Rafael Iván Morales Ruiz

Expediente 1390/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 22 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1390/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
01/12/2022

Partes del expediente

  • Rafael Iván Morales Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, uno de diciembre de octubre de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta que suscribe el secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales, por medio del cual acusa recibo del oficio por el cual este juzgado le remitió un tomo de prueba, así como los cuadernos incidentales relativos al presente juicio de amparo promovido por ********************en contra del acto reclamado a la Segunda Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta que suscribe el secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales, por medio del cual acusa recibo del juicio de amparo 1390/2021 de este índice e informa que ese órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del juicio de amparo promovido por ********************en contra del acto reclamado a la Segunda Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, registrando el mismo con el numero estadístico 451/2022-III. En consecuencia, a fin de que el homólogo se encuentre en aptitud legal de resolver el asunto en comento, mediante oficio remítanse el tomo de prueba remitido por la responsable presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, así como los cuadernos incidentales derivados del presente asunto, para los efectos legales a que haya lugar. Archívese este asunto como concluido y háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años, toda vez que se declinó la competencia legal en el presente juicio, máxime que este juicio no representa relevancia documental. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1390/2021; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el once de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y remitido por razón de turno, el día hábil siguiente a este juzgado de Distrito, Rafael Iván Morales Ruiz, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que se precisará con posterioridad. Por proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió la citada demanda, se pidió a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, y se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete. En determinación de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, se le reconoció el carácter de tercero interesado a Jorge Humberto Ortega Parra. Posteriormente, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimiento tuvo lugar en los términos del acta que antecede. Incompetencia En atención a que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual debe analizarse antes de resolver cuestiones de fondo planteadas en la demanda, se estima que este Juzgado Federal carece de competencia legal para resolver el presente asunto. Dicha situación representa un obstáculo para que este juzgado se pronuncie sobre la cuestión de fondo, puesto que la competencia es un presupuesto procesal, de orden público y de examen preferente al estudio de la cuestión de legalidad de los actos de autoridad reclamados. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia I.2°.P.J/40, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 36, Tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Por ende, este juzgador federal estima procedente declinar la competencia para conocer del presente juicio de amparo, en favor del juez de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Nogales, en turno, por las razones que enseguida se exponen. En principio, resulta necesario señalar que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación del artículo citado se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, al tenor siguiente: La primera hipótesis que se encuentra contenida en el numeral en comento, se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren necesariamente de ejecución material para su cumplimentación por parte de autoridad diversa a la ordenadora; La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo transcrito, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; En el tercer párrafo del precepto aludido, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera la ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como puede verse del dispositivo legal antes reseñado, se aprecian supuestos que pueden actualizarse y que deben ser analizados para establecer la competencia para conocer de un asunto. En el presente caso, de la demanda de amparo y demás constancias que obran en el sumario constitucional, se advierte que el acto reclamado en forma destacada por el quejoso Rafael Iván Morales Ruíz, consiste en: La determinación de treinta de abril de dos mil siete, dictada por la Segunda Sala Mixta en Nombre del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, en el toca penal 15/2007, mediante la cual se modificó la resolución constitucional de dieciséis de noviembre de dos mil seis, pronunciada por el juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puerto Peñasco, Sonora, en la causa penal 392/2006, cuya competencia fue declinada al Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Nogales, Sonora, el cual registró el asunto bajo el expediente 28/2008. En ese tenor, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, estima que carece de competencia legal para resolver el presente juicio de amparo, atento a que la causa penal de origen 28/2008 se tramita ante la autoridad jurisdiccional con residencia en Nogales, Sonora, y los efectos del acto reclamado se trasladan directamente al proceso penal, por ello, tiene ejecución material en dicha ciudad; es decir, cobra vigencia la regla prevista en la primera hipótesis contenida en el mencionado artículo 37 anteriormente transcrito. Se sustenta lo expuesto, en tanto que sobre el tema, nuestro Máximo Tribunal del País al resolver la contradicción de tesis 96/2005, consideró que la resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión -como lo es el caso-, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, por lo que dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. De ahí que al permanecer el procesado a disposición del juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste, y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal. El mencionado criterio quedó plasmado en la jurisprudencia 1a./J. 147/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 174, registro digital 176365, que estatuye lo siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal." De lo anterior, se desprende que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, es aquél en donde resida el órgano jurisdiccional de primer grado que conozca de la causa penal en el que se ejecuta el acto reclamado. Además, cuando la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde el inculpado está recluido y en donde se instruye la causa penal), se debe atender a la naturaleza del auto de formal prisión, ya que sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tiene su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. Por lo tanto, es claro que la competencia para conocer del presente asunto se surte a favor del juzgado de Distrito en cuya jurisdicción reside el juez que conoce de la causa penal, puesto que la resolución que confirmó el auto de formal prisión emitido en la causa penal 28/2008 tiene ejecución material en el lugar en el que se instruye tal proceso penal. Sin que sea obstáculo para llegar a la anterior conclusión, el lugar en que se encuentre recluído el quejoso, en virtud de que ello no es determinante para establecer la competencia para conocer de la demanda de amparo, dado que los efectos preponderantes del acto reclamado se trasladan al lugar donde se lleva el proceso penal. Se insiste, pues es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que está sometido el quejoso, en la medida que tal circunstancia maximiza el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 Constitucional. En ese orden de ideas, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que el juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, y al permanecer el procesado a disposición del mencionado juez, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la mencionada determinación, se surte a favor del juez de Distrito en cuya jurisdicción reside el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal. Respalda esta determinación, por analogía, la jurisprudencia 1a./J.118/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, página 2183, registro digital 160608, que establece lo siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." Ahora, cabe señalar que el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en lo que aquí interesa establece: "(.) PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: (.) V. QUINTO CIRCUITO: Estado de Sonora, con excepción del municipio de San Luis Río Colorado. (.) V. QUINTO CIRCUITO: (.) 3. Diez juzgados de Distrito en el Estado de Sonora: cuatro con sede en Hermosillo, tres con residencia en Nogales, dos con sede en Ciudad Obregón y uno con residencia en Agua Prieta. (.) V. QUINTO CIRCUITO: (.) Los juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de Altar, Atil, Benjamín Hill, Caborca, Cucurpe, General Plutarco Elías Calles, Imuris, Magdalena, Nogales, Oquitoa, Puerto Peñasco, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Trincheras y Tubutama. De la disposición transcrita, se obtiene que en el Estado de Sonora, se encuentran establecidos los juzgados de distrito con sede en Nogales, que ejercen jurisdicción en esa entidad federativa, lugar dentro del que reside el juez que conoce de la causa penal de origen. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 37 de la ley de la materia, el que suscribe se declara legalmente incompetente para resolver el presente asunto y declina la competencia en favor del juez de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Nogales, en turno. No es óbice para pronunciarse en el sentido apuntado, la circunstancia de que en un principio se haya admitido a trámite la demanda de amparo, en tanto que las cuestiones de competencia son de orden público y, por tanto, preferentes. Encuentra sustento lo aquí argumentado, por las razones que lo informan, en el criterio emitido por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, del contenido siguiente: "COMPETENCIA, INSTITUCIÓN DE ORDEN PÚBLICO. ACEPTADA POR UNA AUTORIDAD, NADA IMPIDE QUE PUEDA CUESTIONARSE DESPUES. Aun cuando una autoridad judicial haya aceptado inicialmente el conocimiento de un negocio, nada impide que posteriormente pueda cuestionarse y establecerse la competencia sobre el mismo, en virtud de que las cuestiones de competencia, por ser de orden público, pueden plantearse en cualquier estado del juicio, mientras no se dicte la resolución que ponga fin a la instancia, y sin contravenir lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Amparo, porque este precepto no prohíbe, y tampoco lo hace disposición otra alguna, que el Juez que haya admitido su competencia pueda rechazarla después." En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítanse los autos que integran el juicio de amparo 1390/2021 al citado homólogo, a fin de que decida si acepta o no la competencia declinada en su favor y se sirva comunicarlo a este órgano jurisdiccional, para lo cual se le solicita atentamente el acuse de recibo respectivo. Finalmente, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Por lo expuesto y fundado, se: Resuelve: Primero. Este juzgado carece de competencia legal para resolver el juicio de amparo promovido por Rafael Iván Morales Ruiz, contra el acto de la Segunda Sala Mixta en Nombre del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando primero de la presente resolución. Segundo. Remítase el presente juicio de amparo al juez de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales, en turno, para lo que tenga a bien determinar, solicitándole de la manera más atenta que, de no existir inconveniente legal alguno, se sirva acusar el recibo respectivo, por lo que se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, tercero interesado, agente del Ministerio Público; y, por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe, terminándose de engrosar esta resolución hasta hoy siete de noviembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1390/2021; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el once de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y remitido por razón de turno, el día hábil siguiente a este juzgado de Distrito, Rafael Iván Morales Ruiz, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que se precisará con posterioridad. Por proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió la citada demanda, se pidió a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, y se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete. En determinación de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, se le reconoció el carácter de tercero interesado a Jorge Humberto Ortega Parra. Posteriormente, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimiento tuvo lugar en los términos del acta que antecede. Incompetencia En atención a que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual debe analizarse antes de resolver cuestiones de fondo planteadas en la demanda, se estima que este Juzgado Federal carece de competencia legal para resolver el presente asunto. Dicha situación representa un obstáculo para que este juzgado se pronuncie sobre la cuestión de fondo, puesto que la competencia es un presupuesto procesal, de orden público y de examen preferente al estudio de la cuestión de legalidad de los actos de autoridad reclamados. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia I.2°.P.J/40, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 36, Tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Por ende, este juzgador federal estima procedente declinar la competencia para conocer del presente juicio de amparo, en favor del juez de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Nogales, en turno, por las razones que enseguida se exponen. En principio, resulta necesario señalar que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación del artículo citado se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, al tenor siguiente: La primera hipótesis que se encuentra contenida en el numeral en comento, se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren necesariamente de ejecución material para su cumplimentación por parte de autoridad diversa a la ordenadora; La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo transcrito, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; En el tercer párrafo del precepto aludido, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera la ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como puede verse del dispositivo legal antes reseñado, se aprecian supuestos que pueden actualizarse y que deben ser analizados para establecer la competencia para conocer de un asunto. En el presente caso, de la demanda de amparo y demás constancias que obran en el sumario constitucional, se advierte que el acto reclamado en forma destacada por el quejoso Rafael Iván Morales Ruíz, consiste en: La determinación de treinta de abril de dos mil siete, dictada por la Segunda Sala Mixta en Nombre del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, en el toca penal 15/2007, mediante la cual se modificó la resolución constitucional de dieciséis de noviembre de dos mil seis, pronunciada por el juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puerto Peñasco, Sonora, en la causa penal 392/2006, cuya competencia fue declinada al Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Nogales, Sonora, el cual registró el asunto bajo el expediente 28/2008. En ese tenor, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, estima que carece de competencia legal para resolver el presente juicio de amparo, atento a que la causa penal de origen 28/2008 se tramita ante la autoridad jurisdiccional con residencia en Nogales, Sonora, y los efectos del acto reclamado se trasladan directamente al proceso penal, por ello, tiene ejecución material en dicha ciudad; es decir, cobra vigencia la regla prevista en la primera hipótesis contenida en el mencionado artículo 37 anteriormente transcrito. Se sustenta lo expuesto, en tanto que sobre el tema, nuestro Máximo Tribunal del País al resolver la contradicción de tesis 96/2005, consideró que la resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión -como lo es el caso-, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, por lo que dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. De ahí que al permanecer el procesado a disposición del juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste, y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal. El mencionado criterio quedó plasmado en la jurisprudencia 1a./J. 147/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 174, registro digital 176365, que estatuye lo siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal." De lo anterior, se desprende que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, es aquél en donde resida el órgano jurisdiccional de primer grado que conozca de la causa penal en el que se ejecuta el acto reclamado. Además, cuando la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde el inculpado está recluido y en donde se instruye la causa penal), se debe atender a la naturaleza del auto de formal prisión, ya que sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tiene su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. Por lo tanto, es claro que la competencia para conocer del presente asunto se surte a favor del juzgado de Distrito en cuya jurisdicción reside el juez que conoce de la causa penal, puesto que la resolución que confirmó el auto de formal prisión emitido en la causa penal 28/2008 tiene ejecución material en el lugar en el que se instruye tal proceso penal. Sin que sea obstáculo para llegar a la anterior conclusión, el lugar en que se encuentre recluído el quejoso, en virtud de que ello no es determinante para establecer la competencia para conocer de la demanda de amparo, dado que los efectos preponderantes del acto reclamado se trasladan al lugar donde se lleva el proceso penal. Se insiste, pues es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que está sometido el quejoso, en la medida que tal circunstancia maximiza el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 Constitucional. En ese orden de ideas, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que el juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, y al permanecer el procesado a disposición del mencionado juez, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la mencionada determinación, se surte a favor del juez de Distrito en cuya jurisdicción reside el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal. Respalda esta determinación, por analogía, la jurisprudencia 1a./J.118/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, página 2183, registro digital 160608, que establece lo siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." Ahora, cabe señalar que el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en lo que aquí interesa establece: "(.) PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: (.) V. QUINTO CIRCUITO: Estado de Sonora, con excepción del municipio de San Luis Río Colorado. (.) V. QUINTO CIRCUITO: (.) 3. Diez juzgados de Distrito en el Estado de Sonora: cuatro con sede en Hermosillo, tres con residencia en Nogales, dos con sede en Ciudad Obregón y uno con residencia en Agua Prieta. (.) V. QUINTO CIRCUITO: (.) Los juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de Altar, Atil, Benjamín Hill, Caborca, Cucurpe, General Plutarco Elías Calles, Imuris, Magdalena, Nogales, Oquitoa, Puerto Peñasco, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Trincheras y Tubutama. De la disposición transcrita, se obtiene que en el Estado de Sonora, se encuentran establecidos los juzgados de distrito con sede en Nogales, que ejercen jurisdicción en esa entidad federativa, lugar dentro del que reside el juez que conoce de la causa penal de origen. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 37 de la ley de la materia, el que suscribe se declara legalmente incompetente para resolver el presente asunto y declina la competencia en favor del juez de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Nogales, en turno. No es óbice para pronunciarse en el sentido apuntado, la circunstancia de que en un principio se haya admitido a trámite la demanda de amparo, en tanto que las cuestiones de competencia son de orden público y, por tanto, preferentes. Encuentra sustento lo aquí argumentado, por las razones que lo informan, en el criterio emitido por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, del contenido siguiente: "COMPETENCIA, INSTITUCIÓN DE ORDEN PÚBLICO. ACEPTADA POR UNA AUTORIDAD, NADA IMPIDE QUE PUEDA CUESTIONARSE DESPUES. Aun cuando una autoridad judicial haya aceptado inicialmente el conocimiento de un negocio, nada impide que posteriormente pueda cuestionarse y establecerse la competencia sobre el mismo, en virtud de que las cuestiones de competencia, por ser de orden público, pueden plantearse en cualquier estado del juicio, mientras no se dicte la resolución que ponga fin a la instancia, y sin contravenir lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Amparo, porque este precepto no prohíbe, y tampoco lo hace disposición otra alguna, que el Juez que haya admitido su competencia pueda rechazarla después." En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítanse los autos que integran el juicio de amparo 1390/2021 al citado homólogo, a fin de que decida si acepta o no la competencia declinada en su favor y se sirva comunicarlo a este órgano jurisdiccional, para lo cual se le solicita atentamente el acuse de recibo respectivo. Finalmente, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Por lo expuesto y fundado, se: Resuelve: Primero. Este juzgado carece de competencia legal para resolver el juicio de amparo promovido por Rafael Iván Morales Ruiz, contra el acto de la Segunda Sala Mixta en Nombre del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando primero de la presente resolución. Segundo. Remítase el presente juicio de amparo al juez de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales, en turno, para lo que tenga a bien determinar, solicitándole de la manera más atenta que, de no existir inconveniente legal alguno, se sirva acusar el recibo respectivo, por lo que se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, tercero interesado, agente del Ministerio Público; y, por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe, terminándose de engrosar esta resolución hasta hoy siete de noviembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe.

Quedan 18 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano