Rafael Martínez de la Muria Palacios

Expediente 1096/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1096/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
18/01/2022

Partes del expediente

  • Rafael Martínez de la Muria Palacios

Actuaciones

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, a dieciocho de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la ley invocada, en relación con el 356 Fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. Una vez que transcurran tres años contados a partir de esta data, el expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 de dicho Acuerdo, pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo intentada, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido. Finalmente, debido a que en la secretaría de este Juzgado, se encuentran las copias del escrito de demanda, y con el presente proveído queda firme la resolución en la que se desechó la demanda de amparo intentada; en consecuencia, procédase a su destrucción.

  2. Principal

    Notifíquese; y personalmente a la parte promovente

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA ELECTRÓNICA Y DE ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO QUE DICE Vista la demanda de amparo promovida por ********* y con cinco copias, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes, cuyas constancias deberán digitalizarse, salvo aquéllas que por su voluminosidad, protección de la integridad del documento o protección de datos personales, no puedan o deban digitalizarse; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y regístrese bajo el juicio de amparo número 1096/2021. C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. En primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Ciertamente, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se advierte que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo, cuando un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, es pertinente precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo, la tesis número I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe y contenido siguiente: "." Por su parte, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclama:  La omisión del Fiscal Séptimo Investigador de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Córdoba, Veracruz, de realizar diligencias tendentes a investigar a ********* en la carpeta de investigación UIPJ1/DXIV/1413/2019 de su índice (antes UAT/DXIV/1420/2018), iniciada con motivo de la denuncia interpuesta por el promovente en contra de la persona moral citada y **********. Al respecto, este Juzgado de Distrito advierte que en el caso se actualiza de manera indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". Disposición normativa de la que deriva que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo. Además, de que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Por su parte, los preceptos 20 constitucional y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen: "Artículo. 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". De la interpretación sistemática de dichos preceptos se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. En ese entendido, si el citado artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido, aquí quejoso, pueda impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquéllas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no; y en el caso se reclama la omisión de ejercer su función de investigar, esto es, la falta de integrar y determinar la carpeta de investigación. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente, ya que el promovente, previamente a acudir a éste debió agotar el indicado recurso, previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra la omisión del Fiscal Séptimo Investigador de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Córdoba, Veracruz, de ejercer su función de investigar, esto es, de integrar y determinar en la carpeta de investigación UIPJ1/DXIV/1413/2019, de su índice (antes UAT/DXIV/1420/2018); y al no hacerlo, dejó de observar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Sin que en el caso se actualice alguna de las excepciones a que alude el penúltimo párrafo del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que al tratarse de omisiones del fiscal señalado como responsable, no puede estimarse que el acto reclamado carezca de fundamentación, además de que en su escrito de demanda, el quejoso no sólo alega violaciones directas a la Constitución, sino al artículo 218 y "demás relativos" del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el recurso se encuentra previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales y no en un reglamento. Apoya lo expuesto las jurisprudencias 1a./J. 27/2018 y 1a./J. 28/2018, sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables en las páginas novecientos cuarenta y cinco, y novecientos cuarenta y tres, Libro 57, Tomo I, agosto de dos mil dieciocho, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes, respectivamente: "." Sin que en el caso se actualice alguna de las excepciones a que alude el penúltimo párrafo del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que al tratarse de omisiones del fiscal señalado como responsable, no puede estimarse que el acto reclamado carezca de fundamentación, además de que en su escrito de demanda, el quejoso no sólo alega violaciones directas a la Constitución, sino al artículo 218 y "demás relativos" del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el recurso se encuentra previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales y no en un reglamento. En las relatadas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la porción normativa indicada; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho. Apoya lo anterior, por sus argumentos, la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, de voz y contenido: "."" CONSULTA, DOMICILIO Y AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda; como su autorizado con facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a María Dolores Caña Castillo, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. Se autoriza el acceso y consulta del presente expediente, de conformidad con el artículo 3°, sexto párrafo de la Ley de Amparo, en relación con los numerales artículos 9, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Lo anterior, en razón de que proporciona el nombre de usuario "castillololis" por lo que se presume que ya dio cumplimiento con lo señalado en el cartel publicitario Consulta de Expediente Electrónico, emitido por la Dirección General de Estadística Judicial, y que llevó a cabo los pasos y requisitos precisados en la dirección Electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea//. En consecuencia, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrita a este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la habilitación correspondiente en el expediente electrónico relativo al juicio de amparo 1096/2021, de este índice administrativo. HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualquiera de los Actuarios Judiciales adscritos a este Juzgado Federal puedan llevar a cabo las diligencias ordenadas en el presente juicio. Finalmente, consérvese por separado, en la Secretaría de este Juzgado, las copias de la demanda de amparo para mejor manejo del expediente y una vez que quede firme la presente resolución, procédase a su destrucción. Por lo expuesto y con fundamento además en lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ***********contra la omisión del Fiscal Séptimo Investigador de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Córdoba, Veracruz.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · 4,334 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano