Rafael Humberto Valenzuela Ruelas
Expediente 936/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 936/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 03/03/2021
Partes del expediente
- Rafael Humberto Valenzuela Ruelas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mexicali, Baja California, a tres de marzo de dos mil veintiuno. Ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el proveído dictado en el presente juicio el nueve de febrero de dos mil veintiuno, motivo por el cual lo conducente es, de acuerdo con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Incidente. No fue solicitado. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a nueve de febrero de dos mil veintiuno. Informe justificado. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, baja California, sin que en el caso dar vista con el informe en cuestión por las consideraciones siguientes: Sobreseimiento fuera de audiencia. En el caso concreto, los actos reclamados por la parte quejosa son: La omisión por parte de la autoridad señalada como responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California, de dictar el auto de radicación, mediante el cual se indique fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del plazo señalado en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, dentro del expediente *****. En la especie, respecto del acto reseñado en primer término se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. [.] De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. [.] El acto reclamado en estudio consiste en la omisión por parte de la autoridad señalada como responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California, de dictar el auto de radicación, mediante el cual se indique fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del plazo señalado en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, dentro del expediente *****. Sin embargo, de las constancias remitidas en copia certificada por la autoridad señalada como responsable en apoyo a su informe justificado, documentales que, por cierto, tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se advierte que el diez de agosto de dos mil veinte, dictó acuerdo de radicación e incompetencia, del que se advierte que determinó que la autoridad competente para conocer de la controversia laboral radicada bajo el Expediente *****, es el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California; por lo anterior, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, decretar el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. [.] Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las trece horas con cuarenta minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. No le asiste el carácter de tercero interesado. Ahora bien, toda vez que de las constancias que acompañó la autoridad responsable se advierte que el demandado (2) Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, no ha sido emplazado al expediente del que emana el acto reclamado, por tanto no se le reconoce el carácter de tercero interesado, ya que ésta no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, consecuentemente, no tiene derechos que defender en esta instancia de amparo. [.] Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Y TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA ****, NO ATENDIO EL AVISO QUE LE FUE DEJADO EL 10 DE FEBRERO DE 2021, SE LE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN EL MISMO Y SE LE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a nueve de febrero de dos mil veintiuno. Informe justificado. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, baja California, sin que en el caso dar vista con el informe en cuestión por las consideraciones siguientes: Sobreseimiento fuera de audiencia. En el caso concreto, los actos reclamados por la parte quejosa son: La omisión por parte de la autoridad señalada como responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California, de dictar el auto de radicación, mediante el cual se indique fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del plazo señalado en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, dentro del expediente *****. En la especie, respecto del acto reseñado en primer término se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. [.] De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. [.] El acto reclamado en estudio consiste en la omisión por parte de la autoridad señalada como responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California, de dictar el auto de radicación, mediante el cual se indique fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del plazo señalado en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, dentro del expediente *****. Sin embargo, de las constancias remitidas en copia certificada por la autoridad señalada como responsable en apoyo a su informe justificado, documentales que, por cierto, tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se advierte que el diez de agosto de dos mil veinte, dictó acuerdo de radicación e incompetencia, del que se advierte que determinó que la autoridad competente para conocer de la controversia laboral radicada bajo el Expediente *****, es el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California; por lo anterior, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, decretar el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. [.] Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las trece horas con cuarenta minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. No le asiste el carácter de tercero interesado. Ahora bien, toda vez que de las constancias que acompañó la autoridad responsable se advierte que el demandado (2) Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, no ha sido emplazado al expediente del que emana el acto reclamado, por tanto no se le reconoce el carácter de tercero interesado, ya que ésta no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, consecuentemente, no tiene derechos que defender en esta instancia de amparo. [.] Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Mexicali, Baja California, a ocho de febrero de dos mil veintiuno. Escrito. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito de cuenta remitido por el autorizado de la parte quejosa, y en atención a su contenido, se tienen por hechas sus manifestaciones para los efectos legales a los que haya lugar, mismas que serán tomadas en cuenta en el momento procesal oportuno. Estado de autos. Visto el estado de autos, del que se advierte que por auto de veinticinco de enero de este año, se tuvo por recibido el oficio remitido por el Registrador Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, mediante el cual remitió el reporte de rechazo de seis de noviembre de la anualidad pasada, del cual se desprende que no es posible la inscripción preventiva de la demanda de amparo y auto admisión, virtud que el bien inmueble (a) ****; asimismo, en su oficio manifestó textualmente lo siguiente: "En respuesta a su oficio No.**** de fecha ****, recibido en esta oficina registral el día 08 de octubre del 2020, con ****en los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de AMPARO del índice de este juzgado, promovido por *****, por este conducto me permito remitir a usted el documento con el reporte de improcedencia expresando los motivos por los que de momento no es posible efectuar la inscripción del documento remitido a esta dependencia, haciendo de su conocimiento que una vez subsanados los motivos contenidos en el referido reporte procederemos a su registro." (El subrayado es nuestro) Requerimiento. Virtud de lo anterior, requiérasele al Registro Público de la Propiedad y de Comercio, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, informe a este órgano jurisdiccional, de manera enumerada, los motivos por los que de momento no es posible efectuar la inscripción a que se hace referencia en el párrafo anterior, asimismo, deberá señalar a que autoridad corresponde subsanar dichos motivos, y en su cado, remita en copia certificada o cotejada las constancias que acrediten lo anterior. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no acatar lo aquí ordenado, con fundamento en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la unidad de medida y actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicado por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Notifíquese.
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