Rafael Hernández Mariano
Expediente 1560/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 29 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1560/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 21/02/2019
Partes del expediente
- Rafael Hernández Mariano
- Adrian Hernández Castello
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el quince de enero del año que transcurre (fojas 178 a 197), el Magistrado de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, en el que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de dieciséis de enero del año en curso (foja 198), se dio vista a la parte quejosa y terceros interesados con el referido oficio y anexo, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a las partes el veintidós de enero pasado (fojas 199 a 207); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió para las partes de manera simultánea, del veinticuatro al veintiocho de enero de dos mil diecinueve, plazo en el que el agraviado efectuó manifestaciones (foja 218). Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "**.". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho (fojas 139 a 150), en el cuaderno auxiliar 475/2018, del índice del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".**." Luego, por proveído de diez de diciembre de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia de mérito; y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable para que dentro del plazo de diez días la acatara (foja 175). Así, mediante diverso comunicado presentado el quince de enero, el Magistrado de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, adjuntó copia certificada de la resolución interlocutoria emitida el once de enero de la presente anualidad, en los autos del toca civil 4/2018 de su índice, del cual se advierte lo siguiente: a) Que dejó insubsistente la resolución reclamada y, por consiguiente, dictó una diversa resolución, en la que entre otras cuestiones, modificó la resolución combatida en el recurso de origen y, por ende, declaró parcialmente procedente en incidente de liquidación de sentencia promovido por Adrián Hernández Castello contra el aquí quejoso. b) Que ante la inexistencia del reenvío en el sistema que rige la apelación, la sala responsable reasumió jurisdicción y determinó que la defensa que arguye el ahora quejoso no es procedente, por las razones ahí expuestas. c) Realizó una valoración apropiada de las probanzas consistentes en las actas de nacimiento de los actores incidentistas, aquí terceros interesados, lo que robusteció su determinación de hacer una disminución al pago que se le condenó al quejoso por concepto de pensión alimenticia; no obstante a ello, el Magistrado de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, consideró que el referido pago no cesa con la mayoría de edad, lo que llevó a la aludida responsable a examinar las circunstancias de manera individualizada para determinar si siguen necesitando alimentos, en la inteligencia de que gozan de presunción, independientemente si son o no mayores de edad; asimismo, precisó que los alimentos también comprenden lo necesario para que tengan una educación que permita tener acceso a una profesión, arte u oficio, debiendo analizar los principios de proporcionalidad y necesidad para cuantificar el adeudo a liquidar a cada uno de los acreedores. d) Corolario a lo anterior, se fijó la temporalidad y las diversas causas por las que se extinguió la obligación de pago a cada uno de los referidos incidentistas, así como las cantidades a pagar. e) Además, precisó el periodo para determinar la liquidación de alimentos, la cual comprendía del veinticuatro de enero de dos mil, fecha en la que se suscribió el convenio que originó la obligación del pago de alimentos por parte del demandado incidentista y, como fecha de terminación de otorgar éstos, la señalada a cada uno de los aquí terceros interesados, según fue el caso de manera particular. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la ley de la materia; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado, pues atendiendo a que ésta, como se dijo, se concedió para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución combatida y emitiera otra, en la que, con plenitud de jurisdicción, analizara de forma exhaustiva los agravios formulados por el recurrente, ahora quejoso; lo que aconteció en la especie, toda vez que de las constancias que obran en autos, como se dijo, se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, dado que, por una parte, dejó insubsistente la resolución que constituye el acto reclamado y, por otra, en términos de la ejecutoria de amparo, emitió diversa resolución en la que analizó de manera exhaustiva los agravios formulados por el recurrente, aquí quejoso. Lo anterior expuesto, teniendo como directriz que se otorgó plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable para resolver lo que estimara pertinente, por lo que el fondo de las consideraciones vertidas resulta ajeno a la materia del cumplimiento en análisis, por lo que se colige que la resolución en análisis, contiene el argumento mínimo pero suficiente para conocer las razones que determinaron su sentido. Por tanto, las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en relación con el cumplimiento en análisis resultan inoperantes, porque se dirigen a controvertir el fondo del asunto, pues éstas van dirigidas a demostrar que la autoridad responsable no acató la resolución definitiva emitida en autos, sobre la base de que omitió pronunciarse respecto a la temporalidad de los actores incidentistas para promover el incidente del que deriva el acto reclamado, asimismo, porque a su dicho, el monto al que se le condenó es incorrecto; sin embargo, al no haberse limitado la jurisdicción de la autoridad responsable en cuanto al fondo del asunto, basta que en la resolución dictada se hubiese dictado una nueva en la que se analizaran exhaustivamente los agravios formulados por el recurrente, aquí quejoso; lo que, en conformidad con lo expuesto, acontece en la especie; por tanto, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, como se dijo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido al quejoso en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. En conclusión, dicha determinación se encuentra fundada y motivada, tal como se evidenció en párrafos que anteceden, máxime que, como se vio, la protección constitucional se concedió por vicios formales sin que se constriñera a la responsable resolver en determinado sentido. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de amparo y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otra parte, con sustento en las disposiciones generales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es susceptible de depuración, debido a que la medida cautelar se CONCEDIÓ (fojas 13 a 24 y 40 a 52 del cuaderno original del incidente de suspensión); razón por la cual, déjese dicho cuaderno por separado para su conservación, en el que en su oportunidad se dejará únicamente la resolución relativa a su otorgamiento, ya que las demás actuaciones deberán destruirse; por su parte, el duplicado del incidente de suspensión, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a su destrucción, previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el quince de enero del año que transcurre (fojas 178 a 197), el Magistrado de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, en el que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de dieciséis de enero del año en curso (foja 198), se dio vista a la parte quejosa y terceros interesados con el referido oficio y anexo, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a las partes el veintidós de enero pasado (fojas 199 a 207); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió para las partes de manera simultánea, del veinticuatro al veintiocho de enero de dos mil diecinueve, plazo en el que el agraviado efectuó manifestaciones (foja 218). Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "**.". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho (fojas 139 a 150), en el cuaderno auxiliar 475/2018, del índice del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".**." Luego, por proveído de diez de diciembre de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia de mérito; y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable para que dentro del plazo de diez días la acatara (foja 175). Así, mediante diverso comunicado presentado el quince de enero, el Magistrado de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, adjuntó copia certificada de la resolución interlocutoria emitida el once de enero de la presente anualidad, en los autos del toca civil 4/2018 de su índice, del cual se advierte lo siguiente: a) Que dejó insubsistente la resolución reclamada y, por consiguiente, dictó una diversa resolución, en la que entre otras cuestiones, modificó la resolución combatida en el recurso de origen y, por ende, declaró parcialmente procedente en incidente de liquidación de sentencia promovido por Adrián Hernández Castello contra el aquí quejoso. b) Que ante la inexistencia del reenvío en el sistema que rige la apelación, la sala responsable reasumió jurisdicción y determinó que la defensa que arguye el ahora quejoso no es procedente, por las razones ahí expuestas. c) Realizó una valoración apropiada de las probanzas consistentes en las actas de nacimiento de los actores incidentistas, aquí terceros interesados, lo que robusteció su determinación de hacer una disminución al pago que se le condenó al quejoso por concepto de pensión alimenticia; no obstante a ello, el Magistrado de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, consideró que el referido pago no cesa con la mayoría de edad, lo que llevó a la aludida responsable a examinar las circunstancias de manera individualizada para determinar si siguen necesitando alimentos, en la inteligencia de que gozan de presunción, independientemente si son o no mayores de edad; asimismo, precisó que los alimentos también comprenden lo necesario para que tengan una educación que permita tener acceso a una profesión, arte u oficio, debiendo analizar los principios de proporcionalidad y necesidad para cuantificar el adeudo a liquidar a cada uno de los acreedores. d) Corolario a lo anterior, se fijó la temporalidad y las diversas causas por las que se extinguió la obligación de pago a cada uno de los referidos incidentistas, así como las cantidades a pagar. e) Además, precisó el periodo para determinar la liquidación de alimentos, la cual comprendía del veinticuatro de enero de dos mil, fecha en la que se suscribió el convenio que originó la obligación del pago de alimentos por parte del demandado incidentista y, como fecha de terminación de otorgar éstos, la señalada a cada uno de los aquí terceros interesados, según fue el caso de manera particular. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la ley de la materia; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado, pues atendiendo a que ésta, como se dijo, se concedió para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución combatida y emitiera otra, en la que, con plenitud de jurisdicción, analizara de forma exhaustiva los agravios formulados por el recurrente, ahora quejoso; lo que aconteció en la especie, toda vez que de las constancias que obran en autos, como se dijo, se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, dado que, por una parte, dejó insubsistente la resolución que constituye el acto reclamado y, por otra, en términos de la ejecutoria de amparo, emitió diversa resolución en la que analizó de manera exhaustiva los agravios formulados por el recurrente, aquí quejoso. Lo anterior expuesto, teniendo como directriz que se otorgó plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable para resolver lo que estimara pertinente, por lo que el fondo de las consideraciones vertidas resulta ajeno a la materia del cumplimiento en análisis, por lo que se colige que la resolución en análisis, contiene el argumento mínimo pero suficiente para conocer las razones que determinaron su sentido. Por tanto, las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en relación con el cumplimiento en análisis resultan inoperantes, porque se dirigen a controvertir el fondo del asunto, pues éstas van dirigidas a demostrar que la autoridad responsable no acató la resolución definitiva emitida en autos, sobre la base de que omitió pronunciarse respecto a la temporalidad de los actores incidentistas para promover el incidente del que deriva el acto reclamado, asimismo, porque a su dicho, el monto al que se le condenó es incorrecto; sin embargo, al no haberse limitado la jurisdicción de la autoridad responsable en cuanto al fondo del asunto, basta que en la resolución dictada se hubiese dictado una nueva en la que se analizaran exhaustivamente los agravios formulados por el recurrente, aquí quejoso; lo que, en conformidad con lo expuesto, acontece en la especie; por tanto, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, como se dijo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido al quejoso en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. En conclusión, dicha determinación se encuentra fundada y motivada, tal como se evidenció en párrafos que anteceden, máxime que, como se vio, la protección constitucional se concedió por vicios formales sin que se constriñera a la responsable resolver en determinado sentido. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de amparo y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otra parte, con sustento en las disposiciones generales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es susceptible de depuración, debido a que la medida cautelar se CONCEDIÓ (fojas 13 a 24 y 40 a 52 del cuaderno original del incidente de suspensión); razón por la cual, déjese dicho cuaderno por separado para su conservación, en el que en su oportunidad se dejará únicamente la resolución relativa a su otorgamiento, ya que las demás actuaciones deberán destruirse; por su parte, el duplicado del incidente de suspensión, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a su destrucción, previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso********************, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación con el acatamiento dado por la autoridad responsable a la sentencia concesoria de amparo; por tanto, con fundamento en el ordinal 196 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las expresiones que aduce, en la inteligencia de éstas se analizarán al momento de resolver sobre el cumplimiento aludido.
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta suscrito por el Magistrado de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo que en copia certificada acompaña, a través del cual, manifiesta haber cumplido con la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo; en consecuencia, al tenor del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dése vista a la parte quejosa y terceros interesados, con el comunicado de mérito y documental adjunta, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo que a su intereses legales convenga, con apercibimiento de que en caso de no hacer expresión alguna al respecto, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás constancias que obran en autos, se hará pronunciamiento en relación con el cumplimiento de referencia. **
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