Rafael Jiménez Castillo y Otros.
Expediente 627/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 627/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/06/2022
Partes del expediente
- Rafael Jiménez Castillo y Otros.
- Rafael Jiménez Castillo
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; tres de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. 2. Devolución de expediente. En atención a que en el presente sumario obran copias certificadas del expediente ***, así como un sobre cerrado con documentos base de la acción, remitidos por la autoridad responsable 1. Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal, Chiapas, en apoyo a su informe justificado, al oficio que al efecto se libre, devuélvasele dichas constancias, sin necesidad de solicitar el acuse de recibo, toda vez que en la constancia de notificación respectiva se deberá hacer constar su entrega. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de mayo de dos mil veintidós. COMPETENCIA Por recibido el oficio y anexos, remitidos por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, por el que comunica el acuerdo de doce de mayo de dos mil veintidós, dictado dentro del amparo directo ***, de su índice, por el cual ese órgano se declara legalmente incompetente para conocer del asunto y remite original y copia de la demanda promovida por ***; oficio ***, suscrito por el Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal, Chiapas, con el que rinde informe justificado, copia certificada del expediente *** (un tomo), cuadernillo de amparo formado con motivo de la demanda de amparo (un tomo), así como los documentos base de la acción. Acúsese recibo. Tomando en consideración el volumen de la copia certificada del expediente *** (un tomo), cuadernillo de amparo formado con motivo de la demanda de amparo (un tomo), del índice de la responsable, para su mejor manejo se ordena abrir por separado un anexo de pruebas, respetando el sello, el folio y la rúbrica que contienen, el cual queda en la Secretaría de este Juzgado. DOCUMENTOS ANEXOS Asimismo, toda vez que el Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal, Chiapas, al rendir su informe justificado acompañó documentos base de la acción, manténgase en un sobre cerrado, sellado y firmado y entréguese al Secretario encargado de la caja de valores de este juzgado, para su guarda, custodia y registro en el libro que corresponda. Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 37, 45 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. Ahora, vista la demanda promovida por ***, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 2. Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03 del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 3. Comandante o Director de la Policía Municipal y Estatal, con sede en San Cristóbal de las Casas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 627/2022-1-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto de los actos reclamados por la parte quejosa, consistentes en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- A).- El acuerdo de ordenamiento de la notificación por estrados del expediente ***, así como el ordenamiento del desalojo domicilio ubicado en ***, que es inconstitucional toda vez que no fueron notificados personalmente ni en su domicilio, por tal motivo solicito la suspensión del desalojo ordenado por la Juez del Juzgado Civil. Todos con domicilio bien conocido en Prolongación Insurgentes sin número, Palacio de Justicia Planta Alta de la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; autoridad señala como ordenadora, reclamo la ilegal e inconstitucional notificación y por ende la cancelación del desalojo". Ello es así, toda vez que este órgano jurisdiccional estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107.- El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Lo dispuesto en el primer artículo transcrito debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé dicho numeral, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Tal disposición se relaciona con el diverso artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia, del cual se desprende que el juicio de amparo es procedente contra actos de tribunales judiciales, entre otros, realizados fuera de juicio o después de concluido. En el caso de que los actos que se reclamen hayan sido emitidos dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, la autorización legal que establece el dispositivo en cita, precisa que el juicio de amparo será procedente en contra de la última resolución dictada en dicho procedimiento de ejecución y que por tal se debe entender como la determinación que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Apoya a lo anteriormente citado la jurisprudencia P./J.32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA". De lo que se colige que dicho numeral establece la procedencia del juicio de amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, en el entendido de que, en esa ocasión, pueden reclamarse las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, lo que implica que, por la naturaleza propia del procedimiento, como una serie de actos concatenados entre sí, culminará con una resolución. Ello es así, dada la vinculación de causa a efecto entre una actuación judicial y otra, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa a la quejosa, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación, y de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento que dilate la administración de justicia. Cabe señalar que en relación a las hipótesis previstas en la fracción IV del precepto en comento (fracción III de la abrogada Ley de Amparo), el Alto Tribunal ha sostenido que la razón de ser de esa norma radica en evitar que se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas. Es decir, al prohibir la promoción de amparos en contra de las resoluciones intermedias durante el procedimiento de ejecución, se tiene que tomar en cuenta que la razón de ser de la norma es evitar la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que se pronuncie, en virtud de que el perjuicio en contra del ejecutado solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final del procedimiento relativo, e inclusive, si quien promueve la demanda es el vencedor en el juicio natural, es decir, el ejecutante, aplica la misma regla, esto es, debe esperar que culmine el procedimiento de ejecución. Sirve de apoyo a lo esgrimido, la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL." No obstante lo anterior, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que es procedente el juicio de amparo indirecto en etapa de ejecución de sentencia, en contra de los actos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. A manera de ejemplo, el Alto Tribunal estableció la procedencia del juicio de amparo contra la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencedora, ya que la misma no tiene por objeto la ejecución de la propia sentencia, por lo que no constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia; asimismo, cuando se impugna la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. De igual manera, ha sustentado que el juicio de amparo es procedente en contra de actos que afectan derechos sustantivos de manera inmediata, cuya regla estimó que no es exclusiva de los actos emitidos dentro de juicio, sino que le resulta extensiva a aquellos acaecidos en el periodo de ejecución de sentencia, siempre que los derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Ello, pues no debe impedirse el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, habida cuenta que en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." Ahora, del diverso juicio de amparo ***, del índice de este juzgado, promovido por el quejoso ***, en contra de otro acto derivado del expediente ***, de la estadística del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal, Chiapas, lo que se invoca como hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtienen los siguientes antecedentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia XIX.1o.P.T. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, de rubro "HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE EMITIERON Y LOS DIFERENTES DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS". 1. Por sentencia de dos de junio de dos mil diecisiete, el Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el expediente ***, relativo al juicio ordinario civil de nulidad de escritura y cancelación de registro, declaró procedente la nulidad de escritura pública trescientos veintiocho, volumen cuatro, de treinta de junio de dos mil catorce. 2. Inconforme con dicha decisión las partes actora y demandas interpusieron recurso de apelación, misma que correspondió conocer a la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien por resolución de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, modificó la sentencia de primera instancia para los términos ahí indicados, sin embargo reiteró la nulidad de la escritura pública trescientos veintiocho, y decretó conceder cinco días a la parte accionada para que hiciera entrega y desocupara el bien inmueble relativo a ese instrumento, con el apercibimiento que de no hacerlo serían lanzados con la fuerza pública. 3. Posteriormente, por acuerdo de trece de diciembre de dos mil dieciocho, el Juez de origen, ordenó al actuario de su adscripción requiriera a los demandados para que en el plazo de cinco días legalmente computados, desocuparan e hicieran entrega de la posesión real y material del bien inmueble motivo del juicio a favor de los accionantes, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se ordenaría su lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública. 4. A petición de la parte actora, el juez responsable el ocho de abril de dos mil diecinueve, ordenó nuevamente al actuario de su adscripción, a efecto de que requiriera a los condenados dieran cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de trece de diciembre de dos mil dieciocho. Dicha resolución fue notificada según se aprecia el treinta de abril de aquella anualidad, misma que fue combatida a través del incidente de nulidad de actuaciones. En ese tenor, de los antecedentes narrados se desprende que el juicio ***, relativo al juicio ordinario civil de nulidad de escritura y cancelación de registro, en el que el quejoso fue parte demandada, y oído y vencido en éste, se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, por lo que en el particular, se actualiza la hipótesis en comento, puesto que los actos que por esta vía reclaman no constituyen la última resolución dentro de dicha etapa de ejecución. Lo anterior, porque los actos impugnados consistentes en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- A).- El acuerdo de ordenamiento de la notificación por estrados del expediente ***, así como el ordenamiento del desalojo domicilio ubicado en ***, que es inconstitucional toda vez que no fueron notificados personalmente ni en su domicilio, por tal motivo solicito la suspensión del desalojo ordenado por la Juez del Juzgado Civil. Todos con domicilio bien conocido en Prolongación Insurgentes sin número, Palacio de Justicia Planta Alta de la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; autoridad señala como ordenadora, reclamo la ilegal e inconstitucional notificación y por ende la cancelación del desalojo". Se encuentran comprendidos dentro del periodo de ejecución de sentencia, por lo que la procedencia del amparo indirecto se actualiza únicamente hasta que se dicte la "última resolución" en el procedimiento de ejecución; a saber, aquélla en la que se reconoce expresa o tácitamente que la resolución ha quedado cumplida, o aquélla en que se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, tal y como se aprecia de la lectura del segundo párrafo del citado numeral 107 de la ley de la materia. Es aplicable a lo anterior, la tesis 2a. VIII/98, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.". En ese tenor, resulta evidente que los actos que por esta vía se reclaman, no constituyen la última resolución en el juicio de origen, pues no se advierte determinación alguna emitida por el Juez responsable en donde se declare por cumplida la sentencia o su imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento, ni tampoco se ordenó el archivo del expediente de donde derivan aquellos, sino que se tratan de actos intermedios dentro del procedimiento de ejecución; de ahí que, en el caso se surte la regla general que emana de la causa de improcedencia invocada. Lo anterior, evidencia que se reclaman actos que no constituyen la última definitiva, pero además tampoco son de imposible reparación, ya que se llevaron a cabo previo conocimiento del inconforme, al haber comparecido al procedimiento de origen, como ya quedó precisado en párrafos precedentes. Por lo que, los actos reclamados emitidos en dicha etapa de ejecución no afectan sus derechos humanos y sustantivos, ya que la responsable tiene plena jurisdicción de proveer conforme a derecho proceda a fin de dar cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio natural, misma que resulta de orden público. En ese sentido, los actos reclamados que fueron realizados en ejecución de una sentencia firme, emitida en el juicio en el que el quejoso fue parte demandada, y por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza, no pueden ser conceptuados como determinaciones judiciales en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, lo cual al constituir uno de los actos de diligenciación de lo sentenciado en el juicio de origen, no puede considerarse la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia. Orienta lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia VI.2o.C. J/253, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de encabezado "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN". En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo por notoria improcedencia. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). DOMICILIO Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase notificaciones el que indica en su escrito de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del referido Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentran a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de mayo de dos mil veintidós. COMPETENCIA Por recibido el oficio y anexos, remitidos por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, por el que comunica el acuerdo de doce de mayo de dos mil veintidós, dictado dentro del amparo directo XXXX, de su índice, por el cual ese órgano se declara legalmente incompetente para conocer del asunto y remite original y copia de la demanda promovida por XXXX; oficio XXXX, suscrito por el Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal, Chiapas, con el que rinde informe justificado, copia certificada del expediente XXXX (un tomo), cuadernillo de amparo formado con motivo de la demanda de amparo (un tomo), así como los documentos base de la acción. Acúsese recibo. Tomando en consideración el volumen de la copia certificada del expediente XXXX (un tomo), cuadernillo de amparo formado con motivo de la demanda de amparo (un tomo), del índice de la responsable, para su mejor manejo se ordena abrir por separado un anexo de pruebas, respetando el sello, el folio y la rúbrica que contienen, el cual queda en la Secretaría de este Juzgado. DOCUMENTOS ANEXOS Asimismo, toda vez que el Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal, Chiapas, al rendir su informe justificado acompañó documentos base de la acción, manténgase en un sobre cerrado, sellado y firmado y entréguese al Secretario encargado de la caja de valores de este juzgado, para su guarda, custodia y registro en el libro que corresponda. Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 37, 45 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. Ahora, vista la demanda promovida por XXXX, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 2. Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03 del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 3. Comandante o Director de la Policía Municipal y Estatal, con sede en San Cristóbal de las Casas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 627/2022-1-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo manifiesto significa claro o evidente, mientras que indubitable, cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto de los actos reclamados por la parte quejosa, consistentes en: IV.- ACTO RECLAMADO.- A).- El acuerdo de ordenamiento de la notificación por estrados del expediente XXX, así como el ordenamiento del desalojo domicilio ubicado en XXX, que es inconstitucional toda vez que no fueron notificados personalmente ni en su domicilio, por tal motivo solicito la suspensión del desalojo ordenado por la Juez del Juzgado Civil. Todos con domicilio bien conocido en Prolongación Insurgentes sin número, Palacio de Justicia Planta Alta de la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; autoridad señala como ordenadora, reclamo la ilegal e inconstitucional notificación y por ende la cancelación del desalojo. Ello es así, toda vez que este órgano jurisdiccional estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107.- El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; Lo dispuesto en el primer artículo transcrito debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé dicho numeral, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Tal disposición se relaciona con el diverso artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia, del cual se desprende que el juicio de amparo es procedente contra actos de tribunales judiciales, entre otros, realizados fuera de juicio o después de concluido. En el caso de que los actos que se reclamen hayan sido emitidos dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, la autorización legal que establece el dispositivo en cita, precisa que el juicio de amparo será procedente en contra de la última resolución dictada en dicho procedimiento de ejecución y que por tal se debe entender como la determinación que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Apoya a lo anteriormente citado la jurisprudencia P./J.32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. De lo que se colige que dicho numeral establece la procedencia del juicio de amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, en el entendido de que, en esa ocasión, pueden reclamarse las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, lo que implica que, por la naturaleza propia del procedimiento, como una serie de actos concatenados entre sí, culminará con una resolución. Ello es así, dada la vinculación de causa a efecto entre una actuación judicial y otra, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa a la quejosa, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación, y de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento que dilate la administración de justicia. Cabe señalar que en relación a las hipótesis previstas en la fracción IV del precepto en comento (fracción III de la abrogada Ley de Amparo), el Alto Tribunal ha sostenido que la razón de ser de esa norma radica en evitar que se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas. Es decir, al prohibir la promoción de amparos en contra de las resoluciones intermedias durante el procedimiento de ejecución, se tiene que tomar en cuenta que la razón de ser de la norma es evitar la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que se pronuncie, en virtud de que el perjuicio en contra del ejecutado solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final del procedimiento relativo, e inclusive, si quien promueve la demanda es el vencedor en el juicio natural, es decir, el ejecutante, aplica la misma regla, esto es, debe esperar que culmine el procedimiento de ejecución. Sirve de apoyo a lo esgrimido, la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. No obstante lo anterior, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que es procedente el juicio de amparo indirecto en etapa de ejecución de sentencia, en contra de los actos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. A manera de ejemplo, el Alto Tribunal estableció la procedencia del juicio de amparo contra la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencedora, ya que la misma no tiene por objeto la ejecución de la propia sentencia, por lo que no constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia; asimismo, cuando se impugna la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. De igual manera, ha sustentado que el juicio de amparo es procedente en contra de actos que afectan derechos sustantivos de manera inmediata, cuya regla estimó que no es exclusiva de los actos emitidos dentro de juicio, sino que le resulta extensiva a aquellos acaecidos en el periodo de ejecución de sentencia, siempre que los derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Ello, pues no debe impedirse el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, habida cuenta que en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. Ahora, del diverso juicio de amparo XXX, del índice de este juzgado, promovido por el quejoso XXXX, en contra de otro acto derivado del expediente XXXX, de la estadística del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal, Chiapas, lo que se invoca como hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtienen los siguientes antecedentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia XIX.1o.P.T. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, de rubro HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE EMITIERON Y LOS DIFERENTES DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS. 1. Por sentencia de dos de junio de dos mil diecisiete, el Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el expediente XXX, relativo al juicio ordinario civil de nulidad de escritura y cancelación de registro, declaró procedente la nulidad de escritura pública trescientos veintiocho, volumen cuatro, de treinta de junio de dos mil catorce. 2. Inconforme con dicha decisión las partes actora y demandas interpusieron recurso de apelación, misma que correspondió conocer a la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien por resolución de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, modificó la sentencia de primera instancia para los términos ahí indicados, sin embargo reiteró la nulidad de la escritura pública trescientos veintiocho, y decretó conceder cinco días a la parte accionada para que hiciera entrega y desocupara el bien inmueble relativo a ese instrumento, con el apercibimiento que de no hacerlo serían lanzados con la fuerza pública. 3. Posteriormente, por acuerdo de trece de diciembre de dos mil dieciocho, el Juez de origen, ordenó al actuario de su adscripción requiriera a los demandados para que en el plazo de cinco días legalmente computados, desocuparan e hicieran entrega de la posesión real y material del bien inmueble motivo del juicio a favor de los accionantes, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se ordenaría su lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública. 4. A petición de la parte actora, el juez responsable el ocho de abril de dos mil diecinueve, ordenó nuevamente al actuario de su adscripción, a efecto de que requiriera a los condenados dieran cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de trece de diciembre de dos mil dieciocho. Dicha resolución fue notificada según se aprecia el treinta de abril de aquella anualidad, misma que fue combatida a través del incidente de nulidad de actuaciones. En ese tenor, de los antecedentes narrados se desprende que el juicio XXXX, relativo al juicio ordinario civil de nulidad de escritura y cancelación de registro, en el que el quejoso fue parte demandada, y oído y vencido en éste, se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, por lo que en el particular, se actualiza la hipótesis en comento, puesto que los actos que por esta vía reclaman no constituyen la última resolución dentro de dicha etapa de ejecución. Lo anterior, porque los actos impugnados consistentes en: IV.- ACTO RECLAMADO.- A).- El acuerdo de ordenamiento de la notificación por estrados del expediente XXXX, así como el ordenamiento del desalojo domicilio ubicado en XXXX, que es inconstitucional toda vez que no fueron notificados personalmente ni en su domicilio, por tal motivo solicito la suspensión del desalojo ordenado por la Juez del Juzgado Civil. Todos con domicilio bien conocido en Prolongación Insurgentes sin número, Palacio de Justicia Planta Alta de la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; autoridad señala como ordenadora, reclamo la ilegal e inconstitucional notificación y por ende la cancelación del desalojo. Se encuentran comprendidos dentro del periodo de ejecución de sentencia, por lo que la procedencia del amparo indirecto se actualiza únicamente hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución; a saber, aquélla en la que se reconoce expresa o tácitamente que la resolución ha quedado cumplida, o aquélla en que se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, tal y como se aprecia de la lectura del segundo párrafo del citado numeral 107 de la ley de la materia. Es aplicable a lo anterior, la tesis 2a. VIII/98, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS En ese tenor, resulta evidente que los actos que por esta vía se reclaman, no constituyen la última resolución en el juicio de origen, pues no se advierte determinación alguna emitida por el Juez responsable en donde se declare por cumplida la sentencia o su imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento, ni tampoco se ordenó el archivo del expediente de donde derivan aquellos, sino que se tratan de actos intermedios dentro del procedimiento de ejecución; de ahí que, en el caso se surte la regla general que emana de la causa de improcedencia invocada. Lo anterior, evidencia que se reclaman actos que no constituyen la última definitiva, pero además tampoco son de imposible reparación, ya que se llevaron a cabo previo conocimiento del inconforme, al haber comparecido al procedimiento de origen, como ya quedó precisado en párrafos precedentes. Por lo que, los actos reclamados emitidos en dicha etapa de ejecución no afectan sus derechos humanos y sustantivos, ya que la responsable tiene plena jurisdicción de proveer conforme a derecho proceda a fin de dar cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio natural, misma que resulta de orden público. En ese sentido, los actos reclamados que fueron realizados en ejecución de una sentencia firme, emitida en el juicio en el que el quejoso fue parte demandada, y por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza, no pueden ser conceptuados como determinaciones judiciales en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, lo cual al constituir uno de los actos de diligenciación de lo sentenciado en el juicio de origen, no puede considerarse la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia. Orienta lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia VI.2o.C. J/253, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de encabezado ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo por notoria improcedencia. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). DOMICILIO Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase notificaciones el que indica en su escrito de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS EN LÍNEA Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del referido Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de juicio en línea; esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentran a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.
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