Rafael Manuel Horta Hernández

Expediente 1199/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 7 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1199/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
01/08/2023

Partes del expediente

  • Rafael Manuel Horta Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos de Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable en contra de la sentencia dictada en el presente expediente, con el que se formó el toca 540/2023. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos del que se advierte que obra la totalidad de las constancias de notificación relativas al recurso de revisión interpuesto por las autoridades responsables contra la sentencia definitiva firmada el veintisiete de junio de dos mil veintitrés; en consecuencia, para la sustanciación del referido recurso, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito, en turno: 1. La impresión del escrito de revisión y de expresión de agravios. 2. La copia de éste que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación. Por otra parte, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal de Alzada, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente. Hágase del conocimiento del Analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal Colegiado se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por *****, delegado de las autoridades responsables Universidad del Tercer Milenio, Sociedad Civil, y Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), con el que interpone recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, entréguese copia del citado escrito de revisión y de expresión de agravios a las partes restantes. Una vez que esté debidamente integrado y notificado, remítase el referido escrito de expresión de agravios y la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente acordar. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 1199/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************, contra actos de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, sede Francisco de Montejo, con sede en esta ciudad y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El veintiséis de abril de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, sede Francisco de Montejo, con residencia en esta ciudad y otra, consistente en la omisión de entregarle el título y el certificado de estudios, ambos de la licenciatura en derecho. SEGUNDO. Trámite del juicio Por razón de turno, la demanda fue enviada a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. En auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se registró con el número de expediente 1199/2023, y se admitió a trámite. En el curso del procedimiento, se dio intervención al representante social de la adscripción, se recibió el informe con justificación rendido por la responsable. Finalmente, hoy se celebró la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que se reclama un acto omisivo de autoridad administrativa; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. Así, este órgano de control constitucional advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: (...) Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Existencia del acto reclamado Las autoridades responsables Universidad del Tercer Milenio, Sociedad Civil, y/o Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), negaron la existencia de las omisiones reclamadas, sin embargo, conforme a las manifestaciones de su informe debe desvirtuarse dicha negativa, pues estas evidencian la certeza de las omisiones reclamadas. En efecto se afirma lo anterior, en razón de que la apoderada las autoridades responsables señala en su informe que el quejoso cumplió con los requisitos exigibles para obtener su título profesional en enero de dos mil veintitrés, por lo que no existe una abierta dilación a la fecha de la presentación de la demanda; consideraciones por la que se estima que debe tenerse por ciertas las omisiones reclamadas a las autoridades responsables, ya que, de dichas manifestaciones, se evidencia la certeza de los mismos. Apoya lo considerado, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 391 del tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Procedencia del juicio de amparo En principio, cabe que precisar que, aun cuando en el caso se está ante la presencia de actos atribuidos a un particular señalado como responsable (institución educativa), lo cierto es que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de criterios 330/2022, en sesión de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, determinó que las universidades privadas se equiparan a una autoridad para efectos del juicio de amparo cuando omiten tramitar o entregar un título profesional. Al respecto, la doctrina judicial ha señalado que, para que el particular se equipare a una autoridad para efectos del juicio de amparo es necesario que realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y que sus funciones estén determinadas por una norma general que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria y que su actuación se ubique dentro de un plano de supra a subordinación respecto del gobernado. Ahora bien, en el caso de los particulares a quienes el Estado les permite prestar el servicio de educación superior a través de una autorización o reconocimiento de validez oficial, al formar parte del Sistema Educativo Nacional, asumen la responsabilidad de cumplir con lo establecido por la Constitución y las leyes que rigen la materia pues, de su observancia estricta, depende el ejercicio efectivo del derecho a la educación. En ese sentido, la Ley General de Educación y la Ley General de Educación Superior prevén que las instituciones del Sistema Educativo Nacional expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos de los planes y programas de estudio. En este contexto, cuando una universidad privada no tramita o entrega un título profesional a un alumno que cumple con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio correspondiente, está afectando derechos en términos de la Ley de Amparo, pues se impide el ejercicio de su derecho humano a la libertad de profesión, así como la tramitación de su cédula profesional y el registro de los documentos ante el Sistema de Información y Gestión Educativa para que tengan validez en todo el país. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado A fin de contextualizar el origen del acto reclamado, enseguida se destacan los hechos relevantes siguientes: El quejoso ******************** estudió la licenciatura en derecho en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, sede Francisco de Montejo, con residencia en esta ciudad. En agosto de dos mil veintidós egresó de la universidad de mérito al concluir el plan de estudios correspondiente y, en diciembre de dos mil veintidós, presentó el examen EGEL CENEVAL como método de titulación. El dieciocho de enero de dos mil veintitrés el quejoso realizó el pago de titulación. Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. SEXTO. Causas de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. Al respecto, las partes no hicieron valer causas de improcedencia y, al no advertir de oficio la actualización de causal que haga improcedente la acción de amparo, se procede al estudio de los conceptos de violación. SÉPTIMO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado En el estudio del presente asunto, serán examinados los argumentos contenidos en la demanda de amparo, razón por la que es innecesaria su transcripción. El quejoso refiere que la omisión de expedirle el título profesional viola el derecho humano previsto en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a pesar de haber acreditado en su totalidad el programa educativo de la licenciatura en Derecho, en la institución educativa Universidad Interamericana para el Desarrollo, sede Francisco de Montejo; sin embargo, hasta esta fecha, no cuenta con título profesional que le permita ejercer su profesión. Al respecto, respecto a las instituciones de educación superior, es pertinente destacar que los artículos 14, 18, 68 de la Ley General de Educación Superior, disponen que las instituciones de educación superior podrán otorgar título profesional, diploma o grado académico a la persona que haya concluido estudios de tipo superior y cumplido los requisitos académicos establecidos en los planes de estudio y ordenamientos aplicables, los cuales deberán registrarse, en los términos que establezca la Secretaría de Educación Pública, en el Sistema de Información y Gestión Educativa y tendrán validez en toda la República. De igual manera, el último de los numerales precisa que el Estado reconoce la contribución que realizan las instituciones particulares de educación superior que cuentan con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios para el logro de los principios, fines y criterios de la educación establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tanto, gozarán de todas las garantías para impartir este tipo de educación, así como la libertad para definir su modelo educativo, organización interna y administrativa, tales como fijar disposiciones de admisión, permanencia y egreso de sus estudiantes, sin embargo, estarán obligados a cumplir las disposiciones legales aplicables. Ahora, es fundado el argumento del quejoso, relativo a que la omisión de expedirle el título profesional por parte de la autoridad responsable Universidad Interamericana para el Desarrollo, sede Francisco de Montejo viola el derecho humano a la educación previsto en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues aunque acreditó en su totalidad el programa educativo de la licenciatura en Derecho, hasta la fecha, no cuenta con título profesional y certificado respectivo. En efecto, para acreditar dicha omisión, el quejoso anexó a su escrito de demanda documentales consistentes en los resultados de su desempeño en el examen EGEL CENEVAL respecto a la licenciatura en derecho en la institución Universidad Interamericana para el Desarrollo Campus Francisco de Montejo, copia de credencial del Registro Único Computarizado de Profesionales de Derecho que lo acredita como Pasante de Derecho, estado y resumen de cuenta; así como el comprobante de pago del proceso de titulación. Dichas probanzas al tratarse de documentos privados, se valoran en términos de los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por disposición expresa de su numeral 2º, y resultan suficientes para demostrar el interés jurídico de la parte quejosa, pues con dichas documentales, se demuestra que el quejoso concluyó los estudios de la licenciatura en derecho y realizó el pago del título respectivo, las cuales no fueron objetadas por las partes. En efecto, de las documentales aportadas se observa que el nueve de diciembre de dos mil veintidós, presentó como método de titulación el examen EGEL CENEVAL bajo el folio ********************, mismo que aprobó como nivel de desempeño global como satisfactorio, y que, al no contar con adeudos, el dieciocho de enero del año en curso, realizó el pago de trámite de titulación en una sola exhibición por la cantidad de $******************** (********************moneda nacional) ante la autoridad responsable; lo cual evidencia que ******************** cubrió los requerimientos necesarios para obtención del título y certificado de la licenciatura en derecho. Lo anterior se corrobora, con lo manifestado en el informe de la autoridad responsable Universidad Interamericana para el Desarrollo, sede Francisco de Montejo, al señalar lo siguiente: "Bajo protesta de decir verdad, digo que el alumno egresó en agosto de 2022", además, precisó que: "el aquí quejoso cumplió con los requisitos exigibles para obtener su título profesional hasta enero de dos mil veintitrés, en todo caso, no existiría una abierta dilación en la omisión de expedir el título respectivo, puesto que a la fecha de la presentación de la demanda ni siquiera había transcurrido un mes". Sin embargo, a pesar de las manifestaciones de la autoridad responsable, se aprecia que desde la fecha en que indicó que el quejoso cumplió con los requerimientos exigibles para la titulación es decir, en enero de dos mil veintitrés, a la fecha de la presentación de la demanda -veintiséis de abril de dos mil veintitrés-, transcurrieron tres meses; en tanto, que a la data en que se dicta la presente sentencia, han transcurrido seis meses, temporalidad en la que la universidad responsable ha sido omisa en tramitar el procedimiento relativo a la expedición del certificado de estudios y del título profesional del quejoso. Ello se afirma, no obstante que la apoderada legal de la responsable señale que el artículo 234 del reglamento de la universidad señale que: el tiempo para expedir el título y el certificado de estudios quedará sujeto al plazo que requiera la institución para revisar los estudios antecedentes, dictaminar la idoneidad de documentos, registro en libros y la elaboración de documentos oficiales y que los alumnos al inscribirse quedan sujetos al mismo. Lo anterior es así, pues aunque el quejoso al contratar la prestación privada de servicios educativos aceptó someterse a las disposiciones internas de la institución educativa, lo cual hace que, como lo señala la responsable, la expedición del título profesional y el certificado de estudios, quede sujeto a que la Universidad verifique que el promovente cumpla con los requisitos de la legislación interna de la universidad para la expedición de un título o certificado de estudio; lo cierto es que dicha temporalidad no podría interpretarse en el extremo de que la universidad pueda prolongar de manera injustificada la continuación del proceso, máxime que se encuentra obligada al cumplimiento de las disposiciones legales aplicables como las relativas a la Ley General de Educación Superior. En el entendido de que, en el supuesto de que el quejoso deba entregar algún documento o tenga alguna gestión pendiente, es necesario que la universidad se lo haga saber, por escrito, de manera fundada y motivada, a fin de que el proceso pueda continuar. Ello, pues como se evidenció en párrafos precedentes, el quejoso cumplió con el plan de estudios y los requerimientos exigibles por la responsable en enero de dos mil veintitrés, en tanto, que la Universidad no ha demostrado estar realizando las gestiones o trámites respectivos para la expedición del título y el certificado respectivo, pues no acompañó a su informe justificado, documentación alguna que desvirtúe la omisión reclamada y, en su caso, que justifique que se encuentra realizando las gestiones o el avance relativo para la expedición de dichos documentos. Conforme a lo expuesto, se advierte que la omisión de la universidad responsable, implica una afectación al derecho a la educación, conforme al artículo 3° Constitucional y al diverso 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", que establece que los Estados Parte están obligados a brindar educación a los particulares, pues dicho derecho es de esencial importancia social, por ello, es que la Universidad Interamericana para el Desarrollo, sede Francisco de Montejo debe realizar los actos y gestiones necesarias para que continúe el procedimiento de expedición del título y del certificado de estudios, a fin de que puedan ser remitidos a la autoridad educativa correspondiente para su validación. OCTAVO. Efectos de la protección constitucional En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo. En ese tenor, la concesión de amparo es para los efectos siguientes: La Universidad Interamericana para el Desarrollo, sede Francisco de Montejo deberá realizar todas las los actos y gestiones necesarias para que continúe el procedimiento de expedición del título de licenciado en derecho y el certificado de estudios respectivo, a fin de que sea remitido a la autoridad educativa correspondiente; lo cual deberá justificar ante este órgano jurisdiccional, en un plazo no mayor a dos meses. Para el supuesto de que se requiera algún documento o gestión que deba realiza el quejoso, se lo haga saber, por escrito, de manera fundada y motivada, estableciendo, las razones, circunstancias y fundamentos, que le impiden entregarle los documentos solicitados, sin que pueda aducir como impedimento la falta de realización de trámites o gestiones propias de la responsable; y, en caso de que sea un requisito subsanable, le otorgue un plazo para realizarlo y poder continuar con el trámite respectivo para la expedición de los documentos correspondientes. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 63, fracción V, 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ********************, contra actos de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, sede Francisco de Montejo y otra autoridad, consistentes en la omisión de entregarle el título y el certificado de estudios, ambos de la licenciatura en derecho, por las razones expuestas en el considerando séptimo y para los efectos indicados en el último punto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

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