Rafael Isaac López Cárdenas

Expediente 130/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
130/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
06/03/2023

Partes del expediente

  • Rafael Isaac López Cárdenas

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que en el registro electrónico de oficialía de partes de este juzgado, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que la parte quejosa recurrió el auto de desechamiento dictado por este juzgado el veintitrés de febrero del año en curso, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que ésta fue notificada en forma electrónica en la propia data, quedando comprendido dicho plazo del veintisiete del citado mes de febrero al tres de los cursantes. Sentado lo anterior, se declara que el auto de desechamiento dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es DESTRUIBLE.

  2. Principal

    RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo firmada autógrafamente por ********************, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. El Juez acuerda: SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. TRÁMITE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA FIREL. En atención al párrafo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes, para que realicen el trámite necesario para la obtención de la firma electrónica (FIREL), para que estén en posibilidad de acceder al Portal de los Servicios en Línea, tales como el acceso electrónicamente a los órganos jurisdiccionales, para presentar las promociones correspondientes, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 130/2023. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que deriven del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde. IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En la inteligencia que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Del estudio integral realizado al planteamiento de reclamo contenido en el manuscrito inicial de demanda, así como de los antecedentes del mismo, se desprende que la parte quejosa reclama: la ilegalidad de la notificación del auto de dos de febrero de dos mil veintitrés, y como consecuencia de ello, la pretensión de privarlo de la posesión del inmueble que defiende. Atento a lo anterior, quien esto resuelve estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que en contra de dicho acto no se agotó el principio de definitividad. En ese tenor, el precepto y fracción antes referidos, ponen de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades, los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados a través de algún recurso, juicio o medio de defensa ordinario. A fin de dejar establecida con claridad la actualización de la causa de improcedencia reseñada, se invoca como hecho notorio el diverso juicio de amparo promovido por el propio quejoso, registrado con el número 523/2020, del índice de este juzgado, en el que entre otras cosas reclamó la ilegalidad del emplazamiento al juicio 326/2009, de cuya sentencia firme emitida el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, se advierte lo siguiente: "(.) En la especie, el quejoso se ostenta como tercero extraño al juicio especial hipotecario 326/2009, del índice interno del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, con residencia en esta ciudad, promovido por Hipotecaria su Casita, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, y reclama el ilegal emplazamiento al mismo, así como todas las actuaciones posteriores, entre las que se encuentran las diversas cesiones de derechos y consecuente orden de desposeerlo del bien inmueble ubicado en calle Paseo de La Hacienda, número 461, del fraccionamiento Los Mangos II, en esta ciudad. No obstante, de las constancias que en copia certificada fueron allegadas al expediente en que se actúa y que conforman el juicio especial hipotecario 326/2009 antes referido, en lo que aquí interesa, se aprecia que mediante escrito acordado el veintiuno de abril de dos mil nueve, Hipotecaria su Casita, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada demandó en la vía especia hipotecaria a ********************, la declaración judicial de vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria; el pago de la suerte principal, mensualidades vencidas, comisiones por administración y cobertura, intereses moratorios y gastos y costas del juicio. El veinticuatro de abril de dos mil nueve, se emplazó personalmente al quejoso y mediante escrito presentado el treinta de abril siguiente, las partes actora y demandada exhibieron ante el juzgado de origen convenio judicial de reconocimiento de adeudo, quita condicionada y descuento en mensualidades, debidamente ratificado ante el notario público número 114, licenciado Luis Ernesto Escobar Ontiveros. 4. Mediante proveído de siete de mayo de dos mil nueve, el juez primigenio aprobó en todos sus términos el anotado convenio judicial, elevándolo a categoría de cosa juzgada. Como puede verse, el aquí quejoso además de que es parte demandada tuvo pleno conocimiento de la existencia del juicio especial hipotecario 326/2009, del índice interno del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, con residencia en esta ciudad, dado que contrariamente a lo que señala en su demanda de amparo, compareció a dicho juicio en la exhibición del convenio de reconocimiento de adeudo, celebrado el veinticuatro de abril de dos mil nueve, entre las partes actora y demandada, el cual fue ratificado ante la presencia del notario público número 114, licenciado Luis Ernesto Escobar Ontiveros. Por consiguiente, si en el caso concreto se desvirtuó la calidad de tercero extraño a juicio que pretende detentar el quejosa con las constancias que remitió el titular del órgano jurisdiccional responsable y de las que se advierte que el quejoso compareció al juicio especial hipotecario 326/2009, del índice interno del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, con residencia en esta ciudad, e hizo valer sus derechos procesales, entonces, resulta inconcuso que carece del carácter con el que se ostenta, pues para ello es menester que exista un desconocimiento total del juicio de origen después de dictado el fallo definitivo, a modo de colocarlo en tal grado de indefensión que estuviera impedida para acudir a aquél en defensa de sus intereses, situación que como se destacó, no acontece en el caso. (.)" Como pudo verse, el quejoso es parte demandada en el juicio del que emanan los actos reclamados, al que compareció, entonces, contra la notificación de que se duele procede un medio de defensa legal, por medio del cual puede ser modificada, revocada o nulificada; y como parte del juicio de origen no cumplió previamente con el principio de definitividad que anima el juicio de amparo, dado que las irregularidades que reclama en torno a la notificación reseñada, debió impugnarlas en términos de la codificación adjetiva aplicable. Los elementos con los que se integra la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) Que se trate de resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que respecto de las mismas la ley conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. c) Que el juicio de amparo que se promueva, no haya sido instado por persona extraña al procedimiento natural. d) Que el acto reclamado no importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional o bien, sea de los privativos de la libertad personal; y, e) Que la procedencia del recurso o medio de defensa no precise interpretación adicional y su fundamento legal sea suficiente para determinarla. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente y sólo se contemplan como casos de excepción, los enmarcados en líneas precedentes, excepciones que en el caso no se actualizan. Tales recursos, cuya omisión en promoverlos hace improcedente el juicio de amparo, deben tener una existencia legal; es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen. Por otra parte, para que tenga obligación el quejoso de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional un recurso ordinario legalmente existente con el objeto de impugnar el acto que lo agravie, debe existir entre este y aquél una relación directa de idoneidad, esto es, que el medio común de defensa esté previsto por la ley rectora del acto en forma expresa para combatir a este y no que por analogía se considere a dicho recurso como procedente para tal efecto. Además, el recurso ordinario, cuyo ejercicio previo al amparo deba ser un requisito que el agraviado satisfaga antes de acudir a la justicia federal, debe tener lugar legalmente dentro del procedimiento judicial del cual emane el acto impugnado. Ciertamente, el quejoso antes de acudir al presente juicio de amparo, debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refiere el artículo 78, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Sinaloa, mismo que puede tener como efecto modificar o nulificar el acto reclamado descrito. En efecto, de los artículos 74, 76, 77 y 78 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Sinaloa, se advierte, en lo que interesa, que las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes, y cuando la ley expresamente lo determine; pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella; asimismo, que las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el Capítulo V del Título II, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado, en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha y que la nulidad de una actuación debe de reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario, aquélla queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento. Por tanto, si el promovente estima ilegal la notificación reclamada, previamente a la promoción del presente juicio, debió impugnarla a través del incidente de nulidad previsto en el artículo 78 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. Además, se reitera que el promovente compareció al juicio generador de los actos reclamados, quedando indiscutiblemente incorporado al procedimiento, lo cual hace inaceptable otorgarle el carácter de tercero extraño; entonces, no existe razón para relevarla de la obligación de promover el incidente de nulidad de notificaciones conforme al cual debió combatir oportunamente la diligencia actuarial que controvierte, pues es claro que de acuerdo al sistema procesal legalmente instituido, no habrá motivo alguno para liberarla de su obligación de velar por sus propios intereses, estando pendiente del proceso respectivo, máxime si la relación jurídico-procesal quedó bien establecida y consentida. Por tanto, es inadmisible desconocer esa realidad fáctica y atender la pretensión de la afectada, en el sentido de que a partir de cierto estado del procedimiento, se actuó a sus espaldas, y se inició el procedimiento de ejecución de sentencia en su perjuicio. Así entonces, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que en contra de la notificación reclamada, estaba obligada a agotar el incidente de nulidad previsto en el artículo 78 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, por medio del cual podía obtener que se revocara la notificación que por esta vía impugna, pero al no haberlo hecho así, no dio cumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Sobre el particular, cabe citar la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página 204, del tomo VI, segunda parte-1, julio a diciembre de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "NOTIFICACIONES IRREGULARES. PREVIAMENTE AL AMPARO DEBEN IMPUGNARSE EN INCIDENTE DE NULIDAD." Se cita también, por las razones que la informan, en apoyo a lo destacado, la tesis consultable en la página 31, del Volumen 5, Sexta Parte, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con registro 257386, que dice lo siguiente: "INCIDENTE DE NULIDAD, HACE IMPROCEDENTE EL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA)." Es de citarse también la jurisprudencia VI.2o. J/351 visible en la página 39, tomo Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, con registro electrónico 209210, con el título: "NULIDAD DE ACTUACIONES PRACTICADAS CONCLUIDO EL JUICIO." DESECHAMIENTO. En esas condiciones, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del aludido ordenamiento legal, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO signada por ********************. Apoya lo expuesto la tesis 1a. CCXCIII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Libro********************Agosto de 2014, Tomo I, página 535, intitulada: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DESECHA LA DEMANDA O LA QUE LA TIENE POR NO PRESENTADA POR INCUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SEDE LEGISLATIVA, RESPETA ESE DERECHO HUMANO." Hágase la aclaración a la peticionaria de la tutela judicial que los criterios invocados en el presente proveído no contrarían lo establecido en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ********************número********************interior********************Fraccionamiento ******************** de esta ciudad, y como autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, al licenciado ********************quien tiene su cédula profesional ******************** reconocida en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. PJUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 263, fracción II, del preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. NOTIFIQUESE; PERSONALMENTE AL PROMOVENTE.

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