Rafael Ibáñez Álvarez
Expediente 4/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 4/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 01/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rafael Ibáñez Álvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, en atención a que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, dictada en este juicio de amparo, dentro del plazo ... el acuerdo por el que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes...ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. .. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito; mediante el cual comunica el testimonio de la ejecutoria dictada en el conflicto competencial ********, de su índice, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan de ***********, para conocer de la demanda de amparo indirecto promovida por **********, en la que resolvió lo siguiente: "R E S U E L V E: PRIMERO. SÍ EXISTE conflicto competencial. SEGUNDO. El Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo promovido por *********. TERCERO. Remítanse los autos a dicha autoridad jurisdiccional para su continuación y resolución. NOTIFÍQUESE: (.)" Tomando en consideración la determinación adoptada por el Tribunal de Alzada, este juzgado federal se avoca al conocimiento del presente asunto. ..Visto el estado procesal que guardan los autos del presente asunto, se advierte que en proveído de ocho de febrero del presente año, se reservó acordar el escrito de la parte quejosa **********, presentado el veintiuno de enero del año en curso, con número de registro de correspondencia 694; en el que se advierte manifestó lo siguiente: "1.- Señalo de forma clara y concreta, que el acto que reclamo es la omisión de enviarme a resguardo domiciliario, a pesar de pertenecer al grupo vulnerable a sucumbir por el virus SARS -COV-2 (COVID-19), las autoridades responsables a quienes atribuyo tal omisión, son el C. Jefe del Departamento de Personal de la Terminal Marítima Pajaritos, C. Jefe del Departamento de Personal de la Terminal Marítima Tampico y Jefe del Departamento de Personal de la Terminal Marítima Salina Cruz, de Petróleos Mexicanos con residencia en el interior de dicha factoría en Coatzacoalcos, Veracruz, Tampico, Tamaulipas y Salina Cruz, Oaxaca. 2.- Al momento de presentarse la demanda de amparo, me encontraba incapacitado por el servicio médico de Petróleos Mexicanos, debía reanudar a mis labores el lunes 11 de enero de 2021, pero con motivo de la suspensión de plano otorgada por su Señoría, el lunes me informó la autoridad responsable Jefe del Departamento de Personal de la Terminal Marítima Pajaritos, por conducto de mi representante sindical, que ya no debería presentarme a laborar y debo estar en resguardo domiciliario, razón por la que me encuentro en mi domicilio. 3.- La orden de presentarme a laborar el 11 de enero de 2021, aclaro, fue dada por el C. Jefe del Departamento de Personal de la Terminal Marítima Pajaritos de Petróleos Mexicanos." Con ello, se tiene dando cumplimiento a la prevención realizada a la parte quejosa en auto de ocho de enero de dos mil veintiuno; asimismo, del análisis a los escritos de demanda y aclaratorio, se observa que lo que se pretende impugnar el presente asunto es lo siguiente: AUTORIDAD ACTO RECLAMADO Jefe del Departamento de Personal de la Terminal Marítima Pajaritos de Petróleos Mexicanos, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz. La orden de reincorporarse a laborar a partir del once de enero de dos mil veintiuno. ... En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ..En ese sentido, este juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo; preceptos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de este ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". De los preceptos anteriores, se advierte que el juicio de amparo procede contra actos de autoridad, entendiéndose por estos aquellos que derivan de la actuación de un ente del estado, en uso de su poder coercitivo y unilateral; a contrario sensu, cuando se reclame un acto que no fue emitido por una autoridad formalmente dicha, el juicio constitucional es improcedente. Por tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro. Para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Así, en términos de lo que importa al juicio de amparo, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, pueden advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. ...En el caso concreto, se estima que el acto reclamado deriva de una relación laboral y, por tanto, no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Ciertamente la relación establecida entre la parte quejosa y la autoridad señalada como responsable no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues los actos reclamados, esencialmente, se encuentran relacionados con las medidas preventivas (resguardo domiciliario), y la manera en que se encuentra laborando, ante la contingencia sanitaria existente por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), en virtud de que su pretensión final es el otorgamiento de una licencia para ausentarse de sus labores presenciales de su lugar de trabajo, lo que, evidentemente, no es un acto de autoridad, sino en todo caso, una actuación propia de la relación privada que une al patrón con la parte quejosa como particulares. Luego, no se está en el caso de tener a los patrones como responsables para los efectos del juicio de amparo en este tipo de asuntos, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la autoridad ordinaria de trabajo correspondiente. Cabe precisar, que aun cuando el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo establece que: "...Para los efectos de esta Ley los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general."; lo cierto es que la procedencia del juicio, en esos términos, está condicionada a que los actos de particulares sean equivalentes a los de autoridad; esto es, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra subordinación. Lo que no ocurre cuando la responsable Jefe del Departamento de Personal de la Terminal Marítima Pajaritos de Petróleos Mexicanos, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, decide reincorporarlo a su centro de trabajo, pues dicha actuación tiene su origen en una relación de coordinación derivada del vínculo laboral que une a aquel con la dependencia a la que presta sus servicios. Por ende se reitera, la responsable no realiza actos equivalentes a los de autoridad para efectos del juicio de amparo. ... Sin que pase desapercibido para este órgano de control constitucional que la parte quejosa aduzca que las autoridades responsables se encuentran violando derechos humanos, como son su derecho a la salud y a la vida, al exponerlo al contagio del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, ya que en este caso, al provenir tal violación del cumplimiento defectuoso de la relación contractual, debe estimarse que la posible afectación a esos derechos fundamentales la realiza un patrón, actuando sin facultad legal alguna. Ello, pues la alegación de violación de derechos humanos no es lo que actualiza la procedencia del juicio de amparo, sino el carácter de autoridad o equivalencia a ese carácter por parte de un particular, ya que el juicio constitucional no es idóneo para contrarrestar violaciones a derechos humanos cometidas por particulares, y en el caso, el quejoso debe acudir ante la autoridad laboral competente a solicitar la cesación de los actos reclamados, y el correspondiente menoscabo de sus derechos humanos. En ese orden de ideas, en términos del artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, 5, fracción II y 113, de la Ley de Amparo al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA. Asimismo, conviene precisar que esta determinación atiende a lo previsto en el artículo 17 constitucional, toda vez que admitir y dar trámite a la demanda que se plantea a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte quejosa tenga conocimiento del resultado del análisis preliminar de la demanda y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario, pues desde este momento puede acudir a los medios ordinarios para defender sus derechos, no esperando así, el dictado de una resolución en la que se reiteren, sustancialmente, los argumentos contenidos en este acuerdo y, por ende, que se le obligue durante todo el tiempo que dure la tramitación del juicio a tolerar los actos que estima lesivos de sus derechos humanos, sin que exista solución para ellos en esta vía. Razón por la cual, es de mayor beneficio para la quejosa que, desde ahora, tenga conocimiento, el resultado de la procedencia de su pretensión; y así, evitarle la práctica de un trámite innecesario en atención al derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Notifíquese; y personalmente mediante lista a la parte quejosa.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, mediante el cual remite el diverso de número 601/2021 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, sin que sea necesario realizar mayor pronunciamiento, toda vez que en proveído de diecinueve de febrero del presente año, se recibió el mismo vía interconexión y se acordó lo conducente. Cúmplase.
- Principal
Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca,... toda vez que en proveído de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se le tuvo informando que admitió a trámite el conflicto competencial planteado, entre el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan de Rodríguez y este órgano jurisdiccional. Cúmplase.
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