Rafael Iván Juarez Romero
Expediente 653/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 653/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Rafael Iván Juarez Romero
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.
- Principal
NOTIFICACIÓN PARA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO. EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 653/2018 SE DICTÓ UN ACUERDO QUE EN SÍNTESIS DICE: Xalapa, Veracruz, once de julio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Secretario de Educación en Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 653/2018 que le corresponde. DESECHAMIENTO Analizada la demanda de amparo origen de este juicio, se considera procedente efectuar el siguiente pronunciamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Así, debe tenerse en cuenta que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo, que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, mayo de 1998, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196196, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Bajo esa premisa, en el caso, del escrito de demanda se advierte la actualización, de manera manifiesta e indudable, de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, que establecen: (...) De la interpretación de dichos ordinales, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que se susciten por actos de autoridad que violen derechos humanos; y que es autoridad, para efectos del juicio de amparo, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Sin embargo, el último precepto en cita, únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo los actos objeto del amparo constitucional, pero omite abordar las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales, pues en caso de no tener dicho carácter, se actualiza la improcedencia del juicio. En ese orden de ideas, la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, la cual ha sostenido que una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan derechos de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Lo anterior queda de manifiesto en la tesis P.XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 118, Tomo V, Febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 199459, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Consecuentemente, es posible obtener como características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia . de epígrafe: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." De ahí, que el concepto de autoridad se ubica dentro de las relaciones denominadas de supra-subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado y, el gobernado, por el otro, en donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir su cumplimiento inclusive, mediante el uso de la fuerza pública o a través de las autoridades respectivas. Ahora, en el particular, la parte quejosa reclama el oficio ***, emitido por la Supervisora Escolar número once, Xalapa Locales Sur; toda vez que el aquí quejoso será objeto de una investigación por presentar presuntas irregularidades en el servicio como docente en contra la profesora ***. Igualmente, conviene destacar que el quejoso en los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, manifestó, bajo protesta de decir verdad, que es trabajador de base desde el ***, con número de personal *** y categoría laboral ***, maestro frente a grupo adscrito a la escuela ***, con clave **** de esta ciudad. En ese sentido, la Supervisora Escolar número once, Xalapa Locales Sur, emitió el oficio ***, dicho acto se trata de uno materialmente administrativo; por lo tanto es de naturaleza laboral, pues se realizó con la finalidad de iniciar una investigación a ***, precisamente para respetar sus derechos obrero - patronales En este sentido, se estima que el acto que reclama la parte quejosa en el escrito inicial de demanda, no es de autoridad para efectos del juicio de amparo, al tener una naturaleza eminentemente laboral que se genera por el vínculo jurídico que se mantiene entre trabajador-patrón equiparado. Esto es, deriva de la relación laboral que sostiene el quejoso, como trabajador docente de base, en un plano de coordinación con la dependencia señalada como responsable; por lo que si la entidad emitió el oficio en su calidad de empleado activo, aquélla no se encuentra en un plano superior dotado de autoridad, sino que constituye un acto en calidad de patrón del ahora promovente. En el presente asunto -como se estableció- se advierte que el acto que se reclama fue emitido por un organismo público que en el caso concreto carece de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad que requiere el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, para considerarlo como autoridad, ya que la controversia surgida tiene indefectiblemente su origen en una relación laboral, razón por la cual su resultado debe ser demandado ante la autoridad competente, atendiendo para ello al régimen constitucional y legal que regule la respectiva relación laboral. En las relatadas circunstancias, se establece que los actos reclamados no derivaron de una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino en un plano de carácter laboral, precisamente porque cualquier decisión que adopte o deje de adoptar el ente que se señala como autoridad responsable, no constituyen actos de autoridad, sino un hecho derivado de la relación de trabajo. De todo lo anteriormente expuesto, válidamente puede concluirse que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia analizada en párrafos anteriores, pues se reitera, la actuación de la responsable para con la parte quejosa, no fue en el plano de autoridad, sino con motivo de unas irregularidades detectadas como consecuencia de su relación laboral que la unía con ésta, por lo que es patente que el juicio de amparo en el que se reclama un acto de esta especie resulta improcedente. Por tanto, se colige que el juicio de amparo no es el medio para reclamar el derecho que el quejoso considera le ha sido violado. Sirve como criterio orientador la tesis aislada .que refiere lo siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ. (.) Así como la jurisprudencia . de título: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." De ahí, que al no provenir el acto reclamado, de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, se actualiza de manifiesta e indudable la causa de improcedencia antes indicada y, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la materia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA ORIGEN DE ESTE JUICIO. Sin que se soslaye la existencia de la jurisprudencia 54/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO". Misma que establece que por regla general en el auto inicial de trámite de una demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, dado que sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas anexadas, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de autoridad para efectos del juicio constitucional. Pues, el criterio citado no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a la regla general, como acontece en este biistancial. Resulta aplicable la jurisprudencia .de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]." Lo cual, además, se relaciona con la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues el motivo de improcedencia advertido, como se sostuvo, no podría desvirtuarse con el material probatorio que se aportara al juicio. Lo que permite al quejoso conocer plenamente, desde el auto inicial, que la vía que propone en la forma en la que lo realiza, no es la idónea para defender el derecho que pretende. Robustece lo anterior la jurisprudencia . de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN." (.)
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