANALÓGICA DE LAS JURISPRUDENCIAS P./J. 37/2014 (10a.), 2a./J. 48/2016 (10a.) Y P./J. 7/2019 (10a.), E INAPLICABILIDAD DE LA DIVERSA 2a./J. 55/2002]. *** Por tanto, se concluye que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados en sentido contrario-, de la Ley de Amparo y, por ende, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. *** En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada. Finalmente, dese de alta el presente sobreseimiento en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese el oficio del Director General Jurídico y de lo Contencioso de la Sindicatura Municipal el Ayuntamiento de Puebla por sí y en representación de la Jefa del Departamento Fiscal de la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Vista a las partes. Con el contenido del informe de cuenta dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Delegados y domicilio. En términos de lo dispuesto por los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad responsable a las personas que menciona y por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones que indica en el comunicado que se provee. Disco compacto. De conformidad con los artículos 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de ampliación supletoria a la Ley de Amparo y el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por admitidos los archivos que contiene el disco DVD que anexó la autoridad responsable a su oficio de cuenta, las cuales tiene el carácter de documentales. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro y contenido siguiente: "VIDEOGRABACIONES. LAS OFRECIDAS POR LAS PARTES COMO PRUEBA EN EL AMPARO INDIRECTO, TIENEN EL CARÁCTER DE PRUEBA DOCUMENTAL Y DEBEN SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO. *** Requerimiento. A fin de contar con las constancias relativas a los actos reclamados, con fundamento en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informen el estado procesal que actualmente guarda el recurso de revisión *** de su índice y, remita a este juzgado copia certificada, completa y legible de las constancias con las que acredite su dicho, o bien, manifieste la imposibilidad que tiene para ello. Con el apercibimiento que, de no dar cumplimiento a lo requerido en el presente acuerdo en el plazo señalado, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de 50 a 1000 veces la unidad de medida y actualización. Notifíquese.

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