Rafael López Cruz
Expediente 1191/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 13 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1191/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 26/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Rafael López Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
MESA 5 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintisiete de octubre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por RAFAEL LÓPEZ CRUZ; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Finalmente, devuélvase al Delegado de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, empresa Productiva del Estado, Delegación en Pemex Transformación Industrial, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, la copia certificada que anexó al momento de rendir su informe justificado relativo al al expediente 2017/PTI/QU1, constancia que se manejó por cuerda separada, constante de un tomo. Notifíquese.
- Principal
MESA 5 En Villahermosa, Tabasco, a las once horas con cuarenta minutos del veintisiete de octubre de dos mil veinte, estando en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Emilio Morales Hernández, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 1191/2017-5, promovido por Rafael López Cruz. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales que anexó la quejosa a su escrito de demanda de amparo consistente en la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, así como el informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable y copia certificada de las constancias que anexó a su referido informe, consistentes en copia certificada del expediente 2017/PTI/QU1, el cual obra por cuerda separada en razón de su voluminosidad. Al respecto el Juez acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que las partes no hicieron uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para formular alegatos con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 1191/2017-5, promovido por Rafael López Cruz contra actos del Titular de la Delegación de la Unidad de Responsabilidad de Petróleos Mexicanos en Pémex Transformación Industrial, con sede en la Ciudad de México, por estimarlo violatorios del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Villahermosa, Tabasco, el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, y recibido por este Juzgado, el veintiuno del mismo mes y año, Rafael López Cruz promovió amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos y autoridad que a continuación se puntualizan: AUTORIDAD RESPONSABLE Titular de la Delegación de la Unidad de Responsabilidad de Petróleos Mexicanos en Pémex Transformación Industrial, con sede en la Ciudad de México. ACTO RECLAMADO "La violación al principio de administración de justicia pronta y expedita, en que incurre la autoridad responsable, con la evidente dilación total en la substanciación y resolución de la queja administrativa número 2017/PTI/QU1." SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante auto de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, se registró bajo el expediente 1191/2017-5, admitió la demanda de que se trata, se pidió informe con justificación a la autoridad responsable, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se verificó en los términos del acta que antecede. TERCERO. SENTENCIA DE CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. El cuatro de octubre de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en el presente asunto, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo 1191/2017-5 (Fojas 34 a 40). CUARTO. TRAMITE DEL RECURSO DE REVISIÓN. Inconforme con la sentencia antes mencionada, la parte quejosa y la autoridad responsable interpusieron recurso de revisión, el cual le correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, con sede en esta ciudad, quien en proveído de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, admitió a trámite el recurso de revisión bajo el expediente 37/2018 de su índice (foja 134 de autos). QUINTO. RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN. En proveído de veintisiete de agosto de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio signado por el Actuario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con el cual remitió testimonio de la ejecutoria emitida el doce de marzo de dos mil veinte, en el amparo en revisión 37/2018, en la que en la que resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de amparo indirecto 1191/2017-5, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, para los efectos precisados en el penúltimo considerando de esta ejecutoria. TERCERO. Sin materia el recurso de revisión interpuesto por el titular de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos en Pemex Transformación Industrial" SEXTO. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Por tanto, en cumplimiento a la referida ejecutoria, mediante proveído de veintisiete de agosto de dos mi veinte, se ordenó reponer el procedimiento en el presente juicio de amparo; por tanto, se dejó insubsistente la audiencia constitucional celebrada y terminada de engrosar el cuatro de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el presente juicio de amparo. Asimismo, se dio vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido por el Delegado de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, Delegación en Pemex Transformación Industrial, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, que obra en autos en la foja 42 a 49 y de sus anexos que obran por cuerda separada en razón de su voluminosidad. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1, fracciones I y III, 3 y 12 del Acuerdo 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló como actos reclamados: La omisión en resolver la queja administrativa 2017/PTI/QU1. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Delegado de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, Delegación en Pemex Transformación Industrial, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, al rendir informe justificado (fojas 42 a 49), admitió y negó la existencia del acto que se le reclama, y remitió copia certificada del expediente de queja 2017/PTI/GU1, misma que obra por cuerda separada en razón de su voluminosidad. Sin embargo, resulta inexistente el acto reclamado consistente en la omisión de resolver la queja administrativa 2017/PTI/QU1 del índice de la autoridad responsable, toda vez que de la copia certificada del proveído de diecinueve de julio de dos mil diecisiete (foja 52 del tomo de pruebas), se advierte que la responsable determinó una prórroga de la etapa de investigación del expediente relativo a la citada queja administrativa hasta por ciento veinte días hábiles adicionales al plazo original (foja 52 del tomo de pruebas), de lo que se evidencia que el referido acto es inexistente en virtud de que la fecha de presentación de la demanda de amparo (dieciocho de agosto de dos mil diecisiete), el acto reclamado no existía en virtud de que aún se encontraba trascurriendo la prórroga de la etapa de investigación por el término de ciento veinte días hábiles, en razón de que únicamente habían trascurrido cuarenta y cinco días hábiles, faltando por trascurrir setenta y cinco días. De lo anterior, se dio vista a la parte quejosa en auto de veintisiete de agosto de dos mil veinte, en términos del primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, el cual le fue notificado oportunamente, sin que a la fecha de la celebración de la audiencia constitucional ofreciera prueba alguna que demostrara que la aludida queja administrativa, al momento de la presentación de la demanda de amparo, se encontraba en estado para que se emitiera la resolución que resolviera el fondo de la misma, aun cuando la carga procesal le correspondía, acorde a lo dispuesto en el numeral 119 del aludido ordenamiento jurídico. En efecto, en el párrafo primero del lineamiento vigésimo de los lineamientos para la Atención, Investigación y Conclusión de Quejas y Denuncias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de abril de dos mil dieciséis, aplicable al caso concreto; instituye que la etapa de investigación no podrá exceder de ciento veinte días hábiles contados a partir del día en que se haya emitido el acuerdo de radicación de la queja o denuncia; sin embargo, en el párrafo segundo del citado lineamiento establece que cuando por la naturaleza o complejidad del asunto no sea posible concluir con las investigaciones en el plazo señalado, podrá emitirse un acuerdo de trámite en el que se establezca la prórroga de la etapa de investigación hasta por un periodo igual. De lo anterior, se puede deducir que la etapa de investigación deberá substanciarse dentro del término de ciento veinte días hábiles contado a partir de auto de radicación de la queja o denuncia, plazo que podrá ampliarse hasta por un periodo igual cuando por la naturaleza o complejidad del asunto no sea posible concluir con las investigaciones en el plazo señalado. Por tanto, el presupuesto procesal indispensable para que la autoridad responsable se encuentre en aptitud legal de resolver la queja administrativa es que la responsable haya cerrado la etapa de investigación cuyo periodo ordinario es de ciento veinte días a partir de la radicación de la queja o denuncia, o bien, una vez trascurrida la prórroga de dicho plazo, la cual podrá ampliarse por un periodo igual, siendo que anterior a la fecha de presentación de la demanda de amparo, la autoridad responsable dictó el acuerdo de diecinueve de julio de dos mil diecisiete, en el cual determinó prorrogar el plazo de investigación por ciento veinte días más, el cual aún se encontraba trascurriendo; de ahí que se considere que el acto reclamado es inexistente. Al respecto, sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, lo establecido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del siguiente rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". También es de tomar en cuenta la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, formulada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, cuy rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". En las relatadas circunstancias, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; no obstante, omitieron manifestarse al respecto. Empero, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 del ordenamiento legal antes invocado y 8° del reglamento precitado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes se opongan expresamente a la publicación de sus datos personales; por ende, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." Por lo expuesto y fundado además en los artículos 65, 73 a 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por Rafael López Cruz contra el acto reclamado y autoridad referida en el resultando primero, por las razones y motivos expuestos en la parte considerativa de esta ejecutoria. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
MESA 5 VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la certificación que antecede se advierte que mediante oficio 002/2020-CM, los titulares de los órganos jurisdiccionales federales del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, tomaron la decisión de suspender de manera total las actividades jurisdiccionales de cada uno de los órganos a su cargo, al considerar que se actualiza el caso de emergencia a que se refiere la fracción XXIV del artículo 2 de la Ley General de Protección Civil, por lo que se suspendieron las labores a partir del día dos de octubre desde las diecisiete horas hasta el seis del propio mes y año. Asimismo, que la audiencia constitucional se encontraba señalada para las diez horas con veinte minutos del seis de los actuales. En tal virtud, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se fija como nueva fecha y hora para su celebración las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese.
- Principal
MESA 5.- [...] AGRÉGUESE A LOS PRESENTES AUTOS EL OFICIO SIGNADO POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO, MEDIANTE EL CUAL INFORMA QUE ADMITIÓ A TRÁMITE EL RECURSO DE REVISIÓN 37/2018.
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