Rafael Martinez Quintero
Expediente 294/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 294/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 22/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rafael Martinez Quintero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos veintidós de julio de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 294/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que anexó el quejoso a su escrito de demanda de amparo, así como las que exhibió con posterioridad; de igual modo las que adjuntó el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro al momento de rendir su informe justificado. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas, aportadas por la autoridad responsable. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que únicamente la fiscal adscrita los formuló. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por formulados los alegatos presentados por la representante social adscrita y se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Rafael Martínez Quintero, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Titular de la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, 4º, 14, 16, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo expediente 294/2021 y se admitió en proveído de veintiuno de abril de dos mil veintiuno; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Asimismo, el cuatro de mayo del año en curso, se tuvo como inexistente a la autoridad denominada Jefe de Grupo de la Policía Ministerial adscrito a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Justicia de Morelia. Finalmente, una vez que se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; procede resolver de acuerdo a las siguientes CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado tuvo ejecución en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y en atención además al criterio mencionado, los actos reclamados por el quejoso al Titular de la Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera; Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia; Titular de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; Director de la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía Coordinadora de la Fiscalía General del Estado; y, Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia; y, Luis Roberto Reyna Mendoza, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro: La orden de detención emitida en contra del quejoso. La orden de aseguramiento de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno dictada por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, dentro de la carpeta de investigación MOR/053/25281/2021, con número único de caso 1003202110982, respecto del inmueble ubicado en Avenida Gertrudis Sánchez, número 830, colonia Gertrudis Sánchez, de esta ciudad; así como su ejecución. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Es inexistente el acto reclamado consistente en la orden de detención atribuida a las autoridades Titular de la Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera; Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia; Titular de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; Director de la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía Coordinadora de la Fiscalía General del Estado; Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia; y, Luis Roberto Reyna Mendoza, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro. Asimismo, es inexistente el acto reclamado consistente en el aseguramiento respecto de las autoridades Titular de la Unidad de Extinción de Dominio e Inteligencia Patrimonial y Financiera; Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia; Titular de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; Director de la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía Coordinadora de la Fiscalía General del Estado; Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia. Ello, porque así lo manifestaron las referidas autoridades al rendir sus informes justificados y el promovente del amparo no aportó probanza alguna tendente a desvirtuar la negativa aludida, aun cuando se le dio la vista respectiva con los informes justificados rendidos por éstas, en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Se justifica lo señalado, porque además de que la existencia de los actos reclamados fueron negados de forma lisa y llana, dicha aseveración tampoco generó motivo alguno para que en suplencia de la queja deficiente este juzgador conminara a las autoridad responsables a probar su dicho, en este caso, la negativa del acto a ellas atribuido, porque la naturaleza de su aseveración las liberó de la carga probatoria y la trasladó al inconforme, quien afirmó la transgresión a sus derechos, a partir de la actuación de esos entes de gobierno, por eso a éste correspondía la acreditación de sus argumentos. Por consiguiente, ante la inexistencia los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables, con residencia en esta ciudad, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, única y exclusivamente por los actos precisados en esta consideración. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado consistente en la orden de aseguramiento atribuido a Luis Roberto Reyna Mendoza, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, misma que se dictó dentro de la carpeta de investigación MOR/053/25281/2021, con número único de caso 1003202110982, respecto del inmueble ubicado en Avenida Gertrudis Sánchez, número 830, colonia Gertrudis Sánchez, de esta ciudad. Lo que se corrobora con las constancias que acompañó a su informe justificado la autoridad responsable señalada, consistente en copias certificadas de la carpeta de investigación MOR/053/25281/2021, con número único de caso 1003202110982. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Quinto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, Parte TCC, Materia Común, Octava Época, registro 394770, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Toda vez que en el presente caso las partes no invocaron ninguna causal de improcedencia ni este juzgador, de oficio, advierte la existencia de alguna de ellas; lo conducente es realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Sexto. Estudio de los conceptos de violación. El promovente de amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ello, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 50/2010, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, registro 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." No obstante lo anterior, previo al análisis de los conceptos de violación que vertió el promovente de la acción en su demanda de amparo, conviene sintetizarlos de la forma siguiente: Falta de garantía de audiencia, debido a que señala en el antecedente segundo del acto reclamado, que la autoridad responsable no lo requirió para alegar lo que a su derecho convenga, dejándolo en un estado de indefensión y transgrediendo así su derecho de audiencia; y, Indebida de fundamentación y motivación, es así porque menciona que la autoridad responsable al emitir el acto reclamado lo dicta sin la debida fundamentación y motivación. Como se ve, la parte quejosa en sus conceptos de violación señala que el acto reclamado contraviene sus derechos humanos, en virtud de que no compareció a la carpeta de investigación, así como que el acto reclamado, consistente en la orden de aseguramiento, carece de la debida fundamentación y motivación, aseveraciones que devienen infundadas por los razonamientos que a continuación se expondrán. El impetrante se queja, en esencia, del aseguramiento que realizó el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, dentro de la carpeta de investigación MOR/053/25281/2021, con número único de caso 1003202110982, respecto del inmueble ubicado en Avenida Gertrudis Sánchez, número 830, colonia Gertrudis Sánchez, de esta ciudad. En primer término, el promovente se duele de que no se respetó su garantía de audiencia debido a que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, no le formuló requerimiento alguno con el propósito de presentarse a declarar o alegar lo que le conviniera, transgrediendo así el artículo 14 Constitucional. Como se dijo con anterioridad, ello es infundado. Previo a verter las razones por las cuales es erronea la apreciación del quejoso en el sentido de que no se respetó su derecho de audiencia es importante traer a glosa lo que en relación con el derecho fundamental de audiencia ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien ha estimado que la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia. Los primeros (actos privativos) son los que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado y se autorizan solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14 constitucional, como la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, los actos de molestia que, pese a constituir afectación en la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, se autorizan siempre y cuando preceda mandamiento escrito emitido por autoridad competente debidamente fundado y motivado. Por tanto, para poder distinguir entre los actos de molestia y los privativos, debe advertirse la finalidad que se persigue con la emisión del acto de autoridad, es decir, si sólo se restringe de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, se está ante un acto de molestia, cuya legalidad está supeditada principalmente a su debida fundamentación y motivación, así como los restantes requisitos previstos en el primer párrafo, del artículo 16 constitucional. Mientras que los actos privativos son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, el cual se autoriza únicamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14 de la Ley Fundamental. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 40/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Julio de 1996, Novena Época, registro 200080, de rubro y texto: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." Así como también, se cita al respecto la tesis emitida por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, visible en la página 15, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 81, Tercera Parte, Séptima Época, registro 238355, de rubro y texto: "AUDIENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA, GARANTÍAS DE. ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA DE BIENES O DERECHOS. DISTINCIÓN. ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. En los términos del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, la audiencia previa a la emisión del acto de autoridad y el debido proceso legal, como garantías del gobernado, son de observancia obligatoria únicamente tratándose de actos privativos, sea de la vida, de la libertad, de propiedades, posesiones o derechos de los particulares, mas no así cuando se trata de actos de molestia que no tengan la finalidad de privar al afectado de alguno de sus bienes o derechos, pues tales actos se rigen solamente por la garantía de seguridad jurídica (fundamentación y motivación) que establece el artículo 16 constitucional." Siguiendo con la teoría constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es necesario señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4028/2013, sostuvo que el acto de privación regido por lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, es aquel que constituye un fin por sí mismo con existencia independiente y no el que únicamente es un medio para la consecución de otro acto Señaló, que en el primero de ellos, el fin perseguido por el acto radica en privar al sujeto de sus bienes, propiedades, posesiones o derechos con carácter definitivo; en cambio en el segundo, la privación no constituye la intención teleológica del acto, sino una medida de tipo provisional y accesoria para el logro de un objetivo diverso. Así, determinó la Segunda Sala que, aunque en ambos casos el acto produce o puede generar una privación, sólo aquel cuyo sentido es definitivo se encuentra regido por la norma constitucional de referencia pues, atendiendo a su naturaleza, se garantiza al gobernado que no debe llevarse a cabo sin que se le brinde la oportunidad de ser oído en defensa de sus intereses, con la debida amplitud, por la evidente gravedad que el acto reviste. Por el contrario, señaló que cuando el acto privativo es provisional, esto es, cuando la privación no es la razón de ser del acto, resulta innecesario otorgar, previamente, al afectado la oportunidad de defensa en virtud de la accesoriedad de la medida. Por tanto, si esa afectación tiene como propósito privar al gobernado de sus bienes, entonces se actualiza el supuesto previsto en la norma constitucional y se genera su consecuencia, a saber: la obligación de la autoridad de otorgar al sujeto y en forma previa al acto, la garantía de audiencia; mientras que cuando el fin del acto no estriba en esa privación definitiva, sino que constituye una medida accesoria o preventiva, se estará entonces frente a una privación provisional, es decir, frente a un acto de molestia respecto del cual no es indispensable que, previamente a él, se brinde al sujeto la referida garantía. También señaló la Sala, que la distinción entre actos de privación y actos de molestia deriva, precisamente, de lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que erigen los derechos de audiencia y de legalidad, respectivamente, en contra de los actos de la autoridad; y esa diferenciación deriva de la naturaleza del acto, de su razón teleológica y no en primer término de los efectos que produce. Estimó que esto último se pone de manifiesto si se considera que tanto los actos a que se refiere el artículo 14 constitucional, como aquellos a que se contrae el numeral 16 de la Constitución, pueden producir, en mayor o menor medida, directa o indirectamente, una "privación" en la esfera jurídica del gobernado causándole una afectación, sea por la indisponibilidad de sus bienes, por la disminución de su patrimonio, por la imposición de una carga u obligación que de no existir el acto no tendría que soportar o cumplir, etcétera; de tal manera que si se atendiera solamente a los efectos del acto, resultaría carente de sentido la distinción entre actos de privación y actos de molestia, puesto que ambos pueden generar esa "privación" y, en esa medida, todo acto de autoridad que afectara la esfera jurídica de un gobernado no podría realizarse sin la previa garantía de audiencia. Por tal motivo, estimó nuestro más Alto tribunal, que la distinción establecida en los numerales 14 y 16 de la Constitución, deriva de la naturaleza del acto y no en primera instancia de los efectos a que puede dar lugar. Continuó mencionando, que los perjuicios -en sentido amplio- al gobernado, que se pueden producir tanto por un acto regido por el numeral 14 de la Constitución o por uno de aquellos a los que se refiere el artículo 16 de ese ordenamiento, constituyen el efecto del acto; y no puede ser la base para distinguir entre actos privativos o de molestia, pues ese efecto puede presentarse en ambos, ni tampoco puede constituirla su mayor o menor reparabilidad, dado que esta condición también puede actualizarse en los dos casos y depende de circunstancias de hecho o jurídicas. Señaló que el análisis de la reparabilidad de los efectos de los actos reclamados tiene como punto de partida la naturaleza del acto; y la posibilidad de exigir esa reparación se actualiza una vez que se ha determinado sobre la no juridicidad del mismo, lo que supone que previamente se analice si éstos se encuentran sujetos o no a respetar al gobernado la garantía de audiencia. Por ello, precisó que lógicamente, primero debe apreciarse la finalidad perseguida por el acto de autoridad y luego la entidad de los efectos, dentro de los que se encuentra la causación de perjuicios y su reparabilidad, para determinar si un acto se encuentra o no regido por el numeral 14 de la Constitución; y es por esa razón que la referida causación de perjuicios, no es el criterio determinante para sujetar un acto al cumplimiento de la garantía de previa audiencia, pues esos efectos también pueden presentarse en un acto regido por el artículo 16 constitucional. Es por ello que concluyó que para verificar si un acto queda regido por lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, debe atenderse a su finalidad. Expuesta la teoría constitucional sobre los actos privativos, resta ahora determinar si el aseguramiento de un bien inmueble con el objeto de que no se altere, destruya o desaparezcan las huellas, es un acto privativo o de molestia. Para ello es necesario traer a glosa lo que disponen los artículos 229 al 233 del Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 229. Aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. Para tales efectos se establecerán controles específicos para su resguardo, que atenderán como mínimo a la naturaleza del bien y a la peligrosidad de su conservación". "Artículo 230. Reglas sobre el aseguramiento de bienes El aseguramiento de bienes se realizará conforme a lo siguiente: I. El Ministerio Público, o la Policía en auxilio de éste, deberá elaborar un inventario de todos y cada uno de los bienes que se pretendan asegurar, firmado por el imputado o la persona con quien se atienda el acto de investigación. Ante su ausencia o negativa, la relación deberá ser firmada por dos testigos presenciales que preferentemente no sean miembros de la Policía y cuando ello suceda, que no hayan participado materialmente en la ejecución del acto; II. La Policía deberá tomar las providencias necesarias para la debida preservación del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas, o vestigios del hecho delictivo, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito asegurados, y III. Los bienes asegurados y el inventario correspondiente se pondrán a la brevedad a disposición de la autoridad competente, de conformidad con las disposiciones aplicables. Se deberá informar si los bienes asegurados son indicio, evidencia física, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo". "Artículo 231. Notificación del aseguramiento y abandono El Ministerio Público deberá notificar al interesado o a su representante legal el aseguramiento del objeto, instrumento o producto del delito, dentro de los sesenta días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia del registro de aseguramiento, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, la notificación se hará por dos edictos que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación o su equivalente, en el medio de difusión oficial en la Entidad federativa que corresponda y en un periódico de circulación nacional o estatal, según corresponda, con un intervalo de diez días hábiles entre cada publicación. En la notificación se apercibirá al interesado o a su representante legal para que se abstenga de ejercer actos de dominio sobre los bienes asegurados y se le apercibirá que de no manifestar lo que a su derecho convenga, en un término de noventa días naturales siguientes al de la notificación, los bienes causarán abandono a favor del Gobierno Federal o de la Entidad federativa de que se trate, según corresponda. Transcurrido dicho plazo sin que ninguna persona se haya presentado a deducir derechos sobre los bienes asegurados, el Ministerio Público solicitará al Juez de control que declare el abandono de los bienes y éste citará al interesado, a la víctima u ofendido y al Ministerio Público a una audiencia dentro de los diez días siguientes a la solicitud a que se refiere el párrafo anterior. La citación a la audiencia se realizará como sigue: I. Al Ministerio Público, conforme a las reglas generales establecidas en este Código; II. A la víctima u ofendido, de manera personal y cuando se desconozca su domicilio o identidad, por estrados y boletín judicial, y III. Al interesado de manera personal y cuando se desconozca su domicilio o identidad, de conformidad con las reglas de la notificación previstas en el presente Código. El Juez de control, al resolver sobre el abandono, verificará que la notificación realizada al interesado haya cumplido con las formalidades que prevé este Código; que haya transcurrido el plazo correspondiente y que no se haya presentado persona alguna ante el Ministerio Público a deducir derechos sobre los bienes asegurados o que éstos no hayan sido reconocidos o que no se hubieren cubierto los requerimientos legales. La declaratoria de abandono será notificada, en su caso, a la autoridad competente que tenga los bienes bajo su administración para efecto de que sean destinados al Gobierno Federal o de la Entidad federativa que corresponda, en términos de las disposiciones aplicables". "Artículo 232. Custodia y disposición de los bienes asegurados Cuando los bienes que se aseguren hayan sido previamente embargados, intervenidos, secuestrados o asegurados, se notificará el nuevo aseguramiento a las autoridades que hayan ordenado dichos actos. Los bienes continuarán en custodia de quien se haya designado para ese fin, y a disposición de la autoridad judicial o del Ministerio Público para los efectos del procedimiento penal. De levantarse el embargo, intervención, secuestro o aseguramiento previos, quien los tenga bajo su custodia, los entregará a la autoridad competente para efectos de su administración. Sobre los bienes asegurados no podrán ejercerse actos de dominio por sus propietarios, depositarios, interventores o administradores, durante el tiempo que dure el aseguramiento en el procedimiento penal, salvo los casos expresamente señalados por las disposiciones aplicables. El aseguramiento no implica modificación alguna a los gravámenes o limitaciones de dominio existentes con anterioridad sobre los bienes". "Artículo 233. Registro de los bienes asegurados Se hará constar en los registros públicos que correspondan, de conformidad con las disposiciones aplicables: I. El aseguramiento de bienes inmuebles, derechos reales, aeronaves, embarcaciones, empresas, negociaciones, establecimientos, acciones, partes sociales, títulos bursátiles y cualquier otro bien o derecho susceptible de registro o constancia, y II. El nombramiento del depositario, interventor o administrador, de los bienes a que se refiere la fracción anterior. El registro o su cancelación se realizarán sin más requisito que el oficio que para tal efecto emita la autoridad judicial o el Ministerio Público. (.)". De los anteriores artículos se desprenden las premisas siguientes: El numeral 229 señala que son instrumentos, objetos o productos del delito, así como aquellos en donde existan huellas y puedan relacionarse con el ilícito, mismos que serán asegurados durante el desarrollo de la investigación con el propósito de que no se alteren; Luego, el diverso 230, establece las reglas a seguir en el aseguramiento, donde primero el fiscal o la policía deberá elaborar un inventario de los bienes a asegurar, firmado por el imputado o con dos testigos presenciales; después establece que la policía deberá tomar las medidas necesarias para la preservación del lugar de los hechos; y finalmente, que los bienes asegurados e inventario se pondrán a disposición de autoridad competente, informando si lo asegurado son indicios, evidencia física, objeto, instrumento o producto delictivo; El artículo 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicta que la fiscalía deberá notificar al interesado del aseguramiento en un plazo de sesenta días naturales entregando copia del registro de éste. Asimismo prevé el procedimiento a seguir cuando se desconozca el domicilio del propietario donde deberá la representación social elaborar dos edictos para publicarlos en periódicos de circulación nacional y estatal con el propósito de que el propietario tenga conocimiento y que si éste no comparece en noventa días causarán abandono en favor del gobierno; El arábigo 232 de la legislación adjetiva penal, señala que en bienes que ya hayan sido embargados, intervenidos, secuestrados o asegurados, se deberá notificar a las autoridades sobre el nuevo aseguramiento y que sobre los bienes no podrán ejercerse actos de dominio; y, Por último, el numeral 233 citado, señala que en los registros públicos se hará constar el aseguramiento de bienes inmuebles, derechos reales, empresas, establecimientos, acciones, entre otros bienes o derechos susceptibles de registro o constancia y también se asentará el nombre del depositario, interventor o administrador. Dicho registro o cancelación solo se realizarán con el oficio que gire el juez o el fiscal. Del marco normativo legal expuesto, se desprende que el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que los instrumentos, objetos, productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con el delito serán asegurados durante el desarrollo de la investigación con el propósito de que no se alteren o desaparezcan. Lo anterior aplicado al caso en concreto se traduce a que solo durante la etapa de investigación el inmueble de referencia estará asegurado, lo cual lleva a concluir que el aseguramiento dictado por el Ministerio Público es un acto de molestia dado que no priva de manera definitiva de la propiedad, ni de la posesión a su dueño, lo único que ocasiona es un acto de molestia temporal. Por lo tanto, se concluye que no se trastoca la garantía de audiencia que arguye la parte quejosa ya que no se le está privando en definitiva del bien de su propiedad, en virtud de que la medida decretada es solo de manera provisional y temporal, no constituyendo un acto definitivo ni privativo, aunado a que la finalidad del aseguramiento es que la representación social realice las diligencias, investigaciones y otras medidas dentro del inmueble para así poder tener elementos o indicios que acrediten el delito que ahí se cometió. Cobra sustento lo anterior, por analogía, la tesis 1a.XXXIX/2000, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en el Tomo XII, página 249, de Diciembre de 2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 190610, de rubro y texto siguiente: "INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS DEL DELITO, ASEGURAMIENTO DE. EL ARTÍCULO 181 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE LO PREVÉ, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE ENERO DE 1994, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis P./J. 40/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, julio de 1996, página 5, de rubro: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN.", que la garantía de audiencia previa consagrada en el segundo párrafo del artículo 14 de la Carta Magna, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos, aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, esto es, aquellos que constituyen un fin en sí mismos, con existencia independiente y cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. En congruencia con tal criterio, debe decirse que el hecho de que el artículo 181 del Código Federal de Procedimientos Penales, al prever el aseguramiento practicado por el Ministerio Público de los instrumentos del delito, de las cosas que sean objeto o producto de él y de aquellos en que existan huellas del mismo, sólo contemple la obligación de dar al afectado la posibilidad de ser oído en su defensa con posterioridad a dicho aseguramiento, no transgrede la garantía constitucional de referencia. Ello es así, porque si bien es cierto que el citado aseguramiento produce la indisponibilidad del bien asegurado mientras se resuelve en definitiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del Código Penal Federal, también lo es que la afectación que se realiza a través de tal aseguramiento no implica una privación definitiva de la propiedad, de la posesión o de la disponibilidad de los bienes asegurados, ya que su efecto consiste en ponerlos a disposición de las autoridades investigadoras o de las judiciales para garantizar, por un lado, la comprobación del cuerpo del delito o la probable responsabilidad del inculpado y, por otro, la eventual reparación del daño o el cumplimiento de la pena de decomiso que en su caso se dicte; de ahí que, por su naturaleza, se trate de una medida provisional o cautelar respecto de la cual no rige la garantía de audiencia". Asimismo, es orientadora la tesis XXVII.1o.6 P, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, ubicada en el Libro 61, Tomo II, página 1063, de Diciembre de 2018, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2018558, de rubro y texto siguiente: "ASEGURAMIENTO MINISTERIAL DEL FOLIO ELECTRÓNICO QUE ASIGNA Y CONTROLA EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE QUINTANA ROO, RESPECTO DEL INMUEBLE OBJETO DEL DELITO DE DESPOJO, DECRETADO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL. CONSTITUYE UN ACTO DE MOLESTIA RESPECTO DEL CUAL NO RIGE EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA QUE IMPERA EN EL PROCESO PENAL. El aseguramiento decretado sobre el folio electrónico inherente a un bien inmueble (objeto del delito de despojo), constituye una medida transitoria dictada por la Representación Social, que no priva en definitiva de su propiedad a quien le asista ese derecho, por tratarse de un acto de molestia y no uno privativo, respecto del cual no rige el derecho de audiencia previa que impera en el proceso penal; de manera que si al emitirlo, el Ministerio Público citó el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, satisface el requisito de fundamentación legal, y en lo que atañe a la motivación, se justifica con la necesidad de salvaguardar los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, para que no se alteren, destruyan o desaparezcan; razón que evidencia que el legislador estableciera que el aseguramiento mencionado pudiera decretarse por la autoridad investigadora, desde luego, bajo su más estricta responsabilidad, sin requerir de una autorización previa del Juez de Control o que sea éste quien directamente así lo decida". En segundo término, respecto a su concepto de violación en torno a que el acto reclamado carece de una debida fundamentación y motivación, como ya se expresó, es infundado, por las siguientes razones. Para dar sustento a lo anterior, conviene traer a cuenta lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal, que establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento." El derecho de legalidad consagrada en el precepto constitucional trascrito establece, como uno de los elementos esenciales, el que todo acto de autoridad se encuentre fundado y motivado. Esto es, toda autoridad está obligada, al emitir un acto de molestia, fundarlo en ley, es decir, tener como apoyo el o los preceptos jurídicos que le permiten expedirlo y que establezcan la hipótesis que genere su emisión. Así, se advierte que el derecho de legalidad que contempla este artículo se refiere a un principio general que tiene aplicación en materia civil, penal, administrativa y laboral, abarcando tanto a los actos administrativos como a los jurisdiccionales. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 16 de nuestra Ley Fundamental, todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse, con precisión, el precepto aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, concretamente, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate. De ese modo, el precepto en mención consagra lo que la doctrina jurídica ha denominado garantía de legalidad, el cual constituye un mandamiento supremo para que toda autoridad al emitir los actos que trasciendan a la esfera jurídica de los particulares los funde y motive suficientemente. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en forma reiterada que por fundamentación del acto de autoridad se entiende que éste debe sustentarse en una disposición normativa de carácter general, es decir, que se cite la ley que prevea una situación concreta para la cual resulte procedente realizar el acto de autoridad. En cambio, por motivación, debe entenderse en el sentido de exponer las razones de hecho que actualizan la hipótesis normativa; de tal suerte que la motivación implica que se citen las circunstancias y modalidades del caso particular que encuadren dentro del marco general correspondiente; por tanto, si una determinada conducta no corresponde o no encuadra en el supuesto específico previsto en la norma, el acto de autoridad respectivo violará la exigencia de la motivación legal, por más que se hubiese previsto en una norma, es decir, aunque esté debidamente fundado. En síntesis, la motivación legal implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de molestia y el caso específico en el que éste va a operar o surtir sus efectos. Entonces, para que una autoridad cumpla con el derecho de legalidad a que se refiere el artículo 16 de la Carta Magna, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales que le sirvan de apoyo y, además, precise los razonamientos jurídicos que la condujeron a la adecuación de los hechos sometidos en la específica hipótesis normativa de que se trate. En otras palabras, para que una autoridad pueda actuar, sin violar el artículo 16 constitucional, se requiere, entre otras condiciones, que obre no sólo de acuerdo con una ley (fundamentación de su procedimiento), sino que en el caso concreto hacia el cual va encaminada su actuación se encuentren los extremos previstos o contenidos en aquella (motivación del procedimiento). De esta manera, el juicio de amparo tiene como finalidad proteger al gobernado cuando las autoridades no ciñen su conducta a alguna disposición legal, sea de la naturaleza y categoría que fuere, obligación que se constata como consecuencia directa y necesaria del principio de legalidad y que ha confirmado la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación en los términos siguientes: "Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite"; de ahí que la ratio legis de dicho artículo no sólo es que los actos realizados por las autoridades contengan los preceptos legales en que se apoyen, sino que realmente exista motivo para emitirlos y exista un precepto de la ley que los funde. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 73 consultable en la página 52, del Tomo III, Parte SCJN, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". En esas condiciones es infundado el motivo de inconformidad analizado, ya que la autoridad responsable en la orden de aseguramiento señaló que la misma tiene sustento en los artículos 21 Constitucional (establece la facultad del Ministerio Público en la investigación de delitos); 127 (competencia del Ministerio Público), 131 (obligaciones del Ministerio Público), 229 (aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito), 230 (reglas sobre el aseguramiento) y 233 (registro de los bienes asegurados) del Código Nacional de Procedimientos Penales, con ello se cumple con el requisito de fundamentación respecto de los actos de molestia. Además, en el acuerdo de veinticuatro de marzo del año en curso, establece que efectuó el aseguramiento porque al interior del inmueble se encontraba una persona privada de su libertad en contra de su voluntad, lo cual, señala que se corrobora con los informes homologados de los elementos Dagoberto Rodríguez Barrera, Alfredo Ramírez García y José Luis Magallanes Cruz, quienes al llegar al inmueble ubicado en Avenida Gertrudis Sánchez, número 830, colonia Gertrudis Sánchez, de esta ciudad, mencionaron que escucharon a una persona del sexo masculino gritar y pedir ayuda, por lo que ingresaron y encontraron a una persona privada de su libertad de iniciales A.J.L.C.. Lo expresado es la motivación que originó a que la autoridad responsable decretara el aseguramiento sobre el inmueble propiedad del quejoso y con ello se colma el requisito de motivación que impone el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que todo acto de molestia la contenga. Por otra parte, no pasa inadvertido para el que resuelve que la parte quejosa solicita la suplencia de la queja, sin que en el caso proceda suplir la suplencia de la queja, como lo solicita el quejoso, ya que no se actualiza supuesto alguno del artículo 79 de la Ley de Amparo. Dicho numeral establece: "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito. La jurisprudencia de los Plenos de Circuito sólo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios a los juzgados y tribunales del circuito correspondientes; II. En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia; III. En materia penal: a) En favor del inculpado o sentenciado; y b) En favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente; IV. En materia agraria: a) En los casos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de esta Ley; y b) En favor de los ejidatarios y comuneros en particular, cuando el acto reclamado afecte sus bienes o derechos agrarios. En estos casos deberá suplirse la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos, así como en los recursos que los mismos interpongan con motivo de dichos juicios; V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo; VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada; y VII. En cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio. En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio. La suplencia de la queja por violaciones procesales o formales sólo podrá operar cuando se advierta que en el acto reclamado no existe algún vicio de fondo". Del contenido de dicho numeral se advierte que el impetrante del juicio de amparo no se encuentra en ninguno de los casos en los que la ley de la materia autoriza la suplencia, por lo que este juzgador está impedido para hacerlo. Ello, porque el acto reclamado no se funda en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito; no es menor o incapaz ni se afecta el orden y desarrollo de la familia; tampoco tiene el carácter de inculpado, sentenciado, ofendido o víctima; no es ejidatario ni comunero; y, no es trabajador. Además, no se advierte que haya habido en contra del quejoso una violación evidente de la ley que lo hubiere dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo primero de la Ley de Amparo; tampoco acredita el quejoso que por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentre en clara desventaja social para su defensa en el juicio. Finalmente, respecto a las manifestaciones que realizó la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita en el pedimento que presentó, por una parte resultaron fundadas respecto de las autoridades por las cuales se sobreseyó en el considerando quinto de esta sentencia; y por otra, infundadas, por lo que ve a la autoridad responsable Luis Roberto Reyna Mendoza, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, debido a que ésta aceptó la existencia del acto reclamado. Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rafael Martínez Quintero, respecto de los actos, autoridades y por los motivos expuestos en el considerando tercero de este fallo. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara y protege a Rafael Martínez Quintero, por el acto, autoridad y razones contenidas en el considerando sexto. Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral región Morelia. Por otro lado, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. Ahora bien, en virtud de la solicitud que realiza la agente en cita, para que se le expida copia de la sentencia, dígasele que una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. Hágase nueva relación con lo anterior en la audiencia constitucional correspondiente. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, primero de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito del quejoso Rafael Martínez Quintero y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídanse a su costa las copias en los términos que precisa, previa razón que por su recibo obre en autos y ténganse por autorizadas para recibirlas a la persona que menciona. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito del quejoso Rafael Martínez Quintero mediante el cual ofrece pruebas documentales, por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidos y desahogados en atención a su propia y especial naturaleza los medios de convicción ofrecidos por el promovente en cita. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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