Rafael Juarez Martinez

Expediente 575/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
575/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Rafael Juarez Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la resolución dictada en autos, en la cual determinó negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugara. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente como asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés; este expediente es susceptible de ser conservable, en términos de la fracción III, inciso a), del artículo 17, de ese Acuerdo, toda vez que en el presente asunto se negó el amparo solicitado; además de que no tiene relevancia documental para su conservación y carece de valor jurídico o histórico, al no ubicarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General referido. Por cuanto al incidente de suspensión el mismo es destruible, al haberse negado la medida cautelar definitiva, lo anterior con fundamento en la fracción III, del artículo 20 del referido Acuerdo General. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros electrónicos; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Por último, toda vez que en el presente asunto, se ordenó formar cinco anexos con las constancias que remitió la Jueza Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, y toda vez que con esta fecha se tiene por concluido el presente asunto, remítanse las referidas constancias a la citada autoridad, debiendo dejar glosada en los presentes autos, la caratula que se formó con motivo de las mismas. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Seidy Lizbeth Salgado González, quien autoriza y da fe. La secretaria Seidy Lizbeth Salgado González, CERTIFICA: Que la promoción de cuenta así como el acuerdo que se dicta, se encuentran debidamente integrados en el expediente electrónico del asunto al rubro citado. Doy fe.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en los estrados la sentencia de diez de octubre de dos mil veintitrés, que dice: Juicio de amparo: 575/2023 Parte quejosa: Rafael Juárez Rodríguez Jueza: Nadyelly López Guevara Secretaria: Erika de la Cruz Uribe S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 575/2023; y R E S U L T A N D O 1. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, Rafael Juárez Rodríguez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra lo siguiente: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: TIENEN EL CARÁCTER COMO ORDENADORAS: (sic) 1.- EL JUEZ TITULAR DEL JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. (sic) TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES EJECUTORAS: Se señala como autoridad responsable de EJECUTAR, a ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. (sic) IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS.- De la responsable ORDENADORA Y EJECUTORA se reclama la orden de ejecución forzosa del (INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE PENSIONES ALIMENTICIAS VENCIDAS) DEL EXPEDIENTE 149/2020 PRIMERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL, CON SEDE EN CUAUTLA, MORELOS. (sic)" 2. Admisión y trámite del juicio. Por auto de tres de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito admitió la demanda de amparo y pidió a las autoridades responsables su informe justificado. Además, en el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes, su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que hayan realizado manifestación al respecto. Asimismo, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por acuerdo de dos de junio de dos mil veintitrés, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se le reconoció como tercera interesada a Yareni Leana Fierros, en representación del menor de identidad reservada R.E.J.L., quien fue emplazada por medio de despacho el treinta de junio de dos mil veintitrés, quien no se apersonó a juicio ni formuló alegatos. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional el dieciocho de julio de dos mil veintitrés, al tenor del acta que antecede, y; C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, puesto que se trata de un amparo promovido, contra una determinación emitida por un órgano jurisdiccional local, el cual tiene ejecución material en el lugar en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. II. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio de la integridad del escrito de demanda, se precisa que lo reclamado en este juicio, consiste en lo que se ilustra en el siguiente cuadro: Autoridad responsable ordenadora [1] Jueza Tercera Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos. Acto reclamado a) La resolución interlocutoria de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, emitida en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias vencidas, sustanciado para liquidar las pensiones adeudadas en cuanto a la medida provisional de pensión alimenticia decretada en favor del infante de iniciales R.E.J.L., dentro de la controversia familiar sobre guarda, custodia y alimentos 149/2020, promovida por Yareli Leana Fierros -aquí tercera interesada- por su propio derecho y en representación del niño referido, en contra de Rafael Juárez Rodríguez -aquí quejoso-. Autoridades responsables ejecutoras [2] Actuaria, adscrita al juzgado referido. Acto reclamado b) La ejecución del anterior acto. Lo anterior, sin que se desconozca que el promovente del juicio constitucional señale como acto destacado la orden de ejecución forzosa del incidente de liquidación de pensiones alimenticias vencidas, así como su ejecución, no obstante, de la integridad de su escrito de demanda, así como del contexto que conforman los autos, se advierte que su real intención es reclamar la interlocutoria de referencia y su ejecución, pues en dicha determinación la juzgadora responsable precisó que la misma tenía efectos de mandamiento en forma en términos de los artículos 599 y 626 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, esto es, de un auto de ejecución con la orden de requerimiento y en su caso -ante la falta de pago-, de embargo de bienes del deudor, de donde se obtiene que dicha resolución constituye la orden de embargo impugnada, de ahí que se tengan como actos reclamados los que quedaron fijados en el cuadro que precede. III. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la [1] Jueza Tercera Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos y [2] Actuaria adscrita al mismo, pues además de que en su informe justificado lo aceptó la jueza responsable, la segunda se adhirió a lo manifestado por la primera de las mencionadas, de donde se obtiene la existencia del mismo. Además, lo anterior se encuentra corroborado con las copias certificadas de las constancias que remitió la jueza referida, relativas a la controversia del orden familiar sobre guarda, custodia y alimentos 149/2020, documentales que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2º, por tratarse de documentales públicas, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, y dentro de las cuales obra la interlocutoria reclamada, en consecuencia, dichas aseveraciones y tales documentales resultan suficientes para acreditar su existencia. IV. Oportunidad de la demanda de amparo. Es oportuna la presentación de la demanda de amparo, pues el abogado patrono de la parte quejosa fue notificado de la resolución reclamada de manera electrónica el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés; así, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del once de abril al dos de mayo de dos mil veintitrés, descontando el uno, dos, ocho, nueve, quince, dieciséis veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de abril, asimismo el uno de mayo, todos del año citado, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como por la CIRCULAR 12/2023, de ocho de marzo del año en curso emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Además, se deben descontar los días del periodo de descanso -semana santa- de la autoridad responsable, dado que es un lapso en que los tribunales judiciales se encontraban cerrados al público y las partes no tuvieron oportunidad de imponerse de los autos de los que emana el acto reclamado, por ello no son computables para el término de la interposición de la petición de amparo, tales días fueron los siguientes: tres, cuatro y diez de abril, todos del año en curso. Por tanto, si la demanda de amparo fue recibida el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, es concluyente su oportunidad. Sustenta lo anterior, por analogía, la jurisprudencia en materia común, emitida por la Tercera Sala del más Alto Tribunal, con número de registro digital 207331, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. tomo IV, primera parte, julio-diciembre de 1989, página 279, de rubro y texto: "AMPARO. PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA NO DEBEN COMPUTARSE LOS DÍAS INHÁBILES POR VACACIONES DE LA AUTORIDAD. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I a V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto deberá promoverse directamente ante el Juez de Distrito y los quince días a que se refiere el artículo 21 de la invocada ley para la promoción de la demanda de garantías, son hábiles, naturales y completos. Por su parte el periodo vacacional del que semestralmente disfrutan los tribunales civiles, administrativos o del trabajo, es un lapso en que éstos se encuentran cerrados al público y las partes no tienen oportunidad de imponerse de los autos de los que emana el acto reclamado; en consecuencia, no pueden preparar el material para la elaboración de la demanda de garantías con los datos indispensables para tal efecto, por ello no son computables para el término de la interposición de la petición de amparo. Por tanto, la sentencia del Juez de Distrito que considera extemporánea la demanda de garantías computando entre los días hábiles naturales y completos, alguno de los vacacionales, resulta incorrecta y de conformidad con el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, debe levantarse el sobreseimiento decretado y entrar al estudio de los conceptos de violación relativos." V. Antecedentes. Previo al estudio del asunto, es pertinente hacer una relación de las actuaciones, en la forma siguiente: Mediante escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veinte, Yareli Leana Fierros -aquí tercera interesada- por su propio derecho y en representación del infante de iniciales R.E.J.L., demandó en la vía de controversia del orden familiar a Rafael Juárez Rodríguez -aquí quejoso-, del que reclamó la guarda y custodia de su menor hijo, así como una pensión alimenticia definitiva en favor del infante referido. Además, solicitó se decretaran medidas provisionales entre las cuales pidió la guarda y custodia provisional de su menor hijo en favor de la promovente y que se fijara una pensión alimenticia provisional a cargo del demandado por un monto mensual de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 moneda nacional). De tal juicio le tocó conocer al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, el cual, en acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, lo admitió y registró con el expediente 149/2020, decretando las siguientes medidas provisionales: 1. Guarda y custodia provisional del menor de iniciales R.E.J.L. en favor de Yareli Leana Fierros. 2. Depósito del menor indicado en el domicilio ubicado en calle veintiuno de agosto número seis, colonia San Vicente de Juárez, Ayala, Morelos. 3. Alimentos provisionales a cargo del demandado -aquí quejoso-, por la cantidad de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) de forma mensual, los cuales tendría que depositar el primer día hábil de cada mes, mediante billete de depósito o certificado de entero en el juzgado de origen; en el entendido de que dicha medida provisional podría modificarse durante el procedimiento cuando cambiaran las circunstancias o bien, el titular tuviera mayores datos sobre las capacidades económicas del deudor. Inconforme con dicha determinación, el aquí quejoso promovió incidente de reclamación en contra de la medida provisional de alimentos, mismo que fue resuelto mediante interlocutoria de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en la que resultó improcedente dicho incidente, dado que la juzgadora de origen determinó que el recurso de reclamación interpuesto no resultaba el correcto para combatir la medida provisional de alimentos impuesta al deudor alimentario. Además, por acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintidós, se modificó la medida provisional decretada en el juicio de origen, dado que el demandado demostró estar laborando en una institución y solicitó se le realizaran los descuentos de manera porcentual; por tanto se fijó la medida provisional de alimentos en la cantidad que resultara del 25% (veinticinco por ciento) del salario semanal y/o quincenal y/o mensual y demás prestaciones que percibiera Rafael Juárez Rodríguez -aquí quejoso- en su fuente laboral denominada "Casa de gestoría IMPUMOR", por lo que se ordenó girar el oficio correspondiente para que se efectuara el descuento respectivo. Ante el incumplimiento del pago de la pensión alimenticia provisional decretada en el acuerdo de admisión de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, la parte actora mediante escrito presentado ante el juzgado responsable, promovió incidente de liquidación de pensiones alimenticias no pagadas en contra de Rafael Juárez Rodríguez, y presentó su planilla de liquidación, respecto de diversas cantidades adeudadas desde el mes de febrero de dos mil veinte al mes de noviembre dos mil veintidós -dado que en diciembre de dos mil veintidós fue modificada la medida provisional de alimentos-. Seguida la secuela procesal del incidente en cuestión, el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se dictó sentencia interlocutoria en la que declaró que la parte actora acreditó su acción, por lo que se aprobó parcialmente la planilla de liquidación planteada, sólo en cuanto a la cantidad de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de pensiones alimenticias adeudadas a favor del acreedor de iniciales R.E.J.L., desde el mes de febrero de dos mil veinte al mes de noviembre de dos mil veintidós, asimismo, se ordenó requerir al demandado para que hiciera el pago voluntario, apercibido que de no hacerlo se procedería a embargar bienes de su propiedad suficientes para garantizar dicha cantidad. Esta última determinación constituye el acto reclamado en este juicio. VI. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de las causales de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, en el caso, las partes no hicieron valer alguna causa de improcedencia en su contra, y de oficio no se advierte su actualización, por tanto, se procede al estudio del asunto. Ello aunado a que el presente juicio de amparo resulta procedente en contra de dicha determinación, ya que en la misma se liquidaron las pensiones adeudadas a partir del mes de febrero de dos mil veinte al mes de noviembre de dos mil veintidós, en cumplimiento al acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, en el que se decretó la medida provisional de pensión alimenticia a favor del infante de iniciales R.E.J.L., en el expediente de origen, por lo que tal determinación resulta irrecurrible conforme al artículo 606 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos. Además de que se trata de un acto emitido dentro de juicio, ya que deriva de una medida provisional otorgada en el mismo, y en virtud de que no se ha dictado sentencia, la cual afecta derechos sustantivos, que no serán materia de estudio de la sentencia definitiva, resultando aplicable por analogía la jurisprudencia 1a./J. 6/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 196891, del contenido siguiente: "INTERLOCUTORIA QUE PONE FIN AL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. La liquidación de la totalidad o parte de una sentencia que condena a pagar una cantidad líquida constituye un medio preliminar para la ejecución del fallo, y para los efectos del párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, no puede reputarse como un acto de ejecución de sentencia, pues tratándose de prestaciones en dinero, es requisito que éstas se encuentren debidamente liquidadas. Por ello, la interlocutoria que pone fin al incidente de liquidación de sentencia debe ser considerada como un acto ejecutado después de concluido el juicio, o sea, como un acto de los considerados como aquellos que pueden impugnarse ante un Juez de Distrito, dado que emanaría de un tribunal judicial, ejecutado después de concluido el juicio, reclamable a través del juicio de amparo biinstancial en términos del numeral en comento." Lo afirmado además, porque la responsable determinó que dicha interlocutoria tenía efectos de mandamiento en forma en términos del artículo 626 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, esto es, de un auto de ejecución con la orden de requerimiento y en su caso -ante la falta de pago-, de embargo de bienes del deudor, lo que se asimila a un auto de exequendo emitido en un juicio ejecutivo mercantil, de allí que por las mismas razones se trate de un acto de imposible reparación, al gozar de similares características, resultando por ello aplicables por analogía, los razonamientos contenidos en la jurisprudencia 1a./J. 6/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 164629, del contenido siguiente: "AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO. Conforme al artículo 1,392 del Código de Comercio, presentada la demanda en la vía ejecutiva mercantil, acompañada del título ejecutivo, el juez dictará auto con efectos de mandamiento en forma para que el deudor sea requerido de pago, y en caso de que no pague se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y las costas del juicio, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de la persona nombrada por éste. Ahora bien, el auto con efectos de mandamiento en forma o auto de exequendo no tiene meros efectos declarativos, sino que implica la comprobación por parte del juez del cumplimiento de los requisitos para disponer la intimación de pago al deudor y, en su defecto, el embargo de sus bienes, es decir, dicho auto ordena la afectación de un bien o de un conjunto de bienes del demandado para asegurar cautelarmente la eventual ejecución de una pretensión de condena planteada en juicio y que el demandado no pueda disponer de él, lo cual procede incluso con la autorización para hacer uso de la fuerza pública y allanar el domicilio del deudor en caso de resistencia. Esto es, el auto de exequendo contiene un mandato que se concreta con la sola emisión de la orden de requerir el pago de un adeudo en el acto mismo del requerimiento y una amenaza consistente en la prevención al deudor de que si no efectúa el pago se le embargarán bienes suficientes para cubrir el adeudo y las costas, lo que no será motivo de análisis en la resolución que ponga fin al juicio, la cual sólo decidirá la suerte de la pretensión de fondo del asunto, ni se examinará en otro momento del juicio, pues el ejecutado únicamente podrá oponer excepciones después de realizados el emplazamiento y el embargo, y reclamar su monto o la calidad de la cosa embargada una vez cumplida la diligencia, pero sin poder reclamar, por ejemplo, la emisión del auto de exequendo con apoyo en un título que no traiga aparejada ejecución. Sobre tales premisas, se concluye que contra el auto de exequendo dictado en un juicio ejecutivo mercantil procede el amparo indirecto, en términos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, sin esperar a que se practique el embargo, por constituir un acto de ejecución irreparable dentro del juicio, pues una vez ejecutada la orden, la impugnación del embargo sólo puede tener por efecto remediar vicios propios de éste, pero no la legalidad de la propia orden, que requiere como presupuesto estar fundada en un título que traiga aparejada ejecución. Lo anterior, porque tal perjuicio no es susceptible de reparación dentro del juicio, ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable que levantara el embargo, ya que no podría restituirse al quejoso en la afectación sufrida por el tiempo en que éste estuvo en vigor, derivado del auto de exequendo." VII. Estudio de fondo. Es en parte infundado y por otra inoperante el concepto de violación hecho valer por el quejoso, por lo que debe negarse el amparo solicitado, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir en favor del deudor alimentario en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia 1a./J. 24/2020 (10a.), de la Primera Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2022087, de rubro "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO." En la primera parte de su motivo de disenso el quejoso señala que la Jueza de origen omite valorar sus ingresos debidamente comprobados de forma legal, violentando sus derechos al dictar la resolución interlocutoria en cuestión valorada en $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), cuando ha demostrado que sus ingresos económicos son de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional) de manera mensual, además de que el mismo juzgado realizó el cambio de medida provisional y ordenó la pensión alimenticia de forma porcentual, existiendo incongruencias en la resolución que emite la autoridad responsable. En segundo término, refiere que durante el proceso hizo mención que cuando vivía con Yareli Leana Fierros -aquí tercera interesada- contaba con una vida confortable, sin embargo, alega que fue víctima de secuestro, lo que indica que le hizo saber a la jueza responsable y a la agente del Ministerio público cuando exhibió imágenes que obtuvo de la red social de la aquí tercera interesada, en las que se reflejan cantidades grandes de billetes de alta denominación y de quien siempre ha tenido sospecha de su secuestro. En la última parte de su concepto de violación, señala que también ofertó en el proceso una memoria "USB" que contiene diversos vídeos y fotografías donde acredita la omisión de cuidado de su menor hijo e inclusive en los vídeos se aprecia como la aquí tercera interesada está en su casa, con diversos hombres en estado de ebriedad y al fondo de la casa sobre un tapete se observa su menor hijo dormido en un ambiente que le ha ocasionado afectaciones psicológicas, tal y como lo acredita con las periciales en materia de psicología del menor involucrado que obran en el expediente, prueba que no valoró la Jueza de origen. Como se adelantó, el concepto de violación que esgrime la parte quejosa resulta en parte infundado y, por otra inoperante; es inoperante dado que no controvierte las consideraciones de la resolución reclamada, en la que sólo se liquidaron las cantidades adeudadas desde el mes de febrero de dos mil veinte al mes de noviembre de dos mil veintidós, por concepto de pensión alimenticia provisional decretada en acuerdo de veinte de febrero de dos mil veinte. Asimismo, es infundada la primera parte de su concepto de violación, porque como se indicó en el apartado de antecedentes de la presente resolución, mediante proveído de veinte de octubre de dos mil veinte, se decretó como medida provisional de alimentos a cargo del aquí quejoso la cantidad de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) de forma mensual, los que debía pagar mediante certificado de entero o billete de depósito el primer día hábil de cada mes, en favor del menor de iniciales R.E.J.L., por lo que, el aquí impetrante debió cumplir con dicha obligación hasta en tanto fuera modificada o se dictara la sentencia definitiva correspondiente. Cabe señalar que, en contra de dicha medida provisional la parte quejosa interpuso recurso de reclamación, el cual fue resuelto mediante interlocutoria de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en el sentido de que tal recurso no resultaba correcto, en términos de los numerales 262 y 263 de la Ley Adjetiva Familiar vigente en el Estado de Morelos, pues la Jueza de origen consideró que cualquier reclamación sobre el derecho a recibir alimentos y el monto se debía sustanciar en el juicio de origen. No obstante, dicha resolución no fue impugnada por el aquí quejoso, por lo que quedó firme el acuerdo de veinte de febrero de dos mil veinte -en el que se decretó la medida provisional de alimentos a cargo del solicitante de amparo por la cantidad de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional)-, de ahí que el aquí quejoso debía acatar la medida decretada en sus términos, hasta en tanto fuera modificada o se dictara la sentencia definitiva correspondiente. En ese sentido, dado que la medida provisional antes indicada subsistió hasta el ocho de diciembre de dos mil veintidós -data en que fue modificado el monto de los alimentos a cargo del aquí quejoso en favor de su menor hijo-, la aquí tercera interesada promovió incidente de liquidación de pensiones adeudadas del periodo de febrero de dos mil veinte a noviembre de dos mil veintidós, de conformidad con el artículo 606 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos. Ahora, conviene precisar que, el objeto del incidente de liquidación antes indicado es determinar la cantidad líquida que se adeuda, para proceder a su ejecución, tomando en cuenta: [1] la planilla de liquidación que exhiba la promovente, [2] las inconformidades que manifieste el deudor respecto de dicha planilla -si es que las realiza-, así como [3] las constancias que obren en autos respecto a los pagos realizados, pues solo así la Jueza de origen podría decretar ejecución por la cantidad que importe, la cual, en su caso, podría moderar prudentemente, valorando los conceptos anteriormente expuestos. Apoya por analogía, la jurisprudencia I.11o.C. J/10, del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro 171449, de rubro y texto: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. NO PUEDE DESCONOCER UN DERECHO YA RECONOCIDO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. Los incidentes de liquidación, aun cuando tienen objeto y contenido propios, como conflictos jurisdiccionales de cognición, sólo tienen como fin primordial determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio, con el propósito de perfeccionar la sentencia en detalles que no se pudieron dilucidar en el fallo y que son indispensables para exigir su cumplimiento y llevar a cabo su ejecución, pero no pueden modificar, anular o rebasar lo decidido en la sentencia definitiva, pues ello sería antijurídico e ilegal, porque atentaría contra los principios fundamentales del proceso, como los de la invariabilidad de la litis, congruencia y cosa juzgada, ya que en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural el juzgador decide sobre las prestaciones deducidas por las partes, ya sea en forma específica o general; en consecuencia, el incidente no tiene como finalidad desconocer un derecho ya decidido en la sentencia definitiva sino, en su caso, sólo la liquidación respectiva de lo que fue materia del juicio." Por tanto, contrario a lo que aduce el quejoso, la Jueza de origen no estaba obligada a valorar los ingresos que aduce tener -los cuales indica que son menores al monto que le fue impuesto por concepto de alimentos provisionales-, pues como ya se explicó, la finalidad del incidente de liquidación, únicamente era cuantificar en cantidad líquida el monto adeudado por el aquí quejoso -respecto de los meses de febrero de dos mil veinte a noviembre de dos mil veintidós- con relación a la pensión alimenticia provisional en favor de su menor hijo, la cual fue decretada en acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veinte. De lo que se advierte que su reclamo va encaminado a controvertir la cantidad que le fue impuesta como pensión alimenticia provisional en favor de su menor hijo, mediante acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, sin embargo, tal inconformidad debió hacerla valer a través de los recursos legales procedentes y no a través del presente juicio de amparo, en el que únicamente se verifica la legalidad de la sentencia interlocutoria reclamada, la cual sólo tuvo por objeto determinar una cantidad líquida adeudada por concepto de pensiones alimenticias provisionales no pagadas en el periodo en el que se mantuvo firme el acuerdo que decretó dicha medida. Además, no existe la incongruencia que refiere el quejoso, en razón de que si bien el juzgado de origen modificó la medida provisional mediante acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintidós, lo cierto es que tal modificación surte efectos a partir de la fecha en que fue dictada, sin que los mismos se retrotraigan a la primera medida provisional decretada el veinte de febrero de dos mil veinte, como lo pretende hacer valer el quejoso. Aunado a que, como ya se indicó con anterioridad, la medida provisional decretada en proveído de veinte de febrero de dos mil veinte, se encontraba firme hasta en tanto fuera modificada por acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintidós; de ahí que la resolución interlocutoria reclamada se encuentre ajustada a derecho al haber cuantificado el adeudo de la pensión alimenticia provisional conforme a la medida decretada en la primera determinación mencionada, contemplando la deuda del aquí quejoso hasta el mes anterior -noviembre de dos mil veintidós- del que fue modificada, por ello resulta infundada la primera parte del concepto de violación en estudio. Por cuanto a las manifestaciones de la parte quejosa respecto a que fue víctima de secuestro y que durante el proceso ofertó como prueba una memoria "USB" que contiene diversos vídeos y fotografías donde acredita la omisión de cuidado de su menor hijo, lo que le ha ocasionado afectaciones psicológicas, tal y como lo acredita con las periciales en materia de psicología del menor involucrado que obran en el expediente, prueba que no valoró la Jueza de origen; las mismas, como ya se dijo, devienen inoperantes, dado que no controvierten las consideraciones que sostuvo la Jueza de origen para emitir la resolución interlocutoria reclamada. Además, la autoridad responsable no estaba obligada a valorar la prueba que refiere, en razón de que no fue ofrecida en el incidente de liquidación que se analiza. Aunado a lo anterior, tales cuestiones no son materia del presente juicio de amparo, el cual únicamente se circunscribe en analizar la legalidad de la resolución que liquidó la cantidad ya previamente fijada como pensión provisional en una determinación anterior; de ahí la inoperancia de la parte restante de su concepto de violación. Apoya lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia XX. J/54, con registro electrónico 213355, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES", la cual señala que resultan inoperantes los conceptos de violación, en la medida de que el quejoso no combate a través de un razonamiento jurídico concreto, las consideraciones en que se sustentó el fallo impugnado, puesto que es indispensable explicar o concretizar el daño o perjuicio ocasionado por la autoridad responsable y además, argumentar jurídicamente los razonamientos o consideraciones de la resolución que se reclama, lo que en el caso no ocurrió. Por ende, al resultar en parte infundado y en otra inoperante el concepto de violación expuesto por el quejoso, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, se niega el amparo y protección de la justicia federal solicitado, respecto a a) la resolución interlocutoria de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, emitida en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias vencidas, sustanciado para liquidar las pensiones adeudadas en cuanto a la medida provisional de pensión alimenticia decretada en favor del infante de iniciales R.E.J.L., dentro de la controversia familiar sobre guarda, custodia y alimentos 149/2020, promovida por Yareli Leana Fierros -aquí tercera interesada- por su propio derecho y en representación del niño referido, en contra de Rafael Juárez Rodríguez -aquí quejoso-, dictada por la [1] Jueza Tercera Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Determinación que se hace extensiva a los actos de ejecución que se reclaman a la [2] Actuaria adscrita al referido juzgado, al no haber sido reclamados por vicios propios, tal como dispone la jurisprudencia II.1o. J/12, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con registro 210140, del contenido siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios." Por tanto, con fundamento, en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E ÚNICO. Se NIEGA EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, a Rafael Juárez Martínez, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando II, por las razones y fundamentos expuestos en el último de ellos, ambos de esta sentencia. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Erika de la Cruz Uribe, Secretaria que autoriza y da fe, el diez de octubre de dos mil veintitrés, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.

  3. Principal

    Juicio de Amparo 575/2023-5 Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Cuernavaca Morelos, a las once horas con veinticinco minutos del dieciocho de julio de dos mil veintitrés, día y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública, Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, autorizado en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, contenidas en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, con registro digital 164525, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, comunicada mediante el oficio CCJ/ST/3095/2023, asistido de Arnulfo Torres García, Secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia sin asistencia de las partes, no obstante de encontrarse debidamente notificados del juicio de amparo 575/2023, promovido por *************; sin asistencia de las partes. Luego, a fin de relacionar las constancias que obran en autos, el secretario hace constar que se da lectura a cada una de ellas, entre las que se encuentran por su importancia, el escrito inicial de demanda, auto admisorio e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Enseguida el Secretario encargado del despacho acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, el Secretario encargado del despacho declara abierto el periodo probatorio: El secretario procede a dar cuenta con las documentales que adjuntó la autoridad responsable a su informe. A lo anterior el Secretario Encargado del Despacho acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza jurídica las pruebas documentales, que adjuntó la autoridad responsable. Se cierra el presente periodo. Luego, el Secretario encargado del despacho declara abierto el periodo de alegatos: Se da cuenta que ninguna de las partes los formuló; asimismo, se hace constar que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no presentó pedimento. En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos y, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de lo actuado, quedan los autos en estado de resolución. Doy fe. (Firmado electrónicamente) Mac Quetzin Murillón Duarte Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, autorizado en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, contenidas en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, con registro digital 164525, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, comunicada mediante el oficio CCJ/ST/3095/2023. (Firmado electrónicamente) Arnulfo Torres García Secretario del Juzgado

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio enviado por la Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, por medio del cual devuelve diligenciado el despacho 191/2023, con número de origen 67/2023 del índice de este Órgano Federal y remite las constancias de emplazamiento de la tercera interesada ********************en representación del menor de identidad reservada con iniciales********************En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley de Amparo, se tiene por emplazada a la tercera interesada ********************en representación del menor de identidad reservada con iniciales********************, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

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