Rafael Lorenzo Velasco

Expediente 1284/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1284/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
05/01/2018

Partes del expediente

  • Rafael Lorenzo Velasco

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y toda vez que en proveído de once de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Asimismo, hace constar que en este expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Finalmente, glósese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso RAFAEL LORENZO VELASCO; visto su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele las copias certificadas de todo lo actuado, teniéndose por autorizado para recibirla a la persona que señala, previa razón que por su recibo se deje en autos. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de garantías promovida por RAFAEL LORENZO VELASCO, presentada vía electrónica, contra actos del Presidente Municipal de San Felipe Usila, Oaxaca, y otras autoridades, anótese su ingreso en el libro de gobierno y regístrese con el número 1284/2017. Ahora bien, la demanda debe desecharse de plano, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo. En efecto, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Conforme al último precepto en cita, se advierte que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5, de la Ley de Amparo, facultando a su titular para acudir al órgano jurisdiccional demandando el cese de esas transgresión; condición que no se satisface en el escrito que se provee. Lo anterior, en la medida en que del análisis del escrito de cuenta, se advierte la misma no fue presentada en los términos a que se contrae el artículo 3, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, el cual dispone: Artículo 3. (.) . Los escritos en forma electrónica se presentaran mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. . Ello es así, pues conforme al documento que se analiza, se advierte no contiene la evidencia criptográfica de la firma electrónica mediante la cual se envió la demanda de amparo, y que a su vez, produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Al caso, conviene tener en cuenta lo dispuesto por los artículos 72 y 76, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula los Servicios Tecnológicos Relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, los cuales son del tenor literal siguiente: "Artículo 72. Para la presentación de demandas de manera electrónica, con excepción de las promovidas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, los usuarios en la opción de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ingresarán su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 64 del presente Acuerdo General Conjunto, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad. Hecho lo anterior, señalarán en el botón de demandas, el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, seleccionarán de un mapa la oficina de correspondencia común de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, directamente a la oficialía de partes del órgano jurisdiccional, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, o bien, utilizarán el formato o el texto en blanco que se encontrará a su disposición, agregarán a su escrito de demanda su firma electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y enviarán su demanda. Asimismo, podrán enviar junto con su demanda de amparo los archivos electrónicos que contengan los documentos anexos." "Artículo 76. El sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción. Cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente, datos que deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente." Atento a dichos preceptos, se evidencia que para la presentación de demandas de amparo, a excepción de las que sean en términos del artículo 15, de la Ley de Amparo, las partes deberán ingresar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través de su firma electrónica, y que una vez enviada la demanda, se generará un acuse, el cual, en su parte final tendrá la evidencia criptográfica de dicha firma. En ese sentido, si el acto reclamado en la presente instancia constitucional se trata de la orden de detención de los vehículos que dice el quejoso son de su propiedad (acto que no se comprende en las hipótesis a que se refiere el ordinal 15 de la Ley de Amparo), y siendo que la demanda de amparo carece de la evidencia criptográfica de la firma electrónica de quien la remitió, como así lo prevé el numeral 76, en cita, luego entonces, no se cumple con el principio de instancia de parte agraviada, pues no existe certeza de que la misma haya sido enviada por la parte a quien afecte el acto hoy reclamado, es decir, no se garantiza la manifestación inequívoca de la voluntad del quejoso de instar el juicio constitucional. Al caso tienen aplicación, en lo conducente, la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible a página 2361, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE POR PROPIO DERECHO O EN REPRESENTACIÓN DE DIVERSA PERSONA FÍSICA, MEDIANTE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL). Acorde con el artículo 3o. de la Ley de Amparo es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente; los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal. Así, dicho órgano administrativo y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitieron la normativa aplicable para la implementación y uso de esa herramienta en los Acuerdos Generales Conjuntos Números 1/2013 y 1/2014, en los que establecieron la posibilidad de que las demandas de amparo se recibieran por medio de la firma electrónica implementada. En tal virtud, una persona física por sí sola y por su propio derecho, puede presentar escrito de demanda de amparo, siempre y cuando cuente con la aludida firma electrónica "FIREL"; o bien, si lo hace por conducto de su apoderado especial, es necesario que acompañe copia digitalizada del documento que acredita que previamente contaba con esa capacidad jurídica, acorde con el inciso f) del artículo 12 del referido Acuerdo General Conjunto 1/2013, y adjuntarlo al escrito relativo, pues se presume que dicho documento anexo, vía electrónica, es copia íntegra e inalterada del propio documento impreso, al haber sido ingresado al sistema en uso del certificado digital "FIREL", por lo que produce los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa, en términos del artículo 10 de la ley de la materia, el cual establece que en los casos no previstos por dicha legislación, la personalidad se acreditará en la misma forma que determina la ley que rija la materia de la que emana el acto reclamado; además, de estimar lo contrario, se impediría a la quejosa el acceso a la tutela jurisdiccional que puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. En consecuencia, es inconcuso que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, por notoriamente improcedente. Sin que obste resolver en los términos apuntados, el hecho de aducir el quejoso de que al detenerse los vehículos de su propiedad, se le vayan a dar malos tratos, o bien, privar de su libertad. En efecto, pues la procedencia de la vía de amparo comprende actos presentes, no futuros e inciertos, pues en el caso, los citados actos (malos tratos y privación de la libertad), no necesariamente tienen lugar con motivo de la detención de sus vehículos, por lo que se itera, en el caso no se cumple con el principio de instancia de parte agraviada. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado, y para los mismos efectos a las personas que se mencionan, hasta en tanto acrediten contar con cédula profesional de licenciado en derecho. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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