Rafael Hernández Vidal

Expediente 735/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
735/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
17/12/2020

Partes del expediente

  • Rafael Hernández Vidal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista; la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo se le NEGÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal a Rafael Hernández Vidal; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Finalmente, devuélvase al juez familiar responsable, un tomo de pruebas consistente en copia certificada de lo actuado en el expediente 1111/2019, que adjuntó como apoyo a su informe justificado, mismo que se manejó por cuerda separada. Notifíquese.

  2. Principal

    mesa 3 En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las doce horas con cuarenta minutos del treinta de noviembre de dos mil veinte, estando en audiencia Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en la referida entidad federativa, quien actúa debidamente asistido de René Peña Morgan, Secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio 735/2020-3 promovido por Rafael Hernández Vidal. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con las constancias en copia certificada que remitieron las autoridades responsables, consistente en: Acuerdos Generales Conjuntos 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020 y 14/2020, los cuales obran glosados en autos; y, Expediente 1111/2019, relativo al Juicio Ordinario Civil de Divorcio Necesario, mismo que obra por cuerda separada debido a su volumen. En consecuencia, el juez de distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten los medios de convicción de referencia y se tienen por desahogados en razón de su propia y especial naturaleza. No habiendo más probanzas que desahogar, se cierra la presente etapa. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la fase de alegatos; el Secretario da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 735/2020-3, promovido por Rafael Hernández Vidal, contra actos del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintiséis de agosto de dos mil veinte, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada en la Oficina de Correspondencia Común en la misma fecha y turnado a este órgano jurisdiccional el veintisiete siguiente, Rafael Hernández Vidal solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 Del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y del Pleno del Consejo de la Judicatura, ambos del Estado de Tabasco: La omisión de implementar un protocolo para que el Juez Tercero de lo Familiar de Primera instancia de Villahermosa, Tabasco, continúe con la tramitación del expediente 1111/2019, celebrando cualquier tipo de audiencia, hasta el dictado de la sentencia definitiva, en forma gradual, progresiva y ordenada, de conformidad con los acuerdos generales conjuntos 04/2020, de seis de mayo de dos mil veinte y 06/2020 de tres de junio del mismo año. 2 Del Juez Tercero Familiar de Primera Instancia de Villahermosa, Tabasco: La omisión de continuar con la tramitación del expediente 1111/2019, relativo al juicio ordinario civil de divorcio necesario, promovido por Delfina Jiménez Ortiz, hasta el dictado de la sentencia definitiva, de conformidad con los acuerdos generales conjuntos 04/2020, de seis de mayo de dos mil veinte y 06/2020 de tres de junio del mismo año. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintiocho de agosto de dos mil veinte (fojas 6 a 10), se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 735/2020-3; se requirió a las autoridades responsables para que rindieran informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que las autoridades responsables tienen su residencia en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: Del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y del Pleno del Consejo de la Judicatura, ambos del Estado de Tabasco: La omisión de implementar un protocolo para que el Juez Tercero de lo Familiar de Primera instancia de Villahermosa, Tabasco, continúe con la tramitación del expediente 1111/2019, celebrando cualquier tipo de audiencia, hasta el dictado de la sentencia definitiva, en forma gradual, progresiva y ordenada, de conformidad con los acuerdos generales conjuntos 04/2020, de seis de mayo de dos mil veinte y 06/2020 de tres de junio del mismo año. Del Juez Tercero Familiar de Primera Instancia de Villahermosa, Tabasco: La omisión de continuar con la tramitación del expediente 1111/2019 de su índice, relativo al juicio ordinario civil de divorcio necesario, promovido por Delfina Jiménez Ortiz, hasta el dictado de la sentencia definitiva, de conformidad con los acuerdos generales conjuntos 04/2020, de seis de mayo de dos mil veinte y 06/2020 de tres de junio del mismo año. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados, aun cuando los hayan negado las aludidas autoridades responsables en el informe justificado (fojas 17 a 23, 152 y 153), ya que de las copias certificadas que remitieron, la primera de los acuerdos generales conjuntos 01/2020, de dieciocho de marzo; 02/2020, de treinta y uno de marzo; 03/2020, de veintiocho de abril; 04/2020, de seis de mayo; 05/2020, de veintiocho de mayo; 06/2020, de tres de junio; 07/2020, de diecisiete de junio; 08/2020, de dieciocho de junio; 09/2020, de veinte de junio; 10/2020, de uno de julio; 11/2020, de seis de agosto; 12/2020, de seis de agosto; 13/2020, de treinta y uno de agosto; y 14/2020, de doce de septiembre; todos de dos mil veinte, se advierte que, con motivo de la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-COV-2 (COVID 19), determinó la suspensión de las labores jurisdiccionales y administrativas del Poder judicial de la referida entidad federativa, a partir del veinte de marzo del presente año (fojas 24 a 151). Asimismo, de las copias certificadas remitidas por la segunda de las referidas autoridades, se obtiene que la última actuación en el en el expediente 1111/2019 de su índice, es de catorce de enero de dos mil veinte (fojas 74 y 75 del tomo de pruebas). Al respecto, tiene aplicación la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, del tomo 97-102 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. De las constancias remitidas por las autoridades responsables, se obtiene que: En proveído de doce de noviembre de dos mil diecinueve, la Juez Tercero Familiar de Primera Instancia de Villahermosa, Tabasco, admitió a trámite el juicio ordinario civil de divorcio necesario, promovido por Delfina Jiménez Ortiz en contra del aquí quejoso Rafael Hernández Vidal, registrado con el expediente 1111/2019, y se fijó como pensión alimenticia provisional en favor del menor de identidad reservada E.H. J., EL 20% del salario y demás prestaciones que percibe el precitado demandado como empleado de logística de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (fojas 14 a 20 del tomo de pruebas). En proveído de catorce de enero de dos mil veinte, la aludida autoridad tuvo por contestada la demanda de mérito y señaló las diez horas del veintisiete de mayo del mismo año, para la audiencia previa y de conciliación entre las partes (fojas 74 y 75 del tomo de pruebas). SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTA JUZGADORA FEDERAL. En esencia, la parte quejosa reclama del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y del Pleno del Consejo de la Judicatura, ambos del Estado de Tabasco, la omisión de implementar un protocolo para que el Juez Tercero de lo Familiar de Primera instancia de Villahermosa, Tabasco, continúe con la tramitación del expediente 1111/2019, celebrando cualquier tipo de audiencia, hasta el dictado de la sentencia definitiva, en forma gradual, progresiva y ordenada, de conformidad con los acuerdos generales conjuntos 04/2020, de seis de mayo de dos mil veinte y 06/2020 de tres de junio del mismo año. Del Juez Tercero Familiar de Primera Instancia de Villahermosa, Tabasco reclama la omisión de continuar con la tramitación del expediente 1111/2019 de su índice, relativo al juicio ordinario civil de divorcio necesario, promovido por Delfina Jiménez Ortiz, hasta el dictado de la sentencia definitiva, de conformidad con los acuerdos generales conjuntos 04/2020, de seis de mayo de dos mil veinte y 06/2020 de tres de junio del mismo año. Sobre el particular, aduce que las autoridades responsables violan, entre otros, lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque considera que con dichas omisiones las autoridades responsables transgreden su derecho de acceso a la justicia. Al respecto, el suscrito considera que es infundado el aludido motivo de inconformidad. En efecto, el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la justicia, para que se les administre por tribunales expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes. Asimismo, prevé que las autoridades correspondientes están obligadas a emitir sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Sin embargo, de las copias certificadas remitidas por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y Pleno del Consejo de la Judicatura, ambos del Estado de Tabasco, de los acuerdos generales conjuntos 01/2020, de dieciocho de marzo; 02/2020, de treinta y uno de marzo; 03/2020, de veintiocho de abril; 04/2020, de seis de mayo; 05/2020, de veintiocho de mayo; 06/2020, de tres de junio; 07/2020, de diecisiete de junio; 08/2020, de dieciocho de junio; 09/2020, de veinte de junio; 10/2020, de uno de julio; 11/2020, de seis de agosto; 12/2020, de seis de agosto; 13/2020, de treinta y uno de agosto; y 14/2020, de doce de septiembre; todos de dos mil veinte, se advierte que, si bien, con motivo de la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-COV-2 (COVID 19), se determinó la suspensión de las labores jurisdiccionales y administrativas del Poder judicial de la referida entidad federativa, a partir del veinte de marzo del presente año. En el acuerdo general conjunto 6/2020, se estableció la reanudación de las actividades administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de Tabasco, en forma gradual, progresiva y ordenada en todos los asuntos ya catalogados como urgentes en el acuerdo general conjunto 04/2020 de seis de mayo de dos mil veinte, adicionando a dichas actividades, el dictado de todas las sentencias de los expedientes que se encuentran citados para ese efecto, tanto en primera como en segunda instancia. Asimismo, en el aludido acuerdo se determinó que, en materia civil y familiar, deberá continuarse el trámite de los asuntos en los que ya se celebró la audiencia de pruebas y alegatos y únicamente estén pendientes de presentar conclusiones, hasta el dictado de la sentencia, su notificación e incluso la substanciación del recurso correspondiente, en su caso; para este efecto, se indicó que los plazos y términos procesales se reanudarían a partir del cinco de junio de dos mil veinte. No obstante que los juicios de divorcio necesario no están comprendidos dentro de los casos catalogados como urgentes en los acuerdos de mérito, del acuerdo general conjunto 4/2020 (fojas 42 a 51), se obtiene que, en el considerando V, segundo párrafo, las aludidas autoridades establecieron lo siguiente: "Puesto que, uno de los elementos fundamentales para garantizar el acceso a la justicia, consiste en la atención ininterrumpida e incondicional de los casos que por su propia naturaleza resultan urgentes, y se considera necesario, para dar mayor certeza a las y los juzgadores, al igual que a los justiciables, hacer un señalamiento enunciativo de los casos urgentes, que de ningún modo es limitativo, por tanto, queda al prudente arbitrio de las y los operadores jurídicos determinar que otros casos son urgentes, independiente de los señalados, revisten tal carácter, y para tal efecto deberán tener presente los principios constitucionales que rigen su actuación y, deberán considerar: Los derechos humanos en juego, al igual que la trascendencia de su eventual trasgresión y las consecuencias que pudiera traer la espera en la conclusión del periodo de contingencia". Del considerando transcrito podemos obtener, que el catálogo de casos urgentes establecido por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y Pleno del Consejo de la Judicatura, ambos del Estado de Tabasco, es enunciativo, lo que significa que pueden incorporarse otros que, por los derechos humanos en juego y la trascendencia de su eventual trasgresión, la espera de la conclusión del periodo de contingencia pudiera acarrear al justiciable consecuencias irreparables. Aunado a ello, del considerando precitado también se obtiene que se dejó al prudente arbitrio de las y los operadores jurídicos, determinar qué otros casos son urgentes, independientemente de los señalados. Ahora, de la demanda de amparo y de las copias certificadas remitidas por la Juez Tercero Familiar de Primera Instancia de Villahermosa, Tabasco, del expediente 1111/2019, se obtiene que los actos reclamados se relacionan con el trámite de un juicio ordinario civil de divorcio necesario, promovido por Delfina Jiménez Ortiz, en contra de Rafael Hernández Vidal, aquí quejoso. Asunto que, si bien no se encuentra en el catálogo de casos urgentes establecido por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y Pleno del Consejo de la Judicatura, ambos del Estado de Tabasco, la continuación de su trámite puede ser ponderado por la juzgadora, previa petición de las partes, atendiendo a que en el mismo, en proveído de doce de noviembre de dos mil diecinueve, se fijó como pensión alimenticia provisional en favor del menor de identidad reservada E.H. J., EL 20% del salario y demás prestaciones que percibe el precitado demandado, como empleado de logística de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Sin embargo, en las aludidas constancias no obra escrito alguno por el que la actora o el ahora quejoso haya impulsado el procedimiento en el referido expediente, a fin de obtener un pronunciamiento al respecto, pues, como se evidenció, la juez está facultada para determinar, conforme a su prudente arbitrio, qué otros casos son urgentes, independientemente de los señalados en los acuerdos generales conjuntos. Por ende, para que la aludida juzgadora esté en aptitud legal de examinar si procede continuar con el trámite del juicio en cuestión, es imprescindible que las partes impulsen el procedimiento. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, lo establecido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del siguiente rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". En consecuencia, si la parte quejosa en este juicio de amparo no acreditó con medio de prueba idóneo durante la secuela procesal, haber presentado el escrito de referencia ante la juez de mérito, ésta no estaba obligada emitir pronunciamiento alguno respecto de lo que en este juicio plantea. Lo anterior, tomando en cuenta que el impetrante de amparo refiere en la demanda relativa, que en varias ocasiones ha acudido ante la juez responsable, lo que evidencia que ha tenido acceso ante ésta para poder solicitar por escrito, la continuación del juicio en cuestión, planteándole las consideraciones por las que su caso debe ser catalogado como urgente. Al respecto, resulta aplicable la tesis 2a. CXLI/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: VI, Diciembre de 1997, página 366, del siguiente rubro y texto: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: 'ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.', constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última" . De ahí que se considere infundado el motivo de inconformidad planteado por el quejoso, pues, como se evidenció, en el acuerdo general conjunto 4/2020, se estableció que el catálogo de casos urgentes establecido por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y Pleno del Consejo de la Judicatura, ambos del Estado de Tabasco, es enunciativo, lo que significa que pueden incorporarse otros que, por los derechos humanos en juego y la trascendencia de su eventual trasgresión, la espera de la conclusión del periodo de contingencia pudiera acarrear al justiciable consecuencias irreparables, facultando a los juzgadores la ponderación de los mismos. En las relatadas circunstancias, es inaplicable en el sentido que pretende el quejoso, la tesis de rubro "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CUANDO SE RECLAMA UNA DILACIÓN EN UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO QUE PUEDE VULNERAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA", pues como se evidenció, en el caso, tampoco existe un pronunciamiento de la juzgadora que limite su derecho de acceso a la justicia. Por las anteriores consideraciones, se niega al impetrante la protección de la justicia federal. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintiocho de agosto de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Rafael Hernández Vidal, respecto de los actos reclamados y las autoridades responsables precisada en el resultando PRIMERO; por las razones y fundamentos establecidos en el considerando SEXTO de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública del mismo con supresión de datos personales. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la certificación que antecede se advierte que mediante oficios 006/2020-CM y 007/2020-CM de ocho y diez de los actuales, los titulares de los órganos jurisdiccionales federales del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, tomaron la decisión de suspender de manera total las actividades jurisdiccionales de cada uno de los órganos a su cargo, al considerar que se actualiza el caso de emergencia a que se refiere la fracción XXIV del artículo 2 de la Ley General de Protección Civil, por lo que declararon inhábil del nueve al trece del precitado mes. Asimismo, que la audiencia constitucional se encontraba señalada para las doce horas con cincuenta y cinco minutos del trece de noviembre del año en curso. En tal virtud, y a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se fija como nueva fecha y hora para su celebración las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la certificación que antecede se advierte que mediante oficio 004/2020-CM de treinta de octubre pasado, los titulares de los órganos jurisdiccionales federales del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, tomaron la decisión de suspender de manera total las actividades jurisdiccionales de cada uno de los órganos a su cargo, al considerar que se actualiza el caso de emergencia a que se refiere la fracción XXIV del artículo 2 de la Ley General de Protección Civil, por lo que declararon inhábil el treinta del precitado mes. Asimismo, que la audiencia constitucional se encontraba señalada para las doce horas con cincuenta minutos del precitado treinta de octubre del año en curso. En tal virtud, y a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se fija como nueva fecha y hora para su celebración las DOCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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