Rafael Mejía Rangel

Expediente 393/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
393/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
24/04/2023

Partes del expediente

  • Rafael Mejía Rangel
  • Juez Primero de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Causa estado. Según se advierte del estado procesal de autos, así como de la certificación de cuenta, la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de once de abril del año en curso, en que se desechó la demanda de amparo intentada; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Archivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 212 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. Otras consideraciones. Se hace la aclaración que la parte quejosa no allegó al juicio principal algún documento que por sus características amerite ser devuelto. Notifíquese.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, once de abril de dos mil veintitrés. I. Recepción de escrito aclaratorio. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento a la prevención decretada en autos; en consecuencia, se provee: II. Improcedencia de la demanda de amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, lo que impone a desechar la misma, como se explica enseguida. Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su actualización, la demanda no debía ser desechada, pues se estaría privando a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. La citada tesis, es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.". III. Acto reclamado. La parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: A) La resolución interlocutoria de diecinueve de enero de dos mil veintitrés dictada dentro del expediente ******, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar de Querétaro. B) El auto de catorce de marzo de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente ******, en el que se desecha la excepción de pago que hace valer la parte quejosa. C) El auto de quince de marzo de dos mil veintitrés dictado en el expediente *****, en el que se hace efectivo el apercibimiento del diverso auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés y ordena al Actuario de su adscripción que se constituya en el domicilio de la parte quejosa y proceda a requerirle el pago de la cantidad de ***** por concepto de pensión alimenticia provisional. IV. Desechamiento respecto del acto reclamado descrito en el inciso a). Respecto del referido acto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el 17 y 18 de la propia norma, que disponen lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)." Por su parte, los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En suma, bajo el cuadro legal antes expuesto se evidencia que el plazo procesal al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días contado de la forma que estatuye el artículo 17 de la Ley de Amparo, que por regla general es de la siguiente forma: Desde el día siguiente al en que al quejoso hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. En seguimiento a lo anterior se precisa que los supuestos mencionados se excluyen entre sí, y, además, no guardan prelación alguna; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente siempre invariablemente en el improrrogable plazo de quince días siguientes al mismo. La referida regla que rige el plazo de quince días como término preprocesal que se exige a los gobernados, admite ciertas excepciones que se contemplan en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que antes fue transcrito, de cuya intelección se pone de manifiesto que ahora el legislador ordinario tuvo la intención de poner límites en lo temporal a los gobernados para promover el juicio de amparo con relación a algunos actos respecto de los que con anterioridad no lo establecía, tales como los actos en materia agraria provenientes de autoridades administrativas e, incluso en la materia penal hasta el caso de actos que afecten la libertad emitidos por una autoridad judicial -como sucede con los relativos a una orden de aprehensión, reaprehensión, auto de formal prisión o de sujeción a proceso, esto es, aquellos regulados por los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal-; lo anterior es así, pues el precepto reproducido no revela que el legislador hubiere establecido nuevamente como excepciones a la regla general que establece el plazo de quince días para promover el juicio de amparo. Ahora bien, la causa que torna inejercitable la acción de garantías tiene lugar cuando éste no se promueve dentro del plazo de quince días que consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo en lo general, cuando no se está en algunas de las excepciones que pueden llegar a la imprescriptibilidad de la acción de amparo, pues tal numeral contiene una presunción juris tantum que admite prueba en contrario, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de amparo, significa que consintió una u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. Sobre el tema de la causa de improcedencia que se invoca es de citar la Jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 364 del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y dos, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." La Jurisprudencia que precede y que se considera afín a la nueva Ley de Amparo, al tratar un tópico que recoge de nueva cuenta el legislador, se pone de manifiesto la existencia de los elementos que como requisitos se deben satisfacer para que opere la presunción de consentimiento del acto que da lugar a la improcedencia del amparo, siendo los siguientes: Un acto de autoridad o de particular en términos del artículo 5 de la Ley de Amparo. Una persona afectada por tal acto. La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención. El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción. El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. De igual modo, se precisa como marco teórico referencial relacionado con la causa de improcedencia que se estima actualizada en la especie, que la misma es de estudio preferente a las demás causales de improcedencia; ello es así, en razón de que de los múltiples aspectos que como presupuestos procesales se pueden observar con motivo del cumplimiento de las causas de improcedencia, el relativo a la oportunidad es básico frente a los restantes porque si la demanda de amparo no se presentó en tiempo, los restantes problemas procesales ya no tendría utilidad analizarlos. Al respecto es aplicable por su espíritu, la tesis I.3°.A.135 K, del Tercero tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer Circuito, visible en la página 619 del tomo XIV, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, LA CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, ES DE ESTUDIO PREFERENTE A LAS DEMÁS CAUSALES. Si bien es cierto que el artículo 73 de la Ley de Amparo prevé diversas causales de improcedencia que conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio sin analizar el fondo del asunto, ello no significa que todas esas causales de improcedencia que pueden surtirse en el juicio constitucional sean de la misma preferencia en su análisis para su actualización, pues existen algunas de estudio preferente a otras. Así la fracción XVIII del precepto antes citado, permite la actualización de aquellas causales de improcedencia que si bien no están establecidas expresamente en las 17 fracciones anteriores que contiene el propio artículo, pueden derivarse de alguna otra disposición de la propia ley. De esta manera, relacionando el artículo 21 de la ley de la materia, con la fracción XVIII del multicitado artículo 73, se da la posibilidad jurídica de que se cuestione la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo ante el órgano judicial, para que éste determine si la presentación de la demanda de garantías está dentro del término que establece el artículo 21 o 22 de la Ley de Amparo, según sea el caso, y poder admitir a trámite la demanda respectiva, o bien, examinar, si no se actualiza otra diversa causal de improcedencia, el fondo del asunto. Esta causal de improcedencia que se contiene en la fracción XVIII del artículo 73 en relación con los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, es de análisis preferente a las restantes porque si la demanda no se presentó en tiempo, el juzgador ya no podrá actualizar ninguna otra diversa, en virtud de que la acción en sí misma es improcedente por extemporánea. En cambio, si la acción se ejercitó dentro del término legal que establece la ley de la materia entonces el juzgador está en posibilidad legal de determinar si la acción intentada cumple o no con los requisitos necesarios que se requieren por la ley para que proceda el estudio del fondo del asunto o de la controversia planteada, como es la legitimación del promovente, el interés jurídico, que no exista recurso ordinario pendiente de agotar, que el acto reclamado no está consentido, etc." Aunado a lo anterior, debe precisarse que el juicio de amparo que ahora se intenta no se surte ninguno de los supuestos que pudiere dar origen a la excepción a la regla contenida en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado carece de un contenido o efecto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento penal, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército; como tampoco se reclama una norma general autoaplicativa, o un procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, y menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Lo anterior se explica en la medida que el promovente es parte en el juicio ordinario civil sobre divorcio necesario **** de la estadística del Juez Primero de Primera Instancia Familiar de Querétaro, de quien reclama la resolución interlocutoria de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, siendo éste precisamente acto de naturaleza familiar, que no encuadra en las excepciones que prevé el ordinal 17 de la Ley de Amparo vigente. De esta guisa, el consentimiento tácito implica la falta de impugnación de un acto determinado, dentro de los términos prejudiciales establecidos por el numeral 17 de la propia ley, que es el aplicable al caso concreto, pues dada la naturaleza del acto reclamado, el plazo prejudicial aplicable es el genérico, de quince días, mismo que se contará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa del acto o resolución. Lo anterior se estima así, ya que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto reclamado veinte de enero de dos mil veintitrés, data en que se le realizó la notificación por listas correspondiente a la resolución interlocutoria reclamada. Entonces en función a la fecha en que se presentó la demanda, resulta que el término de quince días con el que se contaba para la promoción del juicio de amparo en contra del acto reclamado ha fenecido. Lo anterior, toda vez que el quejoso tuvo conocimiento de la determinación reclamada desde el veinte de enero de dos mil veintitrés en el juicio de divorcio necesario ****, en tanto que la demanda de amparo la presentó hasta el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, por ende, es claro que el plazo de quince días para promover el juicio de amparo ha fenecido. Lo anterior se estima así, ya que en los antecedentes vertidos por la parte quejosa; así como del escrito aclaratorio agregado en el presente proveído, bajo protesta de decir verdad, manifestación que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, en razón de lo establecido por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, refiere que tuvo conocimiento del acto que reclama en el presente juicio el veinte de enero de dos mil veintitrés. Por lo que, al haberse presentado la demanda de amparo el día veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro; su presentación resulta extemporánea; de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, pues la demanda de amparo se promovió fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia número P./J. 11/2017 (10a.), publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 7, Tomo I, Materia Común, Mayo de 2017, con número de registro 2014199, que dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En relación con el primer supuesto, el surtimiento de efectos de las notificaciones al día siguiente al en que se practican no puede considerarse una regla general ni absoluta, pues está condicionada a lo que determine la ley que rige el acto reclamado. En esas condiciones, con frecuencia los preceptos en materia de notificaciones no regulan expresamente el momento en el que surten efectos, sin embargo, al hablar de plazos señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, lo que permite concluir que en este caso las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día, sobre todo si se toma en cuenta que -por regla general- surten sus efectos de manera inmediata y no es posible prolongar el surtimiento de sus efectos por un día, si no lo dispuso expresamente el legislador; de ahí que en términos del precepto indicado, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo inicia el día siguiente al de la notificación, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como a la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas." En las relatadas circunstancias, por lo expuesto y fundado, se afirma la actualización de una causa notoria de improcedencia del juicio de amparo; y en esas condiciones, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo, respecto del acto reclamado descrito en el inciso A), de conformidad con lo dispuesto por los artículos 113, 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17, todos de la Ley de Amparo. V. Desechamiento respecto del acto reclamado descrito en el inciso B). Ahora, respecto del acto reclamado descrito en el inciso B), se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, que estatuye: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a).- Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b).- Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c).- Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". Así es, contra el acto de la autoridad judicial que aquí se reclama, procede un medio de defensa legal, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado; por tanto, la parte quejosa no cumplió previamente con el principio de definitividad que anima el juicio de amparo. Los elementos con los que se integra la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aun cuando la parte agraviada no hubiere hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución y los previstos en la ley reglamentaria. En la especie, se actualiza la referida causal de improcedencia, toda vez que contra el acto de la autoridad judicial que aquí se reclama, procede un medio de defensa legal, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. En efecto, el acto reclamado constituye una determinación emitida por un tribunal judicial, como lo es el Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar de Querétaro, en este sentido, tal circunstancia permite establecer que de acuerdo con la legislación que rige el procedimiento de referencia (Código de Procedimientos Civiles para el Estado), el auto dictado por el juzgador, inclusive con posterioridad al dictado de la sentencia como lo es el caso, son impugnables a través de los medios de defensa que al efecto establece la legislación adjetiva mencionada. En efecto, de la intelección del artículo 721 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, se obtiene que el acto reclamado por la quejosa puede reclamarse en términos del recurso de revocación previsto en la norma citada, que dice: "Artículo 721. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el juez que los dicta o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." Por lo que, resulta inconcuso que previo a acudir al juicio de amparo indirecto, la parte quejosa debe agotar el medio de impugnación (revocación), previsto por la ley ordinaria, para luego poder acudir al juicio de amparo, ya que de no hacerlo en esos términos, sobreviene la causa de improcedencia que para tal efecto señala el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues dicho precepto consagra uno de los principios que rigen la técnica del juicio de amparo, relativo al principio de definitividad que consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Sin pasar inadvertido que la parte quejosa aduce que en términos del artículo 542 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, las actuaciones como la que reclama que se dictan en etapa de ejecución de sentencia no admiten recurso alguno, pues el propio precepto dispone que quedan exceptuados de ello lo dispuesto por los artículos 140, 141, 529 y 530, siendo que precisamente la actuación reclamada es tendente a ejecutar la planilla cuya liquidación solicitó la contraria, de manera que al derivar de los supuestos previstos en los numeral 529 y 530 de la propia legislación, se estima son recurribles, y por ende, debió impugnarlos previo acudir al juicio de amparo. Sirve de apoyo a todo lo anterior, la jurisprudencia por unificación cuyo soma contiene: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." (JURISPRUDENCIA 113/2013 (10ª), emanada de la Contradicción de tesis 265/2013. suscitada entre el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, aprobada por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de fecha treinta de octubre de dos mil trece.) Por tanto, es válido concluir que el acto aquí combatido puede ser modificado o revocado, a través del recurso de revocación previsto en el ordinal 721 del ordenamiento jurídico invocado. Resulta meramente ilustrativa a lo expuesto, la jurisprudencia cuyo rumbo y texto se precisan a continuación: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." (Jurisprudencia 85, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 51, del tomo 67, julio de 1993, octava época del semanario judicial de la Federación) Sin que en el caso que nos ocupa, se esté en presencia de alguna de las excepciones a ese principio en el juicio de amparo indirecto, aun y cuando se plantea en la demanda de amparo una violación directa a la Constitución, y específicamente respecto de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16, dado que como ya quedó asentado, las violaciones reclamadas pueden ser defendidas con plena eficacia a través de un procedimiento ordinario. Es decir, si se plantean simultáneamente en la demanda de amparo violaciones directas e indirectas a la Constitución, no opera excepción alguna al principio de definitividad antes aludido, porque sí es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación de la resolución que estima violatoria de sus derechos, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo, el agraviado puede alegar los vicios de legalidad que ostenta la resolución, lo que equivale a plantear las llamadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, ya que se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria que debe resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al juez del amparo; sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no pueda analizar las violaciones directas a la Carta Magna que también pudiera causar la determinación recurrida, porque de todas maneras al fallarse, si dicha autoridad estima fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto reclamado quedará sin efecto y resultará por tanto innecesario que se estudien aquellas violaciones directas a la Constitución. Sostener el criterio contrario, propiciaría el abuso del juicio de amparo, haciendo nugatorio el principio de definitividad, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución, para hacer procedente el juicio de garantías, obligando a la autoridad judicial que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. Se estima además, que no resultaría jurídico, cuando se plantean en la misma demanda de amparo violaciones constitucionales directas e indirectas, analizar únicamente las primeras y omitir el estudio de las segundas, porque no puede fraccionarse la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, a contrario sensu, la jurisprudencia que indica: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." (Tesis LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 156, del tomo XII, julio de 2000, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) Así como la jurisprudencia cuyo soma contiene: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contNO Ara actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." (Décima Época. Registro: 2001155. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro X, Julio de 2012, Tomo 1. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 44/2012 (10a.). Página: 729) En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, respecto del acto reclamado en el inciso B). VI. Desechamiento respecto del acto reclamado descrito en el inciso C) Ahora, en relación al acto reclamado descrito en el inciso C), se estima que en el presente asunto la acción de amparo se torna improcedente de manera manifiesta e indudable, pues se trata de uno derivado de otro consentido, actualizándose la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso artículo 217, de la misma ley, que establece la obligación de observar la jurisprudencia número 17 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, rubro y texto que dicen así: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Cierto, los dispositivos anotados prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales." Al tenor de lo transcrito, se afirma que el presente juicio de amparo contra el auto de quince de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ****, del índice del Juzgado Primero Instancia Familiar de Querétaro, que hace efectivo el apercibimiento con el que se conminó a la parte quejosa en diverso auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés y ordena al Actuario de su adscripción que se constituya en el domicilio de la parte quejosa y proceda a requerirle el pago de la cantidad de $68,000.00 (sesenta y ocho mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de pensión alimenticia provisional, es improcedente, en razón de que se trata de un acto derivado de otro consentido. A propósito de tal premisa, en primer orden se deja en claro que para considerar que un acto es derivado de otro consentido, deben concurrir dos elementos, los cuales son: 1) Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y, 2) Que no se ataque por vicios propios sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Ilustra a lo anterior la Jurisprudencia emitida por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 922 del Tomo LXXXI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con registro 323235, de título y contenido siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Se entienden por actos derivados de otros consentidos, aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente, como el embargo lo es respecto del requerimiento de pago no acatado por el deudor, como el remate lo es respecto del embargo, etcétera, y contra los cuales no se expresan conceptos de violación específicos. Dos, son, pues, los elementos que se requieren para considerar a un acto derivado de otro consentido, a saber: 1o. Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y 2o. Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Ahora bien, el acuerdo que niega la nulificación de la orden de baja del quejoso, no surte el primer elemento, ya que no se dictó dentro del procedimiento en que se emitió esa orden, y, por lo mismo, no es una consecuencia natural y legal de ésta." Luego, se sostiene que el acto reclamado es derivado de uno consentido, porque del escrito aclaratorio, se obtienen que mediante auto de quince de marzo de dos mil veintitrés (acto reclamado) la autoridad responsable ordenó hacer efectivo el apercibimiento decretado en el diverso de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés y ordena al Actuario de su adscripción que se constituya en el domicilio de la parte quejosa y proceda a requerirle el pago de la cantidad de $68,000.00 (sesenta y ocho mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de la parte tercero interesada. Determinación que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional, contra el cual, se establece que es improcedente el presente juicio de amparo, porque se trata de un acto derivado de otro consentido. Ello es así, ya que puede advertirse que la citada determinación deriva de un acto consentido por la parte promovente del amparo, como es el de quince de marzo de dos mil veintitrés, en el que precisamente la autoridad responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado en el diverso auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Por lo que la determinación reclamada es una consecuencia natural y legal de ese auto (primer elemento), pues si no hubiese dictado el acto en dichos términos, no habría surgido el acto reclamado. De donde se pone de manifiesto que la inconstitucionalidad del acto reclamado deriva de lo adoptado, en la determinación de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, y si ahora se inconforma con la determinación de quince de marzo del presente año, entonces se concluye que no se trata el acto reclamado de uno autónomo susceptible de analizarse en el fondo, al ser consecuencia jurídica directa de aquél, pues se insiste, fue en aquél donde se le apercibió a la parte quejosa. De ahí que la parte quejosa, de estimar que con tal determinación de la responsable se le causaba alguna afectación a su esfera jurídica, lo que debió haber hecho era inconformarse contra el auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. En esa virtud, se colige que en la especie el acto reclamado versa sobre diversos ya consentidos, y en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia que se analiza. Tiene aplicación al caso que nos ocupa, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página nueve, Tomo 217-228 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." Además, se cita al caso la Jurisprudencia V.2o. J/38 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 54, del Número 54, Junio de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro 219041, de rubro y contenido siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS QUE SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS. El juicio de amparo contra actos derivados de otros consentidos, sólo es improcedente cuando aquéllos no se impugnan por razón de vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de la del acto de que derivan." De ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso artículo 217, de la misma ley, por los motivos antes expuestos, respecto del acto reclamado descrito en el inciso C). Se suma a lo anterior, que respecto de los actos indicados en los incisos B) y C), también se actualizada diversa causa de improcedencia, en razón de se trata de actuaciones emitidas en ejecución de sentencia sin que se trate de la última dictada en dicha fase procesal. Así es, se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, los que, a la letra, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." Preceptos normativos de los cuales se obtiene que, tratándose de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en esa fase del procedimiento, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el trámite de aquél, que hubiesen dejado sin defensa al quejoso; en la inteligencia que, respecto de los procedimientos de remate, tal determinación la constituye aquélla que, de manera indistinta, ordena en definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega material de los bienes rematados. Sirve de apoyo a lo anterior, por su exacta aplicación, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), cuyo rubro y texto se transcriben: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Así pues, se tiene que, es cierto que los autos reclamados indicados en los incisos B y C de esta determinación, guardan relación con la fase de ejecución del procedimiento de origen, no obstante, para reclamarlos en vía de amparo indirecto, debe estarse a las reglas establecidas en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, esto es, debe reclamarse de manera conjunta en la demanda de amparo que, en su caso, se promueva contra la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución, la cual, como ya se dijo, es aquélla que, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. De ahí que en el caso respecto de los referidos actos reclamados, también se actualiza la mencionada causal de improcedencia. VII. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo provee y firman electrónicamente Vicente de Jesús Peña Covarrubias, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en esta ciudad, quien actúa en unión de Ana María Sánchez Hernández, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. I. Recepción y demanda. Téngase por recibida la demanda promovida por ******, contra actos del Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar de Querétaro. III. Prevención. Con fundamento en el artículo 108, fracción III y IV, y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se previene a la parte promovente, para que en el término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que de este proveído se le haga, cumpla con lo siguiente: PRIMERO. Aclare el acto y/o los actos que combate en esta vía. Por lo que, se hace necesario requerir a la parte quejosa para que indique lo siguiente: 1. Si es su deseo señalar como acto destacado el auto de quince de marzo del presente año; y de ser el caso, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, el contenido de dicha determinación así como la fecha en qué le fue notificado dicho auto. 2. Asimismo, precise a qué determinaciones se refiere de manera concreta como aquellas tendentes a la ejecución de la interlocutoria de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, y de reclamarlas de manera destacada deberá especificar la fecha de cada determinación, su contenido y la fecha en que le fueron notificados. SEGUNDO. Aclare la fecha de notificación de la determinación reclamada de diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Lo anterior es así, en razón de que señaló bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de los actos reclamados el quince de marzo de dos mil veintitrés. Por lo que la parte quejosa deberá manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD la fecha en que se le notificó la resolución interlocutoria de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, atendiendo las citadas consideraciones. En el entendido de que la prevención decretada sólo podrá cumplirla la parte quejosa y no los autorizados de éste ni siquiera en términos amplios, debido a que aquélla entraña expresiones inherentes a la litis del juicio de amparo, que sólo puede cumplir el quejoso.IV. Apercibimiento. Bajo apercibimiento, que de no dar cumplimiento a lo solicitado, en el término otorgado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo que nos ocupa en términos del artículo 114 de la ley de Amparo. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

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