Rafael Mata González

Expediente 777/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
777/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2020

Partes del expediente

  • Rafael Mata González

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que para hoy se encuentra programada la celebración de la audiencia constitucional, sin embargo, no se está en aptitud de llevarla a cabo, toda vez que se están practicando las actuaciones correspondientes al desahogo de la prueba pericial en materia de topografía ofrecida por la parte quejosa. Por tanto, por conducto del Coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República Delegación Morelos, con sede en esta ciudad, notifíquese vía oficio al perito oficial designado por este juzgado *********, que se le otorga un término de cinco días que comenzará a partir del siguiente al en que se le notifique este auto, para que demuestre que ha generado código QR a efecto de comparecer a este juzgado a imponerse de las constancias que allegó el Síndico Municipal y representante legal del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, en atención al requerimiento efectuado en autos, en virtud de que son de difícil reproducción atendiendo a que se trata de planos, aunado a que es indispensable que se mantengan en el expediente, para en su caso ser consultadas en el momento procesal correspondiente. En consecuencia, requiérase al referido Coordinador, para que remita original o copia certificada de la notificación respectiva al perito oficial; con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a las obligaciones que se le imponen, con fundamento en la fracción I del artículo 237 de la Ley de Amparo, se impondrá una multa de cien unidades de medida y actualizaciones, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Por tanto, se reserva a señalar fecha a efecto de que el perito en comento se constituya en los inmuebles materia de estudio, hasta en tanto le fenezca el plazo otorgado en párrafos que anteceden. En consecuencia, a fin de que este asunto se encuentre debidamente integrado, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS DEL CATORCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Ahora bien, notifíquese el presente acuerdo por lista a las partes, toda vez que el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles en forma personal las actuaciones que emite en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional, no es uno de esos supuestos, de ahí que resulta procedente que este acuerdo se notifique, como fue precisado, por medio de lista en términos del artículo 29 de dicha ley. Similar argumento es válido para las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, toda vez que mediante la notificación personal son informadas en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, de modo que si la notificación vía oficio, artículo 26, fracción II citado, cumple con tal exigencia, estos es, aquella con la que se satisface vía personal y dado que la autoridad responsable también es parte en el juicio y nombra delegados que vigilan el procedimiento, es admisible concluir que igual le rigen los supuestos del artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, y si entre ellos, no está la notificación personal del auto que difiere la audiencia constitucional, es operante informarle éste mediante lista. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintitrés de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde la autoridad responsable: Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje y en Representación del Pleno de la misma, con sede en esta ciudad, en el que ACEPTA EL ACTO RECLAMADO. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida la documental que allega la autoridad responsable como complemento a su informe justificado. En términos de los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, ténganse como delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones los propuestos por el oficiante. Ahora bien, de la lectura del oficio de cuenta rendido por la autoridad responsable, y de las constancias anexas al mismo, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto legal prevé la improcedencia del juicio de amparo, cuando los efectos del acto que se reclama, hayan cesado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la cesación de efectos del acto reclamado se materializa cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, es decir, cuando se actualizan los siguientes supuestos: a) Que desaparezcan todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional. b) Que las cosas regresen al estado que guardaban antes de la violación, sin dejar ninguna huella en la esfera de derechos del gobernado. Lo anterior se advierte del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". La parte quejosa reclamó la omisión de dictar acuerdo a la promoción presentada por el quejoso el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, folio 005686 en el expediente ******. Ahora bien, de las constancias adjuntas al informe justificado, así como las documentales relativas al oficio de cuenta, las cuales tienen el valor probatorio que les asignan los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2º de la Ley de Amparo, se advierte que el quince de octubre del año en curso, dictó el acuerdo correspondiente a la promoción presentada el veintidós de octubre de dos mi diecinueve, la cual fue notificada a la parte quejosa el diecinueve de los actuales por medio de instructivo. Establecido lo anterior, se tiene que si bien al veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen a esta controversia constitucional, la autoridad responsable no había dictado el acuerdo correspondiente, lo cierto es que, como quedó asentado en párrafos precedentes, el quince de octubre del año en curso, dictó el acuerdo correspondiente al registro *********, en el que se tuvo al apoderado legal de la parte actora delegando poder a favor de diversa persona, lo cual se acordó favorable y se concedió a las partes un término improrrogable de dos días, para que formularan alegatos en el juicio laboral de origen; el cual se notificó el diecinueve de octubre de dos mil veinte, mediante instructivo a la parte actora aquí quejosa, por lo que es evidente que en el caso la omisión reclamada, cesó en dicha fecha, desapareciendo así la finalidad de este juicio de amparo, pues la parte quejosa obtuvo el resultado que pretendía al acudir a este juicio constitucional, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación a sus derechos. En esas condiciones, la autoridad responsable al dictar el acuerdo correspondiente al registro 005686 de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, hizo que cesaran los efectos de los actos reclamados, por lo que se actualiza la causa de improcedencia analizada y, por tal motivo, se sobresee en el juicio de conformidad con los artículos 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, página 210 del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las catorce horas con treinta minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veinte, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020.

  3. Principal

    Se notifica por lista el acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil veinte, a la parte quejosa. Informe justificado. Se sobresee fuera de audiencia. Se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos.

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