Rafael Hernandez Gutierrez
Expediente 1920/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1920/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/01/2023
Partes del expediente
- Rafael Hernandez Gutierrez
Actuaciones
- Principal
III. Visto el estado procesal de los autos y las certificaciones que anteceden, se advierte que transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el proveído de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa, a quien pudiera causar perjuicio, lo haya hecho valer; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Por tanto, toda vez que ya no existe asunto que cumplimentar en el juicio que nos ocupa, archívese este juicio como concluido y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno electrónico y físico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).
- Principal
III. Visto el ocurso de cuenta signado por el quejoso, por el que, aduce desahogar la prevención formulada en auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós; por tanto, con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, intégrese al expediente electrónico y físico para los efectos legales conducentes. Punto uno: manifiesta bajo protesta de decir verdad que, desconoce el nombre y domicilio del tercero interesado. Punto dos: refiere que su acto reclamado es: La orden de inscripción e ingreso en el Registro Público Vehicular (REPUVE) del vehículo marca volkswagen, modelo dos mil diecisiete (2017), clase tipo Jetta, número de serie 3VW2K1AJ8HM326635, con placas de circulación NEB4693 del Estado de México; y, como consecuencia su desposeimiento. Punto tres: no realiza manifestación alguna, toda vez que no señaló como acto reclamado la orden de aseguramiento del citado automotor. De lo anterior se aprecia que el quejoso desahogo a calidad la referida prevención; por ende, se tiene por desahogada la misma y se ordena proveer lo conducente respecto a la procedencia de la demanda de amparo. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO En términos de lo previsto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en el presente juicio de amparo es: La orden de inscripción en el Registro Público Vehicular (REPUVE) del vehículo marca volkswagen, modelo dos mil diecisiete (2017), clase tipo Jetta, número de serie 3VW2K1AJ8HM326635, con placas de circulación NEB4693 del Estado de México; y, como consecuencia su desposeimiento. DESECHAMIENTO Por lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." (Lo destacado no es de origen). De los preceptos transcritos se deduce que el juicio de amparo compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o su patrimonio (principio de agravio personal y directo); el perjuicio de que se habla debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley, le sea reconocido o que no le sea violado, siendo precisamente esto lo que constituye el interés jurídico, y éste es el significado que se emplea en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo cuando califica de agraviado al demandante de la protección de la Justicia de la Unión. Asimismo, de la naturaleza y fines del juicio constitucional se colige que, es insuficiente que se aduzca una violación a los derechos fundamentales del gobernado para que el juicio de amparo sea procedente, pues es necesario que esa violación produzca afectación a su esfera jurídica. Como quedó de relieve en párrafos precedentes, el quejoso señaló como actos reclamados, la orden de inscribir en el Registro Público Vehicular (REPUVE) el automotor que argumenta es de su propiedad y como consecuencia la afectación a su posesión del vehículo. Sin embargo, los actos reclamados no producen una afectación personal y directa en la esfera de derechos del recurrente, por lo que el juicio de amparo es notoriamente improcedente. Ahora, si bien la quejosa reclama el registro de reporte de robo en el REPUVE, del contenido de los artículos 1, 6, 7 y 8 de la Ley del Registro Público Vehicular (REPUVE), establecen que dicha ley tiene por objeto establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Público Vehicular y que sus disposiciones son de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional, así como que el Registro Público Vehicular es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como propósito otorgar seguridad pública y jurídica a los actos que se realicen con vehículos; así como la identificación y control vehicular en la que consten los robos de los automotores que circulan en el territorio nacional. Entonces, dicho registro se conforma por una base de datos integrada por la información que de cada vehículo proporcionen las autoridades federales, las entidades federativas y los sujetos obligados; de ahí que, para mantenerlo actualizado las autoridades federales y las de los estados, de conformidad con sus atribuciones suministrarán la información relativa a altas, bajas, cambio de propietario, emplacamiento, infracciones, pérdidas, robos, recuperaciones, pago de tenencias y contribuciones, destrucción de vehículos, gravámenes y otros datos con los que cuenten. Por su parte, el Secretariado Ejecutivo, mediante los instrumentos de información nacional sobre seguridad pública que correspondan, incorporará al Registro la información que le proporcionen las Fiscalías, relativa a robos, recuperaciones y destrucción de vehículos. De lo anterior se desprende, que el registro hecho respecto a cada vehículo, deberá contener el número de identificación vehicular, las características esenciales de la unidad, el nombre y domicilio del propietario, así como los avisos que actualicen esa información, la cual deberá ser validada y corroborada por el Secretario Ejecutivo del Registro Público Vehicular; por ende, la inscripción de un vehículo presume su existencia, su pertenencia a la persona que aparece como propietario, la validez de los actos jurídicos que se relacionan al mismo, salvo prueba en contrario. Entonces, el multicitado registro de robo es una consecuencia formal administrativa de la indagación del Ministerio Público, que no puede ser analizada a través del amparo indirecto. Además, dicha medida de registro ordenada en la etapa de investigación en una averiguación ministerial no tiene el alcance de privar o restringir derecho alguno en perjuicio del quejoso en relación con el aludido automotor, pues con ello solo se está ejecutando un mandato legítimo del Ministerio Público emitido durante la integración de una indagatoria en relación con los presuntos hechos delictivos puestos en su conocimiento; que, como se indicó, pretenden el interés público general existente para el debido esclarecimiento de los hechos, pero que en oposición a lo alegado no tiene por objeto de manera directa afectar derecho real alguno del impetrante. Al respecto, se comparten los argumentos expuestos en la tesis XXVII.3o.47 P (10a.), con registro 2015501, de la Décima Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo llI, Noviembre de 2017, página 1959, del rubro siguiente: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ESIMPROCEDENTE." Por su parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, el inicio de la carpeta de investigación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado, porque el hecho de que la víctima, ofendido o cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncie o formule querella contra determinado individuo y, como consecuencia de ello, el Ministerio Público, dentro de sus facultades, tenga que iniciar una carpeta de investigación, no constituye un acto de molestia o privativo contra quien se imputó algún hecho, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente. De lo antes reseñado, se obtiene que las inscripciones en el Registro Público Vehicular (REPUVE) solo tienen efectos declarativos y no constitutivos de derechos; es decir, no traslada el dominio de la cosa o el derecho, ni mucho menos imponen condicionamiento o restricción alguna de manera directa al ejercicio de los derechos inherentes a dicho bien, ya que en su caso, tales consecuencias provienen de algún mandato legítimo de autoridad competente en el que se ordene dicha afectación y no de la inscripción en el registro, la cual tiene por objeto que los terceros ajenos puedan tener conocimiento del acto de que se trate, a fin de evitar fraudes y perjuicios; de ahí que no afecta de manera real y actual los derechos del aquí quejoso. Sin que pase desapercibido que, en todo caso, lo que le podría generar perjuicio, serían los actos judiciales que llegaren a emitirse una vez que se judicialice la indagatoria y el Ministerio Público ejerza alguna de sus diversas facultades contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como por ejemplo la emisión de un auto de vinculación a proceso. Empero, de ser el caso, el recurrente no queda inaudito, sino que tiene expedito su derecho para promover juicio biinstancial contra ese tipo de determinaciones, cuyas características particulares, si conllevan una afectación a derechos sustantivos de manera irreparable. En mérito de lo expuesto, es indudable que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con el diverso 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y 63 de la Ley de la materia, y lo procedente es DESECHAR DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de garantías que nos ocupa, en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. Cabe precisar que el desechamiento de la demanda aquí analizada, no significa que se haya desatendido lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el principio pro persona no deriva necesariamente de que los argumentos planteados por los gobernados deban resolverse conforme a sus pretensiones. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.104/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra visible en la página 906, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 2, Décima Época, materia constitucional, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES.
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III. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de México y otras autoridades; se ordena formar el expediente electrónico e impreso; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 1920/2022-III. Se comisiona a la Secretaria la revisión e integración del expediente en los términos establecidos en el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. Por lo cual se hace saber a las partes que este expediente sólo se tramitará de manera electrónica, se agregarán al expediente físico únicamente las promociones que se entreguen de esta manera, las constancias de notificación que se realicen de manera física, o demás documentos entregados de esta manera, en términos del artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regla la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. DIGITALIZACIÓN. En términos del artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regla la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. El expediente electrónico deberá ser integrado de manera distribuida, por el secretario judicial encargado del expediente, el actuario judicial, el oficial judicial C, el oficial de partes y la oficial judicial A. No obstante, las anotaciones en el libro electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, deberán realizarse de forma concentrada por el oficial judicial A en términos del artículo 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. IRREGULARIDADES En el artículo 108 de la Ley de Amparo se establecen los requisitos para la formulación de la demanda de amparo indirecto; los cuales son: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." El diverso 114 de la ley de la materia prevé los supuestos en los que se mandará requerir a la parte quejosa para que aclare la demanda en caso de actualizarse alguna de las irregularidades descritas en el artículo señalado en párrafo anterior, los cuales son: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Así, los preceptos transcritos facultan a este órgano de control constitucional para prevenir a la parte quejosa a fin de que realice las aclaraciones pertinentes, siempre que dentro de su escrito de demanda se advierta alguna irregularidad o se haya omitido alguno de los requisitos que señala el citado artículo 108 de la propia ley. En el presente caso, de la demanda de amparo se advierte lo siguiente: PRIMERO. La promovente del amparo es omisa en manifestar el nombre y domicilio del tercero interesado; y, en caso de desconocerlo, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad. Toda vez que en el apartado correspondiente se limitó en referir: "No existe". Sin que con ello, haya dado cumplimiento al numeral 108, fracción II de la Ley de amparo. SEGUNDO. No precisa con claridad el acto reclamado, pues en el apartado correspondiente señala como tal: De igual forma, en sus conceptos de violación refiere: (.) Sin que este juzgador tenga certeza si el quejoso se duele de: La orden de inscripción en el Registro Público Vehicular (REPUVE) del vehículo marca ********************, modelo ********************, clase tipo Jetta, número de serie ********************, con placas de circulación ******************** del Estado de México; y, como consecuencia su desposeimiento. O bien, La orden de aseguramiento del referido automotor. Asimismo, en el caso de señalar como acto reclamado el señalado en el inciso b) deberá precisar a qué autoridad se lo atribuye. PREVENCIÓN. En tal virtud, con fundamento en los precitados artículos 108, fracciones II, III y IV, 112 y 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo, se previene al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, por escrito, bajo protesta de decir verdad y, cumpla con lo siguiente: PRIMERO. Proporcione el nombre y domicilio del tercero interesado, en virtud de que a la parte quejosa corresponde la carga procesal de proporcionar dichos datos; lo anterior, para que sea emplazado al presente asunto, o en su caso manifieste "bajo protesta de decir verdad" que lo desconoce. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud jurídica, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 538 del Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA PROCESAL DE SEÑALAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO." Cabe precisar que la protesta de decir verdad no puede ser sustituida por la expresión "protesto lo necesario" o "protesto justicia", en virtud de que con aquélla se procura evitar que la parte quejosa incurra en falsedad al momento de narrar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, so pena que de hacerlo, se hará acreedora a la pena privativa de libertad o pecuniaria, prevista en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, es importante hacer notar que la satisfacción del requisito formal mencionado, debe ser realizado forzosamente por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado en los términos amplios, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. Sobre el particular, es ilustrativa la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." En lo conducente, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que versa al rubro siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESION FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISION PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA." Al respecto, se hace del conocimiento a la parte quejosa las penas en que incurre en el caso de que exprese hechos falsos u omita los que consten en relación con el acto reclamado, contenidos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261.- Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: - - - I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y - - - II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." SEGUNDO. Deberá precisar si el acto del que se duele es: La orden de inscripción en el Registro Público Vehicular (REPUVE) del vehículo marca ********************, modelo ********************, clase tipo Jetta, número de serie ********************, con placas de circulación ******************** del Estado de México; y, como consecuencia su desposeimiento; o bien, La orden de aseguramiento del referido automotor. Lo anterior, para fijar correctamente la litis en el presente juicio y estar en aptitud, en caso de ser procedente la demanda de amparo, requerir el informe justificado a la autoridad responsable. Es aplicable la tesis XX.57 K, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 871, del Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, de rubro: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS." TERCERO. En caso de señalar como acto reclamado la orden de aseguramiento del automotor marca ********************, modelo ********************, clase tipo Jetta, número de serie ********************, con placas de circulación ******************** del Estado de México, deberá precisar a qué autoridad se lo atribuye. Lo anterior, para que en caso de ser procedente la demanda de amparo, este juzgador se encuentre en aptitud de requerir el informe justificado a las autoridades responsables. Se cita por su contenido, la jurisprudencia 151 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 124 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA." APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con los requerimientos formulados, en el plazo establecido, de conformidad con el numeral 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. NOTIFICACIONES ELECTRONICAS Y ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRONICO Toda vez que, de la certificación de cuenta se advierte que el usuario "********************" se encuentra debidamente registrado en el Sistema de Consulta de Expediente Electrónico; consecuentemente, como lo solicita la parte quejosa se tiene por autorizado al usuario en referencia para la consulta del expediente vía electrónica y se comisiona a los Actuarios Judiciales adscritos a este órgano a fin de que realicen las notificaciones a dicha parte procesal por el mencionado medio electrónico. Atento a lo anterior, la analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), deberá habilitar los apartados que correspondan en el referido sistema, para dar cumplimiento a lo anterior. Asimismo, el Actuario adscrito deberá certificar que los campos para la consulta del expediente electrónico y notificación electrónica estén habilitados y asentar la razón correspondiente en el juicio. AUTORIZADOS En atención a la certificación de cuenta, ténganse por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas señalados en la demanda de amparo, por así haberlo solicitado expresamente. USO DE MEDIOS DE ELECTRÓNICOS Se hace del conocimiento de las partes que en el presente asunto que a partir de esta fecha se les permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en el expediente físico, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pero se les informa que deberán conducirse con lealtad procesal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya remitido por las autoridades responsables clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debiéndose glosar constancia en autos de dicha circunstancia. LEY DE TRANSPARENCIA Conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de distrito; en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que sus datos personales serán clasificados como confidenciales, salvo que expresen su consentimiento para permitir el acceso a dicha información.
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