Rafael Martin Granados

Expediente 1206/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1206/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
14/12/2021

Partes del expediente

  • Rafael Martin Granados

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1206/2021. Puebla, Puebla, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que los quejosos no interpusieron recurso de queja contra el proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, esta juzgadora estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a los quejosos. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente e incidente de suspensión; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a los quejosos, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si desearan conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar a los quejosos por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE PROMOVENTE. JUICIO DE AMPARO 1206/2021-VI. Puebla, Puebla, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Radicación. Se recibe la demanda de amparo advertida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), promovida por *** contra actos del Fiscal de la Unidad de Investigación adscrito al Primer Turno en la ciudad de Teziutlán, Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Cierto, el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, determina que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que se señala como acto reclamado en el capítulo correspondiente y de manera destacada: ".la orden de presentación." y su ejecución. Sin embargo, debe precisarse que es improcedente el presente juicio de amparo por los actos precisados acorde con lo que se expone a continuación: Orden de presentación. Debe tenerse en cuenta que una orden de presentación como la que reclaman los quejosos, no puede ser emitida por autoridades ministeriales o de la fiscalía o de seguridad pública, como la que señalan en la demanda de amparo (Fiscal de la Unidad de Investigación adscrito al Primer Turno en la ciudad de Teziutlán, Puebla), porque ésta no tiene facultades jurídicas en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio para librar tales órdenes. En efecto, el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el ministerio público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el juez de control, a solicitud del ministerio público, podrá ordenar, entre otras cuestiones, la comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y orden de aprehensión contra una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. Como se ve, los agentes del ministerio público y fiscales en mención (del actual sistema de justicia penal acusatorio) no tienen la facultad jurídica de librar orden de presentación, sino acorde con la legislación procesal en mención, podrían solicitar (en dado caso) ante el juzgador competente órdenes de comparecencia o de aprehensión; en la inteligencia que son las autoridades judiciales las facultades para librar estas últimas. Así, la orden de presentación que reclaman los quejosos al Fiscal de la Unidad de Investigación adscrito al Primer Turno en la ciudad de Teziutlán, Puebla, señalado como responsable, no tiene en su cúmulo de competencia y facultades la de dichos juzgadores. Luego, aun cuando se atribuye dicho acto a un representante social señalado como responsable, (autoridad de la fiscalía); lo cierto es que de las manifestaciones que constituyen de la integridad de la demanda, es dable advertir que la orden de presentación reclamada, y su ejecución, se encuentra referida al inicio o eventual seguimiento de una carpeta de investigación que (en su caso) se instruye contra los quejosos, dado que expresan que fueron buscados (en la fecha en que promovieron la demanda) con motivo de una orden de presentación librada en su contra; lo que implica la actualización de la improcedencia de esta vía de amparo intentada en su contra, habida cuenta que en el nuevo sistema penal acusatorio adversarial los agentes del ministerio público (y de la fiscalía) no están facultados para librar órdenes de presentación. De tal manera que la restricción de la libertad de los quejosos únicamente, en su caso, se daría con motivo de la diversa orden de aprehensión de una autoridad judicial, la detención en flagrancia, así como con motivo de la imposición de la prisión preventiva o la pena de prisión decretadas por una autoridad judicial, y que constituyen sucesos distintos a los actos reclamados de las autoridades en mención. Habida cuenta que dicha autoridad ministerial carece de facultades jurídicas para emitir tanto una orden de aprehensión como de comparecencia contra un gobernado (porque, como se dijo, esos mandamiento de molestia corresponden y competen a la autoridad judicial), e incluso en el nuevo sistema acusatorio adversarial tampoco podrían librar una orden de presentación. Máxime que, como se dijo, tales órdenes ni siquiera están previstas como tales (como orden de presentación) en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales que regula las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control. Es más, de la lectura de las fracciones I y II del precepto legal antes mencionado es posible establecer que la presentación de la persona investigada mediante una citación ante un juez, en donde habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del ministerio público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva; lo anterior se advierte de lo previsto en los artículos 310, segundo párrafo y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que sea improcedente esta vía de amparo respecto del acto que se reclama del juez de control consistente en la orden de presentación y su cumplimiento atribuido a las demás autoridades ejecutoras. Es así, pues como se ha visto, en el sistema de justicia penal adversarial, una persona puede ser detenida a fin de ser presentada ante la autoridad jurisdiccional por tres supuestos: 1. Porque se le conduzca a proceso a través de un citatorio orden de presentación o comparecencia a través de la fuerza pública o se ejecute una orden de aprehensión en su contra, en términos de lo dispuesto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Este tipo de actos sólo puede ser emitido por una autoridad jurisdiccional. 2. Se detenga a una persona en flagrancia en términos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. La detención puede realizarla cualquier persona o autoridad, con la condición de poner a la persona detenida de forma inmediata a disposición del Ministerio Público, quien después de examinar la legalidad de la detención, podrá ordenar a retención por el plazo de constitucional. 3. El Ministerio Público ordene la detención de una persona por tratarse de caso urgente, conforme lo dispone el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Esta hipótesis, constituye una restricción a la libertad personal de carácter extraordinaria, pues se aparta de la regla de detención de control judicial previo; esto es, para que un representante social ordene una detención por causa urgente es necesario medien condiciones no ordinarias, como que por la hora o el lugar sea imposible acudir ante una autoridad a solicitar una orden de aprehensión o que de hacerlo existan datos que evidencien de manera objetiva que el imputado podría evadir la acción de la justicia. Con base en lo anterior, resulta inconcuso que, en el caso, no es posible adjudicar a la agente del Ministerio Público señalado como autoridad responsable, la orden de presentación reclamada, porque como se explicó en párrafos precedentes, carece de facultades legales y constitucionales para ello, ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16 constitucional y 1413 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cabe agregar que los actos ahora reclamados no consisten en la diversa orden de citación o citatorio y su ejecución, y aún en ese supuesto, esta vía de amparo resultaría improcedente porque no les ocasiona una afectación actual, real y directa en su esfera jurídica, en razón de que la citación o citatorio únicamente es emitido (en su caso) para que se presenten ante la autoridad (que los citó) y se lleve a cabo una diligencia de carácter ministerial, sin que contenga algún tipo de medio de apremio en caso de no asistir, con se explica a continuación: En efecto, acorde con la naturaleza de dicha citación, no puede considerarse como un acto que restrinja la libertad personal, pues ése no es su objeto, sino lograr la comparecencia para la realización de un acto procesal de investigación dentro de la integración de una indagatoria, y al tratarse de un acto que no es restrictivo de libertad, no viola derechos fundamentales de la impetrante. Además, como se dijo, debe destacarse que constituye una actuación de la representante social tendente a la integración de la carpeta de investigación aparentemente incoada contra la promovente o en la que ésta forma parte de las personas involucradas con tal indagatoria; contra lo cual es improcedente el juicio de amparo. En ese orden de ideas, la orden de citación emitida dentro de la integración de la carpeta de investigación, no afecta el interés jurídico de la parte quejosa, pues dicha representación legal está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, regulada ahora por el nuevo sistema penal, al atender que el Ministerio Público, en ejercicio de su facultad de investigación estatuida en el numeral 21 constitucional, está en posibilidad de emitir citatorios a cualquier persona, de conformidad con lo previsto en los artículos 90 y 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con las salvedades que los mismos preceptos establecen, siendo éstos del tenor siguiente: "Artículo 90. Citación.... ." "Artículo 91. . Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que inclusive la citación a los aquí quejosos para la práctica de una diligencia de carácter ministerial en una carpeta de investigación, implica y forma parte de la integración de tal indagatoria que, como tal, no puede considerarse como actos cuya ejecución sea de imposible reparación, no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en sus derechos públicos subjetivos, ya que éste, en caso de ser cierto, forma parte de la facultad constitucional que la autoridad tiene. De tal forma que aún en ese caso de ninguna manera puede constituir una violación a sus derechos sustantivos. En ese tenor, resulta importante tener presente que la carpeta de investigación constituye medularmente una investigación a través de la cual el fiscal trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el juez con el fin de que éste tenga posibilidades de éxito; es decir, dicho procedimiento administrativo-penal constituye el instrumento con el que cuenta en exclusiva el órgano acusador para construir, adecuadamente, casos penales. Asimismo, el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, consiste en la obligación que constitucionalmente se impone a la fiscalía de acreditar, dentro de la fase del procedimiento penal, denominada etapa preliminar o de investigación, los elementos de prueba suficientes a partir de los cuales pueda determinarse si se somete o no a una persona a juicio. En esta etapa, una vez que el fiscal formaliza la investigación mediante la intervención judicial, el juez de control adquiere primordialmente atribuciones de garantía y resguardo de los derechos fundamentales del imputado, particularmente aquellos ligados con el debido proceso y la libertad personal. Así pues, un citatorio girado no trasciende de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irroga un perjuicio, ya que éste, en todo caso, se podría materializar hasta que la autoridad judicial determine, en un momento dado, si resulta procedente o no la continuación de las etapas del proceso penal; estimar lo contrario sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren a la autoridad ministerial señalada como responsable, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En adición, cabe precisar que tampoco se está reclamando la citación a una audiencia inicial, en cuyo caso sería igualmente improcedente este amparo. Es así, ya que la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, en una nueva reflexión sobre los efectos de la citación a audiencia inicial, determinó que dicha notificación, en sí misma, no afecta la libertad personal del citado, pues es una mera comunicación que dirige la autoridad al imputado, mediante la cual se le informa que debe comparecer para llevar a cabo un acto jurídico. En dicha ejecutoria sostuvo: ".La citación para acudir a la audiencia inicial efectuada, en términos del artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, por lo que en su contra no procede el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 107, fracción IV, de esa ley..". De ahí que se actualice, en el caso, la causal de improcedencia que resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 de la ley de la materia, con los artículos 14, 16, 19 y el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu y el diverso 21, de la constitución federal. Por consiguiente, al actualizarse los motivos de improcedencia en estudio, de manera notoria y manifiesta, respecto de todos los actos reclamados en la demanda, lo procedente es desecharla de plano, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, respecto de los actos consistentes en la orden de presentación librada contra los quejosos por el Fiscal de la Unidad de Investigación adscrito al Primer Turno en la ciudad de Teziutlán, Puebla, así como su ejecución atribuida al Inspector Regional de la Agencia Estatal de Investigación en Teziutlán y Comandante de la Agencia Estatal de Investigación Grupo Teziutlán. Autorizados y domicilio para recibir y oír notificaciones Téngase como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la profesionista Ivonne González Hernández, porque se encontró registro único de su cédula profesional en el Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. También se tiene como domicilio físico para oír y recibir notificaciones el que señalaron en su demanda de amparo. Notifíquese; de manera personal a los quejosos y cúmplase.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1206/2021-VI. Puebla, Puebla, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Radicación. Se recibe la demanda de amparo advertida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), promovida por *** contra actos del Fiscal de la Unidad de Investigación adscrito al Primer Turno en la ciudad de Teziutlán, Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Cierto, el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, determina que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que se señala como acto reclamado en el capítulo correspondiente y de manera destacada: ".la orden de presentación." y su ejecución. Sin embargo, debe precisarse que es improcedente el presente juicio de amparo por los actos precisados acorde con lo que se expone a continuación: Orden de presentación. Debe tenerse en cuenta que una orden de presentación como la que reclaman los quejosos, no puede ser emitida por autoridades ministeriales o de la fiscalía o de seguridad pública, como la que señalan en la demanda de amparo (Fiscal de la Unidad de Investigación adscrito al Primer Turno en la ciudad de Teziutlán, Puebla), porque ésta no tiene facultades jurídicas en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio para librar tales órdenes. En efecto, el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el ministerio público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el juez de control, a solicitud del ministerio público, podrá ordenar, entre otras cuestiones, la comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y orden de aprehensión contra una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. Como se ve, los agentes del ministerio público y fiscales en mención (del actual sistema de justicia penal acusatorio) no tienen la facultad jurídica de librar orden de presentación, sino acorde con la legislación procesal en mención, podrían solicitar (en dado caso) ante el juzgador competente órdenes de comparecencia o de aprehensión; en la inteligencia que son las autoridades judiciales las facultades para librar estas últimas. Así, la orden de presentación que reclaman los quejosos al Fiscal de la Unidad de Investigación adscrito al Primer Turno en la ciudad de Teziutlán, Puebla, señalado como responsable, no tiene en su cúmulo de competencia y facultades la de dichos juzgadores. Luego, aun cuando se atribuye dicho acto a un representante social señalado como responsable, (autoridad de la fiscalía); lo cierto es que de las manifestaciones que constituyen de la integridad de la demanda, es dable advertir que la orden de presentación reclamada, y su ejecución, se encuentra referida al inicio o eventual seguimiento de una carpeta de investigación que (en su caso) se instruye contra los quejosos, dado que expresan que fueron buscados (en la fecha en que promovieron la demanda) con motivo de una orden de presentación librada en su contra; lo que implica la actualización de la improcedencia de esta vía de amparo intentada en su contra, habida cuenta que en el nuevo sistema penal acusatorio adversarial los agentes del ministerio público (y de la fiscalía) no están facultados para librar órdenes de presentación. De tal manera que la restricción de la libertad de los quejosos únicamente, en su caso, se daría con motivo de la diversa orden de aprehensión de una autoridad judicial, la detención en flagrancia, así como con motivo de la imposición de la prisión preventiva o la pena de prisión decretadas por una autoridad judicial, y que constituyen sucesos distintos a los actos reclamados de las autoridades en mención. Habida cuenta que dicha autoridad ministerial carece de facultades jurídicas para emitir tanto una orden de aprehensión como de comparecencia contra un gobernado (porque, como se dijo, esos mandamiento de molestia corresponden y competen a la autoridad judicial), e incluso en el nuevo sistema acusatorio adversarial tampoco podrían librar una orden de presentación. Máxime que, como se dijo, tales órdenes ni siquiera están previstas como tales (como orden de presentación) en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales que regula las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control. Es más, de la lectura de las fracciones I y II del precepto legal antes mencionado es posible establecer que la presentación de la persona investigada mediante una citación ante un juez, en donde habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del ministerio público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva; lo anterior se advierte de lo previsto en los artículos 310, segundo párrafo y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que sea improcedente esta vía de amparo respecto del acto que se reclama del juez de control consistente en la orden de presentación y su cumplimiento atribuido a las demás autoridades ejecutoras. Es así, pues como se ha visto, en el sistema de justicia penal adversarial, una persona puede ser detenida a fin de ser presentada ante la autoridad jurisdiccional por tres supuestos: 1. Porque se le conduzca a proceso a través de un citatorio orden de presentación o comparecencia a través de la fuerza pública o se ejecute una orden de aprehensión en su contra, en términos de lo dispuesto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Este tipo de actos sólo puede ser emitido por una autoridad jurisdiccional. 2. Se detenga a una persona en flagrancia en términos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. La detención puede realizarla cualquier persona o autoridad, con la condición de poner a la persona detenida de forma inmediata a disposición del Ministerio Público, quien después de examinar la legalidad de la detención, podrá ordenar a retención por el plazo de constitucional. 3. El Ministerio Público ordene la detención de una persona por tratarse de caso urgente, conforme lo dispone el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Esta hipótesis, constituye una restricción a la libertad personal de carácter extraordinaria, pues se aparta de la regla de detención de control judicial previo; esto es, para que un representante social ordene una detención por causa urgente es necesario medien condiciones no ordinarias, como que por la hora o el lugar sea imposible acudir ante una autoridad a solicitar una orden de aprehensión o que de hacerlo existan datos que evidencien de manera objetiva que el imputado podría evadir la acción de la justicia. Con base en lo anterior, resulta inconcuso que, en el caso, no es posible adjudicar a la agente del Ministerio Público señalado como autoridad responsable, la orden de presentación reclamada, porque como se explicó en párrafos precedentes, carece de facultades legales y constitucionales para ello, ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16 constitucional y 1413 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cabe agregar que los actos ahora reclamados no consisten en la diversa orden de citación o citatorio y su ejecución, y aún en ese supuesto, esta vía de amparo resultaría improcedente porque no les ocasiona una afectación actual, real y directa en su esfera jurídica, en razón de que la citación o citatorio únicamente es emitido (en su caso) para que se presenten ante la autoridad (que los citó) y se lleve a cabo una diligencia de carácter ministerial, sin que contenga algún tipo de medio de apremio en caso de no asistir, con se explica a continuación: En efecto, acorde con la naturaleza de dicha citación, no puede considerarse como un acto que restrinja la libertad personal, pues ése no es su objeto, sino lograr la comparecencia para la realización de un acto procesal de investigación dentro de la integración de una indagatoria, y al tratarse de un acto que no es restrictivo de libertad, no viola derechos fundamentales de la impetrante. Además, como se dijo, debe destacarse que constituye una actuación de la representante social tendente a la integración de la carpeta de investigación aparentemente incoada contra la promovente o en la que ésta forma parte de las personas involucradas con tal indagatoria; contra lo cual es improcedente el juicio de amparo. En ese orden de ideas, la orden de citación emitida dentro de la integración de la carpeta de investigación, no afecta el interés jurídico de la parte quejosa, pues dicha representación legal está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, regulada ahora por el nuevo sistema penal, al atender que el Ministerio Público, en ejercicio de su facultad de investigación estatuida en el numeral 21 constitucional, está en posibilidad de emitir citatorios a cualquier persona, de conformidad con lo previsto en los artículos 90 y 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con las salvedades que los mismos preceptos establecen, siendo éstos del tenor siguiente: "Artículo 90. Citación.... ." "Artículo 91. . Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que inclusive la citación a los aquí quejosos para la práctica de una diligencia de carácter ministerial en una carpeta de investigación, implica y forma parte de la integración de tal indagatoria que, como tal, no puede considerarse como actos cuya ejecución sea de imposible reparación, no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en sus derechos públicos subjetivos, ya que éste, en caso de ser cierto, forma parte de la facultad constitucional que la autoridad tiene. De tal forma que aún en ese caso de ninguna manera puede constituir una violación a sus derechos sustantivos. En ese tenor, resulta importante tener presente que la carpeta de investigación constituye medularmente una investigación a través de la cual el fiscal trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el juez con el fin de que éste tenga posibilidades de éxito; es decir, dicho procedimiento administrativo-penal constituye el instrumento con el que cuenta en exclusiva el órgano acusador para construir, adecuadamente, casos penales. Asimismo, el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, consiste en la obligación que constitucionalmente se impone a la fiscalía de acreditar, dentro de la fase del procedimiento penal, denominada etapa preliminar o de investigación, los elementos de prueba suficientes a partir de los cuales pueda determinarse si se somete o no a una persona a juicio. En esta etapa, una vez que el fiscal formaliza la investigación mediante la intervención judicial, el juez de control adquiere primordialmente atribuciones de garantía y resguardo de los derechos fundamentales del imputado, particularmente aquellos ligados con el debido proceso y la libertad personal. Así pues, un citatorio girado no trasciende de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irroga un perjuicio, ya que éste, en todo caso, se podría materializar hasta que la autoridad judicial determine, en un momento dado, si resulta procedente o no la continuación de las etapas del proceso penal; estimar lo contrario sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren a la autoridad ministerial señalada como responsable, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En adición, cabe precisar que tampoco se está reclamando la citación a una audiencia inicial, en cuyo caso sería igualmente improcedente este amparo. Es así, ya que la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, en una nueva reflexión sobre los efectos de la citación a audiencia inicial, determinó que dicha notificación, en sí misma, no afecta la libertad personal del citado, pues es una mera comunicación que dirige la autoridad al imputado, mediante la cual se le informa que debe comparecer para llevar a cabo un acto jurídico. En dicha ejecutoria sostuvo: ".La citación para acudir a la audiencia inicial efectuada, en términos del artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, por lo que en su contra no procede el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 107, fracción IV, de esa ley..". De ahí que se actualice, en el caso, la causal de improcedencia que resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 de la ley de la materia, con los artículos 14, 16, 19 y el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu y el diverso 21, de la constitución federal. Por consiguiente, al actualizarse los motivos de improcedencia en estudio, de manera notoria y manifiesta, respecto de todos los actos reclamados en la demanda, lo procedente es desecharla de plano, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, respecto de los actos consistentes en la orden de presentación librada contra los quejosos por el Fiscal de la Unidad de Investigación adscrito al Primer Turno en la ciudad de Teziutlán, Puebla, así como su ejecución atribuida al Inspector Regional de la Agencia Estatal de Investigación en Teziutlán y Comandante de la Agencia Estatal de Investigación Grupo Teziutlán. Autorizados y domicilio para recibir y oír notificaciones Téngase como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la profesionista Ivonne González Hernández, porque se encontró registro único de su cédula profesional en el Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. También se tiene como domicilio físico para oír y recibir notificaciones el que señalaron en su demanda de amparo. Notifíquese; de manera personal a los quejosos y cúmplase.

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