Rafael Martínez Cortes

Expediente 55/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
55/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
30/05/2023

Partes del expediente

  • Rafael Martínez Cortes

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a treinta de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, a través del cual, solicita se habilite el acceso al expediente electrónico, a efecto de consultar los acuerdos y constancias relacionadas. Al respecto, comisiónese al área correspondiente a fin de habilitar al citado órgano jurisdiccional el acceso al expediente en que se actúa, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Cúmplase.

  2. Principal

    Ciudad de México, a quince de febrero de dos mil diecinueve. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto de veinticinco de enero pasado, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la Ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, que en autos no existen documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. En otro orden, tomando en consideración que el asunto se encuentra concluido, es innecesaria la retención del anexo que envió la sala responsable, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar acuse de recibo, porque será suficiente con el sello de dicha autoridad que se estampe en la constancia respectiva.

  3. Principal

    Cúmplase.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veinticinco de enero de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta, procedente del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, por el que remite el juicio de amparo 1149/2018 promovido por Rafael Martínez Cortés, un anexo y un disco compacto, contra actos de la Tercera Sala Penal de esta ciudad y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 55/2019 y acúsese recibo. Al respecto, este juzgado se avoca al conocimiento del juicio mencionado. En principio, se destaca que los actos reclamados consisten en la resolución dictada en el toca penal 255/2018 el veinte de noviembre del año pasado, así como su ejecución. Ahora, del anexo que remitió la sala responsable en apoyo a su informe de ley se advierte que la resolución reclamada se notificó personalmente al amparista el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho (foja 484 del anexo); documental que tiene valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. En ese sentido, este órgano de control constitucional estima que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia que refiere el dispositivo 61, fracción XIV, de la ley reglamentaria, en relación con los numerales 17 y 18 de la citada ley, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De la interpretación conjunta de dichos preceptos se obtiene que el amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo en los términos que prevé la ley y, además, que el plazo general para la promoción del juicio es de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos conforme a la ley que rija al acto, la notificación respectiva, al en que se haya tenido conocimiento del mismo, o al en que la parte quejosa se ostente sabedora de dicho acto, término genérico respecto del que operan las diversas excepciones establecidas en dicho numeral. Es orientador el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicado en la página 13 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Materia Común, cuyo rubro establece: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL". Es preciso señalar que el amparista manifestó en el escrito de demanda que: ".Bajo protesta de decir verdad manifiesto a su señoría que los presentes hechos son antecedentes del acto reclamado ASI COMO HACERME SABEDOR DEL ACTO RECLAMADO EL PASADO DIA 26 de NOVIEMBRE del dos mil dieciocho, asimismo que los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados." (sic), sin embargo, dicha manifestación se desvirtúa con las constancias que remitió la sala responsable, pues se advierte que la resolución reclamada de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, se notificó personalmente al justiciable el veintitrés siguiente. En ese contexto, tomando en cuenta que la demanda de amparo que dio origen a este controvertido, fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, el diecisiete de diciembre del año pasado, se hace patente que es extemporánea, al haberse presentado fuera del plazo de quince días que establece el precepto 17 de la Ley de Amparo, lo que motiva la causal de improcedencia advertida y por ello, no puede analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de tal acto; máxime que la naturaleza del mismo impide encuadrarlo en alguno de los supuestos de excepción previstos en el referido numeral 17. Esto es así, pues la ley del acto que rige en el caso concreto, es el Código de Procedimientos Penales para esta ciudad, que señala en su dispositivo 57 lo siguiente: "Artículo 57. Los plazos son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos que este Código señale expresamente. No se incluirán en los plazos, los sábados, los domingos, ni los días inhábiles, a no ser que se trate de poner al inculpado a disposición de los tribunales, de tomarle su declaración preparatoria o de resolver la procedencia de su formal prisión, sujeción o (sic) proceso o libertad". Por tanto, el plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la ley de la materia, para solicitar la protección constitucional surtió efectos el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, atendiendo a lo previsto en el precepto 57 citado, y transcurrió a partir del veintiséis del mes en cita al catorce de diciembre del año indicado, con exclusión de los días inhábiles, en términos del dispositivo 19 de la ley reglamentaria, en tanto que la demanda de amparo se presentó el diecisiete de diciembre pasado, como se aprecia del sello del reloj checador que aparece impreso en la citada demanda; en esas condiciones, se insiste, resulta claro que la acción constitucional se ejerció fuera del aludido plazo de quince días que prevé el numeral en consulta. Es aplicable por identidad jurídica, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, febrero de 2003, cuyo rubro es el siguiente: "ACCIÓN PENAL. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS PARA INCONFORMARSE EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN DE SU NO EJERCICIO, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA FECHA EN QUE ÉSTA SE HAYA NOTIFICADO PERSONALMENTE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)". De modo que si el quejoso no ejerció en el plazo legal la acción de amparo, es evidente que consintió tácitamente los actos reclamados. Lo anterior se determina así, pues como se advierte de la fracción IV, del numeral 17 de la ley de la materia, la excepción en cuanto al plazo de presentación de la demanda relativo a "en cualquier tiempo", fue limitado por el legislador a que los ataques a la libertad personal se realicen "fuera de procedimiento", supuesto que no se actualiza en la especie, dada la naturaleza jurídica de los actos reclamados consistentes en la resolución dictada en el toca penal 255/2018 el veinte de noviembre del año pasado, así como su ejecución -dentro de un procedimiento-, por lo que se concluye que rige la regla genérica de la temporalidad inherente a la promoción del amparo, esto es, la de quince días, en razón de que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción que prevé el referido precepto de la ley de la materia. En consecuencia, al sobrevenir de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia aludida, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio en que se actúa, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que con ningún medio de prueba se desvirtúa. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Identifíquese el anexo que remitió la sala responsable con la carátula correspondiente. En cuanto al disco mencionado, resguárdese en la secretaría de este juzgado. Ahora, con fundamento en el numeral 26, fracción I, inciso a), de la ley en cita, notifíquese este proveído y los subsecuentes en el interior del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de esta ciudad, en virtud que el justiciable señaló dicho centro de reclusión como domicilio para oír y recibir notificaciones. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes y realícense las anotaciones en el libro de gobierno.

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