Rafael López Pinto

Expediente 936/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 16 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
936/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • Rafael López Pinto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Colima, Colima, treinta de octubre de dos mil veintitrés. De la certificación que antecede se advierte que mediante aviso de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, el Coordinador de Jueces de Distrito del Trigésimo Segundo Circuito en el Estado de Colima, por causas de fuerza mayor, con motivo del paro organizado por las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, declaró inhábil el día diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, para los juzgados de distrito, tribunal laboral federal de asuntos individuales y Centro de Justicia Penal Federal, todos con sede en Colima, Colima, correspondiente al Trigésimo Segundo Circuito. Asimismo, mediante circulares SGP/02/2023 y SGP/04/2023 de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, la Secretaria General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, en atención al oficio remitido por el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que en asamblea extraordinaria urgente tomó la decisión de realizar el paro nacional de labores en toda la república a partir del diecinueve al veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, ante ello, las personas titulares de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, tomaron la decisión de declarar inhábiles dichos días y, en consecuencia, suspender labores, términos y plazos procesales, por lo que, se estableció que sólo se atenderían casos urgentes en los órganos del poder judicial de la federación, entre los que se encuentran los contenidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo y 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órgano jurisdiccional, sin que el presente asunto actualice alguna de dichas hipótesis jurídicas señaladas. Ahora, mediante circular 29/2023, de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a los comunicados firmados por el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, en los que informó que tomó la decisión de prolongar el "paro nacional" hasta el próximo veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, por lo que se retomaron de manera regular las actividades laborales en los órganos jurisdiccionales, auxiliares y áreas administrativas, a partir de este lunes treinta de octubre, en la que se señaló que los titulares podrían declarar inhábiles los días que, a su consideración, deban suspenderse labores, términos y plazos procesales, pero manteniendo la operatividad de los tribunales de la federación para atender casos urgentes en términos de las recientes circulares SGP/02/2023 y 28/2023. Por lo que, mediante aviso de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, el Coordinador de Jueces de Distrito del Trigésimo Segundo Circuito en el Estado de Colima, por causas de fuerza mayor, con motivo del paro organizado por las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, declaró inhábiles los días veinticinco al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, para los juzgados de distrito, tribunal laboral federal de asuntos individuales y Centro de Justicia Penal Federal, todos con sede en Colima, Colima, correspondiente al Trigésimo Segundo Circuito. En consecuencia, con esta fecha en que se reanudan las labores y vista la certificación con que se da cuenta, se advierte que feneció el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que la parte quejosa interponga el recurso de revisión contra la audiencia y resolución constitucional dictada en autos, sin que lo haya hecho; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario el tomo de constancias que acompañó la Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Cuarta de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Colima, devuélvanse dichas constancias, para los efectos legales conducentes, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis antes referida, del citado Acuerdo General, al tratarse de un expediente en el que se sobreseyó el juicio, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo aplicado a contrario sensu. Asimismo, se ordena glosar el incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el cual es destruible, al haberse negado, tanto la suspensión provisional como la definitiva, lo anterior acorde con lo dispuesto en el fracción III del artículo 20 del acuerdo general relativo. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo de los numerales 21 y 22 del citado Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el Secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa, la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Por otra parte, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 28, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Finalmente, requiérase a la parte quejosa Rafael López Pinto, para el efecto de que dentro del plazo de noventa días hábiles, acuda a este órgano jurisdiccional, a recuperar los documentos originales que exhibió, apercibido que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos junto con el presente cuaderno, tal y como lo señala el segundo párrafo, del artículo 21 del referido acuerdo.

  2. Principal

    S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por el quejoso ********************, contra los actos reclamados a las autoridades señaladas Subsecretaría de Movilidad del Estado de Colima, Director Regional de Movilidad, Fiscal General del Estado de Colima, Vice Fiscal de Procedimientos Penales, Director General de Procedimientos Penales, Primer Comandante y Director General, ambos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado y Comandante de la 20ª Zona Militar en Colima, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. Notifíquese por lista.

  3. Principal

    Colima, Colima, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el escrito de cuenta signado por Christian Velasco Milanés, autorizado en amplios términos de la parte quejosa, por medio del cual solicita copias simples de la carpeta de investigación NSJP/COL/CI/DET4-353/2023 que remitió el agente del Ministerio Público de la mesa cuarta de detenidos de esta ciudad, en cumplimiento a lo solicitado por este juzgado. Al respecto, no ha lugar a proveer favorablemente a lo solicitado en razón de que las mismas se tratan de una carpeta de investigación en la que no aparece como parte, por lo que la obtención de copias de una carpeta de investigación es un derecho con el que cuentan la persona imputada y su defensor, siempre y cuando se actualice alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que en el caso no acontece, por lo que a fin de no dejarlo en estado de indefensión en el presente juicio de amparo, únicamente puede imponerse de aquellas que sean necesarias para su defensa, con supresión de datos sensibles, sin que en ningún caso ello implique que pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, lo anterior, además, para evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados en la misma. Por lo que en caso de que acuda a este juzgado a imponerse de las mismas, la Secretaria encargada del trámite del presente juicio, deberá cerciorarse que se cumpla con lo antes ordenado, para lo cual deber levantar el acta respectiva. Con dichas constancias relativas a la citada carpeta de investigación, recibidas en auto de cinco de septiembre pasado, fórmese cuadernillo por cuerda separada; lo anterior a fin de no vulnerar los derechos de las partes y proteger sus datos personales. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2009916, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 28, que dice: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo." Notifíquese por lista.

  4. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento signado por la Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Cuarta de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Colima, por medio del cual cumple con el requerimiento efectuado mediante oficio *********, de treinta de agosto del año en curso, y remite las constancias solicitadas. Con respecto a las documentales ofrecidas, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las cuales se considerarán al momento de emitir el fallo que conforme a derecho proceda, conforme a los arábigos 119 y 123 de la citada ley; sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional. Notifíquese por lista.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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