Rafael Lopez Rubin

Expediente 609/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
609/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
05/07/2018

Partes del expediente

  • Rafael Lopez Rubin

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de veinticinco de junio del año en curso por el que SE TUVO POR NO PRESENTADA la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, CAUSA ESTADO dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos y la diligencia del Actuario Judicial adscrito a este juzgado federal, en la que hace constar que xcxx no ratificó la demanda promovida en su nombre por xxxen cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante proveído de veintitrés de junio de la presente anualidad. En tales condiciones, al no ratificar la demanda de amparo promovida a su favor, hágase efectivo el apercibimiento con que se previno en el auto antes aludido y, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda y se sobresee en el juicio de amparo número 609/2018, en conformidad con el diverso 63, fracción I, de la misma legislación y, por ende, quedan sin efecto las providencias dictadas en el mismo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Lo anterior, comuníquese mediante oficio a la autoridad responsable para su conocimiento y efectos legales conducentes. Finalmente, únicamente agréguense a los autos los oficios del Subsecretario de Coordinación y Operación Policial y otras autoridades, ello, atendiendo a los párrafos que anteceden.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ***, a nombre de ***, contra los actos y autoridades siguientes: Subsecretario de Coordinación y Operación Policial. Director General de Centros de Reinserción Social del Estado. Director de Supervisión de los Establecimientos de Reclusión. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla. Subdirector de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Puebla. Comité Técnico del Centro de Reinserción Social de Puebla. Director General de la Policía Estatal Preventiva. En tales condiciones, regístrese con el número 609/2018. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, así como de la certificación de cuenta, se advierte que fue presentada vía electrónica, sin contener firma electrónica (FIREL), ni autógrafa, así como que se encuentra incompleta por que varios párrafos que la conforman se encuentran incompletos de ambos lados; sin embargo, de su contenido se aprecia que la promovente reclama el traslado a diverso centro penitenciario, el aislamiento, incomunicación y así como la violencia ejercida contra Rafael López Rubín, quien al parecer se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de Puebla. Por tanto y a fin de acordar lo procedente sobre la admisión de la demanda de amparo y no dejar en estado de indefensión al aquí quejoso, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que se constituya en el recinto oficial que ocupa las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Puebla, a fin de que ratifique la demanda de amparo promovida en su nombre por Adriana Lima Hernández y, en su caso, lo requiera para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído ratifique la misma, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efectos las providencias dictadas. Así mismo, el actuario judicial adscrito deberá dar fe de la integridad física del quejoso y de su estado de salud. En caso de que el quejoso no se encuentre privado de su libertad en dichas las instalaciones, el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional deberá asentar la razón correspondiente, facultándolo para tal caso, desde este auto, para que en ese momento requiera a las autoridades responsables o a quien se encuentre encargado del despacho, le manifieste el lugar en el que se encuentra privado de su libertad el quejoso Rafael López Rubín; lo anterior, a fin de que se constituya en éste último para hacerle saber el contenido del presente acuerdo, le practiquen los requerimientos aludidos con antelación y lo requiera para que manifieste si es su deseo señalar como responsable a la autoridad a cuya disposición se encuentre en ese momento; conforme a lo anterior, se ordena girar dos oficios sin destinatario con el objeto de que en caso de que el quejoso señale como autoridades responsables a alguna distinta a las designadas en la demanda de amparo que se provee, el Actuario Judicial asiente la denominación de las mismas y lo notifique en términos de ley facultando al fedatario judicial para tal efectos. En el contexto que antecede, las autoridades responsables designadas por el quejoso deberán atender los requerimientos aquí contenidos en los términos señalados bajo los apercibimientos decretados. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano a favor de los quejosos respecto de los actos que reclama de las autoridades responsables para los siguientes efectos: a) para que cesen de inmediato los actos de incomunicación, el aislamiento, violencia ejercida o tortura , así como cualquier otro de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; lo anterior comuníquese de inmediato por oficio a las autoridades responsables. b) de igual manera, se decreta la suspensión de plano en favor de Rafael López Rubín, respecto del diverso acto consistente en la orden de traslado del Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Puebla, a diverso Centro de Reinserción Social en el Estado o del País, para el efecto de que el impetrante no sea trasladado a otro centro de reclusión diverso al Centro Penitenciario del Distrito Judicial de Puebla o del País; asimismo, en caso de que ya se haya realizado dicho traslado sea reingresado al Centro de Reinserción Social de Puebla, siempre y cuando dicha orden no provenga de autoridad competente de acuerdo a la Ley, es decir, de autoridad jurisdiccional (juez de proceso o de ejecución de sentencia) y se trate de alguno de los supuestos previstos en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Para el caso de que se trate de alguna de las excepciones previstas en el citado numeral 52, se requiere a las autoridades responsables para que a más tardar en el término de quince horas siguientes a la notificación que hubiere realizado al juez competente de la resolución administrativa en que funda el traslado del aquí quejoso (notificación que deberá efectuar dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado) lo informe y acredite ante este juzgado con las constancias conducentes, en las que se precise la fecha y hora exactas del traslado, puesta a disposición de la autoridad administrativa y notificación a la autoridad judicial competente. Previniendo a dicha autoridad que la violación de este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en los artículos 262, fracción III, de la Ley de Amparo, así como que entraña la comisión de un delito equiparable al de ABUSO DE AUTORIDAD conforme a lo dispuesto por el artículo 215, fracción XIII, del Código Penal Federal, por lo que de continuarse con el traslado del quejoso en diverso centro penitenciario al de la ciudad de Puebla sin justificación legal alguna de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal para los efectos a que haya lugar. Lo anterior, sin perjuicio de que se continúe con la función de investigación de los delitos por el Ministerio Publico, conforme lo ordena el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así mismo, en virtud de que los actos reclamado antes indicados son de aquellos que de consumarse afectarían de manera grave derechos fundamentales y que harían físicamente imposible restituir al impetrante en el goce de sus derechos afectados, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo de quince horas, siguientes a la notificación del presente acuerdo, informen acerca de la forma o términos en que dieron cumplimiento a esta suspensión, apercibidas que de no cumplir con lo anterior en el término concedido o no manifestar el impedimento que tengan para ello, se les impondrá UNA MULTA EQUIVALENTE A CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído; lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, ello, en atención a que se reclaman actos vinculados con orden de traslado de un centro de reclusión a otro. Aunado a lo anterior, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que la violación de este mandato también traerá como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en los artículos 262, fracción III, de la Ley de Amparo y 215 del Código Penal Federal. Hágase saber a las autoridades responsables que la violación a esta medida suspensional entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad conforme a lo dispuesto por el artículo 215, fracción XIII, del Código Penal Federal, por lo que de consumarse el mismo de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal para los efectos a que haya lugar. A fin de dar una comunicación efectiva, en términos del artículo 126, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena notificar de manera inmediata el contenido de este acuerdo a las autoridades responsables por las cuales se admitió la presente demanda mediante oficio. Se informa al actuario que en caso de que las autoridades responsables se nieguen a recibir los oficios que les son enviados, deberá proceder en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, haciendo saber al encargado de la oficina que se tendrá por hecha la notificación si insiste en negarse a recibir y que en términos del artículo 245 de la ley citada se le impondrá al encargado como a la autoridad responsables una multa de MIL VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído; todo de lo cual el fedatario asentará razón en autos. Se estima procedente el apercibimiento por el máximo de mil días a que se refiere el artículo 245, porque la notificación de este acuerdo es urgente al contener medidas cautelares de ejecución inmediata que tratan de salvaguardar los derechos fundamentales del quejoso, de manera que cualquier obstaculización se estima gravemente dolosa y, por ende, sancionable con la máxima prevista en la ley. Toda vez que el quejoso directo está recluido en el interior del Centro de Reinserción Social de Puebla, notifíquese este proveído en dicho centro penitenciario.

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