Rafael Martínez León
Expediente 480/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 17 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 480/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 25/10/2019
Partes del expediente
- Rafael Martínez León
- Adman Cruz Pérez y Otros.
- Secretaría de Gobernación. Ciudad de México.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra de la sentencia de sobreseimiento emitida el ocho de octubre de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías (fojas 124 a 129), con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Esta foja corresponde a la culminación del acuerdo dictado el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, dentro del juicio de amparo 480/2019-VIII. Conste. Secretaria De igual manera, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, ocho de octubre de dos mil diecinueve. Visto para resolver el juicio de amparo 480/2019-VIII, promovido por Rafael Martínez León o Rafael Martínez León Santiago, Delbis Serpa Hidalgo, Dianel Morales Saavedra, Adman Cruz Pérez o Adrihan Cruz Pérez y Luis Alberto Cruz Pérez, contra actos del Encargado de la Estancia Provisional Migratoria del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, en esta ciudad y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito recibido el tres de junio de dos mil diecinueve, ante este Juzgado Federal, Rafael Martínez León o Rafael Martínez León Santiago, Delbis Serpa Hidalgo, Dianel Morales Saavedra, Adman Cruz Pérez o Adrihan Cruz Pérez y Luis Alberto Cruz Pérez, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal de los actos reclamados a las autoridades que señalaron con el carácter de responsables, siendo los siguientes: Autoridades responsables: 1. Secretaria de Gobernación. 2. Comisionado del Instituto Nacional de Migración. 3. Titular de la Estación Migratoria - Agujas- del Instituto Nacional de Migración. 4. Subdelegada Federal del Instituto Nacional de Migración, con sede en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 5. Delegado Local del Instituto Nacional de Migración, ubicado en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, de la Ciudad de México, Terminal 1, Puerta 10. 6. Delegado Local del Instituto Nacional de Migración, ubicado en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, de la Ciudad de México, Terminal 2, Sala K, Planta Alta, Salidas Internacionales 10. Todas con residencia en Ciudad de México. 7. Titular de la Oficina de Representación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas. 8. Delegada Local del Instituto Nacional de Migración. 9. Encargado de la Estación Provisional Migratoria del Instituto Nacional de Migración, ambos con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: "LA ORDEN Y EJCUCIÓN DE DEPORTACIÓN Y/O EXPULSIÓN DEL PAIS Y LA ILEGAL PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD Y/O LA ILEGAL RETENCIÓN Y/O LA ILEGAL DETENCIÓN EN CONTRA DE LOS HOY QUEJOSOS A) DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS 1. La Orden de Deportación y/o expulsión, así como la ilegal privación de la libertad y/o la ilegal retención y/o la ilegal detención en contra de los hoy quejosos. B) DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS 1. El cumplimiento de la orden de Deportación y/o Expulsión, así como la ilegal privación de la libertad y/o la ilegal retención y/o la ilegal detención en contra de los hoy quejosos." (sic). Asimismo, manifestó bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 1, 8, 14, 16, 22 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló el concepto de violación que estimó pertinente. Segundo. Mediante proveído de tres de junio del presente año, se admitió a trámite el presente juicio de garantías, registrándolo bajo el número 480/2019-VIII; (fojas 9 a 15), se solicitaron los informes relativos a la suspensión de plano y justificados a las responsables (fojas 16 a 19), se le dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 21); fijándose día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en los términos de los dispositivos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. Segundo. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención de los peticionarios del amparo, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal invocado. Así, del estudio integral de la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado consiste en: La orden de deportación, así como la retención de su persona como consecuencia de dicho mandato. Tercero. En relación a la orden de deportación y la retención de los impetrantes, las autoridades responsables denominadas Secretaría de Gobernación y Comisionado del Instituto Nacional de Migración, ambos con sede en Ciudad de México; Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas; y la Delegada Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta localidad, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia del acto que se les reclamó. Los quejosos Rafael Martínez León o Rafael Martínez León Santiago, Delbis Serpa Hidalgo, Dianel Morales Saavedra, Adman Cruz Pérez o Adrihan Cruz Pérez y Luis Alberto Cruz Pérez, no desvirtuaron las negativas a que se ha hecho referencia; consecuentemente, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las Responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Cuarto. Es cierto el acto reclamado consistente en la privación de la libertad traducida en la retención de los impetrantes en la Estación Migratoria en esta localidad, pues aun cuando la Delegada del Instituto Nacional de Migración con sede en esta ciudad de Matamoros, Tamaulipas, negó su existencia al momento de rendir su informe justificado, lo cierto es que los dolientes Rafael Martínez León o Rafael Martínez León Santiago, Delbis Serpa Hidalgo, Dianel Morales Saavedra, Adman Cruz Pérez o Adrihan Cruz Pérez y Luis Alberto Cruz Pérez, desde que presentaron la demanda se encontraban alojados en ese lugar por instrucciones de dicha responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro 211004, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro, página 391, Materia(s): Común, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Quinto. Lo conducente enseguida, es analizar si en el presente caso existe alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo, de acuerdo al artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es oportuno establecer que en el caso no será estudiada la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado y los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, dado que se actualiza una causa de improcedencia; amén de que, de conformidad con la técnica expositiva de las sentencias de amparo, resulta obligatorio para los tribunales de amparo ocuparse de las causas de improcedencia en atención al carácter de orden público que les asiste, ello, aun ante la existencia del acto que le es atribuido a una autoridad responsable. En la especie, respecto al acto de reproche consistente en la privación de la libertad traducida en la retención del impetrante en la Estación Migratoria en esta localidad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causa de improcedencia de que se trata, también es importante transcribir el artículo 77 de la Ley de Amparo: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia en el juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque lo que se reprocha, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo IX, del mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario, a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Precisado lo anterior, en el caso, Rafael Martínez León o Rafael Martínez León Santiago, Delbis Serpa Hidalgo, Dianel Morales Saavedra, Adman Cruz Pérez o Adrihan Cruz Pérez y Luis Alberto Cruz Pérez, en cumplimiento a la suspensión de plano otorgada fueron puestos en libertad, circunstancia que por sí no genera la improcedencia del juicio, en la medida de que su finalidad es precisamente conservar la materia del amparo, pero, atento a lo acordado el diez de julio de dos mil diecinueve (foja 89), se tiene que los quejosos en mención dejaron de cumplir con las medidas de seguridad, sin que exista constancia de que la autoridad responsable haya tenido contacto nuevamente con ellos, pues se encuentran evadidos de su jurisdicción. Entonces, si los citados dolientes fueron puestos en libertad y, posteriormente, dejaron de cumplir sin causa justificada con las obligaciones impuestas por este órgano jurisdiccional y, además, no se tiene noticia de que se encuentren internos en la estación migratoria, es evidente que la privación de la libertad que les aquejaba, cesó en sus efectos; ello sin soslayar que el acto reclamado, aun cuando existiera formalmente, no se podría ejecutar materialmente. En consecuencia, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo por lo que hace al acto reclamado consistente en la privación de la libertad traducida en la retención de la impetrante en la Estación Migratoria en esta localidad, reprochado a la Delegada Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta localidad. Sexto. Finalmente, no se hace pronunciamiento alguno de las diversas autoridades denominadas por la agraviada como Titular de la Estación Migratoria en la Ciudad de México "Agujas" del Instituto Nacional de Migración, a la Subdelegada Federal del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al Delegado Local del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, terminal "1", puerta "10" y al Delegado Local del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, terminal "2", sala "K", planta alta, salidas internacionales "10", todos con residencia en la Ciudad de México, toda vez que en auto de cuatro de septiembre del año que transcurre, se tuvieron por inexistentes (foja 117). Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 62, 63, fracción IV, 74, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Rafael Martínez León o Rafael Martínez León Santiago, Delbis Serpa Hidalgo, Dianel Morales Saavedra, Adman Cruz Pérez o Adrihan Cruz Pérez y Luis Alberto Cruz Pérez. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria con quien actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, doce de septiembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio INM/ORTAM/ORMAT/DAJ/403/2019 firmado por el Subdirector de Área de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, a través del cual rinde el informe que se le solicitó el nueve de los actuales, en el que, entre otras cosas, expone que los expedientes administrativos migratorios INM/DFTAM/CUB/029/2019, INM/DFTAM/CUB/030/2019 y INM/DFTAM/CUB/031/2019, se encuentran irregulares en México, en base a que dejaron de presentarse a firmar a esa dependencia desde el diez de junio del presente año, los quejosos Rafael Martínez León, Delbis Serpa Hidalgo, Dianel Morales Saavedra, Adman Cruz Pérez y Luis Alberto Cruz Pérez, vulnerando con lo anterior, el artículo 144, fracción I, de la Ley de Migración; en tal razón, con fundamento en el ordinal 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de dar nueva cuenta con lo anterior, en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, nueve de septiembre de dos mil diecinueve. Vista el estado que guardan los autos y toda vez que en auto de doce de julio del presente año, dejó de surtir efectos la suspensión de plano otorgada a los quejosos Rafael Martínez León, Delbis Serpa Hidalgo, Dianel Morales Saavedra, Adman Cruz Pérez y Luis Alberto Cruz Pérez (fojas 90 y 91); por tanto, requiérase a la Delegada Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta localidad, para que, dentro del término de tres días, tenga a bien informar la situación actual que guarda el procedimiento migratorio de los agraviados antes descritos; además, detalle si éstos han cumplido o no con la totalidad de las obligaciones que adquirieron ante ese Instituto con motivo de la suspensión de plano que le fue otorgada por este Juzgado de Distrito, debiendo especificar el domicilio o lugar en el que se obligaron a permanecer y no ausentarse, si han comparecido las veces que les hubiere requerido y el nombre del ciudadano u organización social que firmó como responsable. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el indicado plazo o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos, 50/100 moneda nacional). Finalmente, dado lo acordado con antelación, se estima que no se está en condiciones de celebrar la audiencia constitucional programada para las diez horas con veinte minutos del once de los corrientes, por lo que se difiere y se fijan de nueva cuenta para su desahogo las diez horas con veinte minutos del ocho de octubre de dos mil diecinueve. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.
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