Rafael Jiménez González
Expediente 368/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 368/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 01/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Rafael Jiménez González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; uno de junio de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el escrito firmado por *****, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a través del cual solicita se dé baja al expediente electrónico al usuario que indica, por los motivos que aduce. En atención a su contenido, y como lo solicita el suscrito DÉSELE DE BAJA al usuario "****", en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Carlos Adán Piza Cortez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Principal 414/2019-IV El treinta de mayo de dos mil veintitrés, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, CERTIFICA: 1. Que el término de quince días para que las partes se inconformaran contra el auto de veintisiete de abril pasado, que tuvo por cumplido el fallo protector, transcurrió a la parte quejosa del nueve al veintinueve de mayo del año en curso, sin que lo haya hecho así; 2. No existen terceros interesados; 3. No se solicitó la suspensión del acto reclamado; y 4. No obra agregado documento original con firma autógrafa e insustituible. Lo que se hace constar para los efectos legales procedentes. Doy fe. La Secretaria Beatriz Eugenia Meza López CUENTA. En la misma fecha, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los autos. Conste. La Secretaria Beatriz Eugenia Meza López Acapulco de Juárez, Guerrero; treinta de mayo de dos mil veintitrés. Visto; el estado procesal que actualmente guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ya feneció el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de inconformidad en contra del acuerdo de veintisiete de abril del año en curso, en el que se tuvo por cumplido el fallo protector; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento legal en cita por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, háganse las BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa, en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, comuníquese lo anterior a las partes y, toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo como asunto totalmente concluido y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia de que con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del citado acuerdo general, se determina que el expediente principal es susceptible de depuración, una vez que transcurra el término de tres años a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, con excepción del escrito inicial de demanda, en su caso, resoluciones recurridas, así como la sentencia definitiva, la ejecutoria correspondiente, el auto en que se tuvo por cumplida y este proveído. Por tanto, transcurrido el periodo de conservación de tres años a que alude el mencionado numeral, dentro de los noventa días siguientes, se procederá a su depuración y hecho que sea, habrá de solicitarse su transferencia a la dirección mencionada para su depósito. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Incidental
Acapulco de Juárez, Guerrero; treinta de mayo de dos mil veintitrés. Vistos; el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ya feneció el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de inconformidad en contra del acuerdo de treinta de marzo de la presente anualidad, en el que se tuvo por cumplido el fallo protector; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento legal en cita por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa, en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Comuníquese lo anterior a las partes y, toda vez que no hay actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo como asunto totalmente concluido, y en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En la inteligencia de que con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el expediente principal es susceptible de depuración una vez que transcurra el término de tres años a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, con excepción del escrito inicial de demanda, en su caso, resoluciones recurridas, así como la sentencia definitiva, la ejecutoria correspondiente, el auto en que se tuvo por cumplida y este proveído.
- Principal
"AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad y puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero, a las once horas con diez minutos del once de mayo de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 368/2023-II, promovido por *****, por derecho propio, ante la presencia de Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Carlos Adán Piza Cortez, secretario que autoriza. Con sustento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia personal de alguna de las partes o sus autorizados. Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentran: Escrito inicial de demanda; auto admisorio; constancias de notificación a las partes; informe justificado y auto que lo tuvo por recibido; escrito por el cual se apersonó al juicio el tercero interesado y constancia de notificación. La Jueza de Distrito acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales que en derecho corresponda. Abierto el periodo de ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas: El secretario da cuenta con la documental que allegó la autoridad responsable al momento de rendir su informe con justificación. La Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase por admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza la prueba de referencia, la que será tomada en consideración al momento de resolver el sumario en que se actúa. Abierto el periodo de alegatos: El Secretario da cuenta con los formulados por la parte tercero interesada. La Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidos dichos alegatos, mismos que de ser procedentes serán tomados en consideración al resolver este sumario. Desahogada en todas sus etapas la presente audiencia constitucional, se dicta sentencia: Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 368/2023-II, promovido por Rafael Jiménez González, por derecho propio, contra actos del Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda Por escrito depositado el once de abril del año en curso, en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, domiciliados en Acapulco, Guerrero, remitido por razón de turno en ese mismo día, a este Juzgado Cuarto de Distrito, Rafael Jiménez González, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y el acto que se transcriben a continuación: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA MERCANTIL FEDERAL DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO. [.]. IV.- ACTO RECLAMADO. Bajo protesta de decir verdad manifiesto que el acto reclamado es el acuerdo de fecha cuatro de abril de dos mil veintitrés, dictado por el Juez de Distrito en Materia Oral Mercantil del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco Guerrero en el juicio oral mercantil 417/2023, promovido por Rafael Jiménez González, [.]". SEGUNDO. Trámite del juicio Por proveído de trece de abril del año en curso, se admitió la demanda de amparo, la cual se registró con el número 368/2023-II; se solicitó a la autoridad responsable rendir su informe con justificación; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil trece, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.5 TERCERO. Precisión de acto. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. En esa tesitura, del análisis al escrito inicial de demanda y de las constancias de la autoridad responsable, se advierte que la parte quejosa, reclama lo siguiente: ? El acuerdo emitido por el Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, en el juicio oral mercantil 417/2023, promovido por el quejoso Rafael Jiménez González, en contra de CFE Suministrador de Servicios Básicos, empresa productiva subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, División Centro Sur, Zona Acapulco y otra, en el que decretó la medida cautelar solicitada y condicionó su efectividad al pago de una garantía por la cantidad de $33,649.00 (treinta y tres mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de daños y perjuicios que se pudieran ocasionar. CUARTO. Existencia del acto reclamado Al rendir su informe justificado la autoridad responsable Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, aceptó el acto reclamado. Circunstancia que se estima suficiente para tener por demostrada la conducta que se le imputa, pues lo aseverado en dicho informe constituye propiamente una confesión por parte de la aludida autoridad responsable. Resulta ilustrativa al respecto la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 89, Tomo 217-228 Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. ACTOS CONFESADOS EN EL, POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. ES BASTANTE PARA TENERLOS POR DEMOSTRADOS". 5 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. QUINTO. Análisis de la procedencia Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, se procede a analizar la procedencia de este juicio con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme a lo expuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, al no existir causa de improcedencia hecha valer por algunas de las partes o que este órgano jurisdiccional advierta de oficio, se procede a examinar la constitucionalidad del acto reclamado. SEXTO. Estudio En obvio de repeticiones innecesarias se tienen por reproducidos los conceptos de violación, pues no existe en la Ley de Amparo precepto alguno que obligue a su trascripción en la sentencia; sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que en el caso se hayan hecho valer. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."6 La parte quejosa sostiene que la resolución recurrida viola los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el juez responsable condicionó la efectividad de la medida cautelar solicitada a la exhibición de la cantidad de $33,649.00 (treinta y tres mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 00/10 moneda nacional). Expone que esa cantidad constituye la suerte principal reclamada, es decir, es la establecida en el aviso de cobro del ajuste de facturación 7583/2022, de siete de febrero de dos mil veintitrés. Asimismo refiere que al tratarse el suministro de energía eléctrica de un producto de naturaleza vital, debe concederse la medida cautelar sin fianza alguna, y en su caso, la fianza debe responder a los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar con la concesión de la medida cautelar, y no para el pago del valor del juicio. Concepto de violación infundado, atendiendo a las siguientes consideraciones, sin que opere en el presente asunto la suplencia de la queja contemplada en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Al resolver la contradicción de tesis 154/2005-SS, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció sobre un caso análogo al que se analiza en el presente juicio de amparo en el sentido siguiente: "Así es, en el párrafo primero del referido 125 se precisa que de resultar procedente la suspensión pero pudiere ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá aquélla si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se pudieren causar si aquél no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo. 6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, mayo de 2010, Tomo XXXI, página 830, registro: 164618. Por su parte, en el párrafo segundo del mismo numeral, se establece que cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado, que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía. Por su parte, en el artículo 130 se precisa que en caso de proceder la suspensión del acto reclamado conforme a lo dispuesto por el numeral 124 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito podrá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de terceros y se eviten perjuicios a los interesados. Como se ve, en los preceptos relacionados se hace referencia al tercero diverso a las partes del juicio, cuyos intereses son objeto de indemnización a través de la garantía que el quejoso otorgue en el evento en que se conceda la suspensión del acto reclamado. Así lo destacó esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al fallar la contradicción de tesis 150/2005-SS, el veintiocho de octubre del año dos mil cinco, por unanimidad de votos, cuyo criterio quedó plasmado en la tesis de jurisprudencia pendiente de publicación que dice: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, marzo de 1997, página 395, con el rubro: 'MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS.', sostuvo que conforme a los artículos 124, 125 y 139 de la Ley de Amparo, para la suspensión que en su caso proceda contra el cobro de multas administrativas no fiscales debe exigirse garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causaren a algún tercero. Sin embargo, este órgano colegiado considera pertinente abandonar parcialmente tal criterio, para determinar que cuando se impugne el cobro de una multa administrativa no fiscal a través del juicio de amparo, deberá concederse la suspensión del acto reclamado siempre que se reúnan los requisitos señalados por el citado artículo 124, pero condicionada su efectividad a que el quejoso garantice el interés fiscal ante la autoridad exactora o en todo caso acredite que ya lo hizo, pues en términos de los artículos 125 y 130 de la ley indicada, el Juez de Distrito deberá resguardar los derechos de terceros y de las propias partes, hasta donde sea posible, por lo que la garantía del interés fiscal tendrá precisamente ese efecto, tanto en la suspensión provisional como en la definitiva." Con base en lo anterior, es dable afirmar que si esta Suprema Corte de Justicia de la Nación destacó la exigencia conforme a la ley de la materia, de garantizar a favor del tercero que no es parte en el juicio pero que puede resentir daños y perjuicios con la concesión de la medida cautelar solicitada, por mayoría de razón procede solicitar garantía a favor de los intereses de las partes. Ello se corrobora con el contenido del artículo 135 de la ley que se comenta, en el que se establece que de otorgarse la suspensión y ésta se pida contra la exacción de contribuciones, aquélla surtirá efectos previo depósito de la cantidad que se cobra, ante la Tesorería de la Federación o de la entidad federativa o Municipio que corresponda. Al respecto, es importante destacar que en el supuesto apuntado, el objeto de la garantía que se pide, son los intereses que defiende la misma autoridad responsable. Luego, es imperativo para el Juez de Distrito o para la autoridad que conoce del juicio de garantías, tomar las medidas que estime pertinentes para evitar perjuicios a los interesados (tercero, tercero perjudicado y autoridad responsable), con la finalidad de restituirlos de los daños que pudieren resentir con la concesión de la medida cautelar solicitada. En la especie, conviene recordar que de los antecedentes que informan este fallo, la Comisión Federal de Electricidad es autoridad responsable en los juicios de amparo en los que se reclamó de aquélla la suspensión o corte del suministro de energía eléctrica, y se concedió la suspensión para evitar dicho evento, por lo que, para definir si es necesario exigir garantía para asegurar su pago, es pertinente referirse a la naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Electricidad así como al del servicio de energía eléctrica que suministra. Los artículos 1o., 7o., 8o., 9o., fracción I, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, dicen: "Artículo 1o. Corresponde exclusivamente a la nación, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público, en los términos del artículo 27 constitucional. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará, a través de la Comisión Federal de Electricidad, los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines." "Artículo 7o. La prestación del servicio público de energía eléctrica que corresponde a la nación, estará a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, la cual asumirá la responsabilidad de realizar todas las actividades a que se refiere el artículo 4o." "Artículo 8o. La Comisión Federal de Electricidad es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio." "Artículo 9o. La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto: "I. Prestar el servicio público de energía eléctrica en los términos del artículo 4o. y conforme a lo dispuesto en el artículo 5o..." "Artículo 25. La Comisión Federal de Electricidad deberá suministrar energía eléctrica a todo el que lo solicite, salvo que exista impedimento técnico o razones económicas para hacerlo, sin establecer preferencia alguna dentro de cada clasificación tarifaria. "El reglamento fijará los requisitos que debe cumplir el solicitante del servicio, y señalará los plazos para celebrar el contrato y efectuar la conexión de los servicios por parte de la comisión." "Artículo 26. La suspensión del suministro de energía eléctrica deberá efectuarse en los siguientes casos: "I. Por falta de pago oportuno de la energía eléctrica durante un periodo normal de facturación; "II. Cuando se acredite el uso de energía eléctrica a través de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de control o de medida; "III. Cuando las instalaciones del usuario no cumplan las normas técnicas reglamentarias; y (sic) "IV. Cuando se compruebe el uso de energía eléctrica en condiciones que violen lo establecido en el contrato respectivo; "V. Cuando se esté consumiendo energía eléctrica sin haber celebrado el contrato respectivo; y "VI. Cuando se haya conectado un servicio sin la autorización del suministrador. "En cualesquiera de los supuestos anteriores, la Comisión Federal de Electricidad procederá al corte inmediato del servicio, sin requerirse para el efecto intervención de autoridad. En los supuestos a que se refieren las fracciones I, III y IV que anteceden, se deberá dar aviso previo." "Artículo 30. La venta de energía eléctrica se regirá por las tarifas que apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. "Las condiciones de la prestación de los servicios que deban consignarse en los contratos de suministro y de los modelos de éstos, serán aprobados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, oyendo a la de energía, minas e industria paraestatal. Dichas formas de contrato se publicarán en el Diario Oficial de la Federación." "Artículo 31. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal y de Comercio y Fomento Industrial y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público, y el racional consumo de energía. "Asimismo, y a través del procedimiento señalado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas." "Artículo 32. El ajuste, modificación y reestructuración de las tarifas, implicará la modificación automática de los contratos de suministro que se hubieren celebrado. "En ningún caso serán aplicables las tarifas, mientras no sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación y cuando menos en dos periódicos diarios de circulación nacional." "Artículo 33. Los usuarios del servicio público de energía eléctrica garantizarán las obligaciones que contraigan en los contratos de suministro que celebren, mediante depósitos cuyo importe se determinará con las reglas complementarias de las tarifas respectivas. Dichos depósitos deberán constituirse y conservarse en la Comisión Federal de Electricidad. "La Comisión Federal de Electricidad podrá aceptar garantías distintas de los depósitos, en los casos de notoria solvencia económica del usuario, acreditada y previa solicitud expresa del mismo." "Artículo 34. El contrato de suministro de energía eléctrica termina: "I. Por voluntad del usuario; "II. Por cambio de giro o características del mismo que impliquen la aplicación de tarifa diversa; "III. Por cambio de propietario o arrendatario del inmueble, industria o comercio, en el caso de que sean usuarios; y, "IV. Por falta de pago del adeudo que requiere suspensión, dentro de los siguientes quince días naturales a la fecha en que se efectuó dicha suspensión." "Artículo 35. Terminado el contrato de suministro, la Comisión Federal de Electricidad tendrá derecho a aplicar a su favor el importe de la garantía, en la proporción correspondiente. El saldo, en su caso, deberá ponerlo a disposición del usuario." De la lectura anterior, se advierte que es actividad exclusiva del Estado generar, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica; la prestación de tal servicio público se realiza a través de la Comisión Federal de Electricidad que es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios. Dicho servicio es proporcionado a quien lo solicite a través de la celebración del contrato relativo previsto en los artículos 25, 30, 31, 32 y 33 ya señalados. Así también, de los numerales transcritos se desprende que los usuarios del servicio público de que se trata garantizarán las obligaciones que contraigan a la firma del contrato, entre las que se encuentran, conforme a la cláusula tercera del modelo de contrato publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de octubre de mil novecientos ochenta y seis, el pago del servicio de que se trata por parte del usuario. La garantía exigida consiste en el depósito cuyo importe se determinará con las reglas complementarias de las tarifas respectivas, depósitos que se constituirán y conservarán en la Comisión Federal de Electricidad. Por su parte, en los artículos 26 y 34 antes reproducidos se señalan las causas por las que debe suspenderse el suministro de energía eléctrica y aquellas que determinan la conclusión del contrato correspondiente. Para el asunto que ahora se resuelve es relevante indicar que la falta de pago que motive la suspensión del servicio, entre otras, provoca la terminación del contrato de suministro de energía, por lo que, en tal evento, la Comisión Federal de Electricidad puede realizar el corte inmediato del servicio respectivo sin necesidad de acudir ante alguna autoridad, por lo que tendrá derecho a la aplicación a su favor de la aludida garantía en la proporción correspondiente. Por otra parte, la naturaleza jurídica del servicio de suministro de energía eléctrica prestado por la comisión de quien se habla, es un aspecto importante para el examen del tema propuesto, por lo que conviene precisar el marco constitucional que la rige, debiendo aclarar que parte del régimen legal ya fue expuesto. El párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución General de la República, es del tenor siguiente: (Reformado, D.O.F. 10 de enero de 1934) "Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. "... (Adicionado N. de E. reformado, D.O.F. 6 de febrero de 1975) "En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y sustancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines..." Por su parte, el Código Fiscal de la Federación en su artículo 2o., fracción IV, define a los derechos como las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. En ese orden, de la interpretación sistemática de los ordenamientos constitucional y legales antes señalados, deriva que la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de la energía eléctrica corresponde exclusivamente al Estado que, a través de la Comisión Federal de Electricidad en su carácter de organismo público descentralizado, presta el servicio de suministro de energía eléctrica a quien lo solicite y que, a través de las tarifas que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la participación de las Secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal y de Comercio y Fomento Industrial, a propuesta de la misma comisión se cubrirán las necesidades financieras y de ampliación del servicio público de que se trata, así como el racional consumo de dicha energía. Cabe destacar que si bien la correlación que existe entre la contraprestación por el servicio prestado y el monto de la tarifa que el usuario debe pagar por recibir aquél, no participa de la naturaleza jurídica de los derechos que como contribución percibe el Estado por los servicios que presta en sus funciones de derecho público, establecidos en la Ley Federal de Derechos, también lo es que participan de características semejantes, puesto que, según se desprende de lo señalado en la legislación fiscal antes referida, dicha contraprestación no se considera derecho, debido a que es prestada por organismos descentralizados no prevista en la referida ley federal, luego, si ésta la contemplara, tal contraprestación sería un derecho. Consecuentemente, la correlación existente entre el servicio prestado por el organismo descentralizado en comento en sus funciones de derecho público y el monto de la tarifa relativa, también llamada por la doctrina "precio fiscal", permiten afirmar que aquél es el supuesto generador de ésta. Lo anterior se corrobora con las tarifas fijadas por la entonces Secretaría de Comercio en el Acuerdo que fija las tarifas generales y disposiciones complementarias para la venta de energía eléctrica, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dos de agosto de mil novecientos ochenta y dos, modificadas por acuerdos similares publicados en el propio órgano de difusión oficial los días treinta y treinta y uno de diciembre de los años mil novecientos ochenta y tres a mil novecientos ochenta y cinco, respectivamente, en el que se precisan diferentes tarifas dependiendo de los kilowatthoras consumidos por el usuario, como ejemplo de lo anterior, en cuanto a la tarifa uno, relativa al servicio doméstico, se precisa, textualmente lo siguiente: "2. Cuotas aplicables mensualmente. "2.1 Cargos en relación con la energía consumida. "Los que resultan de multiplicar por el factor 1.025 (uno punto cero dos cinco) aplicado mensualmente y en forma acumulativa durante 16 (dieciséis) meses consecutivos, las siguientes cantidades: "Exento para los servicios con un consumo mensual hasta de 50 (cincuenta) kilowatthoras. "$15.00 (quince pesos) para los servicios con un consumo mensual entre 51 (cincuenta y uno) y 75 (setenta y cinco) kilowatthoras. "25.00 (veinticinco pesos) para los servicios con un consumo mensual entre 76 (setenta y seis) y 100 (cien) kilowatthoras. "60.00 (sesenta pesos) para los servicios con un consumo mensual entre 101 (ciento uno) y 250 (doscientos cincuenta) kilowatthoras. "120.00 (ciento veinte pesos) para los servicios con un consumo mensual superior a 250 (doscientos cincuenta), kilowatthoras. "2.2 Cargos adicionales por la energía consumida. "Los que resultan de multiplicar por el factor 1.025 (uno punto cero dos cinco) aplicado mensualmente y en forma acumulativa durante 16 (dieciséis) meses consecutivos, las siguientes cantidades: "1.2490 (un peso veinticuatro centavos noventa centésimos de centavo, por cada uno de los primeros 50 (cincuenta) kilowatthoras. "1,9459 (un peso noventa y cuatro centavos cincuenta y nueve centésimos de centavo) por cada uno de los siguientes 50 (cincuenta) kilowatthoras. "3.2946 (tres pesos veintinueve centavos cuarenta y seis centésimos de centavo) por cada kilowatthora adicional a los anteriores." En ese orden de ideas, cabe precisar que de una interpretación integradora de lo dispuesto por los artículos 125, párrafo primero, 130 y 135 de la Ley de Amparo se llega a la conclusión de que sí es necesario que el Juez de Distrito o la autoridad que conozcan del juicio fije garantía suficiente para asegurar el pago de la energía eléctrica que por virtud de la suspensión debe seguir suministrando la Comisión Federal de Electricidad a favor del quejoso; es decir, si el Juez de Distrito debe tomar las medidas necesarias para evitar daños y perjuicios que con la medida cautelar se causen a terceros, según lo precisó esta Segunda Sala en la tesis de jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 150/2005-SS, antes referida, con mayor razón debe hacerlo tratándose de las partes en el juicio de garantías. En el sentido anterior, esto es, en la exigencia de garantizar el pago del suministro del servicio objeto de examen como efecto de la medida cautelar otorgada contra su corte o suspensión, el artículo 43 de la Ley del Servicio de Energía Eléctrica materia de análisis establece la procedencia del recurso de inconformidad contra las resoluciones dictadas por la secretaría competente (Secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal y de Hacienda y Crédito Público, según corresponda), en los siguientes términos: "Artículo 43. En caso de inconformidad con las resoluciones de la secretaría competente, dictadas con fundamento en esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, el interesado podrá solicitar ante la propia secretaría, dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a su notificación, la reconsideración de dicha resolución. "En este recurso podrán ofrecerse toda clase de pruebas, excepto la confesional. Al interponerse deberán acompañarse los documentos en que conste la resolución recurrida y acreditarse la personalidad de quien promueva. "Para el desahogo de las pruebas ofrecidas se concederá al recurrente un plazo no menor de 8 ni mayor de 30 días hábiles, que la secretaría que conozca del recurso fijará según el grado de dificultad que el mencionado desahogo implique. Quedará a cargo del recurrente la presentación de testigos, dictámenes y documentos. De no presentarlos dentro del término concedido, la prueba correspondiente no se tendrá en cuenta al emitir la resolución respectiva. En lo no previsto en este párrafo, será aplicable supletoriamente, en relación con el ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas, el Código Federal de Procedimientos Civiles. "Los recursos serán resueltos por los funcionarios que corresponda, de conformidad con lo previsto en el reglamento interior de la respectiva dependencia; o en los acuerdos delegatorios de facultades; salvo cuando se trate de resoluciones que emita el secretario, caso en el cual le corresponderá resolver el recurso. "Las resoluciones no recurridas dentro del término de 15 días hábiles, las que se dicten durante el trámite del recurso o al resolver éste, así como aquellas que lo tengan por no interpuesto, tendrán administrativamente el carácter de definitivas. "La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución recurrida por cuanto al pago de multas, de las indemnizaciones y demás prestaciones, por un plazo de 6 días hábiles. Cuando dentro de dicho plazo se garantice su importe en los términos del Código Fiscal de la Federación, continuará la suspensión hasta que la secretaría competente resuelva el recurso. De no constituirse la garantía cesará la suspensión sin necesidad de declaración y procederá la ejecución. "Respecto de otras resoluciones administrativas, la interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución impugnada si así lo solicitare el recurrente y surtirá efectos hasta que el oficio o a petición del propio recurrente se resuelva en definitiva sobre dicha suspensión, que sólo se otorgará si concurren los siguientes requisitos: "I. Que el recurrente la hubiere solicitado; "II. Que se admita el recurso; "III. Que la suspensión no traiga como consecuencia la consumación o continuación de actos u omisiones que impliquen perjuicios al interés social o al orden público; "IV. Que no se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garantice el pago de éstos para el caso de no obtenerse resolución favorable, y "V. Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños o perjuicios de imposible o difícil reparación en contra del recurrente." Deriva de la lectura del texto anterior, que la interposición del recurso señalado en sede administrativa suspende la ejecución de la resolución recurrida emitida por la secretaría competente por cuanto al pago de multas, indemnizaciones y demás prestaciones por un plazo de seis días hábiles en el que se podrá garantizar el importe de dichos conceptos en términos del Código Fiscal de la Federación, caso en el que continuará la suspensión hasta que se resuelva el recurso; en caso de no otorgarse la garantía cesarán los efectos de la suspensión sin necesidad de declaración y se procederá a la ejecución de la resolución recurrida. Respecto de otras resoluciones administrativas, en el numeral en examen se indica que la interposición del recurso de mérito suspenderá la ejecución de la resolución impugnada cuando lo solicite el recurrente y surtirá efectos hasta que de oficio o a petición del mismo recurrente se resuelva en definitiva sobre dicha suspensión; esta medida cautelar procederá cuando se satisfagan los requisitos fijados en las fracciones I a IV del propio precepto, entre los que se encuentra el que no se causen perjuicios a terceros, a menos que se garantice su pago para el evento en que el recurrente no obtenga resolución favorable. De esta forma, y sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio de amparo, el recurso de inconformidad en sede administrativa prevé la suspensión de las resoluciones administrativas dictadas en aplicación de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, precisando como requisitos para su otorgamiento, entre otros, que no se ocasionen daños a terceros, salvo que se otorgue garantía para asegurar su pago. Así, se puede afirmar que si el recurso en sede administrativa en comento señala la procedencia de la suspensión contra la ejecución de resoluciones administrativas dictadas en aplicación de la ley en examen, y dispone la necesidad de exigir garantía para indemnizar daños y perjuicios a terceros que se pudieren ocasionar con su concesión, la interpretación integradora anteriormente dada a los numerales 125, 130 y 135 de la Ley de Amparo es coherente con el sistema normativo que rige en la materia de la suspensión del acto reclamado tratándose del corte de energía eléctrica y el resarcimiento de los daños y perjuicios que se pudieran causar a terceros, mediante la exigencia de la garantía correspondiente. No pasa inadvertido que conforme a lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, los usuarios del servicio de energía eléctrica garanticen las obligaciones contraídas a la celebración del contrato relativo, entre las que se encuentra el pago del propio servicio mediante depósito que se constituirá y conservará en la Comisión Federal de Electricidad, caución que se fija en las reglas complementarias a las tarifas respectivas y que, para el caso del ejemplo destacado con anterioridad relativo al consumo de energía eléctrica para servicio doméstico, el Acuerdo que fija las tarifas generales y disposiciones complementarias para la venta de energía eléctrica, también precisado, destaca lo siguiente: "l. Depósito de garantía. "$80.00 (ochenta pesos) para los servicios suministrados con 1 (un) hilo de corriente. "400.00 (cuatrocientos pesos) para los servicios suministrados con 2 (dos) hilos de corriente. "1,000.00 (un mil pesos) para los servicios suministrados con 3 (tres) hilos de corriente." Derivado de lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 125, párrafo primero y 130, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en donde se señala que en los casos en que sea procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo y que el Juez de Distrito con la sola presentación de la demanda de amparo, podrá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guardan hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de terceros y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, cabe concluir que cuando se impugne el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad y proceda conceder la medida cautelar solicitada del acto reclamado, en el caso de que se reúnan los requisitos señalados por el artículo 124 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá condicionar su efectividad a la circunstancia de que el quejoso garantice suficientemente el pago del suministro de energía eléctrica que sobrepase el monto previamente garantizado a la celebración del contrato correspondiente o acredite haberlo garantizado ante el propio organismo. Tampoco pasa inadvertido para este Alto Tribunal la circunstancia que en unos asuntos denunciados como contradictorios se hizo pronunciamiento sobre la suspensión provisional y en otros sobre la definitiva, ya que el señalamiento de las medidas para que surta efectos la medida cautelar en un caso y en otro son los mismos. En las anotadas condiciones el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia es el que se redacta a continuación. -De los artículos 125 y 135 de la Ley de Amparo, se advierte que cuando proceda la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros (no necesariamente al tercero perjudicado), o se pida contra el cobro de contribuciones, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar a los interesados si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo. Ahora bien, la correlación existente entre el servicio de suministro de energía eléctrica prestado por la Comisión Federal de Electricidad y el monto de la tarifa relativa (precio fiscal) que el usuario debe pagar, no participa de la naturaleza jurídica de los derechos que como contribución percibe el Estado por los servicios que presta en sus funciones de derecho público, establecidos en la Ley Federal de Derechos; sin embargo, debe tomarse en cuenta que en dicha contraprestación concurren características semejantes, pues en términos de los artículos 27, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., 8o. y 9o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el servicio relativo es prestado por el Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad en su carácter de organismo público descentralizado, y la tarifa se fija en función de los kilowattshora consumidos por el usuario. En congruencia con lo anterior, se concluye que cuando se impugne el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica y proceda conceder la suspensión del acto reclamado, el Juez de Distrito debe condicionar su efectividad a que el quejoso garantice suficientemente el pago del suministro de energía eléctrica que sobrepase el monto previamente garantizado en el momento de la celebración del contrato correspondiente, o acredite haberlo pagado ante la Comisión Federal de Electricidad. (.)". Ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia número 2a./J. 6/2006, con número de registro 176015,7 de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA LA ORDEN DE CORTE O SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR SU PAGO 7 Registro digital: 176015, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 6/2006, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 658, Tipo: Jurisprudencia ANTE EL JUEZ DE DISTRITO O ACREDITAR HABERLO HECHO ANTE AQUEL ORGANISMO.". De acuerdo con lo anterior, la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, sostuvo el criterio de que, de resultar procedente la suspensión, pero se pudieran ocasionar daños y perjuicios a tercero, se concederá aquélla si quien la solicite otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se pudieren causar si aquél no obtiene sentencia favorable. Que si existe la obligación de garantizar a favor de tercero que no es parte del juicio, pero que pudiera resentir daños y perjuicio con la concesión de la medida cautelar solicitada, por mayoría de razón procede solicitar garantía a favor de los intereses de las partes. Destacó que debido a la naturaleza de la Comisión Federal de Electricidad, así como al servicio de energía eléctrica que suministra, es actividad exclusiva del Estado generar, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica y, que la prestación de tal servicio público se realiza a través de la mencionada Comisión. Que la falta de pago que motiva la suspensión del servicio, entre otras, provoca la terminación del contrato de suministro de energía, por lo que, en tal evento, la Comisión Federal de Electricidad puede realizar el corte inmediato del servicio respectivo sin necesidad de acudir ante alguna autoridad, por lo que tendrá derecho a la aplicación a su favor de la aludida garantía en la proporción correspondiente. Que el Código Fiscal de la Federación en su artículo 2o., fracción IV, define a los derechos como las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Que si bien la correlación que existe entre la contraprestación por el servicio prestado y el monto de la tarifa que el usuario debe pagar por recibir aquél, no participa de la naturaleza jurídica de los derechos que como contribución percibe el Estado por los servicios que presta en sus funciones de derecho público, establecidos en la Ley Federal de Derechos, también lo es que participan de características semejantes, puesto que, según se desprende de lo señalado en la legislación fiscal que estudia en dicha ejecutoria, la contraprestación no se considera derecho, debido a que es prestada por organismos descentralizados no prevista en la referida ley federal, luego, si ésta la contemplara, tal contraprestación sería un derecho. Consecuentemente, dicha correlación existente entre el servicio prestado por el organismo descentralizado en comento en sus funciones de derecho público y el monto de la tarifa relativa, también llamada por la doctrina "precio fiscal", permite afirmar que aquél es el supuesto generador de ésta. En ese orden de ideas, precisó que sí es necesario que el Juez de Distrito o la autoridad que conozcan del juicio fije garantía suficiente para asegurar el pago de la energía eléctrica que por virtud de la suspensión debe seguir suministrando la Comisión Federal de Electricidad a favor del quejoso; es decir, el Juez de Distrito debe tomar las medidas necesarias para evitar daños y perjuicios que con la medida cautelar se causen a terceros, con mayor razón debe hacerlo tratándose de las partes en el juicio de origen. También, afirmó que si el recurso de inconformidad (Ley de Servicio de Energía Eléctrica) en sede administrativa señala la procedencia de la suspensión contra la ejecución de resoluciones administrativas dictadas en aplicación de la mencionada ley, y dispone la necesidad de exigir garantía para indemnizar daños y perjuicios a terceros que se pudieren ocasionar con su concesión, la interpretación integradora anteriormente dada a los numerales 125, 130 y 135 de la Ley de Amparo es coherente con el sistema normativo que rige en la materia de la suspensión del acto reclamado tratándose del corte de energía eléctrica y el resarcimiento de los daños y perjuicios que se pudieran causar a terceros, mediante la exigencia de la garantía correspondiente. Finalmente, puntualizó que cuando se impugne el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad y proceda conceder la medida cautelar solicitada del acto reclamado, en el caso de que se reúnan los requisitos señalados por la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe condicionar su efectividad a que el quejoso garantice suficientemente el pago del suministro de energía eléctrica que sobrepase el monto previamente garantizado a la celebración del contrato correspondiente o acredite haberlo garantizado ante el propio organismo. Trasladadas las premisas anteriores, que se insiste, tuvieron su origen en un caso análogo al que se analiza, es evidente que, contrario a lo aducido por la parte quejosa en su concepto de violación, el acto reclamado se encuentra ajustado a derecho, pues se trata de un juicio oral mercantil, en el que se concedió una medida cautelar solicitada por el ahora quejoso, luego entonces, la autoridad responsable estaba obligada a condicionar su efectividad a la exhibición del monto que se determinó en el ajuste de facturación, por concepto de daños y perjuicios que se le pudieran ocasionar a la parte demandada de aquéllos autos. Así es, pues sólo de esa manera se garantizará el pago de la energía eléctrica que por virtud de la medida deberá seguir suministrando la Comisión demandada a favor del actor del juicio natural (supuesto generador). Lo anterior, no implica el pago del valor del juicio, como lo refiere la parte quejosa, pues la autoridad responsable fijó la garantía con los únicos datos proporcionados en autos por concepto de ajuste de facturación contenidos en el aviso de cobro respectivo, monto que le sirvió de parámetro para pronunciarse sobre la garantía de efectividad relacionada con la protección de los daños y perjuicios que podrían ocasionarse con la concesión de la medida en caso de que la parte aquí quejosa no obtuviera sentencia favorable. Monto que la parte demandada en el juicio original, podrá solicitar en su caso, previo tramite respectivo, con motivo de los daños y perjuicios que pudieron haberse ocasionado en el eventual supuesto de que resulte absuelta de las prestaciones que se le reclaman. Máxime, que existe el criterio8 jurisprudencial 2a./J. 195/2006, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que tratándose de contribuciones, a efecto de que cobre efectividad la medida suspensional solicitada, deberá depositarse el total del 8 Registro digital: 173658, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 195/2006, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 224, Tipo: Jurisprudencia monto de la contribución, aprovechamiento, multa y accesorio que se llegue a causar, asegurando con ello el interés fiscal. De ahí que los conceptos de violación analizados son infundados en la medida de que fue correcto que la autoridad responsable condicionara la efectividad de la medida decretada al pago de la cantidad señalada en el auto reclamado. En consecuencia, al resultar infundado el concepto de violación hechos valer por la parte quejosa, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Finalmente, en relación con los alegatos presentados por la parte tercero interesada, al no formar parte de la litis, no existe obligación de pronunciarse sobre ellos, ya que estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos. Cobra aplicación al caso la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página catorce, materia común, tomo 80, del mes de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Octava Época, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E. ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *****, en contra de la autoridad y el acto mencionados en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de la misma. Notifíquese. Lo resolvió Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarta de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Carlos Adán Piza Cortez, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe.
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