Rafael Lagunes Pretelin

Expediente 74/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
74/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
26/05/2022

Partes del expediente

  • Rafael Lagunes Pretelin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por ********** (parte quejosa). En atención a su contenido, dígase deberá estarse al auto de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, en el que se ordenó la devolución de los documentos exhibidos. En el entendido deberá atender al sistema de citas previsto en el Acuerdo General 21/2020 (prorrogado mediante diverso 7/2022) del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se declara que el auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DOCUMENTOS. No existe razón para que continúen a disposición de esta autoridad los documentos exhibidos por la parte quejosa. Se ordena la devolución. Requiérase a fin de que comparezca a recibirlos. Se le concede un plazo de noventa días hábiles, con el apercibimiento que de no recogerlos correrán la suerte del expediente. En el entendido que se deberá atender al sistema de citas previsto en el Acuerdo General 21/2020 (prorrogado mediante diverso 1/2022) del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    "...Boca del Río, Veracruz, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se declara que el auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)... DOCUMENTOS. No existe razón para que continúen a disposición de esta autoridad los documentos exhibidos por la parte quejosa. Se ordena la devolución. Requiérase a fin de que comparezca a recibirlos. Se le concede un plazo de noventa días hábiles, con el apercibimiento que de no recogerlos correrán la suerte del expediente. En el entendido que se deberá atender al sistema de citas previsto en el Acuerdo General 21/2020 (prorrogado mediante diverso 1/2022) del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte...".

  4. Principal

    "...Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Fórmese expediente con la demanda de amparo signada por **********, contra actos de la 1. Comisión Federal de Electricidad (CFE), con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, y otra autoridad. Regístrese con el número 74/2022-IV. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juzgado de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. En el caso concreto, se surte el supuesto de improcedencia que resulta de relacionar el numeral 61, fracción XXIII, con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. De esos preceptos se desprende que por "autoridad" debe entenderse aquélla que ordena, emite, autoriza o sanciona, publica, lleva a cabo actos de ejecución o ejecuta la ley o el acto que se le reclama. Por tanto, interpretados en sentido contrario, el juicio biinstancial resulta improcedente en contra de aquellos entes que no les recaigan tales características. El peticionario de amparo señala como acto reclamado: - La suspensión del servicio de energía eléctrica en el domicilio de su propiedad ubicado en **********. Con el consecuente ajuste de facturación derivado de irregularidades detectadas por las responsables mismo que le fuera notificado el diez de enero pasado. En ese tenor, es factible sostener que los actos reclamados son cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares. El corte de luz realizado en el domicilio de la parte quejosa. Deriva del uso de energía eléctrica de acuerdo a las condiciones generales para la prestación de ese suministro. Lo cual no genera que la relación de coordinación se transforme en una supra a subordinación. Sólo implica el ejercicio del legítimo derecho de retención de la prestación como cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes, como sucede tratándose de contratos privados, en materia de seguros, telefonía, tarjetas de crédito, entre otros. Sin que el corte de suministro pueda verse como un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el cobro del adeudo de mecanismos coercitivos. Por tanto, todas esas cuestiones son de naturaleza comercial y por ello las controversias suscitadas entre las partes deben decidirse en la vía ordinaria correspondiente, no en una instancia extraordinaria de amparo. (...) Sin que, desde luego, se esté en el caso de señalar específicamente a la parte quejosa, cuáles serían los medios de defensa idóneos a los que deberá acudir a fin de lograr como parte en el juicio ordinario hacer respetar sus derechos, con base en la Jurisprudencia 2ª./J.125/2012 (10ª) de la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal de Justicia Constitucional en el País (Registro 2002215), que se publicó en la página 1583, Libro XIV, noviembre de 2012, Tomo 2, Materias Constitucional y Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época (...) Es relevante traer a colación, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado, por cuanto hace a aquellos asuntos relativos al aviso de cobro, la orden y ejecución de una orden de verificación, así como la aplicación del artículo 113 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica y la inminente suspensión del servicio de energía eléctrica emitidos por servidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), deben conocer los Tribunales Colegiados de Circuito Especializados en Materia Civil, al derivar dichas actuaciones de una contratación de naturaleza comercial. (...) No se deja de precisar que la suspensión del suministro de energía eléctrica deriva de la relación contractual entre la quejosa y la Comisión Federal de Electricidad. Cuyo marco normativo lo constituye la Ley de la Industria Eléctrica, el Código de Comercio y el Código Civil Federal. Así se desprende del artículo 51 del cuerpo legal aludido en primer término. Concretamente, el artículo 412 de la Ley de la Industria Eléctrica limita los supuestos en que los transportistas y distribuidores podrán suspender el servicio. Lo que es recogido en los contratos celebrados con los usuarios finales. Así sucede en muchos casos. Por citar sólo dos ejemplos tenemos: a) La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece los efectos de un pagaré. Y el hecho de que el acreedor (tenedor) pretenda su cobro invocando una consecuencia contenida en dicha ley, no lo convierte en autoridad. b) El Código Civil Federal contempla la tácita reconducción en los contratos de arrendamiento. El hecho que un arrendatario aplique dicha norma, tampoco lo convierte en autoridad. De lo anterior se desprende que el hecho de aplicar una cláusula o consecuencia de un contrato por una persona física o moral que encuentre sustento en una ley, no la convierte en autoridad para efectos del juicio de amparo. Aceptar lo contrario implicaría que cualquier particular podría equipararse a autoridad si ejecuta un contrato que se base en una norma general (verbigracia, Código de Comercio, Código Civil, etc.). Pues justo de esa forma sucede cuando en este caso la prestadora del servicio de energía hace uso de una de las cláusulas del contrato celebrado con el usuario. Y en todos esos casos las controversias se dirimen en vías ordinarias ante la potestad común. En ese orden, a pesar de los argumentos esgrimidos por la impetrante, se estima manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, el juicio reclamado por esta vía resulta improcedente. Por tanto, con apoyo en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha la demanda de amparo promovida por **********. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en el escrito de demanda. AUTORIZADOS. Tomando en consideración la certificación secretarial de cuenta, téngase como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a **********, no así a los restantes mencionados en la demanda de amparo. (...) Notifíquese personalmente..."

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