Rafael López Gomez
Expediente 159/2023 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 159/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/03/2023
Partes del expediente
- Rafael López Gomez
- Ministerio Público de la Federación Adscrito.
Actuaciones
- Principal
se ordena notificar por lista a la parte quejosa el presente proveído que en sintesis dice Agréguese en autos el oficio de cuenta signado en representación de las autoridades responsables del Instituto Nacional de Migración, en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad; en atención al mismo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se tiene por rendido el informe justificado que les fue requerido; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Análisis de constancias. Visto el estado procesal de este expediente, las constancias que se anexan al oficio de cuenta y las actuaciones que obran en el presente juicio de amparo, resulta necesario precisar lo siguiente: Quejoso. Rafael López Gómez, Rafael López Méndez, Fidelia López Ramos, y Apolinario Paul López Ramírez. Autoridades responsables. Subdirector Encargado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Reynosa Tamaulipas. Subdirector de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Federal en Tijuana, baja california. Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California. Encargado de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California. Representante A y B del Aeropuerto de Tijuana del Instituto Nacional de migración. Acto(s) reclamado(s). La(s) orden(es) de detención, aseguramiento, detención, deportación, incomunicación y/o cualquier acto privativo de la libertad y/o transitar por el territorio nacional. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ahora, vistos los oficios de salida que anexa la responsable al oficio de cuenta, se advierte que los directos quejosos Rafael López Gómez, Rafael López Méndez, Fidelia López Ramos, Apolinario Paul López Ramírez, fueron puestos en libertad, pruebas documentales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 53, Tomo VI, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios público, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente hacen prueba plena." En ese contexto, este órgano jurisdiccional advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.[ XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado precepto legal se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; esto es, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Por tanto, si los quejosos en su escrito inicial de demanda señalaron esencialmente como actos reclamados, la orden de detención, aseguramiento, detención, deportación, incomunicación y/o cualquier acto privativo de la libertad y/o transitar por el territorio nacional, a las autoridades migratorias del Instituto Nacional de Migración de Tijuana, Baja California, y de las constancias anexadas al oficio de cuenta, se desprende que los referidos quejosos ya no se encuentran alojados en la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California; debido a que durante la tramitación del presente juicio de amparo, dichas personas -quejosos- fueron puestas en libertad. Por tanto, se concluye que cesaron los efectos del acto reclamado por los quejosos a las autoridades responsables, surgiendo con ello, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo y en virtud de eso, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio únicamente respecto a los quejosos Rafael López Gómez, Rafael López Méndez, Fidelia López Ramos, Apolinario Paul López Ramírez, de conformidad con lo establecido en el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Sustenta lo anterior, por identidad jurídica en la siguiente tesis de jurisprudencia: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia, Materia: Común, Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Tesis número: 2a./J. 59/99, Página: 38). "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). De igual forma, resulta oportuno precisar, por una parte, que se estima manifiesta la causal de improcedencia advertida, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclaman los directos quejosos, han cesado en los efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. Por lo antes expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, de lo cual deberá realizarse la anotación correspondiente en la agenda que se lleva en este Juzgado, para los efectos legales correspondientes. Con motivo de lo antes expuesto, se dejan sin efecto las providencias decretadas, en favor de los quejosos. Modificación en el SISE. Por tanto, se instruye al analista jurídico a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice las modificaciones necesarias en el expediente electrónico para dejar sin efectos la fecha antes señalada y, haga las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este órgano jurisdiccional. Finalmente, debido a que todos los directos quejosos fueron puestos en libertad tal y como se advierte de las constancias anexadas al oficio de cuenta, notifíquese por lista el presente proveído.
- Principal
....., se avoca al conocimiento del asunto relativo y admite la demanda de amparo en los términos presentados; al efecto, fórmese el expediente y anótese su ingreso en el libro de control electrónico de este Juzgado con el número 159/2023-VIII; asimismo, acúsese el recibo de estilo correspondiente al último órgano jurisdiccional en cita. Además, se reconoce la validez de todo lo actuado dentro del presente juicio de amparo; notifíquese a las partes la radicación del expediente. Incidente de suspensión. Sin que sea el caso ordenar la apertura del incidente de suspensión, toda vez que mediante proveído de siete de febrero de dos mil veintitrés, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, proveyó lo conducente Audiencia constitucional. Se fijan las diez horas con treinta minutos del veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio. Se hace del conocimiento a las partes que la audiencia constitucional se celebrará con o sin la concurrencia de las partes acorde a lo establecido en el artículo 342 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se autoriza a las autoridades responsables para que rindan su informe mediante correo electrónico institucional a la dirección oficial, 12jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; asimismo, se les requiere, para que al momento de rendir el informe justificado, informen la fecha en que recibieron el oficio correspondiente al presente proveído; de igual forma, se sirvan proporcionar un correo electrónico a fin de realizarle las subsecuentes notificaciones por esa vía, para privilegiar el uso de los medios electrónicos durante la contingencia sanitaria decretada en el país, sin perjuicio de que lo realicen mediante oficio que se envíe a este juzgado, en el entendido de que no será necesario el envío por ambos medios. Obligatoriedad de recibir los oficios. .... Asimismo, se les informa que conforme lo dispone el artículo 28, fracción I, de la Ley de la Materia, están obligadas a recibir los oficios que se les dirijan, en materia de amparo, ya sea en las oficinas, en el domicilio o en el lugar en que se encuentren. La notificación surtirá todos los efectos legales, desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable o al encargado de recibir la correspondencia en la oficina; y si se negare a recibir dichos oficios, se tendrán por hechas las notificaciones y será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga, el actuario deberá hacer constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia, y, en el caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio. Causas de sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64, 238 y 251, de la Ley de Amparo, se apercibe a las partes, que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comuniquen, se les impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (UMA 96.22), multiplicada por treinta, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Tercero interesado. Ahora bien este Juzgado Federal se reserva de acordar a quiénes les reviste el carácter de tercer interesado en el presente juicio de amparo hasta en tanto la autoridad rinda su informe justificado, una vez que consten en el expediente copias certificadas del juicio de origen, y analizadas, se hará el pronunciamiento de a quiénes les reviste tal carácter en el presente juicio y se ordenará su emplazamiento. Agente del Ministerio Público de la Federación. Dése la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 5, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, toda vez que los quejosos se encuentran privados de la libertad personal, notifíqueseles personalmente el presente proveído, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Tijuana, Baja California, entregándole copia del auto que se les notifique. .......
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