Rafael Infante Sánchez
Expediente 1094/2020 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 13 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1094/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 12/07/2021
Partes del expediente
- Rafael Infante Sánchez
- Nancy Leticia Fuentes Guajardo
- Rafael Infante Sánchez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, doce de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado actual que guardan los autos relativos al juicio de amparo en que se actúa, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren recurrido la sentencia terminada de engrosar el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de amparo, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. En virtud de lo anterior, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, se determina que es susceptible de destrucción el original del incidente de suspensión derivado de este asunto, en virtud de que se ubica en el supuesto previsto en el artículo 21, inciso c), del mencionado Acuerdo General, pues se negaron las medidas cautelares (suspensión provisional y definitiva) respecto de los actos reclamados; además, a juicio de este órgano jurisdiccional, carece de relevancia documental para su preservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, tanto el juicio principal como el original del incidente de suspensión, deberán ser destruidos de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del ordinal 21 señalado en el párrafo que precede. En ese sentido, toda vez que el incidente de suspensión de mérito se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de éste (duplicado) a partir del trece de enero de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del multicitado Acuerdo General. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Armando González Urbina, Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial de treinta y uno de mayo del año en curso, de la que se advierte que no fue posible notificar personalmente a la quejosa Nancy Leticia Fuentes Guajardo, a través de su autorizado, la sentencia terminada de engrosar el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en virtud de que éste ya no tiene su despacho en el domicilio señalado en autos. Ahora bien, toda vez que mediante escrito presentado por la nombrada quejosa el nueve de abril de dos mil veintiuno, asentó que su domicilio particular es el ubicado en calle Oriente 6, número 67, fraccionamiento Lucio Blanco, de este municipio de Matamoros, Tamaulipas, código postal 87560; por tanto, se comisiona a la actuaria adscrita, para que se constituya en dicha dirección, inclusive en días y horas inhábiles, a fin de realizar la notificación a la parte agraviada, del fallo de mérito, lo anterior de conformidad con el dispositivo 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
S e n t e n c i a . Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1094/2020-VIII, promovido por Nancy Leticia Fuentes Guajardo, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; y, R e s u l t a n d o: Primero. Por escrito inicial, complemento y anexo presentados el quince de diciembre de dos mil veinte, en la oficina de correspondencia común a los Juzgado de Distrito en esta ciudad y turnado a este tribunal al día hábil siguiente (fojas 1 a 8), la quejosa de mérito promovió demanda de garantías contra las autoridades y actos que se describen: Autoridades responsables: 1) Juez Primero de Primera Instancia Civil; y 2) Coordinador de la Central de Actuarios; Ambos del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad. Actos reclamados: ".Se constituye como tal el auto de fecha 1 de diciembre del año 2020, proporcionado por la autoridad señalada como responsable, del cual tuve conocimiento el día 13 de diciembre del presente año, en el cual se advierte que en los medios preparatorios a juicio instaurado en mi contra por el tercero interesado, que decreta la admisión y la formación del expediente el cual fue registrado bajo el número 455/2020, pronunciamiento que se impugna mediante el presente juicio de garantías en virtud de que es necesario bastante destacado señalar que la autoridad señalada como responsable por principio de orden no analizó acuciosamente para calificar si efectivamente los documentos que anexó el tercero perjudicado ya señalado para su pretensión en la formulación de los Medios preparatorios a Juicio en contra de la suscrita, reunían los requisitos con los documentos exhibidos para la procedencia de la pretensión del tercero interesado, con esa omisión sin embargo queda debidamente comprobado, que sin haber estudiado la autoridad señalada como responsable que los documentos que anexara el tercero perjudicado, no cumplían los requisitos legales para la pretensión del tercero perjudicado, no obstante lo anterior, según se advierte en el auto de mandamiento en forma que fuera decretada por l autoridad señalada como responsable, que admite todos y cada uno de los documentos que acompañara el tercero perjudicado para su pretensión en su formulación de los improcedentes Medios Preparatorios a Juicio, violándose los derechos humanos de la suscrita en cuanto al incumplimiento del Debido Proceso, certeza jurídica, sin haberse aplicado en el momento de resolver el principio de exhaustividad, a que estaba obligado como autoridad utilizar en todo pronunciamiento que dicte en todo litigio, o pretensión, exhaustividad que está relacionada con el examen que deben efectuar y en la especie la responsable en el momento de que deben aplicar en todos las cuestiones o puntos litigiosos, ya que es de explorado derecho y de conocimiento jurídico que cuando el juzgador dicta una resolución sin resolver sobre algún punto controvertido en la pretensión del suscrito, resulta contrario al principio de la EXHAUSTIVIDAD que ordena a todos los órganos jurisdiccionales, la aplicación de los principios rectores ya señalados con el objeto de no vulnerarse las garantías ya señaladas establecidas categóricamente por el artículo 1 Constitucional, prescripción que obliga ineludiblemente deban ser aplicados en todo procedimiento que deban de resolver los órganos jurisdiccionales, Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley." Segundo. El diecisiete de diciembre de dos mil veinte (fojas 9 y 10), la demanda se admitió a trámite y se registró en el libro de gobierno con el número 1094/2020-VIII; se ordenó la apertura de incidente de suspensión en virtud de haberse solicitado; se requirieron los informes justificados a las responsables y se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; asimismo, se ordenó emplazar al tercero interesado (fojas 9, 10 y 14); y se requirieron constancias que se estimaron necesarias para integrar este asunto, mismas que se pusieron a la vista de las partes (fojas 93 a 114); en su oportunidad, integrado el expediente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede (fojas 127 y 128); y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en los términos de los dispositivos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. Segundo. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación se precisan los actos reclamados. De la lectura integral de la demanda inicial, ocurso complementario y anexo (fojas 1 a 8), de los autos que conforman este expediente, especialmente de los informes justificados y anexos enviados por las autoridades responsables (fojas 16, 19, 40 y 41), se advierte que los actos reclamados, se hacen consistir en: El acuerdo de uno de diciembre de dos mil veinte, por el cual se admitieron a trámite medios preparatorios a fin de acreditar contrato verbal de arrendamiento de un local comercial en un bien inmueble, promovidos por el tercero interesado Enrique Plata García, el emplazamiento realizado a la quejosa con motivo de dicho auto y todos los actos consecuencia de su ejecución (fojas 53 a 60). Tiene aplicación la tesis P.VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 181810 y visible en la página 255, del tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Una vez precisados los actos combatidos, lo procedente es determinar su certeza o inexistencia. Tercero. Del contenido de los informes justificados rendidos por el Juez Primero de Primera Instancia Civil y el Coordinador de la Central de Actuarios, ambos del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, se advierte la certeza de los actos que se les atribuyen; pues sus manifestaciones así lo revelan (fojas 16, 19, 40 y 41). Además, para robustecer su dicho, remitieron copias certificadas del expediente 455/2020, relativo a los medios preparatorios para acreditar contrato verbal de arrendamiento de un local comercial en un bien inmueble, promovido por el tercero interesado Enrique Plata García, en contra de la quejosa Nancy Leticia Fuentes Guajardo (fojas 44 a 66 y 93 a 114). Las documentales de mérito, revisten valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, para los efectos legales a que haya lugar, deben tenerse como ciertos los actos reclamados de las autoridades precisadas; con apoyo en la jurisprudencia 305, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 394261 y visible en la foja 206, del tomo VI, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de 1995, que señala: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." De igual forma, se cita la diversa jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, perceptible con el símbolo de búsqueda 394182 y publicada en la página 153, del tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Previamente al estudio de los conceptos de violación expuestos por la impetrante en su demanda (fojas 1 a 8), se analiza si existe alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo, de acuerdo al dispositivo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este tribunal estima que en el presente asunto, concurre la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el arábigo 107, fracciones IV y V, este último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que señalan: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto es procedente: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..." Del análisis de los preceptos reseñados, se advierte que el amparo indirecto excepcionalmente procede contra actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional, en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intraprocesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual, sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo en lo que es materia de estudio, que el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, ofrece mayor precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..," lo que implica que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal, estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En ese tenor, el Alto Tribunal señaló, que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no resulta procedente el juicio de amparo indirecto cuando se impugnen violaciones procesales consideradas de afectación en grado predominante o exorbitante. Criterio que se encuentra visible en la jurisprudencia P./J.37/2014 (10a.) del Pleno del Máximo Tribunal del país, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, página 39, bajo el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En ese sentido, la aquí quejosa pretende combatir a través de la acción constitucional, el acuerdo de uno de diciembre de dos mil veinte, por el cual, el Juez Primero de Primera Instancia Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, radicó los medios preparatorios a fin de acreditar contrato verbal de arrendamiento de un local comercial en un bien inmueble (fojas 53 a 55), promovido por Enrique Plata García; mismo que quedó registrado bajo el número 455/2020 y en el cual, entre otras cuestiones, se ordenó notificar a la aquí quejosa para que compareciera a absolver posiciones en diligencia fijada originalmente para el quince de diciembre de dos mil veinte, a desarrollarse mediante la plataforma de videoconferencia Zoom; de igual manera, la quejosa combate la notificación que se le realizó el tres de diciembre de dos mil veinte, con motivo de dicho proveído admisorio (fojas 57 a 60) y todas las consecuencias del auto y citación en comento. De las constancias remitidas por las autoridades responsables, no se desprende que se afecten de manera irreparable derechos sustantivos, pues con motivo de dicho auto y citaciones posteriores, la consecuencia fue que ante la inasistencia de la quejosa, se declaró confesa a la futura demandada de las posiciones que fueron calificadas de legales por la autoridad responsable ordenadora (foja 104); pero no se advierten consecuencias en derechos sustantivos de imposible reparación. Los actos reclamados por los que se admitieron a trámite los medios preparatorios y se notificó a la quejosa, no son actos que tengan como consecuencia la afectación a derechos sustantivos de manera irreparable, por lo que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Cabe puntualizar que los medios preparatorios han sido definidos como determinadas diligencias, casi todas de prueba, que el actor o el demandado necesitan llevar a cabo antes de iniciarse el juicio, para que éste proceda legalmente o para afianzar mejor sus derechos. Medios preparatorios que también han sido definidos como las diligencias de prueba que deben verificarse en actos prejudiciales, a fin de que el actor en su acción o, el demandado en su excepción, puedan probar los elementos constitutivos de éstas. Tales diligencias al ser preparatorias de una acción principal y futura han sido consideradas por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como actos emitidos 'fuera de juicio.' En efecto, respecto a los actos fuera de juicio, el Pleno de nuestro máximo Tribunal de Justicia en el País, al resolver la contradicción de tesis 3/94 [entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el entonces único (actualmente Primero) Tribunal Colegiado del Octavo Circuito], Novena Época, registro electrónico 199496, Instancia Pleno, Jurisprudencia, Fuente Semanario Judicial de la Federación, determinó, en lo que interesa, que: ".El examen minucioso de las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo y de los artículos de la misma ley que regulan el amparo directo. muestra que tratándose de procedimientos judiciales o administrativos, por regla general, sólo se admite la acción de amparo en contra de la resolución terminal, es decir, aquella con la cual culmina la actuación desarrollada por la autoridad luego de una serie de actos ordenados en una secuencia formal. Tal principio rige en los actos viciados provenientes de autoridades administrativas (fracción III), pues si los mismos se dictan dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, deben reclamarse junto con la resolución que le ponga fin. De manera similar acontece con los actos provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo dictados tanto dentro de juicio (fracción IV), como después de concluido éste (fracción III), pues, como antes se dijo, respecto de los primeros rige la regla general de que las violaciones cometidas durante el curso del juicio son reclamables hasta que culmine el mismo con el fallo correspondiente, sea sentencia, laudo o resolución que ponga fin al procedimiento, y sólo por excepción se permite su impugnación por la trascendencia de sus efectos; y respecto de los segundos, tratándose de los actos de ejecución de sentencia y de remate, sólo son reclamables hasta la resolución final. Resulta entonces manifiesta la prevalencia del principio con arreglo al cual, para evitar la promoción de juicios de amparo en contra de todos y cada uno de los actos dictados o ejecutados dentro de un procedimiento judicial o administrativo, debe reservarse la procedencia del juicio para combatir aquellos actos que, por ser finales, resuelven la situación jurídica del gobernado. Este principio, operante para los actos de las autoridades administrativas y de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictados dentro del juicio y después del juicio, debe regir igualmente, por razones de congruencia y unidad, para los actos fuera del juicio, considerando que el legislador, de haber tenido presente este supuesto - inusual por lo demás, pues la mayoría de esos actos se producen fuera de todo procedimiento- habría adoptado la misma solución. Si de acuerdo con lo anterior, en el supuesto de los actos fuera de juicio que, sin embargo, provengan de un procedimiento así sea breve o sumarísimo, el juicio constitucional sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, cabe concluir que en la materia de la presente contradicción de tesis, la acción de amparo únicamente resulta procedente en contra de la resolución que autoriza o niega la venta de la prenda." En ese contexto, el juicio de amparo indirecto sólo procede contra la determinación que pone fin a los procedimientos de jurisdicción voluntaria -en su género-, como actos provenientes de tribunales judiciales dictados fuera de juicio. Luego, los medios preparatorios a juicio, al ser parte del género de las diligencias de jurisdicción voluntaria, siguen las mismas notas distintivas que éstas, por lo que, el amparo indirecto sólo procede contra la determinación que les pone fin. Es así, porque el Alto Tribunal de la Nación determinó que esos procedimientos deben seguir las reglas de los actos dictados dentro de juicio o después de concluido, ya que atienden al mismo principio que el legislador ponderó al proveer tal aspecto, de conformidad con el artículo 107 Constitucional, ello, a fin de respetar el principio de definitividad. En conclusión, por regla general, el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de medios preparatorios a juicio, debiendo respetarse el principio de definitividad. Por tanto, se concluye que en el caso particular no se trata de la resolución definitiva que ponga fin a los medios preparatorios a juicio -el que los da por concluidos-, ni tampoco es un acto de imposible reparación, esto es, alguno que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Respecto a esto último, debe destacarse que la Ley de Amparo define en los términos antes apuntados a los actos de imposible reparación, por lo que los actos intermedios tienen una ejecución de esa naturaleza, sólo cuando causen una lesión material a alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado. Partiendo de ello, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación material alguna a los derechos humanos y sin dejar huella en su esfera jurídica. Se estima que los actos reclamados no son de aquellos que se consideran de ejecución irreparable, en la medida en que el auto de uno de diciembre de dos mil veinte y sus consecuencias, no infringe los derechos sustantivos del solicitante de amparo. Lo anterior es así, porque si bien es cierto en la determinación que ahora se controvierte, se admitió a trámite los medios preparatorios y se emplazó a la aquí quejosa; cierto es que, tal circunstancia no genera una afectación de imposible reparación que implique la procedencia inmediata del juicio de amparo indirecto. Se cita en apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 3, febrero de 2014, tomo III, página 2159, cuyo contenido literal dispone: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J.4/2001, publicada en el mismo medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, sigue prevaleciendo la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación, sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En ese orden, las violaciones procesales excepcionalmente pueden reclamarse en la vía indirecta sólo cuando sus consecuencias de imposible reparación causen una afectación material. Por tal motivo, si en el caso el acto reclamado no constituye la resolución definitiva de los medios preparatorios a juicio, ni tampoco se trata de una determinación que sea de imposible reparación para la impetrante, porque lesione de forma material alguno de los derechos fundamentales del gobernado, se concluye que en el caso en particular, se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Se estima aplicable, en sus aspectos estrictamente conducentes, la jurisprudencia 1a./J.16/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XIX, abril de 2013, tomo 1, página 744, de rubro y texto siguientes: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubros: "PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA."; "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO."; y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad." No es óbice para arribar a la determinación anterior, el contenido de la jurisprudencia P./J.50/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que, si para los efectos del amparo, el juicio se iniciaba con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, entonces las resoluciones que se dictaran con motivo de los actos preparatorios o prejudiciales, se producían fuera de juicio, porque precedían a este, lo que implicaba que en su contra resulta procedente el amparo indirecto. Criterio visible en la jurisprudencia P./J.50/96, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, septiembre de 1996, página 5, cuyo epígrafe y contenido dicen: "ACTOS PREPARATORIOS DEL JUICIO O PREJUDICIALES. LAS RESOLUCIONES DICTADAS CON MOTIVO DE ELLOS, SON EMITIDAS FUERA DE JUICIO Y, POR ELLO, IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO. Los actos prejudiciales son aquellos que anteceden o preceden al juicio; esto es, los que tienden a asegurar una situación de hecho o de derecho, con anterioridad a la presentación de la demanda y al establecimiento de la relación jurídico procesal, sin que formen parte, por sí mismos, del procedimiento contencioso que, en su caso, se promoverá; ni su subsistencia o insubsistencia, eficacia o ineficacia, depende de lo que en definitiva se resuelva en el juicio, pues éste constituye un acto futuro y de realización incierta; por tanto, si para los efectos del amparo, el juicio se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, entonces las resoluciones que se dicten con motivo de los actos preparatorios o prejudiciales, se producen fuera del juicio y en su contra procede el amparo indirecto." Lo anterior se estima así, dado que de la lectura íntegra de la ejecutoria de la contradicción de tesis que dio origen a la jurisprudencia citada en el párrafo anterior, se advierte que el punto de la contradicción estribó en si debía tenerse a los actos prejudiciales como realizados fuera de juicio, o como actos integrantes de un procedimiento contencioso que, llegado el momento, se promovería; pues mientras un tribunal colegiado estimó que los medios preparatorios no eran autónomos, sino que formaban parte del procedimiento contencioso que en su caso se promovería, no se trataba de actos fuera de juicio y, por ende, no procedía el amparo indirecto; mientras que otro consideró que los actos prejudiciales eran ejecutados fuera de juicio, por la ausencia de controversia y de jurisdicción propiamente dicha, por lo que en su contra procedía el amparo indirecto. Lo que conduce a establecer que en la jurisprudencia citada, no se definió el tema de si el amparo indirecto procedía en contra de cualquier acto emitido dentro de los medios preparatorios, con base en que eran actos fuera de juicio, o si sólo procedía en contra de la última resolución que se dictara en esas diligencias preparatorias; sino que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo definió en ese criterio jurisprudencial que sí debía tenerse a los medios preparatorios o actos prejudiciales como realizados fuera de juicio, y no como parte del procedimiento contencioso que en su caso se promoviera. Consecuentemente, la jurisprudencia de mérito no resulta aplicable en el caso que nos ocupa, para decidir sobre la procedencia del presente juicio de protección de derechos fundamentales, atendiendo a que, como se adelantó, en dicha ejecutoria el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente dilucidó lo relativo a que las resoluciones que se dictaran con motivo de los actos preparatorios o prejudiciales, se producían fuera de juicio, más no que contra cualquier determinación que se pronunciara en dicho procedimiento procede de manera inmediata el amparo indirecto. En los términos precisados se pronunció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 306/2014, en donde sostuvo, en lo que aquí interesa: ".Sin embargo, contrario a lo argüido por el disidente, la admisibilidad del juicio de garantías biinstancial, no se actualiza en todos los casos en que se reclamen actos derivados de unos medios o actos preparatorios a juicio, sino que, por sus características, éstos deben necesariamente producir efectos de imposible reparación en la esfera jurídica del gobernado, lo que en el caso, a la fecha de la presentación de la demanda desechada, no había acontecido, puesto que se indicó como acto reclamado, el auto que dio trámite a aquéllos, bajo la óptica de que su promovente, nunca acreditó la calidad de socio en la empresa, de la que el propio quejoso se ostenta como tal, además de delegado especial y administrador general único. De modo que aun en el supuesto de que hubiera sobrevenido otro auto en la sustanciación de esos medios preparatorios, lo cierto es que a la fecha no se habría decretado obligación alguna que represente una afectación de imposible reparación en detrimento de la parte solicitante de la protección constitucional, impidiendo que de forma autónoma o independiente, pueda analizarse la legalidad o ilegalidad de lo ocurrido en ese trámite, siendo indispensable la materialidad de un acto de autoridad que con imperio, sujete u obligue a determinada acción (como pudiera ser la exhibición de la documentación pretendida por el promovente de los actos prejudiciales, tercero interesado), porque en esa hipótesis, se estaría frente a un posible acto de consecuencias irreparables, a pesar de que no se trate de una resolución interlocutoria. Es decir, las violaciones cometidas en el trámite de los medios preparatorios, será factible someterlas al análisis constitucional, en cuanto se produzca una decisión que traiga consigo una afectación de imposible reparación para la parte que la resienta; estimarlo en sentido opuesto, daría lugar a la promoción inagotable de demandas de amparo, significando un obstáculo para el desarrollo normal de los procedimientos respectivos, lo cual no es deseable, sino que debe impulsarse su culminación en los plazos previstos en la ley, para cada caso en particular." Resulta aplicable en lo estrictamente conducente, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 10, septiembre de 2014, tomo III, página 2461, bajo la voz: "MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN O CONTRA ACTOS INTERMEDIOS QUE SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Los medios preparatorios consisten en diligencias que preparan la acción para promover un juicio, generalmente preconstitutivas de pruebas, que si bien no forman parte del juicio, sí lo preparan. Ahora bien, en términos del artículo 107, fracción IV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, el juicio de protección de derechos humanos procede en la vía indirecta contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido. Por otro lado, en la jurisprudencia P./J. 50/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, septiembre de 1996, página 5, de rubro: "ACTOS PREPARATORIOS DEL JUICIO O PREJUDICIALES. LAS RESOLUCIONES DICTADAS CON MOTIVO DE ELLOS, SON EMITIDAS FUERA DE JUICIO Y, POR ELLO, IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO.", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que si para los efectos del amparo, el juicio inicia con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, entonces las resoluciones que se dictaran con motivo de los actos preparatorios o prejudiciales, se producen fuera del juicio, porque le preceden y, por tanto, en su contra es procedente el amparo indirecto. Sin embargo, en la ejecutoria de referencia no se definió el tema de si el amparo indirecto procede en contra de cualquier acto emitido en los medios preparatorios a juicio o si sólo contra la última resolución que se dicte en ellos. Así, de una interpretación sistemática e integral de las fracciones III, IV y V, del invocado artículo 107, se concluye que cuando se reclaman actos intraprocesales emitidos fuera de juicio, como los que se dictan en relación con la admisión, desechamiento y forma de desahogo de pruebas en los medios preparatorios que, por tanto, no constituyen la última resolución dictada en ellos, por identidad jurídica se aplica la regla general que impera tratándose de los actos, omisiones o resoluciones emitidas por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en procedimientos seguidos en forma de juicio; así como en los actos dentro de juicio; y en los actos de ejecución de sentencia, incluidos los procedimientos de remate; en el sentido de que el amparo biinstancial procederá contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, salvo que ese acto intermedio tenga una ejecución que sea de imposible reparación, porque esta circunstancia permite su reclamación inmediata en el juicio de amparo indirecto." De tal forma, el auto que admitió a trámite los medios preparatorios de que se duele la quejosa, su notificación y demás consecuencias no revisten la naturaleza de imposible reparación para efectos de estudiar el fondo del amparo. En consecuencia, al encontrarse actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, esta última interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en este juicio constitucional, promovido por Nancy Leticia Fuentes Guajardo, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia Civil y del Coordinador de la Central de Actuarios, ambos del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad; con apoyo en el numeral 63 fracción V de la misma legislación de la materia. Dado que operó el motivo de improcedencia analizado, es innecesario determinar si concurren diversas causales, como tampoco los conceptos de violación plasmados por la impetrante (fojas 1 a 8), pues no variaría el sentido de esta resolución, dado que al ser improcedente el amparo, no serán susceptibles de estudio las cuestiones de fondo planteadas. Se cita la tesis del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, con registro 216878 y que obra en la página 233, del tomo XI, marzo de 1993, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS AGRAVIOS. Al estimarse que en el juicio de garantías se surte una causal de improcedencia y que debe sobreseerse en el mismo con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, resulta innecesario el estudio de las demás que se aleguen en el caso y de los restantes agravios, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Sin que las consideraciones plasmadas en esta resolución, impliquen afectación a los derechos fundamentales relacionados con el acceso a la justicia y el recurso efectivo, pues los presupuestos que deben colmarse para el análisis del fondo, son de orden público y prioritario. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J.22/2014 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal, con registro electrónico 2005917 y consultable en la página 325, del Libro 4, marzo de 2014, Tomo I, Materia Constitucional, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 63, 74, 75, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo; se, R e s u e l v e : Único. Se sobresee en el presente juicio de garantías, promovido por Nancy Leticia Fuentes Guajardo, respecto de los actos que reclamó a las autoridades señaladas como responsables, conforme a los razonamientos plasmados en la parte considerativa de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firmó el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, terminada de engrosar hasta el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, quien actúa asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, once de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito firmado por la quejosa Nancy Leticia Fuentes Guajardo, mediante el cual ofrece diversas pruebas documentales, mismas que se tienen por admitidas y desahogadas desde este momento por su propia y especial naturaleza, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 119 de la ley de la materia, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio 160, signado por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, a través del cual, en relación a lo solicitado en términos de numeral 75 de la ley de la materia, remite copias certificadas de constancias relativas al expediente 455/2020 de su índice; en tal razón, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que se encuentra programada para esta propia fecha y se fijan de nueva cuenta para su desahogo las diez horas con cuarenta y tres minutos del nueve de abril de dos mil veintiuno, lo cual deberá hacerse del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.
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