RAFAEL HERNÁNDEZ GARCÍA y Otros.
Expediente 147/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 147/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- RAFAEL HERNÁNDEZ GARCÍA y Otros.
- Rafael Hernández García
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. Es destruible de conformidad con el diverso 21, inciso d) del acuerdo general citado porque la demanda se desechó; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincidan en totalidad.
- Principal
RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por RAFAEL HERNÁNDEZ GARCÍA, por derecho propio, fórmese el amparo correspondiente y regístrese con el número 147/2021. DESECHAMIENTO Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de garantías, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el promovente reclama del Director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, y otras autoridades, la orden y ejecución de traslado del Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla, al Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, realizado el doce de febrero de dos mil veintiuno. Sin embargo, contra tal acto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que antes de acudir en demanda de amparo debió agotar el medio ordinario de defensa previsto en la ley que rige el acto. En efecto, del numeral anterior se advierte que contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, se necesario agotar el medio ordinario de defensa, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, pues de incumplir tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige para la procedencia del juicio. Ello, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa, cuya finalidad es mantener el orden constitucional; de ahí que no pueda acudirse a dicha instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un remedio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada. Además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer el gobernado, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. En el caso, el quejoso refiere que el doce de febrero de dos mil veintiuno, aproximadamente a las doce horas, se presentaron cinco personas, quienes dijeron ser elementos de seguridad y custodia, los que le refirieron que agarrara una muda, un solo pantalón, una camisa y una chamarra, diciéndome que me iba a ir con ellos, sin darle más explicación lo sacaron del penal y lo subieron a una camioneta donde lo tuvieron un aproximado de dos horas, para después trasladarlo al Centro de Reinserción Social de San Miguel, sin saber el motivo de su traslado. De lo cual se observa que se trata de un traslado de tipo urgente o excepcional, regulado en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los recursos de queja 36/2020 y 46/2020, fallados en sesión de trece de enero de dos mil veintiuno, señaló que el traslado urgente o excepcional, implica una determinación administrativa, cuando se trate de casos de delincuencia organizada, esté en riesgo la integridad y la salud de la persona privada de la libertad o esté en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. Supuestos en que la autoridad penitenciaria deberá notificar a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que, en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. Asimismo, la sala indicó que respecto de esa determinación administrativa, proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia, depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciase sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. La sala precisó que cuando se presenten casos en que la persona privada de su libertad, reclama una orden de traslado, donde no se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite el Juez de Ejecución, en tanto que la presumible determinación administrativa se comunicó al quejoso por la propia autoridad administrativa, de forma verbal, lo procedente será que el afectado promueva una "controversia judicial", a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Ello, -la sala señaló- porque conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, podrá accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. Lo anterior, la sala precisó, porque conforme al último párrafo, del artículo 117 citado, prescribe que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida, y en su caso, confirmada o revocada, a través de los medios legales de defensa antes referidos. Por tanto, la sala señaló que contra la orden de traslado urgente o excepcional, que se reclama a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo, y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. Además, la sala destacó que el artículo 122 la Ley Nacional de Ejecución Penal, señala que la controversia judicial, deberá formularse por escrito y presentarse ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, así como la solicitud de suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, y la firma o huella digital. De igual forma, -la sala indicó- prescribe que el Juez de Control o de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Y el segundo párrafo, del artículo 124 de la propia ley de ejecución, que regula la sustanciación de la controversia judicial, precisa que en caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Control o de Ejecución, de oficio o a solicitud de parte, decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Asimismo, la sala indicó que en el artículo 132, fracción VII, la Ley Nacional de Ejecución Penal, se prevé que el recurso de apelación es procedente en contra de las resoluciones que se pronuncien respecto de los traslados de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión, por lo que de estar inconformes con el sentido de la resolución con la que culmina el procedimiento de la controversia judicial, cuentan con un medio de impugnación ordinario, con el objeto de que un tribunal de alzada revise la legalidad de dicha resolución, a fin de que pueda ser confirmada, modificada o revocada. La sala señaló que no se surte alguno de los casos de excepción al principio de definitividad, ya que el traslado urgente o excepcional, aun cuando se emita de forma oral, no es un acto que carezca de fundamentación, porque está previsto en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria, para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad, sin autorización judicial previa, cuando se actualice alguna de las hipótesis específicas que se prevén en las diversas fracciones de dicho numeral; mientras que la legalidad de su aplicación, se corroborará una vez que la determinación se somete al control de la autoridad jurisdiccional, luego de ejecutada la medida. De igual forma, la sala indicó que si bien la orden de traslado afecta de manera indirecta la libertad, no constituye una violación directa a la Constitución Federal; porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, porque se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. Por ende, el Juez de Control o el Juez de Ejecución, según sea el caso, será quien finalmente determine la legalidad del traslado, a través de una resolución que constituya la culminación del correspondiente procedimiento, en respeto al derecho a un debido proceso; resolución contra la cual procede el recurso de apelación. Además, la sala refirió que al estar previsto el medio ordinario de impugnación en la propia ley, tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad, relativa a que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Por tanto, la sala concluyó que contra el traslado urgente o excepcional, ordenado por autoridad administrativa penitenciaria, en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previo a la promoción del amparo indirecto, el afectado debe agotar los medios ordinarios de defensa que el propio ordenamiento legal prevé para ese supuesto, pues de no hacerlo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Por lo cual, si en el impetrante de amparo reclama la orden y ejecución de su traslado del Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla, al Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, realizado el doce de febrero de dos mil veintiuno, el que atribuye a autoridades administrativas, resulta inconcuso que antes de acudir en demanda de amparo, debió agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En ese sentido, es indudable que la demanda de amparo que se provee resulta improcedente al no haberse agotado el principio de definitividad, por lo cual procede desecharla de plano por ser notoriamente improcedente. Sin que pase desapercibido, que el quejoso en su demanda señale como actos reclamados la incomunicación e intimidación, pues del análisis integral de la demanda se observa que tales actos los indica como una consecuencia de la orden de traslado, como se observa a continuación: "De conformidad con los actos ocurridos por la autoridad, desde mi óptica violan a todas luces el precepto Constitucional antes citado en virtud de que fui objeto de incomunicación e intimidación, ya que dejaron de informar a mis familiares acerca de mi paradero toda vez que en ningún momento me fue permitido comunicarme con persona alguna para hacerle saber de mi ubicación, o del traslado del que estaba siendo objeto, y así poder nombrar una defensa que me representara ante las autoridades administrativas, dejándome así en total estado de indefensión ante las arbitrariedades de dichas autoridades Administrativas, VIOLANDO EN MI PERJUICIO EL DERECHO A UNA DEFENSA ADECUADA." De igual forma, la circunstancia que en la demanda refiera que se encuentra en una celda de castigo, es una cuestión relacionada con las condiciones de internamiento, en cuyo caso sería necesario agotar en su contra la petición administrativa, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos, el cual debe ser agotado antes de promover el juicio de amparo, pues de no hacerlo se actualiza la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Y AUTORIZADOS En otro aspecto, respecto a su solicitud d relativa a que se autorice la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo a través del usuario LIBORIO-CRUZ-HERNANDEZ; con fundamento en el artículo 77 y 78 del Acuerdo General Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este Juzgado Federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así mismo, con fundamento en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena notificar los autos que de manera personal deban notificarse a la parte quejosa únicamente por vía electrónica, para lo cual, se remiten los autos a la Analista Jurídico sise adscrita, para que proceda a realizar el alta respectiva. Se tiene por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que indica en la misma y por autorizadas a Amanda Yazmín Torres Rodríguez de manera restringida, como lo precisa, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones. Respecto al señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, no ha lugar a tenerlo por señalado, en virtud de que en el presente asunto se autorizó que las notificaciones personales se realicen vía electrónica. Así mismo, respecto al señalamiento del correo electrónico juridicocruzhernandez@hotmail.com y número telefónico 238132730, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene únicamente señalados para realizar comunicaciones no procesales, no así para que se realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Ahora bien, tomando en consideración que el quejoso por RAFAEL HERNÁNDEZ GARCÍA, se encuentra recluida en el Centro de Reinserción Social del Estado, por tanto, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la ley de Amparo y no dejar en estado de indefensión al promovente de amparo, se ordena pasar los autos al actuario judicial adscrito a este juzgado encargado de las notificaciones de este expediente a fin de que notifiquen de manera personal al citado quejoso, el presente proveído en el lugar de su reclusión, corriéndole traslado con copia autorizada de los autos que se lleguen a dictar y de las promociones que integren el expediente, con excepción de aquéllas presentadas por la impetrante de amparo. FORMA DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Se habilita al actuario judicial para que notifique los oficios derivados del presente asunto a través de correo electrónico institucional o interconexión, levantando la razón de confirmación correspondiente; y, para el caso de existir imposibilidad para ello, previa certificación, sin mayor acuerdo, proceda a notificarlos de manera física o por correo certificado, según corresponda. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN.
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