Rafael Hernandez Matias
Expediente 821/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 821/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Rafael Hernandez Matias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que el quejoso Rafael Hernández Matías, interpusiera recurso de queja contra el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo interpuesta, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes y archívese el asunto como totalmente concluido; por lo tanto, deberán realizarse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, en estricto acatamiento a lo previsto por el artículo 21, inciso d), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse desechado la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto después del VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO y pasados seis meses de la citada fecha. Ahora bien, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Luis Alberto Vázquez del Orbe, Secretario que autoriza y da fe. Ildefonso
- Principal
DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN DE FIRMA EN XALAPA, VERACRUZ, A TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, SIENDO LAS DOCE HORAS, EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO DECIMOQUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, LICENCIADO LUIS ALBERTO VÁZQUEZ DEL ORBE, HACE CONSTAR QUE COMPARECE ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL EL QUEJOSO RAFAEL HERNÁNDEZ MATÍAS, A EFECTO DE RATIFICAR LOS ESCRITOS PRESENTADOS ANTE ESTE JUZGADO EL ONCE Y VEINTIDÓS DE AGOSTO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, QUIEN SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL VOTAR CON CLAVE DE ELECTOR NÚMERO HRMTRF67090230H200, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, CUYA FOTOGRAFÍA QUE APARECE AL MARGEN COINCIDE CON LOS RASGOS FISONÓMICOS DEL COMPARECIENTE DE REFERENCIA, Y UNA VEZ QUE LE SON PUESTOS A LA VISTA TALES ESCRITOS, SE LE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS DELITOS EN QUE INCURREN QUIENES DECLARAN CON FALSEDAD ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL, ASÍ COMO DEL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE AMPARO; MANIFESTANDO QUE EN ESTE ACTO RATIFICA ÍNTEGRAMENTE EL CONTENIDO DE LOS REFERIDOS OCURSOS; ASÍ COMO LA FIRMA QUE CALZAN LOS MISMOS, POR HABER SIDO PUESTA DE SU PUÑO Y LETRA Y SER LA MISMA QUE UTILIZA TANTO EN SUS ACTOS PÚBLICOS COMO PRIVADOS, Y SOLICITA SE ACUERDE DE CONFORMIDAD, CON LO ANTERIOR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE DILIGENCIA FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. DESE CUENTA AL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ, A FIN DE QUE PROVEA LO CONDUCENTE. DOY FE. EL SECRETARIO DEL JUZGADO DECIMOQUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ. LIC. LUIS ALBERTO VÁZQUEZ DEL ORBE. QUEJOSO RAFAEL HERNÁNDEZ MATÍAS
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Vista la diligencia de treinta y uno de agosto del presente año, se advierte que, Rafael Hernández Matías, ratificó el escrito de demanda y el diverso presentado en oficialía de partes de este juzgado, el veintidós de agosto pasado, desahogando con este último la prevención de doce de agosto de la presente anualidad. Al respecto se acuerda: Se tiene por desahogado el punto respecto del que se le realizó la prevención aludida y por consiguiente se provee, de la siguiente manera: En principio conviene destacar que los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite, para ello deberá examinar el escrito de demanda con la finalidad de advertir si existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de ser el caso, se desechará de plano la demanda de amparo, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Sobre el tema, cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que la solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso, el acto reclamado se trata de lo siguiente: DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. Reclamo la inconstitucional aprobación, expedición, orden de promulgación, orden de publicación, promulgación, publicación, individualización, aplicación y ejecución en mi perjuicio la promulgación con fecha 13 de abril de 2015, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, de la Ley Inconstitucional número 561 denominada de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en su porción normativa del artículo 44 que dispone textualmente: 44. Se prohíbe el uso de polarizados, entintados o película antiasalto obscura, así como de pintura o cualquier material que se adhiera a los cristales de los vehículos o cualquier otro aditamento que, por su uso o colocación, obstaculice o reduzca la visibilidad hacia el interior o exterior de los mismos. Sólo se permitirá la circulación de vehículos con estas características cuando el oscurecimiento o entintado de los cristales derive del diseño de fabricación y conste en la factura correspondiente, así como en la tarjeta de circulación, o cuando por prescripción médica se señale la necesidad de reducción de visibilidad u oscurecimiento de los cristales por motivos de salud, circunstancia que deberá acreditarse con el certificado correspondiente y señalarse en la tarjeta de circulación. Bajo ninguna circunstancia, el parabrisas ni las ventanas delanteras de un vehículo podrán estar totalmente polarizados; de igual forma se le reclama la promulgación con fecha 31 de julio de 2013, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, de la Ley número 860 denominada Código De Derechos Para El Estado De Veracruz De Ignacio De La Llave, en su porción normativa del artículo 15 fracciones IV y V, mismas que resultan inconvencionales del artículo 10-A, de la Ley de Coordinación Fiscal, promulgada por el Ejecutivo Federal el 27 de diciembre de 1978, en el Diario Oficial de la Federación, el cual PROHIBE el cobro de derechos previstos en el artículo 15, fracciones IV y V, del Código De Derechos Para El Estado De Veracruz De Ignacio De La Llave, lo que contraviene a mi derecho humano a la igualdad jurídica así como el libre tránsito. DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. Reclamo la inconstitucional sanción o aprobación, promulgación, publicación, individualización, aplicación y ejecución en mi perjuicio la promulgación con fecha 13 de abril de 2015, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, de la Ley Inconstitucional número 561 denominada de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en su porción normativa del artículo 44 que dispone textualmente: 44. Se prohíbe el uso de polarizados, entintados o película antiasalto obscura, así como de pintura o cualquier material que se adhiera a los cristales de los vehículos o cualquier otro aditamento que, por su uso o colocación, obstaculice o reduzca la visibilidad hacia el interior o exterior de los mismos. Sólo se permitirá la circulación de vehículos con estas características cuando el oscurecimiento o entintado de los cristales derive del diseño de fabricación y conste en la factura correspondiente, así como en la tarjeta de circulación, o cuando por prescripción médica se señale la necesidad de reducción de visibilidad u oscurecimiento de los cristales por motivos de salud, circunstancia que deberá acreditarse con el certificado correspondiente y señalarse en la tarjeta de circulación. Bajo ninguna circunstancia, el parabrisas ni las ventanas delanteras de un vehículo podrán estar totalmente polarizados; de igual forma se le reclama la promulgación con fecha 31 de julio de 2013, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, de la Ley número 860 denominada Código De Derechos Para El Estado De Veracruz De Ignacio De La Llave, en su porción normativa del artículo 15 fracciones IV y V, mismas que resultan inconvencionales del artículo 10-A, de la Ley de Coordinación Fiscal, promulgada por el Ejecutivo Federal el 27 de diciembre de 1978, en el Diario Oficial de la Federación, el cual PROHIBE el cobro de derechos previstos en el artículo 15, fracciones IV y V, del Código De Derechos Para El Estado De Veracruz De Ignacio De La Llave, lo que contraviene a mi derecho humano a la igualdad jurídica así como el libre tránsito. DEL C. DIRECTOR DE LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. Reclamo la inconstitucional sanción o aprobación, promulgación, publicación, individualización, aplicación y ejecución en mi perjuicio la promulgación con fecha 13 de abril de 2015, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, de la Ley Inconstitucional número 561 denominada de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en su porción normativa del artículo 44 que dispone textualmente: 44. Se prohíbe el uso de polarizados, entintados o película antiasalto obscura, así como de pintura o cualquier material que se adhiera a los cristales de los vehículos o cualquier otro aditamento que, por su uso o colocación, obstaculice o reduzca la visibilidad hacia el interior o exterior de los mismos. Sólo se permitirá la circulación de vehículos con estas características cuando el oscurecimiento o entintado de los cristales derive del diseño de fabricación y conste en la factura correspondiente, así como en la tarjeta de circulación, o cuando por prescripción médica se señale la necesidad de reducción de visibilidad u oscurecimiento de los cristales por motivos de salud, circunstancia que deberá acreditarse con el certificado correspondiente y señalarse en la tarjeta de circulación. Bajo ninguna circunstancia, el parabrisas ni las ventanas delanteras de un vehículo podrán estar totalmente polarizados; de igual forma se le reclama la promulgación con fecha 31 de julio de 2013, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, de la Ley número 860 denominada Código De Derechos Para El Estado De Veracruz De Ignacio De La Llave, en su porción normativa del artículo 15 fracciones IV y V, mismas que resultan inconvencionales del artículo 10-A, de la Ley de Coordinación Fiscal, promulgada por el Ejecutivo Federal el 27 de diciembre de 1978, en el Diario Oficial de la Federación, el cual PROHIBE el cobro de derechos previstos en el artículo 15, fracciones IV y V, del Código De Derechos Para El Estado De Veracruz De Ignacio De La Llave, lo que contraviene a mi derecho humano a la igualdad jurídica así como el libre tránsito. DE LAS EJECUTORAS: A) SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ, B) SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ, C) DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, D) DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ, E) DELEGACIÓN DE TRÁNSITO DEL ESTADO EN COATEPEC, F) DELEGACIÓN DE TRÁNSITO DEL ESTADO DE PEROTE, VERACRUZ, G) DELEGACIÓN DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DE BANDERILLA, VERACRUZ, H) C. DELEGACIÓN DE TRÁNSITO ESTATAL MEDELLIN, reclamo: a) La aplicación Heteroaplicativa y como primer acto de la Ley Inconstitucional número 561 denominada Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en su porción normativa del artículo 44, consistente en el retiro, decomiso, secuestro o incautación de mi vehículo Volkswagen Jetta modelo GLI Tiptronic, con número de Serie 3VW4E6BU2LM015894, año 2020, y con placas de circulación número YFH943B, por tener cristales entintados y no de origen o de fábrica, y en atención que mi vehículo contiene cristales entintados o polarizados que no son de fábrica, y las responsables ejecutoras aplicaron parcialmente la referida ley inconstitucional, pero me advirtieron de su aplicación plena e inminente la próxima ocasión que me sorprendieran circulando con mi vehículo que contiene cristales entintados o polarizados que nos de origen o de fábrica. I. SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, J. SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, K. DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, L. JEFES DE LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO, UBICADAS EN TODO EL ESTADO DE VERACRUZ Y ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN reclamo: a) Reclamo la imposición de la sanción económica de 31 UMAS, de conformidad con el artículo 45, fracción XIV, del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad, y como consecuencia del acto reclamado descrito anteriormente. b) El inminente cobro de los derechos previstos en el artículo 15, fracciones IV y V, del Código De Derechos Para El Estado De Veracruz De Ignacio De La Llave, mismas que resultan inconvencionales del artículo 10-A, de la Ley de Coordinación Fiscal, promulgada por el Ejecutivo Federal el 27 de diciembre de 1978, en el Diario Oficial de la Federación, el cual PROHIBE el cobro de los referidos derechos. (.) INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso." De conformidad con lo que disponen los artículos transcritos, el ejercicio de la acción constitucional, en tratándose de normas generales, será procedente cuando estas requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, por lo que para estar en aptitud de combatir tales normas, es requisito que existe un acto de aplicación de las mismas, en caso contrario, el juicio de amparo resultará improcedente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el artículo 107, fracción I de la Ley de Amparo, previamente transcrito, el juicio de amparo indirecto procede contra los actos formal y materialmente legislativos (leyes), así como contra los actos formalmente administrativos (acorde con la naturaleza de la autoridad emisora), pero materialmente legislativos (decretos y acuerdos generales), al participar de las características propias de la ley. Al respecto, cabe hacer una distinción de actos legislativos que trascienden en la procedencia del juicio de amparo, esto es, entre aquéllos que con su sola entrada en vigor causan perjuicio al gobernado (autoaplicativos), o bien, los que requieren un acto de aplicación para ello (heteroaplicativos), que para efectos de la procedencia del juicio de amparo, necesariamente deberá ser el primero. Nos encontramos ante una norma autoaplicativa o de individualización incondicionada, cuando ésta vincula al gobernado desde el inicio de su vigencia, ya sea por crear, transformar o extinguir situaciones concretas de derecho que le afectan, sin necesidad de que se actualice alguna condición; en cambio, cuando la aludida vinculación no surge con la entrada en vigor, sino que requiere de un acto diverso por el cual se condiciona la aplicación, se estará en presencia de una disposición de carácter heteroaplicativo o de individualización condicionada; en este último caso, la condición puede revestir el carácter de un acto administrativo o jurisdiccional, incluso, comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. Lo anterior se encuentra contenido en la Jurisprudencia 55/97, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, que literalmente dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Pues bien, cuando como en el presente caso, se impugnan normas generales de aplicación condicionada o heteroaplicativas, es requisito indispensable para la procedencia de la instancia constitucional, conforme al artículo 107, fracción I de la Ley de Amparo, que el quejoso demuestre plenamente la aplicación de la norma reclamada en el acto que señale al efecto, pues en caso contrario la acción será improcedente al no haberse acreditado uno de los elementos exigidos por el legislador, consistente en que la norma impugnada cause perjuicio al peticionario de amparo. Ahora, para tener por demostrada la aplicación del acto legislativo de que se trate, no basta que el quejoso afirme que así fue, o bien, que señale determinado acto con ese fin, sino que tiene la carga procesal de demostrar plenamente esa aplicación, pues de lo contrario no quedará acreditada la afectación en su interés jurídico; pues no se puede soslayar el principio de derecho previsto en el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley de la materia, el cual determina que quien afirma está obligado a probar; y si como en el caso, el amparo fue promovido contra una ley heteroaplicativa impugnada con motivo de su primer acto de aplicación, y la parte impetrante del amparo asegura que la ley se le aplicó en su perjuicio en determinado acto, deberá acreditarlo plenamente. Por su contenido, es de citar como apoyo la Jurisprudencia 9/94, sustentada también por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica lo siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica." Así como también es aplicable al caso la tesis aislada XCVII/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACION, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERÉS JURÍDICO. El análisis gramatical y sistemático de los artículos 73, fracción VI, in fine y 4o. de la Ley de Amparo, permite colegir que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejercite con motivo del primer acto de aplicación que afecte al gobernado, en su interés jurídico, pues de lo contrario se vulneraría el principio de "instancia de parte agraviada", contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente." Es pertinente precisar que la demostración de la existencia del acto de aplicación de la legislación que se pretenda combatir es factible realizarla durante el transcurso del trámite del juicio de amparo. En ese contexto, es evidente que la parte quejosa impugna el artículo 44 de la Ley número 561 denominada de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y diversas consecuencias tales como el artículo 15, fracciones IV y V del Código de Derechos del Estado de Veracruz, la imposición y cobro de un sanción económica prevista por el artículo 45, fracción XIV del Reglamento de Tránsito y Vialidad. Precisando que el primero de los referidos preceptos legales lo combate no por su sola entrada en vigor, sino con motivo del primer acto de aplicación que dice, se actualizó en su perjuicio, por lo que es deber de la parte impetrante demostrar la aplicación de tal acto, a fin de acreditar la afectación jurídica que podría sufrir, para promover el presente juicio de garantías. De este modo, el quejoso, Rafael Hernández Matías pretendiendo acreditar el acto de aplicación de la norma reclamada y sus consecuencias de las que se duele, ofreció como pruebas documentales las consistentes en: a). Copia simple de la factura número C300078362, de fecha veinticinco de abril de dos mil veinte, emitida por DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE XALAPA, S.A DE C.V., en la que se asienta que fue vendido al antes nombrado el vehículo Volkswagen Jetta modelo GLI Tiptronic, con número de chasis 3VW4E6BU2LM015894, año 2020, color gris puro. b) Copia simple de la tarjeta de circulación con número E-3346470, emitida por el Gobierno del Estado de Veracruz, con la que se acredita poseer las placas de circulación número YFH943B, del vehículo antes descrito. Sin embargo, los anteriores elementos probatorios, valorados de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 207 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, son insuficientes para acreditar que el interés jurídico del quejoso, pues con ninguna de las probanzas descritas justifica que la aplicación de los preceptos legales que refiere. Esto se dice, porque además de que las documentales que exhibe se tratan de copias simples que por sí mismas carecen de valor probatorio alguno, y aun cuando éstas, concatenadas con diversos medios de prueba, pudieran adquirir, en un momento dado, un diverso valor probatorio, con ellas el quejoso únicamente demostraría la propiedad del vehículo descrito y que cuenta con la autorización emitida por la autoridad competente para que circule el precitado automotor. A lo anterior, resulta aplicable el criterio sustentado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que señala lo siguiente: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la naturaleza con que son confeccionadas, y si bien no puede negárseles el valor indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren en autos, pues de esta manera es claro que el juzgador puede formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya que en este caso, si la oferente de las copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento a cargo de quien las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con otras probanzas." En efecto, en ninguno de los documentos ofrecidos como prueba, se desprende que la aplicación del precepto legal sobre el cual pretende dirigir su reclamo, esto es, el artículo 44 de la Ley número 561 denominada de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y por ende, no puede generarse en el ánimo del suscrito, la convicción de que el acto reclamado afectó real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso. En estas circunstancias, la causal de improcedencia que aquí se analiza se pone de manifiesto, en razón de que el quejoso no acreditó en forma plena la existencia del acto de aplicación del precepto legal impugnado aun cuando le correspondía hacerlo, ya que los documentos exhibidos para tal efecto no acreditan tal extremo, pues es dable reiterar que conforme a los artículos 6° y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, arriba citados, el juicio se sigue a instancia de parte agraviada; aunado a que el juzgador de amparo no tiene obligación alguna de requerir al promovente para que exhiba los medios de convicción con los que justifique el carácter con el que se ostenta o bien el perjuicio que le causa el acto reclamado, sino que como se dijo, corresponde a la quejosa su demostración. Ilustra a lo anterior, la el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que indica lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE OBLIGACIÓN DE REQUERIR AL PROMOVENTE PARA QUE EXHIBA LOS MEDIOS DE CONVICCIÓN QUE LO JUSTIFIQUEN, SINO QUE CORRESPONDE AL QUEJOSO SU DEMOSTRACIÓN. De los artículos 146, primer párrafo y 116 de la Ley de Amparo, se advierte que el Juez de Distrito no tiene obligación de requerir al promovente para que acredite su interés jurídico, toda vez que conforme al numeral 4o. de la ley de la materia, el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame y, por ello dicha afectación corresponde probarla al promovente; aunado a que el numeral 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida ley establece que es obligación del actor probar los hechos constitutivos de su acción." Resulta aplicable al caso, por identidad jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 4/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Novena Época, que es del tenor siguiente: "LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Así como, la diversa jurisprudencia 2a./J. 67/99, de la Segunda Sala del Supremo Tribunal Constitucional, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE SOBRESEERSE POR LA LEY, SIN QUE ELLO IMPIDA AL PROMOVENTE IMPUGNARLA EN LA OPORTUNIDAD EN QUE SE APLIQUE EN SU PERJUICIO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de una disposición con motivo del primer acto de aplicación debe demostrar que lo perjudica; si éste no existe debe decretarse el sobreseimiento por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, pero el sobreseimiento en los términos indicados no le impide volver a impugnar la ley o reglamento cuando en realidad se le aplique en su perjuicio." Finalmente, es importante precisar que el promovente no se encuentra en aptitud de comprobar la existencia del acto de aplicación de la norma que reclama, dado que de lo expuesto en su demanda de amparo y confirmado en el escrito a través del ocurso exhibido para desahogar la prevención que se le realizó en auto de doce de agosto del año en curso, se advierte que el policía vial que lo detuvo le refirió que por esa ocasión no le impondría ninguna multa y que sería en una diversa ocasión en que lo encontrara circulando en las mismas condiciones que procedería al retiro de la circulación de su vehículo y la imposición de la multa respectiva y que no quedó asentado en ningún documento que se le hubiese entregado, de lo que se colige que no fue levantada ninguna boleta de infracción en contra del promovente y por consiguiente, no se le aplicó el precepto legal que pretende combatir, razones por las que se considera que el promovente no se encuentra en condiciones de acreditar la aplicación de la norma de que se duele, lo que significa que no podría acreditar la afectación jurídica por la aplicación del precepto que pretende combatir a través del juicio de amparo, lo que evidencia que no existe el acto de aplicación de la norma reclamada y por ello, se actualiza la causa de improcedencia de que se trata. Es aplicable a la conclusión anterior, la tesis IV.1o.5 K, que a la letra dice: "AMPARO IMPROCEDENTE CUANDO NO EXISTE ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN, TRATÁNDOSE DE LEYES HETEROAPLICATIVAS. Si del contenido de la demanda se advierte que el quejoso, en relación con los actos reclamados, hace una referencia vaga e imprecisa de los actos concretos de aplicación, dado que, por una parte, los actos no habían acontecido y, por otra, se demostró que el acto afectaba a persona distinta al quejoso, ello impide establecer la vinculación necesaria con los actos legislativos que se impugnaron como heteroaplicativos, lo que es menester a fin de estar en posibilidad de examinar su constitucionalidad, actualizándose así, en relación con tales actos legislativos, la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, y además como motivo manifiesto e indudable, en los términos del artículo 145 del mismo ordenamiento legal, que amerita el desechamiento de plano de la demanda de garantías correspondiente". DESECHAMIENTO Por tanto, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por tanto, se desecha de plano la demanda de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXIV.2o. J/5 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, de rubro y texto siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INSUPERABLE, AL MARGEN DE LA AMPLITUD O NO DE LAS CONSIDERACIONES QUE EXPRESE EL OPERADOR JURÍDICO. En diversos criterios jurisprudenciales, entre en los que destacan las tesis 1a./J. 32/2005, 2a./J. 54/2012 (10a.) y 2a./J. 115/2015 (10a.), la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que, por regla general, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal idónea para efectuar un "análisis profundo", para determinar la improcedencia del juicio. No obstante, cuando la actualización de la causal de improcedencia respectiva se observa de manera manifiesta e indudable, como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo, a partir de la lectura del escrito de demanda y de los documentos anexos, es decir, cuando el operador jurídico se limita a efectuar un simple ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados en forma clara por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que exprese, ello no implica que dicho estudio se encuentre vedado al ser, aparentemente, de una profundidad tal que requiera de consideraciones adicionales al contenido de la propia demanda (motivación legal de la decisión), cuando, por el contrario, la improcedencia resulta clara y manifiesta, dada la naturaleza jurídica del acto reclamado y del reconocimiento de la parte quejosa sobre aspectos inherentes que le perjudican; por lo que, frente a esas circunstancias, no se inobservan los criterios jurisprudenciales que censuran la posibilidad de que en el auto inicial se efectúe un "análisis profundo" para determinar la improcedencia del juicio de amparo. Es así, máxime que aquéllos se refieren a supuestos en los que el juicio constitucional es legal y racionalmente procedente, es decir, se justifica que la demanda de amparo se admita, porque potencialmente cabe la posibilidad (real, no ilusoria), de que una vez recibidos los informes de las autoridades y allegadas las pruebas de las partes, quede plenamente dilucidada la naturaleza jurídica del acto reclamado y, por ende, la procedencia del juicio constitucional en el que, además, podría dictarse una sentencia de fondo y/o amparadora, lo que no ocurre cuando por disposición legal y/o jurisprudencial se genera una causal expresa e insuperable de improcedencia, pues en estos casos, lo que potencialmente está de por medio, aun de admitirse la demanda, es el sobreseimiento en el juicio." No está por demás destacar que la presente determinación atiende a lo previsto en el artículo 17 constitucional, toda vez que admitir y dar trámite a la demanda que se plantea a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte quejosa tenga conocimiento del resultado del análisis preliminar de la demanda y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario, pues desde este momento puede acudir a los medios ordinarios para defender sus derechos, no esperando así, el dictado de una resolución en la que se reiteren, sustancialmente, los argumentos contenidos en el presente acuerdo y, por ende, que se le obligue durante todo el tiempo que dure la tramitación del juicio a tolerar los actos que estima lesivos de sus derechos humanos, sin que exista solución para ellos en la presente vía. Además, no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, ya que el hecho de que el juicio de amparo no sea procedente en el caso concreto, no implica que no exista una vía idónea y tribunales competentes ante los cuales la quejosa pueda hacer valer sus derechos y plantear su reclamo, por tratarse en el caso de cuestiones inherentes a la negativa de otorgarle una pensión por concubinato. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma el licenciado Uriel Curti Espinosa, Secretario en funciones de Juez del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, de acuerdo en la autorización contenida en el oficio CCJ/ST/2363/2022, de trece de junio de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido del licenciado Luis Alberto Vázquez del Orbe, Secretario que autoriza y da fe. Ildefonso
- Principal
ACTUARIO: SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Vista la diligencia de treinta y uno de agosto del presente año, se advierte que, Rafael Hernández Matías, ratificó el escrito de demanda y el diverso presentado en oficialía de partes de este juzgado, el veintidós de agosto pasado, desahogando con este último la prevención de doce de agosto de la presente anualidad. Al respecto se acuerda: Se tiene por desahogado el punto respecto del que se le realizó la prevención aludida y por consiguiente se provee, de la siguiente manera: En principio conviene destacar que los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite, para ello deberá examinar el escrito de demanda con la finalidad de advertir si existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de ser el caso, se desechará de plano la demanda de amparo, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Sobre el tema, cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que la solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso, el acto reclamado se trata de lo siguiente: DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. Reclamo la inconstitucional aprobación, expedición, orden de promulgación, orden de publicación, promulgación, publicación, individualización, aplicación y ejecución en mi perjuicio la promulgación con fecha 13 de abril de 2015, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, de la Ley Inconstitucional número 561 denominada de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en su porción normativa del artículo 44 que dispone textualmente: 44. Se prohíbe el uso de polarizados, entintados o película antiasalto obscura, así como de pintura o cualquier material que se adhiera a los cristales de los vehículos o cualquier otro aditamento que, por su uso o colocación, obstaculice o reduzca la visibilidad hacia el interior o exterior de los mismos. Sólo se permitirá la circulación de vehículos con estas características cuando el oscurecimiento o entintado de los cristales derive del diseño de fabricación y conste en la factura correspondiente, así como en la tarjeta de circulación, o cuando por prescripción médica se señale la necesidad de reducción de visibilidad u oscurecimiento de los cristales por motivos de salud, circunstancia que deberá acreditarse con el certificado correspondiente y señalarse en la tarjeta de circulación. Bajo ninguna circunstancia, el parabrisas ni las ventanas delanteras de un vehículo podrán estar totalmente polarizados; de igual forma se le reclama la promulgación con fecha 31 de julio de 2013, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, de la Ley número 860 denominada Código De Derechos Para El Estado De Veracruz De Ignacio De La Llave, en su porción normativa del artículo 15 fracciones IV y V, mismas que resultan inconvencionales del artículo 10-A, de la Ley de Coordinación Fiscal, promulgada por el Ejecutivo Federal el 27 de diciembre de 1978, en el Diario Oficial de la Federación, el cual PROHIBE el cobro de derechos previstos en el artículo 15, fracciones IV y V, del Código De Derechos Para El Estado De Veracruz De Ignacio De La Llave, lo que contraviene a mi derecho humano a la igualdad jurídica así como el libre tránsito. DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. Reclamo la inconstitucional sanción o aprobación, promulgación, publicación, individualización, aplicación y ejecución en mi perjuicio la promulgación con fecha 13 de abril de 2015, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, de la Ley Inconstitucional número 561 denominada de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en su porción normativa del artículo 44 que dispone textualmente: 44. Se prohíbe el uso de polarizados, entintados o película antiasalto obscura, así como de pintura o cualquier material que se adhiera a los cristales de los vehículos o cualquier otro aditamento que, por su uso o colocación, obstaculice o reduzca la visibilidad hacia el interior o exterior de los mismos. Sólo se permitirá la circulación de vehículos con estas características cuando el oscurecimiento o entintado de los cristales derive del diseño de fabricación y conste en la factura correspondiente, así como en la tarjeta de circulación, o cuando por prescripción médica se señale la necesidad de reducción de visibilidad u oscurecimiento de los cristales por motivos de salud, circunstancia que deberá acreditarse con el certificado correspondiente y señalarse en la tarjeta de circulación. Bajo ninguna circunstancia, el parabrisas ni las ventanas delanteras de un vehículo podrán estar totalmente polarizados; de igual forma se le reclama la promulgación con fecha 31 de julio de 2013, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, de la Ley número 860 denominada Código De Derechos Para El Estado De Veracruz De Ignacio De La Llave, en su porción normativa del artículo 15 fracciones IV y V, mismas que resultan inconvencionales del artículo 10-A, de la Ley de Coordinación Fiscal, promulgada por el Ejecutivo Federal el 27 de diciembre de 1978, en el Diario Oficial de la Federación, el cual PROHIBE el cobro de derechos previstos en el artículo 15, fracciones IV y V, del Código De Derechos Para El Estado De Veracruz De Ignacio De La Llave, lo que contraviene a mi derecho humano a la igualdad jurídica así como el libre tránsito. DEL C. DIRECTOR DE LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. Reclamo la inconstitucional sanción o aprobación, promulgación, publicación, individualización, aplicación y ejecución en mi perjuicio la promulgación con fecha 13 de abril de 2015, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, de la Ley Inconstitucional número 561 denominada de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en su porción normativa del artículo 44 que dispone textualmente: 44. Se prohíbe el uso de polarizados, entintados o película antiasalto obscura, así como de pintura o cualquier material que se adhiera a los cristales de los vehículos o cualquier otro aditamento que, por su uso o colocación, obstaculice o reduzca la visibilidad hacia el interior o exterior de los mismos. Sólo se permitirá la circulación de vehículos con estas características cuando el oscurecimiento o entintado de los cristales derive del diseño de fabricación y conste en la factura correspondiente, así como en la tarjeta de circulación, o cuando por prescripción médica se señale la necesidad de reducción de visibilidad u oscurecimiento de los cristales por motivos de salud, circunstancia que deberá acreditarse con el certificado correspondiente y señalarse en la tarjeta de circulación. Bajo ninguna circunstancia, el parabrisas ni las ventanas delanteras de un vehículo podrán estar totalmente polarizados; de igual forma se le reclama la promulgación con fecha 31 de julio de 2013, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, de la Ley número 860 denominada Código De Derechos Para El Estado De Veracruz De Ignacio De La Llave, en su porción normativa del artículo 15 fracciones IV y V, mismas que resultan inconvencionales del artículo 10-A, de la Ley de Coordinación Fiscal, promulgada por el Ejecutivo Federal el 27 de diciembre de 1978, en el Diario Oficial de la Federación, el cual PROHIBE el cobro de derechos previstos en el artículo 15, fracciones IV y V, del Código De Derechos Para El Estado De Veracruz De Ignacio De La Llave, lo que contraviene a mi derecho humano a la igualdad jurídica así como el libre tránsito. DE LAS EJECUTORAS: A) SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ, B) SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ, C) DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, D) DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ, E) DELEGACIÓN DE TRÁNSITO DEL ESTADO EN COATEPEC, F) DELEGACIÓN DE TRÁNSITO DEL ESTADO DE PEROTE, VERACRUZ, G) DELEGACIÓN DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DE BANDERILLA, VERACRUZ, H) C. DELEGACIÓN DE TRÁNSITO ESTATAL MEDELLIN, reclamo: a) La aplicación Heteroaplicativa y como primer acto de la Ley Inconstitucional número 561 denominada Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en su porción normativa del artículo 44, consistente en el retiro, decomiso, secuestro o incautación de mi vehículo Volkswagen Jetta modelo GLI Tiptronic, con número de Serie 3VW4E6BU2LM015894, año 2020, y con placas de circulación número YFH943B, por tener cristales entintados y no de origen o de fábrica, y en atención que mi vehículo contiene cristales entintados o polarizados que no son de fábrica, y las responsables ejecutoras aplicaron parcialmente la referida ley inconstitucional, pero me advirtieron de su aplicación plena e inminente la próxima ocasión que me sorprendieran circulando con mi vehículo que contiene cristales entintados o polarizados que nos de origen o de fábrica. I. SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, J. SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, K. DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, L. JEFES DE LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO, UBICADAS EN TODO EL ESTADO DE VERACRUZ Y ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN reclamo: a) Reclamo la imposición de la sanción económica de 31 UMAS, de conformidad con el artículo 45, fracción XIV, del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad, y como consecuencia del acto reclamado descrito anteriormente. b) El inminente cobro de los derechos previstos en el artículo 15, fracciones IV y V, del Código De Derechos Para El Estado De Veracruz De Ignacio De La Llave, mismas que resultan inconvencionales del artículo 10-A, de la Ley de Coordinación Fiscal, promulgada por el Ejecutivo Federal el 27 de diciembre de 1978, en el Diario Oficial de la Federación, el cual PROHIBE el cobro de los referidos derechos. (.) INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso." De conformidad con lo que disponen los artículos transcritos, el ejercicio de la acción constitucional, en tratándose de normas generales, será procedente cuando estas requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, por lo que para estar en aptitud de combatir tales normas, es requisito que existe un acto de aplicación de las mismas, en caso contrario, el juicio de amparo resultará improcedente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el artículo 107, fracción I de la Ley de Amparo, previamente transcrito, el juicio de amparo indirecto procede contra los actos formal y materialmente legislativos (leyes), así como contra los actos formalmente administrativos (acorde con la naturaleza de la autoridad emisora), pero materialmente legislativos (decretos y acuerdos generales), al participar de las características propias de la ley. Al respecto, cabe hacer una distinción de actos legislativos que trascienden en la procedencia del juicio de amparo, esto es, entre aquéllos que con su sola entrada en vigor causan perjuicio al gobernado (autoaplicativos), o bien, los que requieren un acto de aplicación para ello (heteroaplicativos), que para efectos de la procedencia del juicio de amparo, necesariamente deberá ser el primero. Nos encontramos ante una norma autoaplicativa o de individualización incondicionada, cuando ésta vincula al gobernado desde el inicio de su vigencia, ya sea por crear, transformar o extinguir situaciones concretas de derecho que le afectan, sin necesidad de que se actualice alguna condición; en cambio, cuando la aludida vinculación no surge con la entrada en vigor, sino que requiere de un acto diverso por el cual se condiciona la aplicación, se estará en presencia de una disposición de carácter heteroaplicativo o de individualización condicionada; en este último caso, la condición puede revestir el carácter de un acto administrativo o jurisdiccional, incluso, comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. Lo anterior se encuentra contenido en la Jurisprudencia 55/97, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, que literalmente dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Pues bien, cuando como en el presente caso, se impugnan normas generales de aplicación condicionada o heteroaplicativas, es requisito indispensable para la procedencia de la instancia constitucional, conforme al artículo 107, fracción I de la Ley de Amparo, que el quejoso demuestre plenamente la aplicación de la norma reclamada en el acto que señale al efecto, pues en caso contrario la acción será improcedente al no haberse acreditado uno de los elementos exigidos por el legislador, consistente en que la norma impugnada cause perjuicio al peticionario de amparo. Ahora, para tener por demostrada la aplicación del acto legislativo de que se trate, no basta que el quejoso afirme que así fue, o bien, que señale determinado acto con ese fin, sino que tiene la carga procesal de demostrar plenamente esa aplicación, pues de lo contrario no quedará acreditada la afectación en su interés jurídico; pues no se puede soslayar el principio de derecho previsto en el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley de la materia, el cual determina que quien afirma está obligado a probar; y si como en el caso, el amparo fue promovido contra una ley heteroaplicativa impugnada con motivo de su primer acto de aplicación, y la parte impetrante del amparo asegura que la ley se le aplicó en su perjuicio en determinado acto, deberá acreditarlo plenamente. Por su contenido, es de citar como apoyo la Jurisprudencia 9/94, sustentada también por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica lo siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica." Así como también es aplicable al caso la tesis aislada XCVII/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACION, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERÉS JURÍDICO. El análisis gramatical y sistemático de los artículos 73, fracción VI, in fine y 4o. de la Ley de Amparo, permite colegir que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejercite con motivo del primer acto de aplicación que afecte al gobernado, en su interés jurídico, pues de lo contrario se vulneraría el principio de "instancia de parte agraviada", contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente." Es pertinente precisar que la demostración de la existencia del acto de aplicación de la legislación que se pretenda combatir es factible realizarla durante el transcurso del trámite del juicio de amparo. En ese contexto, es evidente que la parte quejosa impugna el artículo 44 de la Ley número 561 denominada de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y diversas consecuencias tales como el artículo 15, fracciones IV y V del Código de Derechos del Estado de Veracruz, la imposición y cobro de un sanción económica prevista por el artículo 45, fracción XIV del Reglamento de Tránsito y Vialidad. Precisando que el primero de los referidos preceptos legales lo combate no por su sola entrada en vigor, sino con motivo del primer acto de aplicación que dice, se actualizó en su perjuicio, por lo que es deber de la parte impetrante demostrar la aplicación de tal acto, a fin de acreditar la afectación jurídica que podría sufrir, para promover el presente juicio de garantías. De este modo, el quejoso, Rafael Hernández Matías pretendiendo acreditar el acto de aplicación de la norma reclamada y sus consecuencias de las que se duele, ofreció como pruebas documentales las consistentes en: a). Copia simple de la factura número C300078362, de fecha veinticinco de abril de dos mil veinte, emitida por DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE XALAPA, S.A DE C.V., en la que se asienta que fue vendido al antes nombrado el vehículo Volkswagen Jetta modelo GLI Tiptronic, con número de chasis 3VW4E6BU2LM015894, año 2020, color gris puro. b) Copia simple de la tarjeta de circulación con número E-3346470, emitida por el Gobierno del Estado de Veracruz, con la que se acredita poseer las placas de circulación número YFH943B, del vehículo antes descrito. Sin embargo, los anteriores elementos probatorios, valorados de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 207 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, son insuficientes para acreditar que el interés jurídico del quejoso, pues con ninguna de las probanzas descritas justifica que la aplicación de los preceptos legales que refiere. Esto se dice, porque además de que las documentales que exhibe se tratan de copias simples que por sí mismas carecen de valor probatorio alguno, y aun cuando éstas, concatenadas con diversos medios de prueba, pudieran adquirir, en un momento dado, un diverso valor probatorio, con ellas el quejoso únicamente demostraría la propiedad del vehículo descrito y que cuenta con la autorización emitida por la autoridad competente para que circule el precitado automotor. A lo anterior, resulta aplicable el criterio sustentado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que señala lo siguiente: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la naturaleza con que son confeccionadas, y si bien no puede negárseles el valor indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren en autos, pues de esta manera es claro que el juzgador puede formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya que en este caso, si la oferente de las copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento a cargo de quien las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con otras probanzas." En efecto, en ninguno de los documentos ofrecidos como prueba, se desprende que la aplicación del precepto legal sobre el cual pretende dirigir su reclamo, esto es, el artículo 44 de la Ley número 561 denominada de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y por ende, no puede generarse en el ánimo del suscrito, la convicción de que el acto reclamado afectó real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso. En estas circunstancias, la causal de improcedencia que aquí se analiza se pone de manifiesto, en razón de que el quejoso no acreditó en forma plena la existencia del acto de aplicación del precepto legal impugnado aun cuando le correspondía hacerlo, ya que los documentos exhibidos para tal efecto no acreditan tal extremo, pues es dable reiterar que conforme a los artículos 6° y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, arriba citados, el juicio se sigue a instancia de parte agraviada; aunado a que el juzgador de amparo no tiene obligación alguna de requerir al promovente para que exhiba los medios de convicción con los que justifique el carácter con el que se ostenta o bien el perjuicio que le causa el acto reclamado, sino que como se dijo, corresponde a la quejosa su demostración. Ilustra a lo anterior, la el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que indica lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE OBLIGACIÓN DE REQUERIR AL PROMOVENTE PARA QUE EXHIBA LOS MEDIOS DE CONVICCIÓN QUE LO JUSTIFIQUEN, SINO QUE CORRESPONDE AL QUEJOSO SU DEMOSTRACIÓN. De los artículos 146, primer párrafo y 116 de la Ley de Amparo, se advierte que el Juez de Distrito no tiene obligación de requerir al promovente para que acredite su interés jurídico, toda vez que conforme al numeral 4o. de la ley de la materia, el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame y, por ello dicha afectación corresponde probarla al promovente; aunado a que el numeral 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida ley establece que es obligación del actor probar los hechos constitutivos de su acción." Resulta aplicable al caso, por identidad jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 4/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Novena Época, que es del tenor siguiente: "LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Así como, la diversa jurisprudencia 2a./J. 67/99, de la Segunda Sala del Supremo Tribunal Constitucional, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE SOBRESEERSE POR LA LEY, SIN QUE ELLO IMPIDA AL PROMOVENTE IMPUGNARLA EN LA OPORTUNIDAD EN QUE SE APLIQUE EN SU PERJUICIO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de una disposición con motivo del primer acto de aplicación debe demostrar que lo perjudica; si éste no existe debe decretarse el sobreseimiento por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, pero el sobreseimiento en los términos indicados no le impide volver a impugnar la ley o reglamento cuando en realidad se le aplique en su perjuicio." Finalmente, es importante precisar que el promovente no se encuentra en aptitud de comprobar la existencia del acto de aplicación de la norma que reclama, dado que de lo expuesto en su demanda de amparo y confirmado en el escrito a través del ocurso exhibido para desahogar la prevención que se le realizó en auto de doce de agosto del año en curso, se advierte que el policía vial que lo detuvo le refirió que por esa ocasión no le impondría ninguna multa y que sería en una diversa ocasión en que lo encontrara circulando en las mismas condiciones que procedería al retiro de la circulación de su vehículo y la imposición de la multa respectiva y que no quedó asentado en ningún documento que se le hubiese entregado, de lo que se colige que no fue levantada ninguna boleta de infracción en contra del promovente y por consiguiente, no se le aplicó el precepto legal que pretende combatir, razones por las que se considera que el promovente no se encuentra en condiciones de acreditar la aplicación de la norma de que se duele, lo que significa que no podría acreditar la afectación jurídica por la aplicación del precepto que pretende combatir a través del juicio de amparo, lo que evidencia que no existe el acto de aplicación de la norma reclamada y por ello, se actualiza la causa de improcedencia de que se trata. Es aplicable a la conclusión anterior, la tesis IV.1o.5 K, que a la letra dice: "AMPARO IMPROCEDENTE CUANDO NO EXISTE ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN, TRATÁNDOSE DE LEYES HETEROAPLICATIVAS. Si del contenido de la demanda se advierte que el quejoso, en relación con los actos reclamados, hace una referencia vaga e imprecisa de los actos concretos de aplicación, dado que, por una parte, los actos no habían acontecido y, por otra, se demostró que el acto afectaba a persona distinta al quejoso, ello impide establecer la vinculación necesaria con los actos legislativos que se impugnaron como heteroaplicativos, lo que es menester a fin de estar en posibilidad de examinar su constitucionalidad, actualizándose así, en relación con tales actos legislativos, la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, y además como motivo manifiesto e indudable, en los términos del artículo 145 del mismo ordenamiento legal, que amerita el desechamiento de plano de la demanda de garantías correspondiente". DESECHAMIENTO Por tanto, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por tanto, se desecha de plano la demanda de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXIV.2o. J/5 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, de rubro y texto siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INSUPERABLE, AL MARGEN DE LA AMPLITUD O NO DE LAS CONSIDERACIONES QUE EXPRESE EL OPERADOR JURÍDICO. En diversos criterios jurisprudenciales, entre en los que destacan las tesis 1a./J. 32/2005, 2a./J. 54/2012 (10a.) y 2a./J. 115/2015 (10a.), la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que, por regla general, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal idónea para efectuar un "análisis profundo", para determinar la improcedencia del juicio. No obstante, cuando la actualización de la causal de improcedencia respectiva se observa de manera manifiesta e indudable, como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo, a partir de la lectura del escrito de demanda y de los documentos anexos, es decir, cuando el operador jurídico se limita a efectuar un simple ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados en forma clara por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que exprese, ello no implica que dicho estudio se encuentre vedado al ser, aparentemente, de una profundidad tal que requiera de consideraciones adicionales al contenido de la propia demanda (motivación legal de la decisión), cuando, por el contrario, la improcedencia resulta clara y manifiesta, dada la naturaleza jurídica del acto reclamado y del reconocimiento de la parte quejosa sobre aspectos inherentes que le perjudican; por lo que, frente a esas circunstancias, no se inobservan los criterios jurisprudenciales que censuran la posibilidad de que en el auto inicial se efectúe un "análisis profundo" para determinar la improcedencia del juicio de amparo. Es así, máxime que aquéllos se refieren a supuestos en los que el juicio constitucional es legal y racionalmente procedente, es decir, se justifica que la demanda de amparo se admita, porque potencialmente cabe la posibilidad (real, no ilusoria), de que una vez recibidos los informes de las autoridades y allegadas las pruebas de las partes, quede plenamente dilucidada la naturaleza jurídica del acto reclamado y, por ende, la procedencia del juicio constitucional en el que, además, podría dictarse una sentencia de fondo y/o amparadora, lo que no ocurre cuando por disposición legal y/o jurisprudencial se genera una causal expresa e insuperable de improcedencia, pues en estos casos, lo que potencialmente está de por medio, aun de admitirse la demanda, es el sobreseimiento en el juicio." No está por demás destacar que la presente determinación atiende a lo previsto en el artículo 17 constitucional, toda vez que admitir y dar trámite a la demanda que se plantea a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte quejosa tenga conocimiento del resultado del análisis preliminar de la demanda y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario, pues desde este momento puede acudir a los medios ordinarios para defender sus derechos, no esperando así, el dictado de una resolución en la que se reiteren, sustancialmente, los argumentos contenidos en el presente acuerdo y, por ende, que se le obligue durante todo el tiempo que dure la tramitación del juicio a tolerar los actos que estima lesivos de sus derechos humanos, sin que exista solución para ellos en la presente vía. Además, no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, ya que el hecho de que el juicio de amparo no sea procedente en el caso concreto, no implica que no exista una vía idónea y tribunales competentes ante los cuales la quejosa pueda hacer valer sus derechos y plantear su reclamo, por tratarse en el caso de cuestiones inherentes a la negativa de otorgarle una pensión por concubinato. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma el licenciado Uriel Curti Espinosa, Secretario en funciones de Juez del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, de acuerdo en la autorización contenida en el oficio CCJ/ST/2363/2022, de trece de junio de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido del licenciado Luis Alberto Vázquez del Orbe, Secretario que autoriza y da fe. Ildefonso
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · 5,534 expedientes
- Rafael García León864/2023
- Rafael Gómez Ortega939/2019
- Rafael Gonzalez Avillaced (Representante comun)109/2015
- Rafael Grajales Luna990/2018
- Rafael Guerrero Reyes312/2022
- Rafael Guerrero Reyes342/2023
- Rafael Huesca Montes679/2021
- rafael I. santorum vasquez324/2020
- Rafael Jácome Hernández80/2019
- Rafael Joviel Marfil229/2019
- Rafael López Miramontes996/2023
- Rafael Lucio Martínez Villar124/2018